Las graves afectaciones del uso de armas explosivas en zonas pobladas

Las graves afectaciones del uso de armas explosivas en zonas pobladas

El uso de armas explosivas en zonas pobladas contamina las tierras, pone en riesgo el método de subsistencia de la comunidad y destruye casas, colegios, hospitales, sistemas de saneamiento y agua, y muchas otras infraestructuras que pueden derivar a la escasez de recursos básicos. Por lo que se afecta indiscriminadamente e individualmente a la población civil. Concretamente, el uso de estas armas ha herido o causado la muerte de 262.413 civiles entre 2011 y 2020, así como indica el nuevo informe de la asociación Action on Armed Violence (AOAV). Esta cifra de víctimas civiles equivale al 73% de un total de 357.370 muertes o personas heridas – incluyendo todas las partes y actores en conflicto. En zonas pobladas, el 91% de las personas afectadas son civiles; la mayoría de las cuales se encontraban en zonas residenciales, seguido de mercados y lugares de culto. Por otra parte, en áreas sin concentraciones de civiles, el porcentaje de personas afectadas es del 25%, según los datos del informe.

La explosión y fragmentación de las armas explosivas suponen grandes riesgos para las zonas pobladas caracterizadas por las concentraciones de civiles. Las consecuencias de estos ataques severos impactan negativamente en el desarrollo socioeconómico de la población y producen un incremento en el número de desplazados internos y personas refugiadas. En este contexto, las organizaciones humanitarias se encuentran con notables impedimentos cuando tratan de acceder a la zona para asistir a la población civil. Al no poder desplegarse los equipos humanitarios, ni ofrecer recursos de primera necesidad o atención médica, la situación humanitaria se agrava en medio del conflicto armado.

¿Qué artefactos usan y quién los usa?

El 52% de los daños causados a civiles han sido producidos por artefactos explosivos improvisados (IED), el 23% por armas explosivas lanzadas desde el aire, el 21% por armas explosivas lanzadas desde tierra, y el porcentaje restante por el uso de múltiples tipos de armas explosivas y minas, según el mismo análisis. Los ataques aéreos, las bombas lanzadas desde el aire, los misiles, el fuego de artillería, las granadas propulsadas por cohetes y los coches bomba son solamente algunos ejemplos de la extensa variedad de armas explosivas utilizadas.

Se han producido incidentes en un total de 123 países. En Siria, Iraq, Afganistán, Pakistán y Yemen es donde han tenido lugar más ataques con armas explosivas que han destruido la vida de más personas. Respectivamente, el número de civiles afectados en estos países es de 77.534, 56.316, 28.424, 20.719 y 16.645, según AOAV. Entre los responsables del impacto causado por armas explosivas, encontramos a los gobiernos, pero también a actores no estatales. Siria, Israel, la coalición liderada por los Estados Unidos, la coalición de Saudí Arabia y Pakistán son los países que más las utilizan y, precisamente, están involucrados en conflictos armados que han provocado grandes crisis humanitarias. Por otro lado, entre los grupos no estatales encontramos a ISIS, los Talibanes, los rebeldes de Siria, los separatistas de Ucrania y Al Shabaab, según el mismo informe.

Violación de las leyes internacionales y responsabilidad

Las armas y los ataques indiscriminados que causan daños desproporcionados a la población civil están prohibidos por la Convención de Ginebra de 1949 y por el Derecho Internacional Humanitario, además de suponer una violación de los Derechos Humanos. Sin embargo, incluso los ataques supuestamente dirigidos a objetivos militares acaban afectando infraestructuras y a la población civil, sobre todo cuando estos se producen en zonas pobladas. Y el incremento del uso de compañías militares y de seguridad privadas que podrían utilizar armas explosivas también es un peligro debido a la ausencia de responsabilidad y a la falta de regulación que suponen.

Para reducir y evitar el uso de armas explosivas, se necesitan respuestas más efectivas y contundentes. No obstante, no todas estas armas están prohibidas, como sí sucede con las minas antipersona o las bombas de racimo gracias al Tratado de Ottawa y la Convención sobre Municiones en Racimo, respectivamente. Este vacío legal complica el proceso de hacer que alguien se haga responsable y rinda cuentas, a pesar de la existencia de acuerdos como el Convenio sobre Ciertas Armas Convencionales que debería prohibir o restringir el uso de armas que afectan a los civiles indiscriminadamente. Asimismo, el uso de armas de fuego indirecto o armas no guiadas son de gran preocupación. Así pues, para acabar con el uso de armas explosivas, los gobiernos deben comprometerse a no utilizarlas y declarar su participación en el desarrollo de políticas, leyes y una renovada doctrina militar que impidan su uso, reconociendo el daño que causan al impactar en áreas extensas y habitadas. Por último, también deberían reconocer los derechos de las víctimas, asistirlas y proveerles atención médica y todos los recursos que sean necesarios para su recuperación, rehabilitación e inserción.

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau es miembro de la Red Internacional contra Armas Explosivas (INEW) y trabaja por la abolición de las armas explosivas y la prohibición de su uso, producción, compra, venta o posesión, con el objetivo de acabar con los daños humanitarios que causan al ser utilizadas en áreas pobladas.



 13/07/2021

Colaboradora: Iris Blay Puntas
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