La participación española en el Eurofigter 2000
(Artícle no disponible en català). Este artículo es un resumen del trabajo de investigación sobre la participación española en el programa de construcción del avión de combate Eurofighter y publicado en Alemania. Arcadi Oliveres (mayo 1997). Materiales de trabajo num. 12; resumen confeccionado por Laura Albareda.
INTRODUCCION
El proyecto de construcción del Western
European Fighter Aircraft (Nuevo avión de combate europeo), también
llamado Eurofighter 2000 o EFA, es un proyecto muy discutido en términos
militares, económicos e industriales. Este proyecto nace en la segunda
mitad de los años 70, durante la guerra fría y en pleno conflicto
Este-Oeste. Una vez acabada la confrontación de la guerra fría y
dasaparecido el «enemigo del este», la utilidad del proyecto hay que
resituarla dentro de los planes nacionales de cada uno de los cuatro
países socios que desarrollan el programa EFA, Inglaterra, Alemania,
Italia y España. Militarmente, tendría que servir para las llamadas
«acciones de paz» o las misiones «fuera de área» (territorio europeo
occidental) de las nuevas directrices de defensa y seguridad de los
estados de la Europa occidental, y tendría que reemplazar los F-4F
Phanton (Alemania), F-4F y F 3 Tornado (Inglaterra), F-104 Starfighter
(Italia) y el F-4F (en España).
En el verano de 1983, los
ministros de defensa de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y
España, empezaron las negociaciones sobre un nuevo avión de combate
europeo. En un principio, el rol asignado al EFA tenía que ser la
defensa aérea. Las primeras diferencias surgieron sobre el tonelaje, y
fueron superadas cuando en 1984 se presentó el proyecto. Poco después se
creó una comisión de industrias para realizar el estudio de viabilidad,
y en febrero de 1985, las compañías presentaron su diseño y las
cuestiones de liderazgo industrial.
Francia, en 1985, se salió
del grupo y decidió impulsar su propio proyecto, el «Rafale». Los cuatro
países restantes firmaron el 21 de octubre de 1986 el primer memorándum
del EFA. Este avión debería de ser capaz de actuar en combate más allá
de su alcance visual, además tendría que estar equipado de misiles y
poder actuar tanto de día como de noche y bajo cualquier meteorología.
Durante
los años 1987 y 88, se confecciona la lista de cada país miembro, Gran
Bretaña y Alemania 250 unidades cada uno, Italia 160 y España 100. Y
también el reparto de la investigación, el porcentaje del total del
programa que le corresponde a cada país y las industrias que lo llevarán
a cabo. Así a Inglaterra y Alemania les corresponde el 33% a cada una, a
Italia el 21% y a España el 13%. En cuanto a la división de trabajo
quedó determinada así:
Inglaterra: British Aerospace; el fuselaje
delantero y mitad del ala derecha.Alemania: MBB (ahora DASA); el
fuselaje central y la cola vertical.Italia: Airitalia; el ala izquierda y
el fuselaje trasero.España: CASA; la mitad del ala derecha y trasera
En el desarrollo del motor participan: Rolls Roice (UK), MTU (DASA de Alemania), Fiat Avió (Italia), y Sener y ITP(España).
Después
de estas primeras fases, se producen algunos acontecimientos que
pondrán en cuestión la continuidad del proyecto: el final de la Guerra
Fría y la desaparición del «enemigo», la unificación de las dos
Alemanias, dificultades técnicas en el desarrollo de ciertos
componentes, etc. Todos estos problemas hace que se reduzca el pedido
inicial entre los socios. En 1992, España anuncia que sólo quiere 87
aviones (de 100), Alemania 140 (de 250). Es en Alemania donde más
cuestionada será la construcción del EFA; el propio ministro de defensa,
en junio de 1992 sugería el abandono del proyecto. Para que Alemania no
lo haga, se hace la propuesta de abaratar el coste del avión en un 30%,
y dejarlo en 100 millones de marcos por aparato. En diciembre de 1993,
los cuatro países deciden continuar el proyecto y le cambian el nombre
por «Eurofighter 2000».
