Armas españolas cometen crímenes en Yemen
Desde el inicio de la guerra de Yemen en 2015, España exportó armas por un importe de 2.769,5 millones de euros a Oriente Medio. En ese mismo periodo, la UE exportó por un valor de 5.754,2 millones de euros, eso sin contar a Reino Unido que no informa de sus exportaciones al registro de la UE. Armas que a buen seguro, en muchos casos, fueron utilizadas en la guerra de Yemen.
Arabia Saudí es el país que lidera la coalición internacional y el país que asume el mayor esfuerzo en la guerra que se lleva a cabo en Yemen y ha recibido de España, en ese mismo período, 1.115 millones en armamentos, entre los que se encuentran, bombas, municiones, misiles, aviones de transporte militar, lanzagranadas y otro material militar.
Considerando, como señala Naciones Unidas, que en Yemen se está produciendo una catástrofe humanitaria, donde hay 22 millones de personas amenazadas de inanición por falta de alimentos, más de 2,2 millones de desplazados y refugiados y más de 100.000 muertos, de los cuales unos 20.000 son civiles. Un caos humanitario a la que se suma la denuncia de Amnistía Internacional que señala que en Yemen se están cometiendo crímenes contra la humanidad; entonces, las exportaciones de armas de España y del resto de países de la UE están contribuyendo a la catástrofe humanitaria descrita. Pero, como por otra parte, existe una Ley reguladora de las exportaciones de armas que, de acuerdo con la Posición Común de la UE, prohíbe expresamente la venta de material militar a países que están participando en un conflicto armado. España y los países que venden armas a los países que participan en la guerra del Yemen están incumpliendo esa Ley.
Ello ha dado pie a que varias organizaciones: Amnistía Internacional, Campaign Against Arms Trade de Reino Unido, Rete Disarmo de Italia, Mwatana for Human Rights de Yemen y el Centro Delàs de Estudios por la Paz de España, coordinados por el European Center for Constitutional and Human Rights, hayan presentado ante la Corte Penal Internacional de La Haya, una demanda para que se investiguen los ya muy documentados crímenes y violaciones del derecho internacional humanitario cometidos en Yemen, de los que son causantes las industrias militares europeas que suministran armamentos a los países de la coalición internacional. Demanda extensible tanto a las empresas como a las autoridades europeas que han autorizado las exportaciones.
Ventas de armas que realizan las más grandes empresas europeas de armamentos, Airbus Defence and Space (consorcio formado entre Alemania, España, Italia y Francia), Leonardo (Italia), Thales y Safran (Francia), BAE Systems (Reino Unido). España por su lado, suministra a Arabia Saudí: aviones de combate EF-2000 y aviones de transporte militar a través de Airbus Defence and Space; Indra toda la electrónica de esas mismas armas, desde los sistemas de vuelo hasta los sistemas de dirección de misiles y de tiro; Instalaza, lanzagranadas, granadas y explosivos; y Navantia fabricará cinco corbetas por valor de 1.800 millones que se supone servirán para continuar con el bloqueo por mar para impedir la llegada de ayuda humanitaria a Yemen.
En el caso español, las exportaciones de armas suministradas a los países que participan en la guerra de Yemen sí infringen algunos de los ocho criterios que la Ley contempla, los dos más flagrantes: vender armas a países en guerra o que puedan ser empleados en graves violaciones de los derechos humanos de la población, no deberían ser exportadas. Pero a pesar de ello, el Gobierno las autoriza. Esto es así, gracias a un subterfugio que la Ley misma contempla, pues existe un apartado que señala que las exportaciones estarán sujetas al interés general. Algo que permite una interpretación laxa de las exportaciones. Una, que sean tomados en cuenta los intereses comerciales de las empresas españolas; la segunda, ligada a las relaciones exteriores de España con el país receptor, y sí unas y otras son prioritarias para el interés del Estado priman por encima de los criterios aprobados por la UE y que señala la Ley española.
Y como es bien sabido que la monarquía saudí y la familia real borbónica española mantienen una estrecha amistad, y las relaciones comerciales de las empresas españolas en Arabia Saudí son importantes. España acaba de construir el tren de alta velocidad que une La Meca con Medina; y además hay un fuerte lobby militar industrial español formado por las principales industrias indicadas (Navantia, Indra, Airbus Defence and Space…). Entonces, el Gobierno español no tiene ningún reparo en aprobar esas exportaciones a Arabia Saudí y al resto de dictaduras árabes, pues esas amistades e intereses comerciales son mucho más importantes que los derechos humanos y las muertes de civiles de yemeníes.
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