Frente a la ampliación del contingente militar español en Afganistan
Ante la intención expresada por el Gobierno español de incrementar los efectivos militares en Afganistán, el Centre d’Estudis per a la Pau J.M. Delàs, de Justícia i Pau, desea expresar su preocupación en lo referente a los siguientes aspectos:
1. La participación española en una operación militar contraria al Derecho Internacional.
La relación entre las dos operaciones militares en Afganistán (Libertad Duradera e ISAF) es confusa y perversa.
La operación Libertad Duradera, liderada por Estados Unidos, se inició
hace casi cinco años como respuesta a los ataques terroristas del 11 de
septiembre de 2001, y se fundamenta actualmente en la busca y captura de
miembros de Al Qaeda y milicias talibán. Esta operación se presentó
como una acción de legítima defensa, pero de hecho no reúne los
criterios que ésta requiere, regulados en el artículo 51 de la Carta de
las Naciones Unidas. Además, tampoco ha sido nunca expresamente
autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU, la otra medida que
puede legitimar el uso de la fuerza. En el marco de esta operación,
EE.UU. ha armado y financiado a señores de la guerra afganos, aun
reconociendo el enorme poder de que gozan estos individuos como el mayor
de los obstáculos para un eventual Afganistán en paz. En realidad, esta
operación constituye un acto de agresión que se encuentra desde sus
inicios y todavía hoy fuera de la legalidad internacional. Aun así, el
Estado español participó en ella de forma directa oficialmente hasta
julio de 2004, e indirectamente a partir de esa fecha, contribuyendo a
los Equipos de Reconstrucción Provinciales (PRT) a través de su
pertenencia a la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en
Afganistán (ISAF), operación liderada por la OTAN desde 2003.
Pese a haber surgido como paraguas legitimador de la operación Libertad
Duradera, la ISAF es una iniciativa que cuenta con la autorización de la
ONU. Sin embargo, recientemente se ha hecho pública la voluntad de
fusionar la ISAF y la operación Libertad Duradera, con la creación de
cuarteles conjuntos y con un único mando para las dos. El intento de
legalizar una operación a través de la otra convierte la nueva fusión en
otro proyecto contrario al Derecho Internacional. El Gobierno español
ya ha apuntado que no se opondrá a la fusión entre estas dos operaciones
militares. Por otra parte, la ampliación del contingente del ejército
español ha sido justificada como protección para el PRT a su cargo. Los
PRT, creados en el marco de la operación Libertad Duradera, consideran
diferentes actuaciones de “asistencia humanitaria”, funciones no
incluidas en el mandato de la ISAF y de legitimidad y legalidad más que
ambiguas.
2. La creciente asunción de la acción humanitaria por parte de los ejércitos.
En 2004, casi la mitad de los fondos del Gobierno español destinados a
la acción humanitaria fueron gestionados por el ejército. Los criterios
de intervención humanitaria empleados por el ejército español no están
basados en una evaluación de las necesidades de las personas que
atraviesan una situación de crisis, sino que también incorporan
estrategias y objetivos político-militares. De hecho, el ejército
español sólo ha intervenido en contextos de gran repercusión mediática.
Así mismo, las actuaciones de la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI) en Afganistán no deberían estar subordinada a los
criterios del ejército, ni dar cobertura civil a sus operaciones
militares, sino basar sus actuaciones en criterios centrados en las
necesidades de las personas, con independencia de los actores armados y
de los intereses políticos.
Las fuerzas militares no están
preparadas para implementar tareas civiles. Su pertinencia y eficacia
son muy cuestionables por su propia naturaleza no imparcial y no
independiente, y los costes suelen ser muy superiores a los de los
actores humanitarios. Con el mayor de los respetos para los soldados
españoles, resulta paradójico que algunos hayan viajado tan lejos para
realizar trabajos que podrían estar perfectamente desempeñados por
trabajadores cualificados locales.
3. El peligro que representa
la implementación de tareas humanitarias por parte de los ejércitos en
contextos de conflicto armado.
Pese a que soldados han
proporcionado en ocasiones un espacio seguro para que actores
humanitarios puedan desempeñar su trabajo, diferenciando claramente los
espacios militar y humanitario, cabe recordar que el mejor mecanismo de
protección para los humanitarios es su integración con la población
local y la aceptación de su presencia y cometidos, su respeto por los
principios de neutralidad, imparcialidad e independencia, y su total
desvinculación de los actores armados, en especial cuando se trata de
situaciones de ocupación militar.
La imparcialidad y la
independencia son principios recogidos en el Derecho Internacional
Humanitario, y que los ejércitos nacionales extranjeros no pueden
conformar, dada su propia naturaleza. Cuanto más se compartan los
espacios de actuación entre militares y humanitarios, la diferenciación
entre ellos será más débil y mayores las posibilidades de identificación
de todo el conjunto como militar, convirtiendo a actores humanitarios y
población local en objeto de hostilidades. Las estadísticas son
reveladoras. Entre enero de 2003 y junio de 2004 se registraron 220
ataques armados contra actores humanitarios, 32 de los cuales perdieron
la vida.
El proceso de fusión de mandatos y actividades entre
las operaciones militares ISAF y Libertad Duradera pretende disfrazar de
humanitarios intereses que no lo son, y el ejército español está
contribuyendo a estas dinámicas lideradas por Estados Unidos. Carece de
sentido que una tarea central del ejército español en Afganistán
consista en protegerse a si mismo.
Por todo ello,
1)
Consideramos rechazable la pretensión de ampliar un contingente de
tropas en Afganistán, que pretende legalizar intereses que poco tienen
de humanitarios.
2) Entendemos que lo más adecuado en estos momentos
sería acordar el regreso de las tropas españolas de Afganistán, y
replantearse la actuación española en este país, rechazando criterios
geopolíticos en beneficio de una verdadera acción humanitaria centrada
en las necesidades de las personas.
3) Alertamos de nuevo sobre la
insensatez y los peligros que conlleva querer hacer de los ejércitos
actores humanitarios en situaciones de conflicto armado.
Centre d’Estudis per a la Pau J.M. Delàs
de Justícia i Pau
5 de mayo de 2006
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