La superación de la crisis de 1992
demuestra la fortaleza de los intereses de la industria militar europea y
lo difícil que es salirse de esa dinámica y modificar el marco de un
programa multinacional de carácter militar. En la actualidad el
compromiso de compra por parte de los cuatro países fabricantes es de:
Inglaterra 250 aviones, Italia 130, España 87 y Alemania aún no ha
definido sus adquisiciones.
INFORME SOBRE LA PARTICIPACION ESPAÑOLA
El
anterior gobierno socialista decidió en 1983 la adhesión española al
proyecto European Fighter Aircraft (EFA), 13%. La decisión se produjo un
año después de que el PSOE ganara las elecciones generales, y sin que
hubiese habido un debate previo entorno a las cuestiones de seguridad
que podrían vincularse a la disponibilidad futura de este avión de
combate.
En todo caso desde 1977 a 1986 el debate entorno a los
temas de seguridad giraron en torno a la conveniencia de que España se
adhiriera o no a la Alianza Atlántica, y en esa línea, era importante la
participación española en proyectos multinacionales de armamentos.
La decisión del gobierno socialista se basó en cuatro principales razones:
1ª)
Una primera razón fue estratégica, vinculada a la reciente
incorporación española a la OTAN, que llevaba consigo la necesidad de
modernizar y homologar los sistemas de armas españoles con los europeos.
2ª)
La segunda de tipo político, en la línea de la participación
internacional emprendida por el gobierno socialista desde octubre de
1982, dirigida a ideas de carácter político como: «cambio»,
«modernización» y «europeización» del país. También el ingreso en la CEE
en 1986, y como complemento ingreso en el Grupo Europeo Independiente
de Programas (GEIP) en 1983 y en la Unión de Europa Occidental (UEO) en
1988.
3ª) La tercera, económica y tecnológica, que fue uno de los
puntos claves frente a la opinión pública. El nuevo gobierno había
presentado un programa a medio plazo en el que se presentaba a la
industria de defensa como uno de los nuevos sectores con mayor
importancia para llenar el vacío de la crisis en la reconversión de
sectores como el textil, los electrodomésticos, la construcción naval.
4ª)
La cuarta razón, se halla, en los vínculos directos que existían entre
la empresa española que mayormente se implicaría en el proyecto,
Construcciones Aeronáuticas, S.A. (CASA) y la empresa que entonces
representaba a Alemania Federal en el consorcio Eurofighter,
Messerschmitt-Bolkow-Blohm (MBB). MBB poseía un 11.09% de las acciones
de CASA, y aunque el hecho no se materializó, en aquel momento era
plausible pensar que el holding INI, accionista mayoritario de CASA,
confiaba que gracias al EFA, sería posible una mayor participación del
MBB en CASA.
En todo caso, el mayor momento de crisis de la
participación española en el proyecto fue en mayo de 1988, cuando el
gobierno español retardó su firma en el «Memorándum of Understanding»
(MOU), que abría la fase de desarrollo del avión. Debido a tres razones
fundamentales: a) que las previsiones iniciales de gasto se habían
superado ampliamente y existía un descontrol en los costes; b) debido a
la escasez de retornos tecnológicos; c) las presiones efectuadas por los
dos habituales suministradores de las importaciones españolas de
armamento hasta entonces, Francia y Estados Unidos.
Finalmente,
España firmó en noviembre de 1988 el MOU con una participación del 13% y
pocos días más tarde fue admitida como miembro de la UEO. Desde
entonces el gobierno español se convertiría en uno de los grandes
valedores del proyecto frente a los demás países, especialmente en la
crisis de 1992. Se espera que para el año 2001 España disponga de los
dos primeros aviones, y hasta el 2013 de unos siete por año.
Parecía,
que finalizada la Guerra Fría en 1989, el proyecto había perdido
sentido. Sin embargo, los gobiernos europeos participantes en el
proyecto, incluso le dieron más fuerza como arma de defensa. El discurso
oficial del Consejo del Atlántico Norte (Roma, 1991) y de los países
europeos era que contrariamente a la definida amenaza del pasado, los
riesgos actuales para los aliados eran multirideccionales y complejos,
entre ellos se explicaba claramente la amenaza del norte de Africa y del
mundo árabe, la denominada «amenaza del Sur».
