Las Jornadas del Centro Delàs y la ECP congregan a un centenar de personas para reflexionar sobre las exportaciones de armas a países en conflicto o tensión
“Hay que exigir que se cumplan los instrumentos legales vigentes en materia de comercio de armas”, introducía Jordi Urgell, de la Escola de Cultura de Pau de la UAB, en las Jornadas Comercio de Armes y Conflictos, que el Centro Delàs organizó junto a la ECP el 16 de mayo. Urgell abrió las jornadas haciendo balance del fenómeno de las exportaciones de armas durante los últimos veinte años y valorando que ha habido un buen desarrollo normativo —sobre todo el Código de Conducta sobre exportaciones de armas de la UE y su establecimiento como posición común en el 2008—, pero con un desempeño poco alentador en vista del fuerte incremento de las exportaciones de armas desde España (multiplicado por 10) y la Unión Europea (multiplicado por 7 hacia países en conflicto) durante el último decenio. Hizo hincapié en que hay trabajo por hacer, y que lo que podemos hacer, sabiendo que las exportaciones de armas a los países en conflicto son el hilo conductor que nos vincula tales conflictos, es exigir que se cumpla la legislación vigente.
En la primera mesa del acto intervinieron Aude Fleurant (directora del programa de Transferencia de Armas y Gasto Militar del SIPRI) y Roy Isbister (de la organización Safer World). Jordi Calvo, coordinador e investigador del Centro Delàs que también ejerció de moderador, va presentó la primera parte de la charla recordando los criterios de la UE en materia de exportación de armas, que prohíben, entre otras cosas, la venta de armas a países en conflicto, donde se vulneren los derechos humanos, o en situación de inestabilidad interna y en los que las armas puedan ser utilizadas contra la población civil. Calvo también repasó indicadores clave que demuestran el aumento de las exportaciones y de las licencias de exportaciones de armas durante los últimos 15 años en la UE y en el Estado Español. Los contratos de mayor cuantía, indicó, incluyen armas de cañón, buques de guerra o submarinos militares, aviones de combate y equipos electrónicos de carácter militar. En cuanto a destinos principales del armamento de la UE, son sobre todo Oriente Medio (4 de cada 10), Sur y Sudeste de Asia. Por último, mencionó el impacto directo de la exportación de armas sobre la seguridad y estabilidad de los países de destino, contribuyendo a la inflamación de conflictos y generando movimientos de refugiados.
Aude Fleurant, del SIPRI, empezó afirmando la existencia de un militarismo creciente a nivel global, propiciado por una determinada concepción de la seguridad nacional que afirma que la seguridad nacional pasa por preservar la industria nacional armamentista. Explicó seguidamente que los clientes principales de armas son los ministerios de defensa. La tendencia del gasto militar global, después de una bajada una vez acabada la Guerra Fría, sufriría fuertes incrementos entre el 1996 y 2011 (entre las guerras de Afganistán e Iraq) y que el 2014 permanecería en un nivel muy alto. Repasó las tendencias contradictorias por región afirmando que las que más han crecido son Asia y África. Fleurant desmontó también la narrativa de la OTAN que califica Rusia como una amenaza en la Europa Oriental y mediante la cual esta justifica la necesidad de fabricar y adquirir armas para protegerse. Los hechos demuestran que el gasto militar de la UE será, en 2018, tres veces superior a la rusa. La investigadora mencionó los nuevos países exportadores (China, Corea del Sur, Turquía, entre otros), el incumplimiento de la normativa europea en cuanto a la exportación de armas en la Arabia Saudí, o el índice de los mayores exportadores, en el cual España aparece justo después del Reino Unido con un 3% de las exportaciones globales. Fleurant finalizó su intervención advirtiendo que la narrativa de la industria armamentista, que argumenta que nos tenemos que armar para contener agresiones o para estar preparados para la guerra, se está imponiendo, y denunció que la carencia de transparencia presente hace menguar la rendición de cuentas hacia la industria y los gobernantes.
