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Publicado en Barcelona / Las Palmas de Gran Canaria

Frontex: 20 años de crecimiento imparable y vulneraciones de derechos humanos

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de febrero de 2024. El presupuesto de Frontex se ha multiplicado por ocho entre 2012 y 2022, pasando de 89,58 millones a 754 millones de euros. Entre 2019 y 2022 Frontex ha dispuesto de más presupuesto (55%) que en todos los años previos agregados, desde que se creó en 2004. Las funciones y presupuesto de la agencia europea se ampliaron en 2019 con el objetivo de homogeneizar y reforzar el sistema de retorno de la UE: el presupuesto para las operaciones de retorno de la agencia europea ha pasado de 80.000 euros en 2005 a más de 69 millones en 2020.

Así lo apunta un nuevo informe del Centre Delàs d’Estudis per la Pau e Irídia – Centro por la Defensa de Derechos Humanos que analiza la evolución del presupuesto, funciones y efectivos de la agencia europea de fronteras desde 2019, así como las vulneraciones más destacadas de derechos humanos en las que se ha visto implicada en la Frontera Sur española.

“Frontex no solo aumenta en presupuesto, también aumenta en efectivos. Ha pasado de tener una serie de efectivos menores a, entre los años 2020 y 2025, poder contar con 5.000 efectivos. Y en solo dos años más, en 2027, se prevé que llegue a tener 10.000 efectivos, con capacidad de usar la fuerza, y de tener y usar armas de fuego”, ha alertado Koldobique Velasco Vázquez, de la campaña Abolish Frontex y la Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes, esta mañana ante la sede de la agencia europea en el Estado español que acoge el Centro de Coordinación Regional de Canarias, donde se han presentado las conclusiones del informe. En la acción, se ha denunciado que, en los 20 años desde su creación, la agencia europea crece de forma imparable en la securitización fronteriza europea y mundial y hegemoniza un modelo único para abordar los flujos migratorios, con una militarización cada vez más creciente, que amenaza de forma alarmante los derechos humanos de las personas desplazadas por la fuerza.

Además, de lo que la investigación considera un uso abusivo de la tecnología, se ha denunciado en repetidas ocasiones que las misiones llevadas a cabo por Frontex ejercen expulsiones colectivas prohibidas por el artículo 4 del Protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La expulsión colectiva sólo es posible si previamente se ha realizado un examen individual de cada solicitud de asilo. Pero, tal como apunta el informe, es imposible conciliar el respeto del derecho de asilo y el principio de no devolución, por una parte, y las operaciones de expulsión colectiva, por otra. Esto demuestra que los objetivos de Frontex son contrarios al derecho de asilo y a todo lo que conlleva, como el derecho a un recurso efectivo, pero también a un procedimiento y a un intérprete.

“Se está dando una vulneración sistemática de derechos con la colaboración necesaria de la Comisión Europea y de los gobiernos de los Estados miembro, sin que ninguno de ellos levante la voz ante lo flagrante de la situación”, ha denunciado hoy Siham Jessica Korriche, de Irídia – Centro por la Defensa de Derechos Humanos. Ante esta situación, los esfuerzos de Frontex por crear mecanismos de garantía de derechos son muy deficientes: por la carencia de recursos para que esto se realice de forma efectiva (en 2020 el presupuesto de la Oficina de Derechos Fundamentales representó el 0,31% del total del presupuesto de la agencia) y por las dudas que genera que una agencia se fiscalice a sí misma.

El Ministerio del Interior y Frontex firmaron el pasado lunes 29 de enero, después de 5 días de cese de la actividad de la agencia en territorio español, los planes operativos para las tres operaciones conjuntas que continuarán llevando a cabo en 2024 (Indalo, Hera y Minerva). “A día de hoy la operación desplegada en el Mediterráneo occidental, Indalo, es una de las operaciones más importantes desarrolladas por Frontex. Existe poca transparencia sobre el coste de cada una de las operaciones de la Agencia pero, gracias a una pregunta realizada a la Comisión Europea, sabemos que el coste de Indalo en 2018 fue de 18 millones €, mientras que en 2017 el coste fue de 8 millones €. Se trata de un aumento del 118,5%, lo que nos lleva a estimar que 4 años después, y con los flujos migratorios en aumento, el presupuesto también haya aumentado de forma considerable”, apunta Ainhoa Ruiz Benedicto, investigadora del Centre Delàs y autora del informe junto a los investigadores Maria Fraile y Sani Ladan.

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Se puede consultar y descargar el resumen ejecutivo y el informe completo aquí.

Para más información y entrevistas:

Maria Vázquez / 633 561 498 / 934 411 947 / premsa@centredelas.org

Siham Jessica Korriche / 690 342 771

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