Respaldamos junto a más de 500 organizaciones de la sociedad civil la proposición de ley para el embargo de armas registrada por cinco partidos políticos en el Congreso
Representantes de Sumar, Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya, EH Bildu y Bloque Nacionalista Galego registraron el jueves 11 de julio una proposición para modificar la actual Ley 53/2007 del comercio de armas e introducir la figura del embargo a países que estén siendo investigados por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o crimen de genocidio, como es el caso de Israel, actualmente investigado por este crimen en la Corte Internacional de Justicia.
Representantes de la campaña “Fin al comercio de armas con Israel” -impulsores de la iniciativa- y de la que forman parte más de 500 organizaciones, se reunieron la mañana del mismo jueves con los partidos políticos y comparecieron posteriormente ante los medios.
La presentación y el registro de la proposición para modificar la ley actual sobre el control del comercio de armas, tenía lugar dos días después de la presentación de un nuevo informe del Centre Delàs que analiza las exportaciones de armas españolas los años 2022 y 2023 y pone el foco en el comercio de armas entre España e Israel desde el 7 de octubre. El informe «Business as usual. Análisis del comercio de armas español de 2022-23 y argumentos para un embargo de armas a Israel» desvela que a pesar de la extrema gravedad de la actuación de Israel en la Franja de Gaza, las relaciones militares entre España e Israel se han mantenido, en lo esencial, como venían siendo antes del 7 de octubre de 2023.
En noviembre de 2023 se exportaron desde España 987.000 euros en municiones a Israel. Lo hizo Nammo Palencia, la filial de la multinacional noruego-finlandesa Nammo, y las municiones son para la empresa Elbit Systems, una de las principales proveedoras del Ejército israelí. En diciembre se exportaron más municiones/proyectiles, aunque en este caso con la finalidad de ser reexportadas a Filipinas. Las importaciones, por su parte, no se han suspendido, tal y como reconoció en febrero la Secretaría de Estado de Comercio, y es que España no ha dejado de adquirir armamento israelí, como venía haciendo antes del 7 de octubre concediendo desde entonces a empresas israelíes y sus filiales en España contratos valorados en 1.027 millones de euros.
El informe también estudia la legalidad de estas exportaciones e importaciones de armamento con Israel y las posibilidades de imponer un embargo de armas a este país, planteando propuestas de modificación de la de la normativa española de control del comercio de armamentos (Ley 53/2007). Entre estas propuestas está la de incluir expresamente la posibilidad de que el Gobierno acuerde un embargo de armas a un determinado país (tanto para exportaciones como importaciones), tal como se recoge en la proposición de modificación de la ley registrada el 11 de julio en el Congreso de los Diputados.
Eduardo Melero, investigador del Centre Delàs y uno de los autores del informe, participó en las acciones impulsadas por la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel en Madrid el jueves, junto a representantes de las formaciones políticas que registraron la propuesta de modificación de ley y de algunas de las más de 500 organizaciones y colectivos que respaldan el texto. “El Gobierno podría haber acordado un embargo de armas por decreto ley desde hace meses. La actual ley de comercio de armas no prevé la posibilidad de que el Estado español acuerde embargos. Con esta proposición de ley pretendemos cubrir este vacío legal y obligar al Gobierno a que aplique un embargo integral de armas a Israel”, apuntó Melero en la rueda de prensa celebrada a las puertas del Congreso.
Ana Sánchez, miembro de la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) declaró: “Desde la sociedad civil llevamos meses exigiendo que el Gobierno rompa las relaciones militares y de seguridad con Israel y, viendo que no lo hace, buscamos más herramientas de presión. Queremos que deje de apuntalar a un Estado genocida y de apartheid y no vamos a parar hasta conseguir acabar con esta complicidad, por la justicia en Palestina y por la justicia global. La paz no se asegura con muros ni se defiende con tanques. Lo que garantiza la paz y la seguridad es un sistema de protección de derechos que antepone la dignidad y la vida de las personas ante los intereses políticos y estratégicos de nuestros gobernantes y eso es lo que queremos conseguir con esta modificación legislativa».
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