Un parásito en las cuentas públicas
(Text no disponible en català). Breve análisis sobre la situación de la industria militar en España, en el que se crítica la ineficiencia económica de la industria de las armas.Pere Ortega, revista Diagonal (enero 2006).
La industria militar en España hoy sigue inmersa en las mismas
dificultades que atravesaba en el pasado. Las razones de esa crisis son
la falta de competencia, no hay mercado que regule la producción, pues
el único cliente es el Ministerio de Defensa; en segundo lugar estas
industrias están en una situación de monopolio; en tercer lugar reciben
cuantiosas ayudas del Estado.
Observemos que la industria militar
española se desarrolló bajo el amparo del sector público y dentro del
antiguo INI, hoy SEPI, creando cuatro grandes industrias para cada uno
de los cuatro subsectores militares. La armada para Bazán, hoy Navantia;
el aeronáutico para CASA, hoy EADS-CASA; el de armamentos y municiones
para Santa Bárbara, hoy General Dynamics, y el electrónico para Inisel,
hoy Indra. Estas cuatro grandes industrias representan el 70% de la
facturación y agrupan al 80% de la mano de obra de los 13.500
trabajadores del sector. De ellas, tan sólo Navantia persiste al 100%
como empresa pública.
Estas cuatro empresas habían producido
millonarias pérdidas a lo largo de toda su historia, 250.000 millones de
pesetas en los últimos diez años de titularidad pública, y sólo fue
posible su enajenación a través de ofrecer óptimas condiciones a los
compradores. La electrónica Inisel se fundió sin compensaciones con
Ceselsa y nació Indra, a la que el estado encargó el desarrollo
electrónico de la mayoría de su armamento (blindados, aviones y buques
de guerra). Santa Bárbara se vendió a la estadounidense General Dynamics
por el ridículo precio de 5 millones de euros mientras se le aseguraba
una carga de trabajo de 2.600 millones de euros (blindados Leopard,
Pizarro y municiones). En el ejemplo de CASA, tras su fusión con el
consorcio europeo EADS, SEPI mantiene un 5,6% del accionariado y el
resto está en manos privadas en Francia, Alemania y Gran Bretaña.
Respecto a Navantia su historia es ruinosa y las pérdidas acumuladas en
los últimos años eran de 635 millones de euros en el sector militar y
2.454 millones de euros en el civil. Si mantiene expectativas es gracias
a las ayudas del Estado para sacarla de la bancarrota.
Pero
además, todas las industrias militares son parasitarias del Ministerio
de Defensa. Si se observan los cuantiosos recursos que se dedican a
inversiones para las fuerzas armadas previstas en los presupuestos del
Estado para el período de 2005 al 2020, estos alcanzan la voluminosa
cifra de 30.000 millones de euros, de la cual 26.200 son para la
adquisición de nuevas armas y el resto de 3.800 millones para mejorar
instalaciones militares. Y el Estado es el principal cliente, solo
alrededor de un 20% va a la exportación, y además inyecta cuantiosas
ayudas, 12.710 millones de euros en los últimos diez años a la
investigación y desarrollo de nuevos armamentos. Ayudas que representan
el 37% del total de I+D en ese período.
Dejando a un lado la
cuestión moral, las armas no solucionan los conflictos sino que los
agravan, pero no hay espacio para desarrollar este aspecto, impiden el
desarrollo a través de la ineficiencia económica de esas industrias.
Esto es debido a la dependencia directa de la industria militar del
Ministerio de Defensa. Estas no desarrollan ningún tipo de control sobre
los costes de producción debido a la falta de competencia, así los
proyectos militares cada año aumentan de precio. Esa falta de costes de
oportunidad entorpecen y traspasan su ineficiencia a la industria civil
que de esta manera se ve privada de I+D y bienes de capital para su
desarrollo. Con lo cual, el supuesto beneficio del trasvase de
tecnología al sector civil es una perversa invención del entramado de
miembros del complejo militar industrial español.
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