El Centre Delàs y AIPAZ denuncian que en plena crisis sanitaria, social y ecológica, “1 de cada 5 euros que invierte la Administración central tienen una finalidad militar”
Miembros de la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) y del Centre Delàs d’Estudis per la Pau han hecho entrega esta mañana al Congreso de los Diputados de una petición para la reorientación de los gastos militares hacia inversiones ecosociales. La petición, suscrita por la treintena de ONG, centros, fundaciones, cátedras, institutos y personas relacionadas con la investigación y educación para la paz que conforman AIPAZ, se ha hecho entrega hoy a los portavoces de la Comisión de Defensa de los partidos de la coalición en el gobierno, junto con el nuevo informe que publica hoy el Centre Delàs d’Estudis per la Pau que calcula que el gasto militar real de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 aprobados por el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos asciende a los 22.796 millones de euros, un 124% más de lo asignado al Ministerio de Defensa (10.155 millones), lo que supone un nuevo récord histórico y un crecimiento del 5,75% respecto al año anterior. Este incremento se explica en parte por el aumento del 16,2% en las inversiones en armamentos, que alcanzan los 4.581,5 millones, lo que supone el 21,38% del total de las inversiones estatales (sin contar las transferencias a las comunidades autónomas ni las inversiones de estas) o lo que es lo mismo, que 1 de cada 5 euros que invierte la Administración central tienen una finalidad militar. Los Programas Especiales de Armamento (PEA) siguen siendo el principal catalizador de este aumento y, sumando los 3 nuevos programas aprobados este año por el Gobierno de coalición, que suman ya 34 desde su inicio en 1996, y alcanzan los 51.644 millones. Según este cálculo, el gasto militar real supone un coste de 62 millones de euros diarios, lo que equivale a 479 euros anuales por habitante.
“El alto incremento de los presupuestos destinados a las inversiones en armamentos induce a pensar que el Gobierno del PSOE, con la aquiescencia o el silencio de su socio Unidas Podemos, continúa apostando por invertir en la industria de armamentos como si esta fuera un sector clave para el desarrollo de la economía del país”, analiza Pere Ortega, investigador del Centre Delàs y uno de los autores del informe.
También hace aumentar en un 8,76% la I+D militar, a la que en total se destinan 938,5 millones de euros, de los cuales 708,2 irán dirigidos al desarrollo de nuevas armas. La recuperación de la I+D militar desde la salida de la crisis en comparación a la de la I+D civil sería aún más llamativa de no ser por los fondos europeos que recibe esta última en estos presupuestos. “Si además tenemos en cuenta que la tasa de ejecución del presupuesto de I+D civil (51% en 2020) es normalmente muy inferior a la de la I+D militar (97% en 2020), así como que el porcentaje de devolución de los créditos otorgados es insignificante, queda patente el agravio comparativo entre lo que el Estado español dedica a la investigación en el ámbito civil y el militar”, explica Xavier Bohigas, también investigador del Centre Delàs y autor del informe.
Este nuevo aumento del gasto militar está muy vinculado a los Programas Especiales de Armamento (PEA), de los que hasta la fecha se han aprobado 34, con un coste actual que asciende a los 51.644 millones de euros, de los cuáles 17.390 millones han sido aprobados desde 2018 por Pedro Sánchez e incluyen la reciente asignación de 2.500 millones para la segunda fase de desarrollo del programa del futuro avión de combate Sistema de Combate Aéreo (FCAS), cuyo coste final puede superar los 50.000 millones de euros y que incluye a empresas como Airbus, Tecnobit, Indra, Sener, ITP Aero o GMV.
Un análisis histórico del último cuarto de siglo (de 1996 a la actualidad) nos permite, precisamente, identificar en los PEA un elemento clave de impulso y vertebramiento de la economía militar española, y nos ayuda a explicar notables incrementos durante este periodo: de un 129% en el gasto militar; un 199% en las inversiones militares; un 821% en la facturación de material militar por parte de la industria; y un 3.012% en las exportaciones de armas. “El signo político de los diferentes gobiernos que se han sucedido en estos 25 años no ha alterado en modo alguno el trato preferente que ha recibido el complejo militar-industrial español, privilegiado en la confección de presupuestos y políticas públicas y fuertemente imbricado en las esferas de poder del Estado”, apunta Quique Sánchez, también investigador del Centre Delàs y autor del informe. Tal como explica el autor en la publicación, estos altos niveles de connivencia entre industria militar, Fuerzas Armadas y Gobierno explican la creciente tendencia armamentista del Estado español y se plasman a menudo en prácticas de dudosa ética o directamente ilegales, como ejemplifican varios casos de corrupción, tráfico de influencias o ventas de armas a países implicados en conflictos armados.
Podéis leer la petición “Armas o salud” aquí.
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