Ni un arma más a Israel
Desde 2005, España ha exportado a Israel material militar de todo tipo por valor de 28,7 millones de euros y autorizado 136,4 millones. En los informes de las estadísticas de exportación de material de defensa destaca el énfasis, en el caso de las ventas a Israel, de que se trata de armamento que no va a permanecer en el país. Es como si el Gobierno español se disculpara por vender armas a Israel, por razones obvias. España le ha vendido armas de fuego de pequeño calibre –aparentemente para ser reexportadas–, disparos y componentes para misiles, sistemas de morteros, equipos de visión nocturna, componentes de satélites militares, sistemas electroópticos de vigilancia, observación y detección de blancos y material militar electrónico para aviones de combate, también para ser reexportados a otros países, incluso para ser importados, una vez transformados en Israel, por el Ejército español. De hecho, muchas de las ventas españolas parecen destinadas a impulsar el comercio de armas israelí. Es lo que denotan las exportaciones de munición de direcciones de tiro en vehículos para pruebas y demostración comercial, eslabones de munición para prueba, torre de tiro de un vehículo militar para pruebas o cuerpos de bombas lastrados para prácticas, o las numerosas armas exportadas para su posterior reexportación.
En lo que se refiere a las importaciones, poca información existe al respecto. El Gobierno no hace ningún informe, limitándose a enviar una incompleta información al Registro de Armas Convencionales de Naciones Unidas. Sobre las importaciones de armas de Israel, el comentario que aparece es claro: “España ha presentado un informe pero no menciona ninguna transacción con este país por este tipo de arma.” Pero Israel sí que ha informado al menos en dos ocasiones de sus exportaciones a España, sobre cuatro sistemas Cardom 81mm montados en vehículos, probablemente de Elbit Systems, y dos cañones de 120 mm. Según otras fuentes, sabemos que España ha comprado recientemente por valor de cientos de millones de euros misiles contracarro, drones militares, sistemas de mortero, torretas de vehículos militares, munición de carros de combate y lanzacohetes a través de contratos entre empresas situadas en España e industrias militares israelís.
Es cierto que hay quien pueda decir que esto es poca cosa, pero, en una situación como la actual, cualquier resquicio de complicidad con un Gobierno como el israelí, embarcado en un proyecto de eliminación y expulsión de la población palestina de Gaza (y de Cisjordania), debe ser señalado, identificado y denunciado. Son muchas las razones para decidir no vender ni comprar armas a Israel.
Las más importantes, las relacionadas con el daño humanitario: a los 14.000 muertos en poco más de un mes de terrible ofensiva militar del ejército israelí en la Franja de Gaza –entre los que se cuentan por miles niños y niñas–, la mayor parte víctimas de bombardeos, cabe sumar las víctimas del bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria que sufre la Franja de Gaza, así como el desabastecimiento de agua, de combustible y de energía eléctrica que provoca más víctimas actuales y potenciales entre la población palestina.
Pero también las relacionadas con el derecho internacional humanitario. Israel no tiene un mínimo respeto por el DIH; el bombardeo constante de población civil, infraestructuras sanitarias, ambulancias, muestra un Gobierno y un ejército israelíes sin escrúpulos. Cada venta de armas a Israel puede estar siendo utilizada para cometer crímenes de guerra. Los responsables de estas ventas, funcionarios o cargos políticos gubernamentales y de empresas de armas, podrían ser llevados por ello ante la Corte Penal Internacional.
Son también destacables las razones relacionadas con el negocio armamentístico. Israel compra armas españolas para mejorar las capacidades tecnológicas de su propia industria militar, lo que repercute en mejorar la competitividad de la misma, con efectos en amplificar el impacto de las ofensivas militares israelís en los territorios palestinos. Israel compra armas españolas para reexportarlas a países en los que se vulneran los derechos humanos o que están en situación de conflicto, o para fabricar nuevos armamentos. España exporta a Israel armas y material de doble uso que es utilizado para la fabricación de armas de mayor sofisticación e impacto militar, lo que contribuye a mejorar la competitividad de sus armas en los mercados internacionales. Israel presume del uso ilegal y contrario a derecho de sus armas en los territorios ocupados al venderlas con la etiqueta de “probadas en combate” como repugnante reclamo publicitario. El intercambio comercial de armas con Israel refuerza su militarización, el sustento fundamental de su estrategia de ocupación de Palestina y de la expulsión del pueblo palestino de su territorio histórico.
Además, Israel incumple y desprecia sistemáticamente las resoluciones de Naciones Unidas y acuerdos de paz que determinan las fronteras entre Israel y Palestina. Los cientos de asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este, en los que viven más de medio millón de judíos, no podrían haberse realizado ni serían viables hoy en día de no existir una amplia y costosa ocupación militar. Ayudar militarmente a Israel nos hace cómplices de la masacre que el ejército israelí está perpetrando en Palestina.
Según el Índice de Militarización Global, Israel es el país más militarizado del mundo, está gobernado por uno de los gobiernos más belicistas, ultraconservadores y supremacistas del mundo, cuyas declaraciones, decisiones y actos indican una intención inequívoca de expulsar a la fuerza a millones de palestinos de sus casas y de eliminar o someter a los que permanezcan en ellas. Sin un nivel de militarización tan elevado, Israel no sería capaz de llevar a cabo la ofensiva actual sobre la Franja de Gaza y mantener su peso militar en la región. La ocupación militar es muy cara para Israel y necesita apoyo militar, financiero y comercial, entre el que se encuentra el apoyo comercial armamentístico y militar español. El embargo de armas a Israel es una medida justa, necesaria y urgente, que el Gobierno español puede y debe tomar.
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