La presencia extranjera en Somalia

La presencia extranjera en Somalia

Este artículo recoge algunos de los datos más significativos de la presencia militar española en Somalia en relación a la piratería.

En un artículo del número 42 de esta publicación (Materiales de trabajo) hablábamos de las operaciones militares españolas en el Cuerno de África. Recuperamos el tema para abordar otros aspectos de la situación en aquella región y, más especialmente, en Somalia.1

En primer lugar, la zona es un punto de gran interés geoestratégico. Tenemos la prueba en el número de operaciones militares en la región y en la abundancia de países (u organismos multinacionales) que participan en ellas. En los últimos tres años ha habido, como mínimo, ocho operaciones multinacionales y diecinueve unilaterales. Se han implicado 37 países. No únicamente los poderosos (EEUU, China, Rusia, Japón, la UE, la OTAN). También están presentes todos los países de la zona: Uganda, Kenia, Burundi, Yibuti, Eritrea o Etiopía. Y muchos otros como Australia, Malasia, Tailandia, Corea del Sur, Singapur, Indonesia, por citar algunos. Las operaciones militares incluyen desde funciones de control e influencia hasta tareas de vigilancia y patrulla antipiratería, pasando por la formación y entrenamiento de policías y militares que, teóricamente, deben constituir las fuerzas armadas y de seguridad del Gobierno Federal de Transición (GFT) de Somalia.

En segundo lugar, es preciso hacer algunas aclaraciones sobre este gobierno somalí a quien la comunidad internacional está favoreciendo. No ha sido elegido por la población, sino que ha sido instaurado desde el exterior. Existen muchas denuncias contra el GFT por violaciones de los derechos humanos. Se le acusa de reclutar menores de edad para sus milicias y de uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza, incluso de bombardeos sobre lugares con una alta densidad de población civil. AMISOM, la fuerza militar de la Unión Africana, financiada por EEUU y la UE y desplegada en Mogadiscio, ha sido objeto también de acusaciones similares. Además, el GFT se caracteriza por los frecuentes «cambios de camisa». Jefes militares de grupos opuestos al GFT y que lo han combatido encarnizadamente han pasado después a ocupar cargos de alto rango (es el caso de un ministro de Defensa y del actual presidente del GFT). Alguno de ellos estaba vinculado a actividades de piratería, de importación de armas y de secuestro de extranjeros para obtener rescate. Es del todo imprevisible la actuación futura de estos personajes a los que hoy se ayuda para que se mantengan en el poder. Cabe destacar que el Gobierno español ha hecho caso omiso de las peticiones de diversas ONG que le pedían que se pronunciara sobre las denuncias contra el GFT.

Este entrenamiento de policías y militares puede tener efectos muy negativos. Un informe de 2010 de Amnistía Internacional concluye que en este entrenamiento no se incorpora normativa sobre derechos humanos, que el método de selección del alumnado posibilita el acceso como alumnos a presuntos infractores de las normas de derechos humanos, que una parte de la formación corre a cargo de grupos acusados de violaciones de los derechos humanos, que no se hace una diferenciación entre funciones militares y policiales (se entrenan policías para combatir grupos opositores armados) y que se están transfiriendo armas al GFT sin garantías de que no serán utilizadas en abusos contra los derechos humanos. Y más aún, hay que añadir el peligro real que algunos de los efectivos adiestrados pasen después a la insurgencia. La misma ex ministra de Defensa, Carme Chacón, lo reconocía en abril de 2010 en una intervención en el Congreso.

Por otra parte (y pese al embargo de armas a Somalia decretado por la ONU en 1992 y violado abierta y sistemáticamente desde entonces, sin que se haya adoptado ninguna medida digna de mención), está entrando mucho armamento en el país a través del apoyo externo militar oficial al GFT y, por tanto, hay un incremento del armamentismo. Según la ONU, el 80% de este apoyo armamentístico y militar se ha desviado hacia fines privados, hacia los mercados de armas locales o hacia los grupos de la oposición. Y afirma también la ONU que las contribuciones al sector de la seguridad del GFT representan una fuente neta de inseguridad en Somalia y un obstáculo para la tarea de estabilización.

