La Privatización de la seguridad
Desde el final de la Guerra Fría se han constituido un gran número de
empresas que ofrecen servicios militares a gobiernos, cuerpos
diplomáticos, multinacionales, empresas mineras, petroleras, agencias de
Naciones Unidas, instituciones internacionales u organizaciones no
gubernamentales; son las llamadas Corporaciones Militares Privadas (CMP
Sander Ammann (abril 2004). Materiales de trabajo, núm.24
La liberalización económica mundial de los años 80 se ha
caracterizado por impulsar la privatización de muchos servicios públicos
como el abastecimiento de agua, energía o sanidad. Esta tendencia ha
alcanzado también el terreno militar. Desde el final de la Guerra Fría
se han constituido un gran número de empresas que ofrecen servicios
militares a gobiernos, cuerpos diplomáticos, multinacionales, empresas
mineras, petroleras, agencias de Naciones Unidas, instituciones
internacionales u organizaciones no gubernamentales; son las llamadas
Corporaciones Militares Privadas (CMP). Afirman que su participación en
el mercado da respuesta a una creciente demanda de seguridad, que son
respetuosas con los derechos humanos y que se limitan a prestar servicio
a aquellos poderes reconocidos internacionalmente.
A día de
hoy corporaciones de este tipo tienen entre 15.000 y 20.000 hombres
situados en Irak, cifra incluso superior al contingente británico en
este país. Por cada diez militares regulares presentes en Irak hay un
trabajador privado corporativo, esto representa un incremento desde la
guerra del Golfo de 1991 cuando la proporción era de uno por cada cien.
Sirva esto de claro ejemplo sobre la tendencia a privatizar la seguridad
desde principios de los años noventa.
El final de la Guerra
Fría agravó los conflictos internos que sufrían muchos países debido a
la falta de apoyo que les proporcionaban los dos bloques. En este
contexto aparecen los llamados Estados fracasados, estados que han
perdido el control sobre los instrumentos de coacción física y que no
pueden proporcionar seguridad a su población, a las empresas o al propio
presidente del Estado.
Pero si el final de la Guerra Fría
supuso la aparición de una demanda de seguridad que en muchos casos no
podía ser atendida por las fuerzas militares del Estado (en países del
Sur), también supuso (en los países industrializados) una reordenación
de los efectivos militares.
De los aspectos de este binomio
demanda-oferta que causaron esta tendencia al alza de las corporaciones
militares, el más significativo fue la predisposición de algunos estados
a los recortes en los presupuestos de defensa motivando un excedente de
soldados y armas que acabarían empleándose en estas CMP. Del mismo modo
que el final del Apartheid originó que muchos ex soldados de este
régimen decidieran integrarse en este tipo de empresas.
Estas
multinacionales de defensa han sido creadas por directivos vinculados al
ejército que fichan ex militares, algunos retirados y otros expulsados
por conductas agresivas, o delictivas, soldados de operaciones
especiales o policías que buscan hacer dinero rápido aceptando un empleo
lo suficientemente peligroso como para ser subcontratados.
Los
soldados privados que hay en Irak cobran un mínimo de 15.000 $ al mes,
aunque pueden conseguir pagas diarias de hasta 2.000 $ dependiendo del
riesgo que corran. Algunas de estas empresas han conseguido contratos de
seguridad que ofrecen salarios de 250.000 $ anuales. Según algunos
expertos, estas corporaciones tienen unos ingresos de aproximadamente
100.000 millones de dólares anuales, cantidad que podría doblarse en el
2010 o incluso antes debido a los acontecimientos en Irak.
Los
ejércitos occidentales y especialmente el de los Estados Unidos están
cada vez más privatizados y la industria de los servicios militares
crece. Un sector en el que se mueven ex militares, hábiles en las
relaciones con los gobiernos y para los cuales los nuevos conflictos son
una fuente de ingresos.
Dependiendo del criterio utilizado se
pueden contabilizar alrededor de 90 empresas militares existentes en
estos momentos, la mayoría de origen británico y estadounidense. Casi la
totalidad de las CMP ofrecen un servicio de protección, asistencia en
emergencias, consejo estratégico, entrenamiento, formación, servicio de
vigilancia y/o tareas auxiliares o desminado de tierras. La composición
de algunas de ellas es el resultado de la evolución desde los
mercenarios de los años sesenta hasta la integración privada actual,
pudiendo ofrecer soldados y batallones enteros dispuestos para la lucha
además de aviones y helicópteros de combate. Para ilustrar qué hacen
estas corporaciones y el significado de la privatización del militarismo
se presentan unos ejemplos.
Executive Outcomes (EO), una CMP de
Sudáfrica constituida por ex-soldados del régimen Apartheid, consiguió
con su actuación en Sierra Leona en 1996 derrotar a los rebeldes
obligándoles a negociar la paz y a celebrar elecciones. Una vez EO
abandonó el país tuvo lugar un golpe de estado. Otra empresa militar
entró en acción cuando el presidente en exilio Kabbah decidió contratar a
Sandline International para recuperar el poder a cambio de concesiones a
la compañía Diamond Works, interrelacionada con la primera para
explotación de diamantes. Se refleja de este modo la íntima relación
entre las CMP y las corporaciones mineras o petrolíferas.