El devenir del
proyecto ha sido complejo, en 1994, el Director General de Armamento y
Material del Ministerio de Defensa declaraba que, se trataba de un
proyecto de gran alcance, pero con un elevado coste que estaba obligando
al gobierno a realizar un gran esfuerzo en una época de grandes
dificultades económicas. Así el Partido Popular, entonces en la
oposición, consideró el proyecto como «faraónico» y su portavoz declaró
que el PP sólo aceptaría seguir adelante si no se incrementaba el
precio, si no había nuevos retrasos y si Alemania no se retiraba.
Desde
sus inicios, la participación española en el proyecto EFA ha
constituido un elemento central en el desarrollo de las tecnologías de
defensa. En el año 1992, 93, 94, 95, 96 y 97 el porcentaje de la ID de
defensa destinada al EFA fue de 73%, 68% 54%, 44%, 44% y 84%
respectivamente, con un importe aproximado de 200.000 millones de
pesetas. Y además, ya conocemos el papel importante que la I&D
española de defensa representa dentro de los presupuestos públicos de
I&D, que se sitúa alrededor de un 20%.
A nivel sectorial se
esperaba que el EFA activase tres ámbitos: el de la creación de nuevas
empresas, el del aumento de las capacidades tecnológicas y en la
dotación de centros de ensayo y de asistencia técnica. Para llevar a
cabo el proyecto el gobierno creó en 1989 dos empresas, la Industria de
Turbo Propulsores (ITP), para la fabricación de los motores; la Compañía
Española de Sistemas Aeronáuticos (CESA), para la fabricación de los
equipos neumáticos y de combustible.
Lo importante, es saber si
con el EFA se han conseguido beneficios tecnológicos e industriales para
España. En todo caso, lo cierto es que hasta ahora se ha dispuesto de
grandes inversiones de fondos públicos, justificadas por la apelación a
la defensa del país y su modelo de sociedad; si finalmente hay un
fracaso del proyecto, éste podría ser fácilmente substituido y mantenido
en secreto. Hasta ahora sabemos que muchas de las empresas
subcontratistas de CASA e ITP son filiales de compañías extranjeras cuya
instalación en España se ha realizado «ad hoc» para el proyecto EFA.
Una
de les principales implicaciones del proyecto son las consecuencias
económicas. Si comparamos los presupuestos de defensa españoles respecto
a los otros países participantes en el EFA, el gasto militar español se
situaría -en términos de PIB- en unas cifras inferiores a las de Gran
Bretaña, similares a las de Alemania, y algo por encima de las de
Italia. El presupuesto del EFA sobre el total de las inversiones
públicas en defensa ha llegado a superar durante varios años el 40% del
total de las inversiones estatales. Y hasta 1995 solo se había invertido
el 16.8% del total previsto para el proyecto. El gobierno español se
comprometió a adquirir un total de 87 aviones -71 monoplazas y 16
biplazas- lo que significa un coste de unos 9.800 millones de pesetas
para cada aparato si nos atenemos a las previsiones totales, y 7.000 si
excluimos el dinero invertido en las fases de viabilidad, definición y
desarrollo.
El Ministerio de Defensa calcula que alrededor de un
30% del costo final retornará a las arcas del estado mediante la parte
correspondiente de los impuestos y de la seguridad social de las
empresas implicadas, y espera beneficios con futuras exportaciones.
Los
sectores que asumen la mayor parte de la contratación del EFA (99% en
total) son el aerospacial y el electrónico e informático.
Un
estudio sobre el sector aeronáutico español realizado por el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo nos muestra como el capital de las 42
principales empresas españolas del sector ascendía en 1992 a 86.600
millones de pesetas, el 85% provenía de las inversiones públicas, un
10.8% de las privadas y 4.2% de las extranjeras. El peso del sector
público es muy superior a los demás sectores debido al hecho que CASA
representa por sí solo el 70% del total del sector. Así, en este mismo
estudio vemos que entre los factores positivos del sector se destaca la
buena calidad, la ubicación de las empresas y el prestigio
internacional; y entre los negativos, hacer frente al tamaño reducido de
las empresas, a la excesiva dependencia de una sola industria, y a la
situación financiera difícil. Todo ello significa que no se puede
asegurar por sí mismo la viabilidad económica futura del sector
aerospacial español.