Paralelamente, Somalia se ha convertido en una nueva área de negocio para las empresas privadas de seguridad y defensa. Muchas ya están añadiendo la seguridad marítima a la lista de sus servicios. En sus webs ofrecen equipos de guardas de seguridad a bordo, entrenamiento de armas de fuego para la tripulación, gestión de la negociación y del rescate en caso de secuestro (apoyo 24 horas) e informan de los beneficios de contratar seguridad privada en el momento de negociar favorablemente la prima de seguro de los buques. Incluso una de estas empresas ha conseguido un contrato de entrenamiento de una milicia privada de 2.000 hombres para combatir tanto la piratería como el grupo opositor armado al-Shabab. Este es el caso de la empresa Saracen, con sede en Sudáfrica, detrás de la cual está Erik Prince, el fundador de Blackwater. Evidentemente, el hecho de que este tipo de empresa se haya instalado en la zona no hará más que aumentar la militarización y la violencia.

El peligro que la piratería en la zona representa para la flota pesquera europea fue uno de los argumentos esgrimidos a la hora de impulsar la operación militar Atalanta de la UE. Nunca se habló, sin embargo, de los perjuicios que la pesca extranjera en las costas de Somalia ha ocasionado en la pesca local: ha dejado sin trabajo muchos pescadores somalíes y ha reducido drásticamente la fuente proteínica más importante en la alimentación de la población costera. Según la ONU, durante más de una década, cientos de barcos de varios estados (ya hablamos de España en el artículo anterior) han pescado de forma continuada en las aguas de Somalia de una manera no declarada y no reglamentada. Esto ha tenido unas consecuencias de largo alcance con un efecto desastroso sobre la gestión sostenible de los recursos marinos de Somalia. Fuentes locales informaron a la FAO que, en algunos lugares, las capturas de ciertas especies podían superar el 300% de los niveles permitidos. No se compensó nunca a los pescadores locales y no se respetaron las regulaciones de conservación de las especies ni las ambientales. Además, se cree que sólo los barcos de la UE extraían del país más de cinco veces el valor de su ayuda anual a Somalia. No sólo ha habido un expolio de recursos pesqueros, sino que se ha puesto en grave peligro el futuro de la pesca artesanal local.

Aun se da otra circunstancia relacionada también con la destrucción de recursos naturales: desde 1991 Somalia ha servido de vertedero de residuos peligrosos (incluso nucleares) para empresas y gobiernos extranjeros, tanto en el litoral como en tierra. Esta práctica ha provocado unos daños medioambientales y de pérdida de recursos marinos que un país sin estado efectivo como Somalia, no ha podido ni evitar ni paliar.

Para terminar, queremos señalar que la ayuda internacional se ha centrado en la vertiente militar. Del presupuesto de la Conferencia Internacional de Donantes de Somalia, más de tres cuartas partes (164 millones de euros) corresponden a gasto militar y una cuarta parte a ayuda humanitaria (48 millones de euros). Al margen de estas cifras, sólo el coste de la operación Atalanta se estima en 450 millones de euros anuales, a los cuales hay que añadir las contribuciones de las otras siete misiones militares multilaterales en curso y de todas las operaciones unilaterales, el coste de la mayoría de las cuales es desconocido. Es decir, si Somalia importa, es básicamente desde el punto de vista político-militar. Al menos, esta es la conclusión que cabe extraer de los esfuerzos económicos demostrados. Y ello pese a que Somalia arrastra desde hace años una de las peores crisis humanitarias del mundo. No interesa tanto la población somalí como los beneficios extranjeros en Somalia, y esto es aplicable también al caso español. Podemos concluir que la intervención militar extranjera en su conjunto es perjudicial para la población de Somalia. Aunque, seguramente, muchos de los que intervienen militarmente ahí estarán satisfechos.

1.   Todos los argumentos y conceptos incluidos en este artículo son parte de un largo informe sobre la participación española en Somalia en relación a la piratería, elaborado por los mismos autores y que será publicado próximamente.



 05/03/2012

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