Asesinada por oponerse a la minería
El pasado 30 de septiembre, en Colombia, en el departamento del Cauca, en un pequeño municipio llamado Almaguer, fue asesinada por dos paramilitares Adelinda Gomez Gaviria, al salir de una reunión de mujeres. Tenía 36 años de edad y era madre de tres hijos, el mayor, de 16 años, que le acompañaba en el momento también fue herido. El delito de Adelinda, luchar para evitar que la implantación de la minería destroce su territorio y los medios de vida de las personas que lo habitan.
Adelinda era una lideresa que formaba parte del Proceso de Mujeres del Macizo Colombiano del CIMA, organización campesina de defensa de la tierra, e impulsó, entre otras actividades, la realización de un Foro Minero y Ambiental, en el mismo municipio de Almaguer, en que participaron cerca de 1500 campesinos e indígenas.
Que su asesinato tiene una relación directa con su oposición a la minería y al expolio esta fuera de toda duda. Un mes antes había recibido amenazas por teléfono, unos desconocidos le dijeron «deje de joder con esa cosa de la minería, eso se riesgoso y se va a hacer matar», también la habían abordado por la calle advirtiéndole de que parara y que no se mezclara con los opositores a la minería. Pero en Colombia las defensoras y defensores del territorio y de los derechos humanos saben que tienen que convivir con el riesgo y las amenazas, y saben que no pueden abandonar la lucha porque a nadie se le puede pedir que viva de rodillas.
Quien la conocía mejor nos cuenta que Adelinda «hacía un trabajo de hormiga». Ejercía un liderazgo cotidiano, poco vistoso. No era de las que se subía a las tarimas a hacer discursos, sino que hablaba con la gente, tanto con la que estaba de acuerdo y como con la que no en relación a la minería, intentando que la comunidad se mantuviera unida. Ella lo hacía desde su vereda, y en toda la región con esta constancia con la que muchas mujeres suelen hacer el trabajo. Liderazgos que parecen más humildes que otros, pero que son ejercidos fundamentalmente por mujeres y que muchas instituciones, e incluso organizaciones populares, desvalorizan por un modelo masculino que impera en el accionar político: el liderazgo de lo que hace los discursos, el que aparece siempre públicamente. Son maneras, útiles ambas, pero tenemos que hacer un esfuerzo para hacer visibles y valorizar a las miles de mujeres que en sus comunidades son las imprescindibles para organizar, cohesionar y mantener la resistencia y la acción. Y la paradoja es que quienes la asesinaron saben perfectamente que estas mujeres son fundamentales para impedir los planes de los que quieren entrar en los territorios y desplazar a las comunidades con proyectos de megaminería, de hidroeléctricas y tantos otros de los que en estos momentos tapizan toda Colombia.
En La Habana se está desarrollando un proceso de paz que todos deseamos que termine con una buena parte del conflicto armado, de momento con la desmovilización de la FARC -EP, y que es deseable que el proceso continúe con el ELN, las dos guerrillas más activas en Colombia. Pero tengámoslo claro, el asesinato de Adelinda Gomez y muchas más defensoras y defensores de derechos humanos y de líderes sociales, no tiene que ver con el conflicto armado y sí con la violencia política y social como forma de imponer el control social y político para llevar adelante el expolio del territorio y los negocios de los poderosos.
En este caso la prensa oficial ha hablado de que se oponía a la minería ilegal. En Almaguer han empezado a entrar mineros con retroexcavadoras, mineros venidos de fuera de la región, en su mayoría vinculados al paramilitarismo, pero estos sólo son una avanzada, en una estrategia que se extiende por todo el territorio en que lo que realmente está en juego es la explotación minera a gran escala preparando el terreno a las grandes empresas mineras transnacionales, en este caso Anglo Gold Ashanti.
El asesinato de Adelinda se suma al asesinato, sólo en lo que va de año, de 14 líderes sociales defensores de los derechos humanos, de los que 5 eran mujeres, en el departamento del Cauca, fundamentalmente en zonas rurales.
Hace poco más de un mes, también era asesinado Nelson Giraldo, minero artesanal y líder del «Movimiento Rios Vivos de Antioquia » que representa a las personas que en marzo de este año se vieron obligadas a desplazarse a Medellín por las amenazas de paramilitares, las detenciones arbitrarias y el acoso de las fuerzas de seguridad que califican de guerrilleros a quienes se oponen al proyecto de construcción de la represa Hidroituango. Fue asesinado cuando fue a visitar el municipio para ver si su familia, después de seis meses, podía regresar. También, tras este gran proyecto volvemos a encontrar los intereses de una gran empresa transnacional, Empresa Pública Medellín (EPM), con un 50% de capital en manos de la Gobernación de Antioquia.
Se estima que es en las áreas minero- energéticas donde sucede el 80 % de las violaciones a los derechos humanos en Colombia, el 87% de los desplazamientos forzados, el 78% de los crímenes contra sindicalistas, el 89% contra indígenas y el 90% contra afrodescendientes.
Pese detrás de cada asesinato y de cada violación hay que ver no sólo la mano ejecutora directa sino la mano del expolio del capital local y transnacional, pero toda esta violencia política y social goza de una amplia impunidad. El esclarecimiento de los crímenes y las violaciones topan con la desidia en la búsqueda de los culpables de las muy bien equipadas y poderosas fuerzas de seguridad colombianas, topan con el cinismo de muchas autoridades locales y políticas que miran hacia otro lado a la vez que ofrecen hipótesis descabelladas y chocan con la pasividad de un sistema judicial formalmente muy garantista pero que lo que realmente garantiza es la inacción y la impunidad.
Pero, y volviendo a La Habana, después de esto ¿de qué paz estamos hablando?, ¿qué esperanza tenemos de que se acabe con un sistema político y un modelo extractivista basado en el exterminio físico de la disidencia social y popular
Asesinatos como el de Adelinda no son un número más a añadir a la larga lista de lideresas y líderes populares que día sí día no caen asesinados, sino que nos deben obligar a reflexionar y a actuar internacionalmente para que se investiguen los crímenes contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, para que se pueda juzgar penalmente a las empresas transnacionales, para que haya justicia y se ponga fin a la impunidad.
* Tomás Gisbert es investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz. María Jesús Pinto es investigadora en Derechos Humanos
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