La política militar en tiempos de crisis
Con cierta discreción el gobierno de Mariano Rajoy va definiendo su planeamiento de la política militar para esta legislatura. En julio pasado aprobaba la directiva de Defensa Nacional (DDN 2012)1 , y en diciembre la Directiva de Política de Defensa (DPD 2012)2 .
Lo que ha sorprendido más ha sido, justamente, el poco cuidado en
presentarla. Tanto la Moncloa como el mismo Ministerio de Defensa han
publicado un documento mal escaneado, que parece más un borrador o el
trabajo de un alumno poco aplicado que no las líneas que deben regir la
política militar española en esta legislatura. Los gobiernos del PSOE se
preocuparon de amparar sus dos Directivas de Defensa con una apariencia
de profunda reflexión, e incluso se dio un paso más, en la estela de lo
que han ido haciendo los principales aliados atlantistas, con la
elaboración de una primera Estrategia de Seguridad Nacional (ESS 2011)3
, pero sin que ello implicara ningún cambio significativo en la manera
de abordar la seguridad. Pero el PP nunca ha tenido la necesidad de
ganarse el estamento militar o la confianza de los aliados
tradicionales, como sí ha tenido que hacer el PSOE. Pero no nos
equivoquemos, a pesar del aire chapucero y despreocupado de esta DDN
2012, no se aparta del consenso que los dos partidos de gobierno han
llevado en la política militar desde la transición. Hay una línea de
continuidad en la militarización de la seguridad y los grandes objetivos
de la política militar que se concretan en: un esfuerzo continuado de
rearme y modernización de las fuerzas armadas, en desarrollar la
industria militar y la exportación de armamento; en hacer del ejército
un instrumento de la acción exterior; en participar sin ningún
cuestionamiento en las principales alianzas militares occidentales, y en
fomentar la llamada cultura de defensa, para combatir el desapego de la
sociedad española hacia las fuerzas armadas.
La DDN 2012 viene
marcada por la fuerte crisis económica y el contexto de recortes
presupuestarios impuestos por la troika europea y su política de
austericidio. Y ello se traduce en dos prioridades principales que
articulan toda la directiva: El mantenimiento de las capacidades de las
Fuerzas Armadas y el impulso de la industria militar española, con un
apoyo explícito a la exportación de armamento.
El principal objetivo de la DDN 2012 es, por tanto, el mantenimiento de las capacidades de las fuerzas armadas, operando también en los aspectos organizativos que puedan optimizarlas. Así anuncian nuevos planes de transformación para mejorar la eficiencia de los ejércitos y el aprovechamiento de los recursos. Esta línea ya se ha visto reflejada en los presupuestos militares 2013 que tienen una caída formal respecto a 2012 de tan sólo un 3,15%, y eso sin saber la liquidación final del presupuesto que en 2012 ya fue de un escandaloso 28,65 % mayor que el inicialmente presupuestado.
La justificación para mantener unas fuerzas armadas fuertes y un gasto militar elevado, que a pesar de la crisis-y a diferencia del gasto social- se ha mantenido en niveles altos- viene de la mano de un discurso nacionalista que argumenta que la principal aportación española a la seguridad mundial es asegurar la propia seguridad con fortaleza y decisión, poniendo el énfasis en lo que denomina como «amenazas no compartidas». Amenazas, que hay que entender como las que provienen del norte de África, en especial para Ceuta y Melilla, y que no están cubiertas por la ayuda mutua militar del artículo 5 de la OTAN. Para poder hacer frente a estas amenazas la nueva directiva conduce a la conclusión de la necesidad de invertir esfuerzos para asegurar un nivel nacional de disuasión creíble y suficiente, es decir, garantizar el gasto militar, sin olvidar, como recogen las directrices finales, desarrollar acciones para «que el paraguas defensivo de UE y OTAN acojan todas nuestras necesidades de seguridad».
Pero esto no es obstáculo para que el gobierno aproveche la DDN para rendir acatamiento al liderazgo de EEUU en la guerra contra el terror, que ahora aparece bajo el eufemismo de «la lucha contra los riesgos y amenazas globales, y particularmente de aquellos que surgen de organizaciones no estatales «. Eso sí, sin cuestionar la absoluta ilegalidad internacional de las acciones estadounidenses en la guerra contra el terror. No está de menos recordar los constantes ataques con drones -aviones no tripulados- y la extensión de su carga de muerte a hombres, mujeres y niños ajenos; su política constante de asesinatos selectivos, las ejecuciones sumarias sin intervención judicial que llevan a debates esperpénticos, como discutir si es lícito asesinar extrajudicialmente un ciudadano estadounidense, pero que en absoluto discuten la legalidad de asesinar cualquier persona extranjera que decida el comité de la muerte que semanalmente encabeza el presidente Obama, la continuidad de la vergüenza de la prisión de Guantánamo, o las guerras de Irak y Afganistán.
No es casual, pues, que de esta directiva hayan desaparecido las declaraciones, aunque sólo fueran declaraciones, que la anterior DDN 20084 hacía de que las intervenciones militares se debían desarrollar en el absoluto respeto a los derechos humanos y a la legalidad internacional, en particular de Naciones Unidas.
