Las transnacionales mineras en Barcelona
Del 10 al 12 de mayo pasado, en medio de una discreción casi total, se reunió en Barcelona la “Global Metals @ Mining conference” organizada por el Bank of America /Merrill Lynch.
Con esta conferencia Barcelona se convertía en la capital mundial
de la minería acogiendo a los ejecutivos de más alto nivel de las
principales empresas mundiales del sector industrial más depredador del
planeta. Los principales ejecutivos de más de 70 empresas mineras, entre
las que destacan empresas como Rio Tinto, BHP Billiton, Xtrata,
Goldcorp, Barrick Gold, Vale o Newmont , las más grande del mundo, se
reunían en Barcelona, en un ambiente discreto, para disfrutar de
agradables vistas al mar, de los lujos del Hotel Arts, y de todo lo que
les ofrece la marca Barcelona, mientras iban exponiendo sus resultados y
captaban el interés de capitales inversores.
La prospección y
extracción de minerales está protagonizando un nuevo ciclo de
acumulación de capital. La demanda creciente de los países emergentes y
las inversiones especulativas, que tras la crisis financiera
internacional que ellas mismas contribuyeron a causar buscan cobijo, es
su motor principal. El incremento de precios de los mercados de las
materias básicas está haciendo que la minería sea un sector en auge que
se está extendiendo a regiones cada vez más remotas y más sensibles
cultural y ambientalmente.
Muchos gobiernos locales ven la
minería como una fuente principal de crecimiento económico, y ofrecen su
complicidad para que se desarrolle sin un mínimo respeto por el medio
ambiente o los legítimos derechos de las poblaciones locales afectadas
por los proyectos mineros. Complicidad cuando legitiman prácticas que
malogran el medioambiente y complicidad cuando criminalizan las
protestas legítimas de las personas y pueblos que ven transgredidos su
derecho a un ambiente sano, y defienden su territorio, sus recursos
naturales y su derecho a vivir.
La industria minera no duda en
aprovecharse de legislaciones débiles y de la impunidad de que disfruta
en muchos estados para rentabilizar al máximo sus proyectos. Llevando,
al mismo tiempo, una política activa para obstaculizar la elaboración e
implementación de estándares internacionales de aplicación obligatoria
sobre buenas prácticas en las actividades extractivas o cualquier mejora
legislativa posterior a sus inversiones.
La expansión de la
minería en todo el mundo, y en especial en los países más empobrecidos,
está acompañada por una oleada de violaciones de los derechos humanos,
de los derechos de los pueblos que ocupan los territorios codiciados, y
por el reiterado incumplimiento del derecho de los pueblos indígenas a
decidir sobre sus territorios, tal y como reconoce el convenio 169 de la
OIT. Está provocando la implantación de leyes de excepción para
criminalizar la resistencia antiminera y una nueva militarización,
pública y privada, para proteger las inversiones mineras, mientras se
extiende la violencia de las fuerzas del estado o de las organizadas por
las compañías mineras contra los oponentes a la minería, incluyendo
ejecuciones extrajudiciales. La minería, pues, está generando una fuerte
oleada de conflictividad social en respuesta a sus actividades y a las
permisividades de los gobiernos. Toda América latina, de norte a sur,
está atravesada por resistencias y luchas contra las actividades mineras
depredadoras, contra el expolio de sus recursos naturales. Una mirada a
la excelente página de OCMAL , Observatorio de Conflictos Mineros de
América Latina (www.conflictosmineros.net) nos puede dar idea de la
amplitud del problema pero también de las resistencias.
Las
resistencias se organizan en defensa del territorio, contra proyectos
mineros concretos, pero también en campañas más generales por la
reducción de riesgos medioambientales, por la prohibición de la minería a
cielo abierto y el uso en la minería de sustancias tóxicas como el
cianuro y el mercurio, y por el derecho a la consulta previa en
cumplimiento del convenio 169 de la OIT en los territorios indígenas y
por el respeto a la decisión de las comunidades afectadas y de los
gobiernos locales.
Desde nuestro país nosotros también tenemos
nuestra responsabilidad: responsabilidad en denunciar a estas empresas
transnacionales, en solidarizarnos con los pueblos que resisten y
defienden su territorio, pero también en cuestionar un modelo de consumo
y de uso irracional de unos recursos, los minerales, que no son
infinitos.
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