Las contrataciones directas del EFA afectan a
empresas que ocupan alrededor de 12.000 personas y que tienen en su
conjunto una cifra de negocios de alrededor de 173.000 millones de
pesetas. Los contratista principales son CASA e ITP. La empresa CASA
posee centros de trabajo en: Madrid, Castilla la Mancha y Andalucía. En
1992 la plantilla era de 8.999 personas en el 95 de 8.182. Según sus
informes, los únicos sectores que «van bien» son los del espacio y del
EFA, que no son sectores comerciales propiamente dichos y que se hallan
alimentados con dinero público.
Respecto a ITP, fue creada en
1989 con el objetivo primordial de dedicarse a la producción de turbinas
de aviación destinadas al EFA. Las acciones de ITP son: 51% Sociedad
constituida a partes iguales por la Empresa Nacional Bacán y por Sener,
el 14% por Rolls-royce y el 4% por la Corporación Industrial IBV (Banco
Bilbao Vizcaya). ITP ocupaba en 1992 a 652 personas distribuidas en tres
centros de trabajo (dos en la CA. De Madrid y una en el País Vasco).
Si
comparamos la ocupación que supone en EFA respecto a la totalidad de su
ocupación industrial, ésta supone en Madrid el 5.4%, en Andalucía el
2.8%, en el País Vasco el 0.5%, en España la actividad ocupacional del
EFA tan sólo supone el 1.3% de su ocupación industrial.
LOS TRES RASGOS DEFINITORIOS
Hay tres facetas que definen la participación española en el proyecto EFA:
1ª) El consenso político, argumentado por la considerada necesaria renovación de la fuerza aérea española
2ª) La nueva sensibilidad de la amenaza a la seguridad en el área del Mediterráneo
3ª)
Y la voluntad de pertenencia a iniciativas de carácter europeo o
internacional en las organizaciones interestatales de defensa o en las
Naciones Unidas.
En todo caso, hay que decir en primer lugar:
a)
La modernización de los sistemas de armas tiene sus límites
presupuestarios, que en el caso del EFA parecen haberse superado
ampliamente.
b) Los problemas de la zona mediterránea revisten
más un carácter económico, social y cultural que no militar, y en
consecuencias las actuaciones políticas deben enfocarse más hacía una
actuación de cooperación o ayuda mutua y comprensión, que no hacía la
ampliación de la defensa.
c) La participación en programas
internacionales de investigación, desarrollo y producción de nuevos
sistemas de armas, no ha sido en España objeto de un debate público
debido a la falta de tradición de la problemática militar en un país que
hasta hace bien poco este ámbito era considerado sólo para «expertos»,
no extensible a la opinión pública. Se ha creído y se creé, con la fe no
cuestionada, en todo tipo de internacionalismos, y que la participación
en este programa reafirmaba una opción de política industrial.
En segundo lugar hay que subrayar:
a)
La innovación tecnológica, como uno de los elementos que más peso ha
tenido frente a la opinión pública por parte de la administración, como
de los empresarios. Para ello, se establecieron tres líneas
arguméntales: 1ª) las economías de escala derivadas de los trabajos
conjuntos del I&D; 2ª) las transferencias de tecnologías y la
adquisición de nuevas habilidades de las empresas españolas; 3ª) la
creación de infraestructuras de investigación mediante la dotación de
mayores capacidades a los centros existentes o nuevos.
Pero a estas razones se puede contraargumentar, otras tres:
1ª)
Las economías de escala existen ciertamente en los programas conjuntos,
pero se contraponen con los costes de oportunidad que significan el
necesario abandono, que por razones presupuestarias, deberán sufrir
otros proyectos de mayor interés social. El EFA, ya se ha dicho, ha
absorbido en los últimos años la mitad de los gastos I&D de defensa y
el 20% del total de I&D del gasto público. La importancia política
del programa no parece merecer una cuotas es proporcionada.
2ª) La adquisición de nuevas habilidades queda limitada en un proyecto en el que predominan las prestaciones sofisticadas.
3ª)
La creación de centros de investigación podía haberse invertido a
través de otros programas menos costosos o sencillamente como decisión
presupuestaria para la mejora de la infraestructura española de
investigación.
Así cabe preguntarse si los beneficios
tecnológicos no hubieran sido económica y socialmente mucho mayores si
el gasto en I&D se hubiera dirigido a sectores civiles.
