Una política militar continuista
Con la proclamación el pasado 30 de diciembre de la nueva Directiva de Defensa Nacional(1)
el gobierno del PSOE abría un nuevo proceso de reforma de las Fuerzas
Armadas españolas. Desgraciadamente este proceso no supondrá ningún
cambio sustancial en la política militar que han venido desarrollando
los diferentes gobiernos desde la transición.
Tomàs Gisbert (abril 2005)
En todo caso lo que se anuncia será el intento de corregir algunas
disfunciones, como es el fracaso de reclutamiento del ejército
profesional, ajustar de manera formal las intervenciones militares en el
extranjero y proseguir el esfuerzo armamentista que ha venido haciendo
el estado español para rearmarse y consolidar una potente industria
militar.
Todos estos elementos hacen que esta política se pueda
definir como continuista, truncando las esperanzas que despertaron la
retirada de tropas españolas de Irak.
Los medios de comunicación
han destacado que la Directiva contempla que “la acción exterior
española tiene que basarse en el respeto escrupuloso a la legalidad
internacional como medio para la resolución de conflictos” y concreta
que esta actuación se ajustará a dos requisitos: 1) una decisión previa
de Naciones Unidas, o de otra organización multinacional de la que
España forme parte, y 2) que se acuerde con la participación activa del
Parlamento, sin prejuicio todo ello al derecho a la legítima defensa
individual o colectiva.
Si entramos algo más en el detalle,
podemos ver que supeditar la intervención militar a que lo decida una
organización de la que España forme parte no es ninguna garantía de
respeto a la legalidad internacional. Efectivamente, con este redactado
se hubiera podido certificar, por ejemplo, una intervención española en
la guerra de Kosovo de 1999, guerra que no emanó de una decisión de
Naciones Unidas sino de una decisión unilateral de la OTAN.
La
definición de condicionantes que se hace igualmente habría amparado una
intervención española, por ser miembro de la OTAN, en la guerra
emprendida por los Estados Unidos contra el Afganistán. Estados Unidos
invocó el derecho a la “legítima defensa” para atacar y derribar el
régimen de los talibanes al entender como una agresión indirecta de
Afganistán el uso de su territorio por Al-Qaeda. Pero la invocación a la
legítima defensa de un país miembro de la OTAN conlleva
automáticamente, a través del artículo 5º del tratado de la OTAN, a los
otros socios, como lo es el estado español, a intervenir si son
requeridos.
La Directiva hace un paso adelante respeto la situación
anterior al buscar la participación del Parlamento en todas las
decisiones de intervención militar en el exterior. Sin embargo, el
proyecto de Ley Orgánica de la Defensa Nacional, recientemente aprobado
por el Consejo de Ministros, deja claro el alcance de esta
participación, situándola en el terreno de la consulta no vinculante “el
Gobierno realizará una consulta previa para recabar el parecer del
Congreso de los Diputados” (arte.16.1). Tampoco contempla la
participación de éste en otras graves decisiones cómo puede ser la
participación indirecta en agresiones a terceros países. Agresiones que
pueden vulnerar el derecho internacional, y ser iguales o más graves que
una intervención directa de las tropas españolas. Responsabilidad en la
agresión que se deriva del consentimiento y el apoyo a la utilización
de las bases norteamericanas en nuestro territorio con estos finos.
La Directiva deja abierta, con una redacción ambigua, la posibilidad de
ataques preventivos al asignar a la estrategia europea de defensa “la
posibilidad de realizar intervenciones tempranas, rápidas y, de ser
necesario, contundentes”, términos en los que pueden ajustarse, si es
necesario, los “ataques preventivos”. Por otro lado, hace falta tener
presente la doctrina de la OTAN, emanada de la cumbre de Praga de 2002,
que contempla los ataques preventivos en la lucha contra el terrorismo.
Doctrina asumida por la Revisión Estratégica de la Defensa que el
anterior ministro de Defensa, Federico Trillo, presentó en el Congreso
de los Diputados en diciembre de 2002 y que contó con el consenso del
PSOE, entre otros partidos(2).
