La Estrategia de Seguridad Nacional de 2013: seguridad… ¿para quién?

A lo largo de la última década se ha producido un cambio de conceptos a nivel internaiconal en el que se sustituye el concepto de defensa por el de seguridad, un término mucho más ámplio en el que se incluye la defensa.

De este modo, toma protagonismo una concepción más ámplia de la seguridad en la que todos los ciudadanos tienen el derecho y el deber de velar por un entorno seguro, en el que la colaboración pública y privada se torna indispensable y en el que se plantea la seguridad como una idea de base compartida por todos los Ministerios del estado. Así, mientras que la defensa es exclusiva de las Fuerzas Armadas, la seguridad es cosa de todos.

Con el cambio de conceptos cualquier cosa que pueda suponer un peligro para la seguridad es competencia de toda la población y, por tanto, es una responsabilidad del jefe de gobierno. No obstante, la seguridad recae en la necesidad de mantener la soberanía nacional, y hay que tener en cuenta que la institución encargada de garantizarla en última instancia son las Fuerzas Armadas.

En este sentido, el año 2011, de acuerdo con lo que establece la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la Unión Europea, se crea la “Estrategia Española de Seguridad (EES): Una responsabilidad de todos”, en la que se plantean de manera integral la política de seguridad, agrupando las diferentes políticas y líneas de acción desarrolladas en los diferentes ámbitos ministeriales, y se relacionan en un documento unificado.

En la Estrategia, que es el documento base a partir del cual se organiza la seguridad española, se definen los puntos que preocupan actualmente al Estado en términos de seguridad y defensa y el papel que tiene en las diferentes organizaciones internacionales, así como el papel de las Fuerzas Armadas, de la sociedad civil y de las empresas privadas.

En este documento se apuesta por los aspectos relacionados con la seguridad del Estado que son responsabilidad de toda la ciudadanía, se incide en la importancia de la integración en algunos de los organismos regionales y internacionales y se apuesta por reducir la diferencia entre seguridad interna y externa.

Posteriormente, el año 2013 se presentó la “Estrategia de Seguridad Nacional (ESN). Un proyecto compartido” que bajo la pretensión de ser una revisión de la anterior y una adaptación a los cambios en la seguridad, se trata simplemente de un documento muy similar al de 2011 que aporta pocas ideas nuevas, aunque la presentación es más clara y los contenidos más sintéticos. Cabe destacar la inclusión de dos ámbitos nuevos en el apartado de riesgos y amenazas: el espionaje -que en la EES 2011 era un punto dentro de las ciberamenazas- y la seguridad marítima.

Por un lado, consideramos de extrema relevancia el hecho de que el documento se refiera indistintamente a los riesgos y a las amenazas para la seguridad, dos conceptos totalmente diferentes, que deberían servir posteriormente para definir las líneas de actuación de las FAS. De alguna manera, parece que con este juego de palabras se pretenda confundir a la ciudadanía convirtiendo en sujetos de la seguridad cuestiones que en la actualidad no deberían de preocupar como son las emergencias y las catástrofes o la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y los servicios esenciales.

Por otro lado, en el documento también se juega a crear cierta ambigüedad en lo referente a las armas. Se destaca como una de las amenazas importantes la proliferación de armas de destrucción masiva, por lo que se recomienda participar en los tratados internacionales firmados contra estas armas, pero en contraposición se reafirma en el compromiso del Gobierno de estar al lado de las industrias españolas de armamento. En este sentido, se entiende que la proliferación de armamento de otro tipo no debe suponer un riesgo para la seguridad.

Tampoco toman importancia en este documento las amenazas no compartidas, de las que tanto se hablaba en la Directiva de Defensa Nacional (2012), por lo que Ceuta y Melilla pasan a un segundo plano respecto a las necesidades de defensa. También se pasa por alto la cuestión de la piratería, que hasta el momento parecía que fuera percibida por el Gobierno como una de las principales amenazas para el Estado.

Esta nueva estrategia transmite una falsa sensación de desmilitarización del ámbito de la seguridad, poniendo en evidencia que todos los potenciales riesgos y amenazas establecidos, que puedan llegar a poner en peligro la seguridad de la soberanía nacional, constituirán un motivo para la actuación de las Fuerzas Armadas. Por lo que en el momento en que la seguridad falla entra en juego la necesidad de la defensa, y el brazo ejecutor de la defensa nacional son las Fuerzas Armadas.

Según el barómetro del mes de julio de 2013 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), lo que preocupa a la población del Estado Español es: el paro (80,9%), la corrupción y el fraude (37,4%), los problemas de carácter económico (32%), los políticos en general, partidos políticos y política (27,6%). Por otra parte, los temas relacionados con los ámbitos de la ESN preocupan más bien poco: inseguridad ciudadana (2,8%), drogas (0,3%), ETA (0,6%), la inmigración (2,6%), los nacionalismos (0,6%), terrorismo internacional (0,1%).

Estos datos evidencian un desajuste importante entre la percepción que tiene el gobierno y la ciudadanía sobre lo que es la seguridad y lo que no. Si bien es cierto que se predica que la seguridad interna y la externa quedan diluidas, que tan importante es lo que pasa dentro de las fronteras como fuera de ellas, a la hora de generar seguridad esta estrategia se queda corta.

Desde el Centre Delàs proponemos una estrategia en la que se vele por la seguridad humana, en la que se incluya aquello que realmente preocupa a la población y lo que necesita para poder desarrollarse en su día a día de forma autónoma y libre.

La mayor parte de los riesgos y amenazas que se detallan en esta Estrategia difícilmente pueden ser apaciguados por medios militares. La seguridad laboral, las buenas prácticas de las instituciones políticas y de las empresas, el refuerzo de los servicios públicos, las relaciones internacionales fieles al derecho internacional, etc. deberían constituir los pilares de la seguridad española. Eso sí, siempre y cuando la ESN se estuviera refiriendo a la Seguridad Humana.