España se consolida como uno de los principales exportadores
El pasado viernes 3 de octubre el Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs, de Justícia i Pau, presentó en rueda de prensa el Informe 2008 de las exportaciones españolas de armamento (1998-2007), un documento elaborado por Tica Font, vicepresidenta de Justícia i Pau e investigadora del Centro Delàs.
En diciembre de 2007 fue aprobada por el parlamento una ley de
control de las exportaciones de armas. Pese a esta aprobación, el
informe de las exportaciones españolas del 2007 no aporta un mayor grado
de información ni un cambio en la política exportadora.
Las
exportaciones del 2007 se elevan a 933 millones de euros, las más
elevadas de la historia de España, representan el 2% de las
exportaciones mundiales y el 0,5 % del total de la balanza comercial
española. En el 2007 España ocupó la octava posición en el ranking
mundial de países exportadores.
La nueva ley de control de
exportaciones de armas establece que no se deben vender armas a países
sancionados, inestables, en conflicto armado, que vulneren los derechos
humanos, que no condenen el terrorismo o que tengan un nivel de
bienestar delicado. A la vista de esto, la autora del informe, la
vicepresidenta de Justícia i Pau, Tica Font, se pregunta, “como se deben
interpretar, pues, las exportaciones en Turquía, Arabia Saudí,
Marruecos, Ecuador, Colombia, India, Israel, Venezuela, Emiratos Árabes
Unidos, Indonesia, Singapur, Tailandia, Sri Lanka, Angola, Ghana,
Pakistán y Kenia?”.
España exporta a países en conflicto como
Colombia o Israel, o a países en un contexto de tensión como Filipinas,
Indonesia y Sri Lanka. También exporta a países que intervienen en
conflictos, como es el caso de Estados Unidos y Reino Unido que
mantienen tropas de ocupación ilegal en Irak y Afganistán. También
exporta a los países más pobres del mundo como Burkina Faso, Angola,
Kenia y Mauritania e incluso a países que dedican más recursos a gasto
militar que al desarrollo humano, como es el caso de Angola, Arabia
Saudí, Brasil, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán y
Turquía.
Especialmente relevante es el caso de Ghana, el primer
país pobre receptor de armas cortas y ligeras españolas, que en el 2007
recibieron armas cortas por valor de 3,6 millones de euros. La
Comunidad Económica de Estados del Africa Occidental decretó en 1998 una
moratoria en Ghana sobre importación, exportación, producción y
distribución de armas cortas y ligeras y alertó sobre la proliferación
descontrolada de estas armas en el país, así como el riesgo de tráfico
ilícito desde Ghana hacia países vecinos, algunos de ellos en conflicto,
en situación de postconflicto o de tensión como Togo, Nigeria o Costa
de Marfil.
El informe del 2007 recoje también exportaciones de
material de defensa a empresas privadas y para uso privado a los EE.UU.,
Indonesia, Canadá, Reino Unido, Francia o Bélgica. “Estas empresas
podrían ser multinacionales de defensa parecidas a Blackwater o
ArmorGroup, ¿significan estas exportaciones que España participa en la
privatización de la guerra?”, se pregunta Font.
Tica Font, del
Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs afirma que ”el nivel de
transparencia informativa, por parte de nuestro gobierno, sigue siendo
insuficiente, el gobierno somete estas exportaciones a la ley de
secretos oficiales y no informa de las armas que se han exportado a cada
país, cuando conocer las exportaciones de armamento español no supone
ningún riesgo por la seguridad y defensa del Estado. En un Estado
democrático, el Gobierno no puede utilizar el secreto de Estado para
favorecer las exportaciones de armas ocultando sus decisiones a los
ciudadanos. La política que practica el Gobierno es una política
irresponsable, puesto que las armas empeoran la inestabilidad regional o
mundial, favoreciendo el aumento de conflictos latentes y alargan los
conflictos existentes”.
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