Exportaciones españolas de armamento a Marruecos: una política en contra de los derechos humanos
Varias organizaciones sociales (entre ellas Justícia i Pau) presentan este lunes una denuncia ante el Ministerio de Economía para hacer pública la la «irresponsable política española de exportaciones de armamento a Marruecos».
El Reino de Marruecos es un buen cliente de las empresas españolas de armamento. Según las estadísticas oficiales, durante el período 1995-2002, las exportaciones españolas de material de defensa a Marruecos alcanzaron la cantidad de 251 millones de euros. Durante este período de tiempo todos los años se ha mantenido un flujo constante de armamento que ni siquiera fue interrumpido tras el incidente armado en la Isla de Perejil de julio de 2002.
Estas exportaciones han respondido, en primer lugar, a los intereses propios de la industria armamentista. Una industria favorecida por la política de fomento de las exportaciones que lleva años poniendo en práctica el Gobierno español.
Las exportaciones de armamento se utilizan también como un instrumento de política exterior. En este sentido, además de las exportaciones mencionadas, hay que señalar que en 2008 el Gobierno español cedió a Marruecos ocho juegos de lanzadoras de bombas de aviación por el precio simbólico de un euro, pese a estar valorados en 86.848 euros. Ese mismo año también se aportaron por el precio de un euro seis torpedos ligeros. Las exportaciones españolas de armamento a Marruecos han servido para mejorar las relaciones diplomáticas entre ambos países, reforzando al mismo tiempo la posición del Estado marroquí.
Estos datos ponen de manifiesto cuál es la prioridad del Gobierno español. Según la legislación española y la normativa de la Unión Europea no se pueden autorizar exportaciones de armamento a países que violan los derechos humanos, cuando se puedan agravar tensiones o conflictos existentes, o cuando se pueda utilizar el armamento para imponer por la fuerza una reivindicación territorial. Todas estas circunstancias concurren en el caso de Marruecos. Un país que vulnera sistemáticamente los derechos de la población saharaui que vive bajo la ocupación militar del régimen marroquí.
Estas circunstancias no han impedido que el Gobierno español permita la exportación de armamento a Marruecos. No sólo eso, sino que se está trabajando al más alto nivel en el Ministerio de Defensa para reforzar la colaboración industrial en materia de defensa entre ambos países. Lo que supondrá un incremento de las exportaciones de armamento españolas a Marruecos, entre ellas las de vehículos todoterreno militares fabricados por UROVESA. El Gobierno español está dando prioridad a los intereses de la industria armamentista y a las relaciones diplomáticas con Marruecos para favorecer las políticas de lucha contra el terrorismo y contra la inmigración.
Ante esta situación, varias organizaciones de la sociedad civil van a presentar este lunes una denuncia ante el Ministerio de Economía. Se trata de la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Solidaridad con el Sahara, Justicia i Pau, la Asociación Andaluza de Juristas por el Sáhara, el Observatorio Asturiano para el Sáhara Occidental, y el Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental.
La denuncia pretende hacer pública la irresponsable política gubernamental de exportaciones de armamento a Marruecos. Las organizaciones denunciantes están ejerciendo así un papel de control de la política del Gobierno, contribuyendo a la mejora de nuestro sistema democrático. Porque las exportaciones de armas no sólo tienen consecuencias en el exterior.
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