Y en tercer y último lugar:
a) La dimensión económica y el impacto empresarial.
Hasta
ahora el EFA ha significado el 8.7% de la actividad de la industria de
defensa y el 12.4% de la industria aerospacial, que han representado el
2.2% y el 1,6% respectivamente de la producción industrial del país y
han dado lugar al 1,3% y al 0.6% de los puestos de trabajo en el sector
secundario. Si en el futuro se iniciase la fase de producción, a pesar
de que la actividad aumentaría, no se llegarían a doblar las actuales
dimensiones. Su incidencia territorial sólo es aparentemente relevante
en Madrid y Andalucía. Respecto al impacto empresarial podemos decir
claramente que un proyecto como el EFA cuyo peso en el conjunto de la
actividad económica en general es muy reducido, ha permitido privilegiar
a unas empresas: CASA, ITP y las cuatro empresas contratistas de
capital público CESA, AISA, ENOSA y INDRA (las cuatro perteneciente al
Grupo TENEO del INI) y las tres de capital privado (SENER, TECNOBIT y
PAGE)) que a cargo de los presupuesto públicos están recibiendo una
financiación proporcionalmente muy superior a la gran mayoría de
empresas de nuestro país. Estas facilidades se expresan actualmente en
términos de I&D y de entrarse en la fase de producción podrían
convertirse en subvenciones encubiertas por la propia I&D.
CONCLUSIONES
España
participa en estos programas internacionales con una actitud de
cooperación, la cual está fundamentada en la creencia que la adquisición
de nuevas tecnologías harán sobrevivir a los sectores estratégicos de
la industria aerospacial y de defensa. En este sentido el abandono de
España del proyecto podría producir graves dificultades en la
supervivencia de estos sectores. Aunque quizás esta no sería una opción
desacertada para unos sectores que rozando la crisis económica,
constantemente están acaparando gran cantidad de subvenciones y
inversiones públicas en los últimos 10 años.
Una recapitulación de los datos nos muestra como el abandono del programa EFA puede suponer:
a) La desconexión tecnológica con otras empresas europeas.
b) La eliminación de determinadas economías de escala en la investigación aplicada.
c) La reducción de la actividad en ambos sectores entre un 8.7% y un 12,4%.
d) La renuncia a la creación de 19.000 nuevos puestos de trabajo.
e) El abandono a unas futuras capacidades exportadores.
d) Un impacto territorial no despreciable frente a la posible desaparición de ciertas empresas.
Pero frente a ello también hay importantes connotaciones negativas del programa:
a)
Ha supuesto una concentración de recursos económicos que indirectamente
ha obligado al abandono de determinados programas domésticos.
b) Ha agravado la disyuntiva a la que esta sometida por lo general la participación española en programas internacionales.
c)
Algunos industriales españoles del sector han criticado la
sobreimplicación en programas internacionales dada la dudosa capacidad
de la industria local para hacerse cargo de todos los retornos. Ello ha
implicado la instalación en España de empresas extranjeras que asumen
una mayor parte de contratos que los que les corresponderían en su país
de origen.
d) No podemos olvidar que la puesta en marcha de un
buen número de programas de diversificación, que intentan reducir el
riesgo empresarial que supone la dependencia de unos pocas opciones
productivas basadas en los presupuestos públicos variables.
e)
Por último, referente al sector de defensa en algunos casos la
viabilidad empresarial puede resultar cuestionada, como es el caso de
algunas empresas poco vinculadas con el EFA, SANTA BARBARA, por ejemplo.
en estos caso, deberían ser puestos en marcha planes de conversión y
para ello ya se cuenta con el programa europeo Konver, aunque la
decisión corresponde mayoritariamente al sector público, es decir el
gobierno y la aceptación de la sensibilidad sindical.
En definitiva el abandono del EFA podría suponer tres cosas:
Primero la reducción de las dimensiones del gasto público.
Segundo,
nuevas opciones de I&D que permitirían reducir costos de
oportunidad dedicados a otros sectores civiles que mantienen actualmente
la dinámica tecnológica en el sector civil.
Tercero, la
posibilidad de diseñar una nueva política industrial distinta a la que
ha regido España en los últimos 15 años, cuyos resultados en el sector
público, no han sido ni de lejos los afortunados.
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