Armas, militarismo y complicidades en el norte de África
La historia de los países del norte de África no se puede entender sin el peso de las fuerzas armadas, el gasto militar y el comercio de armas en sus políticas internas. La Unión Europea y el Estado español, como otras muchas potencias, han jugado un papel clave en la región a la hora de suministrar armamento.
Estas exportaciones ponen de manifiesto la carencia de regulación y de escrúpulos en el comercio militar en la zona.
Cuanto más peso tienen las Fuerzas Armadas de un país en la economía y la vida política más dificultades encuentran los movimientos que luchan por la democratización y la justicia social. Es una de las conclusiones que se extrae del informe El militarismo en el Norte de África publicado por el Centro Delàs, donde se hace un repaso del papel de los ejércitos a partir del gasto militar de los seis países de la región (Marruecos, Mauritania, Argelia, Libia, Túnez y Egipto) y el papel que juegan el Estado español, la Unión Europea y las potencias mundiales con sus políticas de ayuda militar y de exportaciones de armas.
Una conclusión que podría parecer obvia y que, además, pone de manifiesto la hipocresía de los Estados de la Unión Europea hacia esta región y evidencia que, a menudo, las normas por el control de exportaciones de armas son letra muerta, teniendo en cuenta la carencia de aplicación preventiva que se hace frente a regímenes autoritarios y represivos.
Lletra muerta
El 2008 los Estados miembros de la Unión Europea adoptaron la Posición Común del Consejo de la UE 2008/944/CFSP, con la cual se pretendía armonizar el control por la exportación de equipamiento y tecnología militar. Esta normativa, versión mejorada de un código de conducta orientativo del año 1998, desglosa ocho criterios que tendrían que guiar el otorgamiento o la denegación de exportaciones de armas y material militar fuera de la Unión Europea. Los criterios son amplios y abrazan situaciones que van desde el respecto a los derechos humanos hasta el peligro de desvío hacia países en conflicto (véase el recuadro). Teóricamente, la Posición Común (PC) es vinculante, pero, finalmente, los estados son quienes deciden sobre sus ventas. Así pues, no se ha armonizado la toma de decisiones ni la gestión de la información sobre estos procesos decisorios y, por lo tanto, no existe un control detallado de estas exportaciones más allá del que cada Estado decide publicar. Países como Alemania o el Reino Unido no informan de sus exportaciones, a pesar de que, según el SIPRI, son el tercero y el sexto país exportador mundial, respectivamente, para el periodo 2009-2013.
El Estado español, además, cuenta con una ley propia (Ley53/2007) de cariz restrictivo y por la cual cada año se publican cifras relacionadas con la venta de armas agrupadas en categorías ambiguas. Pero ninguna de estas normas no ha evitado la carencia de transparencia, coherencia y ética en las exportaciones de armas. A no ser que la coherencia sea el fomento de la industria armamentística y sus exportaciones. Esto explicaría por qué cada año es el Secretario de Estado de Comercio, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad, quien presenta las cifras de exportación ante la comisión de defensa del Congreso de los Diputados en lugar de algún representante del Ministerio de Defensa. Y explicaría, también, la carencia de escrúpulos a la hora de vender armas y tecnología militar a dictaduras represivas en países donde las violaciones de los derechos humanos son flagrantes y continuas.
Zona estratégica por el Norte
Los países norteños de África tienen una industria militar escasa, por eso son buenos clientes para las industrias norteñas. Además, el comercio de armas obedece a alianzas estratégicas cambiantes. Argelia, por ejemplo, el primer comprador de armas a la región, es cliente preferente de Rusia por sus vínculos tradicionales. Los últimos cinco años, Rusia ha vendido armas en la región por un valor de 4.632 millones de euros, seguida por los Estados Unidos, con 1.678 millones de euros. Francia, o Italia también conservan relaciones de metrópoli. La primera suministra armas a sus antiguas colonias de la región, principalmente Marruecos y Argelia. El reino alauita es el primer comprador de armas francesas, con 581 millones de euros durante el periodo 2007-2012. Hay que destacar, también, la China que, como país exportador de armas, cada vez gana más presencia y ya ocupa el quinto lugar en el ranking mundial de exportadores. Al norte de África, vende armas en el Marruecos y Egipto principalmente.
Según los datos que facilitan los estados –a menudo de dudosa veracidad–, el norte de África es una región bastante militarizada, teniendo en cuenta el esfuerzo económico que dedican los Estados a mantener y alimentar sus ejércitos. El nivel de militarización adquiere proporciones dramáticas si se compara con los niveles de desarrollo o de justicia social. Así, Mauritania, el país más pobre de la región y uno de los más pobres de todo el continente africano, es de los que dedica más recursos al gasto militar: un 4,9% del PIB en 2003-2004. Marruecos también dedica más PIB al gasto militar que a la sanidad, hecho que se patentiza en la deficiencia de sus infraestructuras sanitarias públicas, en un país donde un 50% de la población vive en zonas rurales o de difícil acceso.
Las armas vendidas al norte de África antes, durante o después de las revueltas de 2011 han sido utilizadas para reprimir la oposición o, simplemente, para aumentar el poder militar y el peso de las élites castrenses en la política de estos Estados y en detrimento del bienestar de las poblaciones. Los datos recogidos ponen bajo sospecha la eficacia real de la legislación europea y española en la defensa de la seguridad global y el respecto a los derechos humanos.
