El presupuesto de Defensa y las inversiones en armas

El gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos ha presentado un presupuesto para el año 2021 para su aprobación en el Congreso. La propuesta de presupuesto alcanza la cifra de 550.486 millones de euros, 416.498 millones sin incluir las operaciones financieras, un 19,4% más que el prorrogado en 2020. Un aumento que hay que celebrar, pues demuestra la voluntad del Gobierno de hacer frente a la crisis con una política económica de corte progresista destinada a incrementar el gasto social y las inversiones públicas para promover el consumo y la generación de empleo, y así poder combatir la enorme crisis producida por la pandemia del Coronavirus. Entre otros servicios, se pretende aumentar el presupuesto de Sanidad en un 75%; el de Educación un 70%; los servicios sociales un 70%; la I+D un 75%; en Ciencia un 60%; en acceso a la vivienda un 368%; en políticas de igualdad un 157%; en transferencias de capital para inversiones a organismos un 229%; el Ministerio de Trabajo un 1.167%.

Pero esas alegrías en el ámbito de las coberturas de las políticas sociales y de impulso al empleo tienen en el ámbito militar su lado más negativo, pues el presupuesto del Ministerio de Defensa consolidado (que incluye Organismos Autónomos, el Centro Nacional de Inteligencia y transferencias), crece en 664 millones, un 6,5% respecto a 2020 y alcanza la cifra de 10.863 millones. Y, si se tienen en cuenta las partidas repartidas entre otros ministerios de carácter militar, se alcanza un aumento del 10,3%. Y esto no es una buena noticia, porque la mayor parte de ese aumento se destinará a promover los Programas Especiales de Armamentos (PEA). Unos PEA que fueron aprobados durante el Gobierno provisional del PSOE antes de su coalición con Unidas Podemos y que alcanzan la colosal cifra de 13.736 millones en su desarrollo durante los próximos diez años. Para la adquisición de ese armamento, el presupuesto de Defensa prevé para el próximo año el pago de 2.342 millones; y para la fase de su desarrollo, 676,5 millones en concepto de I+D militar destinados a las industrias militares que los han de fabricar. Unas inversiones militares que aumentan en un 20,4% con respecto a 2020.

En el análisis del presupuesto de Defensa no sólo se deben incluir los créditos del Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos, sino que también se deben añadir todas aquellas partidas que están repartidas por otros ministerios, algo que aconsejan organismos tan dispares como la OTAN y un centro de estudios sobre la paz, el SIPRI. Ello resulta ineludible para saber con exactitud el gasto militar real que realiza cualquier estado. En España, además, se debe incluir la diferencia entre el gasto inicial cuando se aprueba el presupuesto en el Congreso de Diputados y el gasto liquidado al finalizar el año; este año 2020, según Hacienda, Defensa gastará 933 millones más que los aprobados inicialmente.

Además, hay que añadir las clases pasivas militares, la mutua militar, las pensiones de guerra de los damnificados por la Guerra Civil española, la I+D militar que surge desde el Ministerio de Industria, el pago a organizaciones internacionales como la OTAN, la Guardia Civil que se rige por ordenanzas militares; y, finalmente, la parte proporcional de los intereses de la deuda, pues si el Gobierno se endeuda para hacer inversiones en armamentos e infraestructuras militares, es de recibo que la parte proporcional que corresponde a Defensa se incluya como gasto militar. Entonces el presupuesto final de Defensa alcanza la colosal cifra de 21.622 millones €, que supone un 1,8% del PIB español.

Cierto es que podría haber más partidas que tengan un carácter militar repartidas por otros ministerios, donde quizás se hagan aportaciones a cuestiones que tengan que ver con la defensa, pero que a nuestro parecer no muestran la evidencia que en nuestro análisis se explicitan, y es mejor mostrarse rigurosos y desestimar aquello que se mueve en el terreno de lo impreciso.

En definitiva, este enorme dispendio en Defensa no se justifica por las amenazas militares que se ciernen sobre España, pues éstas, tal como se explicitan en la Directiva de Defensa Nacional aprobada en junio de 2020, no prevén ningún ataque ni amenaza exterior en que España ni la UE se puedan ver envueltas. Entonces, ¿por qué ese colosal gasto e inversiones en armamentos que acabarán su vida útil sin haber cumplido otra misión que la disuasión? Resulta falso afirmar que este armamento salvaguarda el país y crea nuevos puestos de trabajo, o ayuda a relanzar la economía mediante el trasvase de tecnologías del ámbito militar al civil, cuando diversos estudios realizados desde la economía crítica (Leontief y Melman, entre otros [1]), demuestran que cualquier inversión militar es mucho más rentable en la fabricación de bienes civiles, debido a los costes de oportunidad que generarían más empleo y competitividad en productos civiles. Y, por otro lado, reducirían la deuda pública del estado, pues la inmensa mayoría de las armas (un 97 o 98%) son adquiridas por los estados, y sólo un 2 o 3% (armas cortas y ligeras) salen al mercado y sólo en algunos países.

Inversiones militares negativas por aquello que hemos repetido en innumerables ocasiones. El gasto y las inversiones militares no contribuyen al desarrollo de la economía y, por el contrario, la entorpecen, pues las armas no son bienes que circulen por el mercado y eso les impide tener un valor social. Además, el estado, al adquirir armamentos y llevar a cabo inversiones militares, se endeuda. Por ello, esas inversiones son menos productivas que las destinadas a la economía civil, la real, la que sí contribuye a crear empleo. Esa es la razón por la que tienen un mayor valor social. Pues, ¿quién contribuye a mejorar la sociedad y su economía, un sanitario, un educador o un militar?