La segunda mesa de la jornada concretó los estragos de las carencias en el control de las exportaciones de armas europeas en los conflictos y guerras, especialmente en Oriente Medio, que es uno de los mayores focos de conflictos actualmente. Los conferenciantes que participaron fueron Damien Spleeters, investigador en el terreno de la organización Conflict Armament Research (CAR), Tica Font, ex-directora del ICIP e investigadora experta en seguridad y comercio de armas, y Frank Slipjer, de la organización PAX for Peace y también experto en comercio de armas. Moderó e introdujo la mesa Pamela Urrutia, de la Escuela de Cultura de Pau, que repasó las tendencias de los últimos años en los conflictos (aumento de mortalidad, crecientes transgresiones al derecho internacional humanitario y los mayores desplazamientos de personas), recordando que la UE conoce la situación de los países donde van a parar sus armas, o de las coaliciones de guerra en que están inmersos algunos de los países receptors. El segundo ponente de la mesa, Roy Isbister (Saferworld), se centró en los mecanismos de control y de aplicación de la normativa en materia de exportación de armas de la UE. Así, recordó la estructura del sistema legal vigente –la Posición Común-, que contiene instrumentos legalmente vinculantes que se transmiten al nivel nacional, haciendo caer la responsabilidad en los estados a través de sus legislaciones domésticas. Isbister enumeró algunos de los criterios que se están utilizando para vetar la exportación de armas a países en conflicto, donde se vulneran derechos humanos, o donde se pueda generar un impacto nacional o regional negativo sobre la seguridad. El cumplimiento de la normativa a nivel nacional tiene dos niveles: asegurarse de su aplicación por parte de los gobiernos y que las empresas armamentistas la cumplan. El problema, concluyó Isbister, “es que el incumplimiento de las normas por parte de los estados no comporta prácticamente consecuencias”. “En este sentido, los estados europeos no acostumbran a criticarse entre ellos, las instituciones de más alto nivel europeo no tienen competencia para involucrarse en el cumplimiento de la normativa para los estados, es difícil llevar los incumplimientos a los tribunales, y no existen en la práctica herramientas disuasivas hacia las empresas”, añadió el experto. Isbister explicó también que uno de los mayores problemas es la carencia de criterio técnico, militar y financiero, en los procesos de decisiones de compra de armas y apuntó cuáles tendrían que ser los factores para garantizar el cumplimiento normativo: liderazgos efectivos, transparencia, control parlamentario, una sociedad civil fuerte e influyente, y poner en marcha procesos judiciales. Concluyó afirmado que el cambio positivo tiene que tener lugar a nivel europeo.
Damien Spleeters, dedicó su intervención a su publicación más reciente, que analiza el origen de las armas en Iraq y Siria en manos del auto-llamado Estado Islámico. Antes de entrar, explicó la metodología de trabajo del CAR, financiado por la UE, que documenta el material (armas y municiones) en escenario de conflictos, con la ayuda de las fuerzas de seguridad presentes en el territorio, y a partir de aquí trazar la procedencia de este. La investigación sobre las armas del conocido como Estado Islámico cuenta con la documentación de más de 40.000 armas, munición y componentes en un periodo de más de 500 días entre los años 2014-2017, además de 30 ubicaciones diferentes. Así, Spleeters indicó que los fabricantes de la mayor parte de armas y munición se encuentran en los países del antiguo Pacto de Varsovia y la China, sobre todo rifles de asalto. El Estado Islámico dispuso también de una gran cantidad de armas que se habían desviado – obtenidas sobre todo de combates y retirada de fuerzas de seguridad locales-, muchas de las cuales fabricadas en los EE.UU. y a la Unión Europea y vendidas en países como Iraq.
Tica Font, por su parte, expuso varios ejemplos de empresas españolas, como Maxam y CASA, que utilizan mecanismos basados en la creación de filiales en Turquía y otros países para sortear la autorización del gobierno español para exportar sus armas. También introdujo otros casos concretos como el de explosivos españoles fabricados por Instalaza que habían sido exportados a Arabia Saudí y Bahrein y que finalmente fueron encontrados en manos de los rebeldes en Yemen, constatando que los agregados militares de las embajadas españolas no hacen seguimiento de las armas y municiones. Font añadió que habría que legislar aquello que pueden hacer tanto las empresas españolas como sus filiales en el extranjero.
En su intervención, Frank Slijper, de PAX, presentó las principales conclusiones de los dos informes recientes de PAX sobre Turquía y los Emiratos Árabes. Los dos países están trabajando para mejorar su potencia militar y su influencia a otros países.
Entre las conclusiones de las jornadas, expuestas por Pamela Urrutia, salió la necesidad de una acción política que comporte herramientas efectivas de regulación así como la urgencia de disponer de un nuevo marco jurídico tanto a nivel estatal como de la UE, petición que coincide con la próxima revisión de la Posición Común por parte de la UE.
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