Tráfico de armas en la región de los Grandes Lagos
Artícle no disponible en català)
El genocidio cometido en Ruanda
tiene su aspecto más perverso en la venta de armas al gobierno hutu por
parte de diversos países africanos y europeos, unas armas que además
provenián de industrias europeas.
Campanya Contra el Comerç d’Armes, (febrero de 1997). Materiales de Trabajo, núm. 11.
De espectáculo vergonzoso podría denominarse la actuación de
la denominada «Comunidad Internacional» (países del primer mundo) con
respecto a los conflictos que se han desarrollando en la región de los
Grandes Lagos, puesto que la división y la falta de acuerdos en realizar
una acción conjunta que acabara con la tragedia humana que la región
está padeciendo ha sido la tónica común desde el inicio de los
conflictos. Pero el hecho de estar en juego la vida de cientos de miles
de personas, hace que la vergüenza se trueque en complicidad criminal,
cuando las responsabilidades, no sólo pertenecen a las partes
enfrentadas, sino que en buena medida, son el resultado de las
actuaciones de las potencias occidentales las que han conducido a la
situación de caos actual.
En primer lugar, porque las causas
del actual conflicto hay que buscarlas en el proceso de descolonización
que estableció unas fronteras artificiales, con divisiones arbitrarias
entre los pueblos de la región, con las que favorecer los intereses
económicos de las metrópolis; los mismos intereses que favorecieron el
acceso de determinadas élites autóctonas al poder político. En segundo
lugar, porqué en el origen de los actuales conflictos, se encuentran los
intereses enfrentados de las potencias por el control de los recursos
minerales de la zona (oro, diamantes, cobre, pero sobre todo por el
cobalto), como lo demuestra el hecho de que Francia y Bélgica, hayan
apoyado a los hutus; Estados Unidos e Israel se encuentren detrás de los
tutsis. Y en tercer y último lugar, por la venta indiscriminada de
armas a los diferentes bandos de la región. Es en este punto, donde la
responsabilidad se trueca en complicidad criminal, puesto que no ha
habido ningún reparo en alimentar desde el primer mundo, unos conflictos
que las onG que trabajan en la zona, estaban avisando se volverían a
producir, sino se frenaba la llegada de armas y a la vez no se
arbitraban las medidas políticas (conferencia internacional) que
remediaran las diferencias internas.
Desde luego, no son
muchas las informaciones aparecidas sobre las exportaciones de armas
realizadas en la región, pues de sobra es conocido el secretismo que
envuelve este tipo de transacciones, debido al rechazo que el comercio
de armas tiene en la opinión publica. Pero algunas han ido
trascendiendo, así, se tienen noticias de que han existido suministros
de armas al gobierno de Burundi, controlado por la minoría tutsi, por
parte de Estados Unidos y China; al actual gobierno de Ruanda, han
llegado armas procedentes de Rusia, Rumania y Uganda; el gobierno del
dictador Mobutu de Zaire, ha recibido armas desde Israel y Estados
Unidos; los grupos armados hutus que actúan en el Zaire les han
suministrado armas desde Sudáfrica, Israel, China, Albania y Bulgaria.
Una
de las operaciones que ha salido a la luz, es la que se desprende del
informe de la comisión de Naciones Unidas que investiga las ventas de
armas en la región, en el que se involucra al gobierno español. Se trata
de una operación de tráfico de armas desde España hacia Ruanda,
realizada en mayo de 1994. Al parecer se trató de un avión con matricula
nigeriana B 707, que el 24 de mayo de 1994 salió del aeropuerto de
Barajas (Madrid) con un cargamento de 30 toneladas de fusiles de asalto
alemanes G-3 procedentes del ejercito portugués y con destino al este
del Zaire.
Esta operación, una más de las que han realizado
diversos países europeos durante los últimos años, y que fue realizada
durante el mandato del PSOE, ha sido desmentida por el actual gobierno,
aunque no ha descartado que se tratara de una operación «ilegal». El
problema de este desmentido es que difícilmente puede ser creíble, o
demostrada su falta de veracidad, cuando la mayor parte del comercio de
armas está amparado por el secreto oficial, una política secretista y
sin control parlamentario de una actividad «económica» que mueve en el
estado español miles de millones de pesetas al año. El carácter de
secreto oficial de estas actividades se remonta al 12 de marzo de 1987
cuando el Consejo de Ministros del anterior gobierno declaró secretas
«la actas de la Junta Interministerial, que se encarga de controlar este
comercio y de autorizar las exportaciones de material militar y de
«doble uso».
Por otra parte, los servicios de aduanas de Bruselas
confiscaron a principios de enero de este año varios centenares de
motores y piezas de recambio para carros de combate de origen ruso que
iban a ser enviados a Burundi, país sometido al embargo internacional
tras el golpe de Estado militar el 25 de julio del año pasado.
En
el intento de encontrar ventas de armamentos contrastadas, el C3A, ha
explorado la base de datos Eurostat, del censo de exportaciones de la
Unión Europea, y se han extraído las transacciones del cuadro adjunto.
No son, desde luego, ventas muy cuantiosas, pero en cambio si que son
muy significativas, puesto que demuestran la existencia de ventas de
armas. Pues se trata de informaciones facilitadas por los países
miembros de la UE, de exportaciones a cuatro de los países que forman la
región de los Grandes Lagos (Ruanda, Burundi, Zaire y Uganda, y
precisamente de aquella partida arancelaria, la 93 de armas y
municiones, que engloba armas cortas y ligeras (rifles, pistolas,
municiones, explosivos, minas…) que son las que más muertos causan en
esta clase de conflictos.
Sólo es una página más de esa
monstruosa historia general de la infamia, con que la Comunidad
Internacional obsequia a sus ciudadanos súbditos.
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