Seguridad privada en el mar
Artículo publicado en La Directa
La seguridad marítima se ha convertido en una nueva área de negocio (suculenta y en expansión) para el sector privado de seguridad y defensa.
El informe Small Arms Survey 2012 afirma que actualmente un 25% de
los barcos en áreas de alto riesgo ha contratado seguridad privada. Y
que, ante el despliegue en el mar de este sector, no se ha reglamentado
sobre el tipo, la obtención y el uso de armas de fuego. Los piratas
somalíes continúan usando fusiles de asalto, ametralladoras ligeras y
lanzagranadas. La seguridad privada utiliza una gran variedad de armas,
ametralladoras pesadas, fusiles sniper, fusiles de asalto totalmente
automáticos y otras muchas. Dice también el informe que el aumento de la
oposición armada en el mar ha provocado un aumento, por parte de los
piratas, de la violencia y el maltrato en los secuestros. Y concluye que
la presencia de agentes privados armados a bordo de los barcos que
transitan por el Índico, es una bomba de relogería que podría estallar
en manos de los presuntos protectores y protegidos.
También en el
informe (en prensa) del centro Delàs Piratería en Somalia. ¿Excusa u
oportunidad geopolítica? se señala un incremento notable de la
contribución de los grupos de seguridad privada al rechazo de los
ataques de los piratas. De hecho, en 2009 representaba el 1,2% del total
de ataques frustrados, mientras que en el 2010 ya era el 13,3% y en el
2011 llegaba al 49%.
Parece que la seguridad privada está
sustituyendo la tarea de repeler los ataques que antes asumía la
tripulación del barco. Pero con una diferencia sustancial: mientras que
la actuación de la tripulación era poco agresiva, los grupos de
seguridad privada utilizan armas de largo alcance.
En cuanto al Estado español, el gobierno promueve y colabora en el uso de vigilancia privada a bordo. Veámoslo:
En
julio de 2011 la exministra de defensa, Carme Chacón viajaba a las
Seychelles para conseguir el permiso de embarque de ametralladoras
pesadas de 12,7 mm en los barcos atuneros en el Índico. Y lo obtuvo.
Hasta entonces, los barcos sólo podían embarcar fusiles de asalto (los
más modernos de las Fuerzas Armadas) y ametralladoras de 7,62 mm, menos
potentes y de menos alcance. Y los armadores de los barcos presionaron
al gobierno para conseguir armamento más potente. Las ametralladoras
utilizadas por los equipos de seguridad privada pertenecen al Ministerio
de Defensa y se transportan hasta las Seychelles en aviones militares.
Defensa también asume la formación de los agentes de empresas privadas y la gestión para su traslado.
Además,
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino subvencionó el
25% del coste de contratación de seguridad privada a bordo.
Administraciones locales como el gobierno vasco o la Xunta de Galicia
aportaban otro 25% adicional.
La empresa Segur Ibérica suministra la
protección armada a los atuneros españoles. El ministro de Defensa,
Pedro Morenés, fue presidente de Segur Ibérica un año y tres meses antes
de ser designado ministro. En el año 2010 la empresa estaba siendo
investigada por facturar horas de vigilancia supuestamente no realizadas
y por utilizar trabajadores auxiliares de otras empresas para hacer
tareas de vigilancia, cosa prohibida por ley.
La estafa afecta a
administraciones públicas como los ministerios de Hacienda, Cultura o de
Política Territorial, entes provinciales, autonómicos o locales, como
la Generalitat catalana, el Ayuntamiento de Barcelona, la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Europea o la Universidad
Complutense, organismos dependientes del Ministerio de Fomento: ADIF,
RENFE, AENA, FEVE… y el museo Reina Sofía. El montante global de la
estafa en dos años es de más de dos millones de euros.
Otra empresa
que perseguía contratos de seguridad marítima (parece, sin embargo, que
sin conseguirlo) es Levantina de Seguridad, el presidente de la cual,
José Luis Roberto, es dirigente de la organización de ultraderecha
España 2000. España 2000 fue denunciada por SOS Racismo por incitar al
odio racial, la violencia y la discriminación en sus manifestaciones,
pero el caso acabó sin condena.
La desconfianza extrema que nos
provoca este tipo de empresa, nos hace preguntarnos si la proliferación
en el mar de empresas privadas de seguridad no generará una escalada de
violencia. Y si la presencia de agentes armados en puertos y aguas
territoriales no provocará conflictos vinculados al uso de la fuerza y
de armas de fuego.
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