Como todos los documentos de estrategia de seguridad españoles desde el final de la guerra fría la DDN 2012 reconoce la no existencia de amenazas convencionales a la seguridad de España. Habla de amenazas no convencionales como el terrorismo, el crimen organizado o el narcotráfico, riesgos todos ellos derivados de la globalización, pero no plantea ninguna estrategia creíble para hacerles frente que salgan de lo convencional o lo militar, así no habla de control sobre los flujos financieros o los paraísos fiscales.
Se preocupa por los riesgos que se proyectan hacia España desde África, y en particular por la llamada piratería de las costas somalíes y la más reciente en el Golfo de Guinea. Pero no alude, el más mínimo, a las repercusiones que sobre ello tendrá el desmantelamiento de las políticas de cooperación, o el desprecio más completo que se tiene de los intereses de la población somalí en favor de los de la industria pesquera española en sus costas.
En cuanto a Iberoamérica, sitúa las amenazas del narcotráfico y del terrorismo. Pero estos riesgos no tienen nada que ver con políticas militares, está hablando de riesgos que hay que afrontar con políticas preventivas de cooperación, de medidas policiales cuando sea necesario o de medidas que ya empiezan a reclamar muchos países como la legalización de las drogas ilícitas, para poder acabar con la criminalidad que se desarrolla con las prohibiciones.
Destacan como novedades la referencia, sin rodeos, a las empresas transnacionales españolas que se ven convertidas así en sujetos de seguridad en pie de igualdad con la ciudadanía, y en «la seguridad de las materias primas que garantizan nuestra forma de vida», y que nadie se confunda, porque no se está refiriendo a la seguridad de las materias primas en territorio español frente a terceros.
La DDN 2012 pone como tarea de esta legislatura reformular la política de defensa desarrollada por el gobierno de Zapatero y anuncia una revisión de la Estrategia Española de Seguridad de 20115 y una nueva Revisión Estratégica de la Defensa (la anterior es de los tiempos de Aznar). La nueva Directiva concreta también cambios legislativos que se abordarán con un proyecto de ley que recogerá las bases de la organización militar y el desarrollo de las leyes de Carrera Militar y de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas . Y siguiendo con este impulso legislativo el gobierno ya ha presentado un proyecto de ley de Régimen Disciplinario Militar, después de imponer una sanción de un mes y un día de privación de libertad a Jorge Bravo, líder de la AUME (Asociación Unificada de Militares Españoles).6
No podía faltar como objetivo de la política militar la extensión del militarismo a toda la ciudadanía, la llamada promoción de la conciencia de defensa, la cultura de defensa, y más en un contexto de progresivo cuestionamiento del gasto militar, en fuerte contraste con las políticas de austericidio y de brutal recorte del gasto social.
El apoyo a la industria militar es la otra gran preocupación de esta
directiva. No es casual que el actual ministro del ramo, Pedro Morenés,
provenga de la industria armamentística privada. Pero mientras se está
dejando caer el tejido productivo del país, se apoya incondicionalmente
a la industria de armamentos para evitar que los recortes
presupuestarios pudieran amenazar su continuidad. En la Directiva de
Política de Defensa de diciembre se pone en favor de esta política la
generación que puede hacer de empleo, cuando es sabido que la misma
inversión en industria civil generaría muchos más puestos de trabajo. El
gobierno Rajoy ha dado un paso adelante más y ahora, para favorecer las
ventas de armamento al exterior, el mismo Estado se pone como garantía.
Como
siempre que se habla de política de defensa las grandes palabras que
las abrigan son palabras vacías que sólo tienen como misión adornarlas.
La DDN 2012 dice que el objetivo es defender los valores de la
Constitución, pero aquí la mirada vuelve a ser sesgada, se ve que el
derecho a la vivienda o el derecho al trabajo, con miles y miles de
desahuciados que han perdido su vivienda o los 6 millones de parados no
son valores constitucionales y sí lo son la defensa, los intereses de
las transnacionales españolas en todo el mundo o garantizar el flujo de
materias primas y de recursos energéticos. Pero la ironía de la
Directiva de Defensa Nacional es que pretende plantear los riesgos y las
amenazas que pueden generar inseguridad, pero a la vez deja de lado lo
que realmente está, no ya amenazante, sino atacando directamente y
profundamente los medios de vida, trabajo, vivienda y salud de la
ciudadanía del Estado español.
(1) http://www.defensa.gob.es/Galerias/politica/seguridad-defensa/ficheros/DGL-DirectivaDefensaNacional-2012.pdf
(2) «Nueva Directiva de Política de Defensa.» Revista Española de Defensa 2012: 16-17.
(3) http://www.defensa.gob.es/Galerias/politica/seguridad-defensa/ficheros/DGL-2011-EstrategiaEspanolaSeguridad.pdf
(4)http://www.defensa.gob.es/Galerias/politica/seguridad-defensa/ficheros/DGL-DDN-1-2008.pdf
(5) El 31/05/2013 el Gobierno aprobó la «Estrategia de Seguridad Nacional. Un proyecto compartido.», disponible en http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/5A600DAD-CFEF-45C1-84F0-DF5B06684E26/0/EstrategiaSeguridad_3105.pdf
(6)
Por declarar que antes que recortar el sueldo de los militares, se
debería ahorrar en «gastos superfluos de las Fuerzas Armadas, como
fiestas, celebración de cumpleaños, juras de bandera con población
civil, uso racional de vehículos oficiales, vinos [o ] entrega de
premios». «Defensa niega a un juez civil el expediente disciplinario
abierto al líder de AUME.» El País 7/04/2013.
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