El Estado español
Las élites militares tienen un papel importante en la configuración de los Estados autoritarios de la orilla sur del Mediterráneo y a menudo ostentan un poder simbólico, económico y político que obstaculiza enormemente cualquier proceso de democratización o de lucha por la justicia social. El Estado español, uno de los grandes exportadores europeos de la región, ha contribuido a impulsar este militarismo en los seis países norteños de África.
Además de las cesiones o las ventas simbólicas, que sirven para estrechar relaciones o negociar otras políticas, durante los últimos diez años, el Estado español ha exportado armas en el norte de África por un valor de 453 millones de euros. Marruecos ha sido el receptor de armas más importante, con 193 millones.
Además, la UE y los Estados Unidos han priorizado la estabilidad de unos regímenes dictatoriales y represivos que se venían como garantes ante las controvertidas amenazas del terrorismo y la inmigración.
Libia
Desde el fin de las sanciones al régimen de Gaddafi el 2003, los estados de la UE no han dudado hacer negocios, a pesar de que las armas vendidas fueran utilizadas para reprimir las manifestaciones que estallaron el 2011. Entre estas transacciones, destaca la venta de bombas de dispersión de la empresa española Instalaza, utilizadas contra la población civil en la ciudad de Misrata el 2011. Dentro del régimen de Gaddafi, varias organizaciones convivían con las fuerzas armadas: milicias como la Guardia revolucionaria, la Guardia de la Jamahiriya, seis unidades de seguridad y la legión panafricana islámica, con soldados provenientes de toda la región del Sahel sahariano. Con la caída del régimen, los africanos negros de varias nacionalidades han sido víctimas de represalias muy virulentas. Algunos han huido hacia el sur, se han llevado las armas y han adoptado un estilo de vida de combatientes que ha proporcionado efectivos a los grupos armados gihadistas del Sahel sahariano, entre ellos, MUJAO, AQMI o Boko Haram en Nigeria.
Además, desde la ejecución sumaria de Moammar al-Gaddafi y la caída del régimen, el gasto militar ha aumentado ostensiblemente. Las causas de este aumento podrían ser: 1) la contabilización más cuidadosa y transparente, 2) la creciente inseguridad y 3) los nuevos compromisos establecidos por el desaparecido Consejo de Transición Nacional con los países que participaron en la caída del régimen y que ahora han acontecido los vendedores de armas al país. Los países que participaron a la operación Protector Unificado, a partir del 23 de marzo de 2011, junto a la coalición liderada por Francia y, después, por la OTAN son, ahora, los principales socios comerciales, energéticos e industriales del país. Entre ellos, encontramos los Estados Unidos, que ya entrena tropas de un nuevo ejército libio como principal bandera para ayudar a la reconstrucción y la estabilización del país. Mientras tanto, la amplia proliferación de armas y la fragmentación de la violencia armada han exacerbado la lucha ensañada por el poder y el control de los recursos energéticos.
Argelia
En Argelia, el Ejército de Liberación Nacional (ALN) reconvertido en ejército nacional, se erigió como garante de la resistencia y del orgullo nacional después de la cruenta guerra de independencia contra la metrópoli francesa. Según el teniente coronel e investigador Gómez Puyuelo, “el ejército argelino fue el creador del Estado, el que aportó la ideología” y, hasta ahora, una cúpula militar envejecida –y a menudo enfrentada– ha controlado el poder político y económico del país. De hecho, según el índice de Global Fire Power, Argelia es la segunda potencia militar de la región –después de Egipto– y la primera importadora de armas, la décima a escala mundial.
A pesar de que Rusia proporciona el 91% de las armas que compra Argelia, el país no deja de ser uno de los principales aliados de Occidente en la pretensa lucha contra el terrorismo. De hecho, la antigua metrópoli, Francia, es el país europeo que los vende más armas. El último mes, esta dictadura, comandada por un Bouteflika ausente, habría acordado una compra de 2.000 millones de euros con las empresas alemanas Rheinmetall, Daimler y Thyssen-Krupp.
El Estado español es el cuarto exportador europeo de armas al país, principalmente aviones y equipamiento aéreo. Los negocios españoles con el vecino argelino se concentran, básicamente, en la dependencia gasística y las inversiones en construcción e infraestructuras.
Egipto
La elección de Abdel Fattah al-Sisi al frente del Estado egipcio ha sido un golpe duro contra el proceso revolucionario del país. El golpe de Estado ha evidenciado, también, la gran influencia del llamado Estado profundo, el entramado político, económico e institucional en manos de las élites militares que no ha dejado nunca de controlar el destino del país.
Egipto es el segundo país receptor de armas y tecnología militar española de la región. También es el caso más flagrante de hipocresía en cuanto a los criterios de la Posición Común. El 3 de julio de 2013, el general Al-Sisi llevó a cabo un golpe de Estado que se saldó con la detención del primer ministro electo Mohamed Mursi, más de 1.400 muertos y cerca de 15.000 detenciones entre simpatizantes de los Hermanos Musulmanes y otros activistas. El Estado español suspendió el otorgamiento de licencias para ventas en Egipto el mismo mes de julio, pero no fue hasta el 28 de agosto que, en cumplimiento de una decisión comunitaria, se pararon las ventas que ya estaban en marcha. Estas se renovaron el 16 de septiembre. Dos semanas de retraso en las ventas es, pues, la única prevención que el Estado español ha considerado necesaria ante un régimen que incumple buena parte de los criterios que tendrían que regir las decisiones en esta materia.
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