Normalización de la violencia
En nuestra vida diaria nos podemos encontrar con multitud de violencias, de carácter interpersonal o de carácter estructural, la cuestión es si reaccionamos o no ante ellas y como reaccionamos.
Quien no se ha encontrado en un cruce de calles en la que dos conductores, o un conductor y un motorista o un conductor y un ciclista se paran en el semáforo y empiezan a insultarse, a veces a empujarse y en alguna ocasión a golpearse. Tomos hemos presenciado en persona o por la televisión que ciertos partidos de futbol horas antes u horas después acaban con destrozos callejeros, escaparates rotos, mobiliario de terrazas o contenedores destrozados. Espectadores de futbol que insultan al árbitro, padres de liguillas de futbol escolar gritando e insultando como energúmenos a árbitros o niños del equipo contrario. Jóvenes que a la puerta de la discoteca acaban a golpes, adolescentes que asedian a sus primeras novias y controlan hasta su watssapp, agresiones a inmigrantes en el metro o a sin techo cuando duermen en un cajero. Esta violencia interpersonal alcanza su máxima expresión en mujeres, homosexuales, personas del colectivo LGTBI, a inmigrantes o a sin techo.
En el 2015 según el último informe de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, hubo 323 personas que denunciaron episodios de tortura y malos tratos en España, 89 de ellas pertenecen a movimientos sociales, 50 eran personas inmigrantes, 37 presos, 19 menores y 58 diversos. Entre el 2004 y 2015 hubo cerca de 8.000 personas que sufrieron tortura, trato vejatorio y muerte bajo custodia. Estas actuaciones violentas no son como las anteriores, violencias interpersonales, estas son llevadas a cabo por agentes de la seguridad pública, por funcionarios del Estado, policías, agentes de prisión o guardia urbana, personas que cuando ejercen actuaciones violentas están en una posición de poder ante su víctima. Esta relación de poder ante la víctima provoca miedo a denunciar las agresiones de los agentes públicos, miedo que se agrava cuando desde el Ministerio del Interior se amenaza con querellarse a aquellos que denuncien vejaciones.
El pasado diciembre el Comité Internacional de la Cruz Roja alertaba de la permisividad de la opinión pública ante la tortura, afirmaba que el 36% de la población que reside en países en conflicto armado consideran que es legítimo torturar a combatientes “enemigos”. La permisividad ante la tortura no es patrimonio de países en conflicto, es una práctica que con diferente intensidad se está produciendo en todo el mundo. Existe un pensamiento muy común entre la población en considerar que las personas que sufren malos tratos o torturas por parte de las autoridades públicas es seguramente porque han hecho “algo malo”.
Cabe añadir que hay otras violencias menos visibles, las violencias estructurales, las que dejan a millones de personas sin trabajo, millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, los que ven reducida su esperanza de vida por habitar en un barrio periférico, los miles de persones que mueren por la contaminación atmosférica de nuestras ciudades, los miles de personas que han sido expulsados del sistema y no tienen ni un techo en el que cobijarse. Estas violencias estructurales a menudo son percibidas como simples desgracias, coma si fueran fenómenos naturales ante los que no hay que plantear y exigir responsabilidades políticas.
El cine, la televisión y los videojuegos ha banalizado y normalizado la violencia, nos ha hecho percibir como normal y como correcto que los fuertes o los agentes de seguridad utilicen la fuerza y métodos violentos ante ciertas personas, como pueden ser asesinos, violadores, ladrones, terroristas, o “enemigos”. Pero en la vida real, fuera de las películas muchos de los que sufren la violencia no son criminales y ni siquiera se ha investigado si lo eran o no, pero parece que en nuestras mentes hemos aceptado torturar y vejar a otras personas, que estas prácticas son admisibles bajo ciertas circunstancias.
Habrá que trabajar para descolonizar nuestras mentes, para rechazar cualquier acto violento sobre otra persona y para indignarnos cuando este acto sea llevado a cabo por funcionarios públicos.
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