Entre las inversiones militares previstas en 2021 para los Programas Especiales de Armamentos destacan por su cuantía:

el avión de combate Eurofighter (EF-2000) que recibirá más del doble de aportación que en 2020, 488 millones, un programa que tiene un coste final previsto de 13.749 millones;
el avión de transporte A/400M recibirá 321,5 millones, un programa que ascenderá a más de 5.000 millones;
para adquirir cuatro unidades del Submarino S-80, se prevén 300 millones, que sino hay más modificaciones un coste final de 4.572 millones;
348 vehículos blindados de combate Dragón 8×8 que recibirán 245 millones con un coste total de 2.100 millones;
los 18 helicópteros de ataque Tigre se les asignan 60 millones y tienen un coste final de 1.738 millones;
la modernización de 23 helicópteros multipropósito NH-90 dispondrán de 280 millones con un coste final de 1.451 millones;
la modernización de los 17 helicópteros Chinook 165 millones y tienen un coste final de 1.200 millones;
las cinco nuevas fragatas F-110 que fabrica Navantia se destinarán 218 millones y su coste final será de 4.326 millones;
dos buques de acción marítima BAM, tienen un crédito de 58,4 millones y el coste final previsto es de 333 millones;
los 239 tanques Leopardo y los 139 Pizarro recibirán 119 millones y su coste final es de 3.338 millones;
los misiles contra-carro Spike 20 millones sobre un coste de 364 millones

El Futuro Sistema de Combate Aéreo

Merece un comentario aparte el nuevo avión de combate europeo FCAS, cuyas siglas responden a “Future Combat Air System” (Futuro Sistema de Combate Aéreo) y el NGWS, “Next Generation Weapons System” (Sistema de Armas de Nueva Generación). Está previsto que este proyecto entre en servicio en el horizonte del año 2040, y representará en los próximos veinte años un colosal coste que a buen seguro rondará entre 50.000 y 60.000 millones, pues sólo en prototipos ya se prevé un gasto de 8.000 millones. Este proyecto se realizará a partes iguales entre Alemania, Francia y España. Un nuevo avión de combate al que España ya ha asignado 10 millones en 2019, 40 millones en 2020 y, en 2021, el presupuesto de Defensa prevé un crédito de 53,7 millones.

Un FCAS que surge para reemplazar al EF-2000 o Eurofighter y que pretende competir con el F-35 que fabrica Lockheed Martin en Estados Unidos. El F-35 se presenta como el avión tecnológicamente más avanzado del mercado, pues no es detectable por radares, y ya está siendo adquirido o en negociaciones por parte de numerosos estados —entre ellos algunos europeos— como Reino Unido, Italia, Noruega, Dinamarca, Holanda y Polonia.

El FCAS se presenta con el mismo argumento que se utilizó para desarrollar el actual cazabombardero EF-2000, desarrollado por Airbus y el resto de mismas empresas. Un avión de combate que, en su día, también se presentaba como tecnológicamente imbatible, hecho que lo hizo muy codiciado por muchos países que acabarían adquiriéndolo, convirtiéndose en un gran negocio para las empresas y los países productores. Sin embargo, las ventas no cumplieron las expectativas, pues los países fabricantes se comprometieron a vender 620 aviones y el número de ventas final fue de 472: el Reino Unido adquirió 160; Alemania, 143; Italia, 96; España, 73. Y el número de aviones exportados, 135, quedó muy lejos de las expectativas iniciales.

Además, el imbatible tecnológicamente EF-2000 no superó en ventas a los Tornado de la británica BAE Systems; ni hizo bajar las ventas del Rafale que en Francia fabrica Dassault; ni del Gripen que fabrica en Suecia SAAB; o los rusos Sukhoi y Mig; ni los otros muchos que fabrican en Estados Unidos las firmas Boeing y Lockheed Martin. Aviones de combate que son adquiridos por muchos países desconsiderando el EF-2000.

Aparte queda la cuestión más importante, los costes, que en cada país han sido distintos. En España, el EF-2000 fue presupuestado, en su fase inicial de 1997, con un coste de 9.255 millones de euros. En 2020 ha alcanzado la cifra de 13.749 millones de euros para 73 aparatos (176 millones por unidad). Todo ello sin que exista ningún informe técnico que describa qué tecnologías del EF-2000 han tenido aplicaciones en la producción civil, pues este es el argumento que, desde el Gobierno español, defienden los que justifican la producción de armamentos.

Estos Programas Especiales de Armamento no tienen justificación desde el ámbito de la seguridad, pues la ciudadanía no se siente amenazada por posibles ataques exteriores sino por cuestiones relacionadas con su bienestar (salud, trabajo, vivienda, educación, servicios sociales…). En definitiva, un colosal gasto en armamentos del que solo se beneficia el lobby militar-industrial español, donde se unen los intereses de los principales accionistas de las industrias militares y los intereses corporativos de las cúpulas militares. Ambos —industria y cúpula militares— seguirán jugando a la disuasión y a la geoestrategia al servicio del sistema de seguridad iniciado en la etapa de la Guerra Fría que, por mucho que nos pese, hoy sigue vigente, como prueba la presencia de la OTAN en el mal llamado ‘Occidente’.

Notas

[1] Leontief, W. (1986). Input Output Economics, New York, Oxford University Press; Melman, S. (1988). The Demilitarized Society: Disarmament and Conversion, Montreal, Harvest House.

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