Las ventas españolas de armas: un nuevo máximo
2009 ha sido el mejor año en la historia de las exportaciones de armas españolas, porque este año el gobierno ha concedido autorizaciones a la industria militar española para que exportara material de defensa por valor de 1.346,52 millones €, lo que ha supuesto un incremento del 44,1% respeto al 2008 y un 232% respecto del 2004, año de inicio del gobierno Zapatero.
Existe la tendencia de asociar el comercio de armas con otros comercios como el de las drogas, pero así como el comercio de drogas es ilegal, el comercio de armas puede ser legal o ilegal. Para que sea legal una exportación de armas, se requiere la autorización del gobierno, y este debe cumplir con la normativa que lo regula, es decir, la Ley de Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso.
Estas exportaciones representan el 4% de las exportaciones mundiales de armamento y el 0,9% de la balanza comercial española. El 39% de las exportaciones españolas han tenido como destino países de la UE. Mayoritariamente las exportaciones a la UE son debidas a la participación en programas europeos de desarrollo de nuevas armas. El 8% de las exportaciones han tenido como destino países con un Índice de Desarrollo Humano medio y bajo.
Según el SIPRI, el Estado Español ocupa el sexto lugar en el ranking mundial de exportadores de armas, detrás de Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia y Reino Unido. Si sustituimos Alemania por China, tendremos a los cinco estados miembros del Consejo Permanente de Seguridad de Naciones Unidas; todos ellos con derecho de veto y ejerciendo el control del 72% del mercado mundial de armas. La misión de este Consejo Permanente es velar por la paz en el mundo, prevenir conflictos, organizar misiones de paz, decretar embargos y mediar en los conflictos existentes. Es decir, que aquellos que tienen por responsabilidad velar por la paz en el mundo tienen el control legal de las exportaciones de armas y son los principales exportadores del mundo.
Con respecto al destino de las armas españolas, mencionar que éstas tienen como destino países que están en conflicto armado como Colombia o Israel, países que se encuentran en situación inestable o de tensión, como Filipinas, Indonesia o Sri Lanka, o bien países dónde existen serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos como Indonesia, Kenia, Malasia o Tailandia, países históricamente enfrentados como India y Pakistán, países con represiones internas como Turquía, Arabia Saudita o Marruecos, países como Angola dónde la situación interna es muy delicada y frágil, países de los más pobres del mundo, como por ejemplo Burkina Faso, Angola, Kenia y Mauritania, o países que debido a su elevado grado de militarización, destinan más recursos al gasto militar que al gasto en salud y educación conjuntamente (PNUD 2009), como es el caso de Angola, Arabia Saudita, Ecuador, Israel, Jordania, Pakistán o Sri Lanka.
Con respecto de las exportaciones españolas de armas cortas o ligeras destacar la preocupación que supone el destino de Ghana. Ghana continúa siendo el primer país receptor de armas cortas y ligeras, alrededor de 3,5 millones € anuales en concepto de escopetas y cartuchos, pese a la moratoria decretada en 1998 por la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDAO) sobre la importación, exportación, producción y distribución de armas cortas y ligeras en toda la región, debido a la proliferación descontrolada de estas armas en este país; así como por el riesgo de tráfico ilícito desde Ghana hacia países vecinos. La preocupación existente por estas exportaciones viene determinada por los efectos de las mismas, a saber la gran mayoría de las víctimas de conflictos armados son debido al uso de armas pequeñas y ligeras.
La ley de control de exportaciones de armas española establece que no se venderán armas a países sancionados, inestables, en conflicto armado, que vulneren los derechos humanos, que no condenen el terrorismo, o que tengan un nivel de bienestar delicado. A la luz del que dice la ley, no está claro cómo se deben interpretar las exportaciones mencionadas anteriormente.
Por otra parte, es necesario tener presente que la propia ley de control de exportaciones de armas establece que los datos sobre exportaciones de material de defensa de doble uso, están clasificados conforme a la ley de secretos oficiales, es decir, las exportaciones de armas tienen la clasificación de secreto de estado. Esto supone que las actas de las reuniones dónde se decide conceder o no a una empresa española la autorización para exportar, es secreta. Lo cual comporta que los informes que realiza el gobierno sobre estas exportaciones no aporten información relevante sobre el tipo concreto de arma que se autoriza a exportar y el país de destino. Los informes simplemente recogen, por país de destino, la cuantía de las exportaciones y una ligera información sobre el usuario final.
Muchas de las exportaciones de armas empeorarán la inestabilidad regional y los conflictos latentes, así como alargarán los conflictos ya existentes. En definitiva, exportar armas supone exportar sufrimiento humano a diferentes lugares del mundo, sustentándolo con el secretismo en la toma de decisiones y el negocio subyacente.
Nos podemos preguntar por qué son secretas las exportaciones de armas. En primer lugar, por que así lo expresa la ley. En segundo lugar, por que los compradores de armas así lo desean. Los sucesivos gobiernos españoles alegan que estas exportaciones deben ser secretas por que los compradores no quieren que se sepa qué armas compran. A quienes adquieren los productos armamentísticos no les interesa que sus posibles adversarios o enemigos conozcan las armas que tienen, ni la cuantía de que disponen. Se puede afirmar que nuestros gobernantes acceden a las demandas de los compradores. También es justo decir que la mayoría de países fabricantes de armas se comportan de manera similar en España.
En definitiva, muchos de los países mencionados destinan cantidades importantes de sus recursos económicos a armarse, mientras que reciben cantidades económicas en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo para hacer aquello que deberán hacer y no hacen: atender las necesidades de las personas.
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