En
1992 durante la presidencia de George Bush, Dick Cheney encargó a la
sucursal de Halliburton, Brown & Roots Services (en la actualidad
Kellog Brown & Roots), llevar a cabo un informe sobre la posible
ayuda de las CMP al ejército. Para su realización, Halliburton recibió
3,9 millones de dólares y 5 millones extras para una actualización
posterior. Después de esto, Halliburton y Kellog Brown & Roots, han
recibido docenas de encargos como el aprovisionamiento logístico para
cada destacamento militar americano. Sólo en Irak, sus compromisos,
dedicados sobretodo al marco petrolífero, les han aportado 2,3 mil
millones de dólares.
Cada vez hay más tareas que anteriormente
eran llevadas a cabo por el mismo ejército que están siendo encargadas a
las CMP. Sus funciones van desde la construcción de campamentos hasta
el manejo y mantenimiento de complejos sistemas armamentísticos y de
alta tecnología como el bombardero B-2. Aumenta progresivamente de este
modo la dependencia del ejército hacia este tipo de empresas, un sector
nada inofensivo, por otro lado, con un creciente y conveniente interés
en los conflictos armados como la invasión de Irak.
Los
miembros de estas corporaciones se encuentran a menudo en situaciones de
combate como al entrenar a la policía en Irak mediante el patrullaje
callejero e incluso se cuentan ya algunas pérdidas humanas entre sus
filas, sin que éstas sean reconocidas oficialmente como bajas de
personal militar (se refieran a ellos como contratistas). Sirva de
ejemplo los cuatro asesinatos y el posterior trato dado a los cadáveres
de los empleados de Blackwaters en Faluya.
Los Estados Unidos es
el país que más utiliza a las CMP en el marco de sus acciones en
política exterior debido, esencialmente, al hecho de que mientras
cualquier envío de tropas propias debe estar especialmente autorizado
por el congreso, ese permiso no es necesario si la misma actividad la
lleva a cabo una CMP. El gobierno estadounidense también juega con la
ventaja de que para la opinión pública lo más importante es que no sean
sus soldados los que mueran en combate.
En Colombia la CMP
Dyncorp tiene como funciones destruir los campos de coca e informar
sobre la situación de los rebeldes. En este último contexto y en el
mismo país, en 1998 la fuerza aérea colombiana bombardeó un pueblo
causando la muerte a 17 personas basando el ataque en informaciones
erróneas de una CMP americana. Igualmente en Perú, en el 2001 denuevo
una CMP estadounidense informó al ejército del país sobre un avión
sospechoso que, tras ser derribado, resultó transportar únicamente a un
grupo de misioneros. Organizaciones como la Cruz Roja Internacional,
UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos necesitan CMP para su
protección y en ocasiones para otras tareas como la eliminación de minas
antipersona. Tras la experiencia de la incapacidad de la comunidad
internacional para impedir el genocidio en Ruanda y teniendo en cuenta, a
modo de ejemplo, que la empresa Executive Outcomes consiguió con sólo
35 millones de dólares en Sierra Leona más que la ONU con 247 millones,
están surgiendo expertos, incluso dentro de la ONU que proponen utilizar
a las CMP para el mantenimiento de la paz. Ya en 1994 Koffi Annan pensó
en enviar contingentes privados a Ruanda aunque la idea no siguió
adelante al creer él mismo que el mundo todavía no estaba preparado para
aquel paso. Las principales ventajas para su uso son su rapidez de
reacción, el hecho de ser un producto económico y la existencia de una
comandancia fluida e integrada en vez de carácter ad hoc. Aquellas CMP
que buscan más legitimidad internacional, intentan no hacer nada que
produzca mala publicidad aunque, por otro lado, su personal militar
quiere luchar y no está interesado en el camino pacífico.
El
principal dilema, aparte de los ya mencionados, es el asunto de la
responsabilidad, ¿Quién se responsabiliza por sus acciones?, ¿Cómo se
pueden controlar las actividades de dichas empresas cuando su máxima es
la confidencialidad?. En principio las CMP están sujetas a la ley del
país en el que actúan pero normalmente operan en regiones donde la ley
no tiene mucho valor o están luchando contra el mismo gobierno que debe
respetar la ley. Las CMP se mueven en un territorio gris dentro de la
ley internacional. El artículo 47 del Protocolo Adicional de la
Convención de Ginebra no es aplicable a este tipo de empleados de las
CMP debido a que no se adaptan a la definición de mercenario que recoge
el texto ni tampoco son soldados reconocidos. Países como África del Sur
y Nueva Zelanda tienen leyes que prohíben a sus habitantes combatir en
el extranjero sin permiso.
El otro dilema que se abre gira
entorno a la creación de un nuevo mercado, privado, de la violencia. La
privatización de la seguridad y la defensa supone la privatización del
uso de la violencia. Hasta ahora el Estado moderno tenia el monopolio de
la violencia legítima, los conflictos de post Guerra Fría son una
muestra de cómo el Estado ha perdido el monopolio del uso de la
violencia aunque no el de la legalidad. Pero la aparición de empresas
legalmente constituidas que pueden usar la violencia de forma legal nos
presenta un problema nuevo y muy serio que tendremos que debatir y
posicionarnos. ¿Sobre quién debe recaer la legitimidad del uso de la
violencia?
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