Es igualmente preocupante el esfuerzo armamentista que se anuncia. La
Directiva reafirma todos los compromisos de rearme con la Unión Europea,
escondidos bajo una retórica del tipo “aumentar las capacidades”, pero
además con la intención de sacar buena nota al expresar la voluntad de
participar “decididamente” en la Agencia Europea de Armamento,
Investigación y Capacidades Militares, ratificada por la Constitución
europea y en el Plan de Acción Europeo de Capacidades. También asume con
entusiasmo el Compromiso de Capacidades de Praga, que establece los
objetivos de rearme de la OTAN.
Pero este rearme no vendrá sólo
de supuestas obligaciones con los aliados, sino también de un esfuerzo
propio, completando los programas en marcha para rearmar el ejército
español e iniciando de nuevos proyectos si es preciso. En esta línea se
anuncia la continuación de las políticas de fomento de la R+D militar,
tanto como estrategia de rearmamento militar pero también como vía para
favorecer la competitividad de la industria militar, es decir para
mejorar la posición española en el lucrativo negocio de la venta de
armas.
Para poder desarrollar sin problemas este programa
rearmamentista la Directiva compromete al gobierno a mantener durante la
presente legislatura un incremento presupuestario para las fuerzas
armadas igual o superior al del periodo anterior. Es decir, que en la
presente legislatura no hay lugar para ninguna reducción del presupuesto
militar.
La apuesta por una industria militar competitiva se
adorna con una denominada “diplomacia de defensa” y un estrechamiento de
la cooperación militar con los países iberoamericanos en las que ya se
puede adivinar que la venta de armas será la moneda de cambio de estas
diplomacias y que, con toda seguridad, contribuirá todavía más a
extender la militarización del mundo. La reciente venta de armas en
Venezuela es un primero ensayo de esta nueva diplomacia.
Respecto a la definición de modelo de Fuerzas Armadas, la Directiva
sigue la tendencia que comparte con los socios de la OTAN y de la UE de
ir a buscar un ejército con más capacidad de actuación fuera de sus
fronteras. Por eso es por lo que la prioridad está en buscar un aumento
de la movilidad, la flexibilidad y interoperabilidad con los aliados. Es
decir, tampoco en este apartado hace falta esperar un debate sobre otra
manera de abordar la seguridad y la defensa.
La directiva
trasluce una gran preocupación por un proceso de profesionalización que
no ha conseguido, ni de lejos, reclutar los 102 o 120.000 soldados
profesionales que establecía el modelo de ejército profesional aprobado
en 1998 cuando, por fin, se suspendió el servicio militar obligatorio.
De esta preocupación saldrán dos hechos, el primero que ya anuncia la
directiva será un ajuste, a la baja, del número de efectivos del
ejército español más en consonancia con las posibilidades reales de
reclutamiento. Pero en segundo lugar, ya ha empezado un esfuerzo para
aumentar el nivel de reclutamiento ofreciendo por un lado, condiciones
económicas y sociales más ventajosas para los soldados profesionales, lo
que significa más gasto militar, y por otra un incremento renovado de
la propaganda y la presencia militar para captar las voluntades de
nuestros jóvenes.
Y hablandoe de militarización de las
conciencias, la Directiva no olvida lo que ya es un clásico de todas las
Directivas, como es la necesidad de aumentar el nivel de cultura de
defensa en la sociedad española, cosa que no deja de ser un reproche a
toda la ciudadanía por lo que interpretan como una carencia de espíritu
de la defensa.
En resumen, podemos afirmar que aunque ha habido
un cambio de gobierno, no hay un cambio profundo en la forma de entender
y promover la seguridad en el mundo y en nuestro país. Una nueva forma
que se desvincule de la concepción militar. Los retos o amenazas
principales no son de naturaleza militar, y por lo tanto no es con
medios militares como se debe abordarlas. Porque no es con más
militarización que lograremos más seguridad.
———————–
Notas:
(1)
La Directiva de Defensa Nacional es el documento que marca los ejes de
la política de defensa para la presente legislatura, o periodo de
gobierno. Las anteriores se aprobaron en 1980, 1984, 1986, 1992, 1996 y
2002.
(2) Ver Materiales de Trabajo, núm 23, Diciembre 2003.
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