Crónicas de la Conferencia de Dublin sobre las bombas racimo
Crónicas de Jordi Calvo, nuestro enviado a la Conferencia sobre
bombas racimo que se está celebrando en Dublín está semana. Todo indica
que el gobierno español es reacio al acuerdo que prohiba la fabricación y
exportación de municiones de racimo o Cluster
Dublin 20 de mayo de 2008
¿Quiere el gobierno español prohibir las bombas de racimo?
Jordi Calvo, Dublín 19/5/2008
Hoy empieza en Dublín la última de las conferencias del
proceso de Oslo, para la prohibición de las bombas de racimo. Más de 100
estados van a decidir si caminamos hacia un tratado que sirva para
evitar más victimas causadas por las bombas de racimo o si éste nos
servirá para salvar algunas bombas, llamadas inteligentes por algunos
estados, que no casualmente son quienes las producen.
España
parece que mantiene en la actualidad una posición ambigua que incluso
parece que pretende moverse hacia la de aquellos que abogan por un
tratado más amplio, que firmen más países, pero aceptando algunas
excepciones, es decir, aceptando que se sigan produciendo las bombas de
racimo de las empresas de los países que defienden esta postura. Esto
que quizá se deba a que en España hay dos empresas que fabrican estas
bombas en territorio español. Se trata de Instalaza en Zaragoza y de
Maxam-Expal en Álava. Instalaza fabrica la MAT-120, una bomba de racimo
que contiene 21 submuniciones, con ciertos avances tecnológicos basados
en mecanismos de autodesactivación electrónica, que según pruebas de
laboratorio presentadas por la empresa no causarían daño a los civiles
una vez finalizada la guerra. En el desarrollo de la MAT-120 Instalaza
ha invertido 12 millones de euros. Por su parte, tenemos conocimiento de
que Maxam-Expal fabrica la BME-330, una bomba de racimo multiuso.
El
gobierno de España parece que pretende defender en Dublín que ciertas
bombas de racimo de características similares a la MAT-120, que no
causen un «daño inaceptable» para la población civil, sean excluidas. No
es fácil adivinar qué considera el gobierno español como daño aceptable
para la población civil, ni en qué población civil aceptaría que las
bombas de racimo les hirieran o mataran de forma aceptable.
Ante
tal situación, la pregunta que nos hacemos es si el gobierno español
representa realmente la opinión de los ciudadanos de España con tal
posicionamiento o si hay alguna otra consideración que tienen en cuenta.
En definitiva, el gobierno de España está ante una
situación en la que va a tener que elegir entre salvar a las víctimas o
salvar a algunas bombas de racimo. El gobierno de Zapatero va a tener
que elegir entre las preferencias de la mayoría de los ciudadanos
españoles (cerca de 44 millones de civiles, y unos 150.000 militares) y
los intereses de los dos productores de este tipo de arma tremendamente
letal con la población civil. El gobierno español tiene ante sí la
oportunidad de posicionarse ante la comunidad internacional por la paz,
por el humanitarismo y por las víctimas.
Pero existen muchas
otras razones que deberían llevar a España a pedir la prohibición total
de las bombas de racimo, sin exclusiones, sin retrasos y sin excusas.
El gobierno de España debe cumplir la ley. La ley internacional y la ley
nacional. La ley que desde finales de 2007 regula el comercio de armas
español obliga al gobierno a la consecución de un tratado que prohíba
todas las bombas de racimo. El derecho internacional humanitario, al
cual España está sometida, prohíbe el uso de armas que no sean capaces
de distinguir en sus ataques entre civiles y militares. Las bombas de
racimo son una de estas armas. No hay más que remitirse a los hechos
para saber cuál es su uso. En este sentido no vale el argumento de que
la culpa de que haya civiles muertos y mutilados sea de quienes usaron
el arma y no del arma en sí. Una guerra es una situación tremendamente
compleja en la que los militares van a usar las armas que tengan a su
alcance de la forma en que las circunstancias se lo permitan. Es por eso
que debe mantenerse fuera de circulación todo armamento que pueda
matar, herir o mutilar a niños, mujeres, ancianos y, en definitiva,
cualquier persona no relacionada con la guerra que por desgracia le haya
tocado sufrir. La humanidad ya ha dado pasos importantes prohibiendo el
uso de armas como las minas antipersona. Ahora es el momento de
prohibir sin ambigüedades otra de ellas, las bombas de racimo y el
gobierno de España tiene la oportunidad de hacerlo, si quiere.
La
sociedad civil española y mundial que trabaja por la prohibición de las
bombas de racimo está más fuerte que nunca. Centenares de
organizaciones de decenas de países que producen, almacenan, venden o
son afectados por las municiones de racimo se han dado cita en Dublín
para hacer llegar la opinión de la gente corriente a los representantes
gubernamentales. España está representada por miembros del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación, que contarán con el asesoramiento de
técnicos del Ministerio de Defensa. La presencia de la CMC Barcelona y
Greenpeace se encargan y encargarán de hacer llegar la voz de la mayoría
de la sociedad española a Dublín, mediante la recogida de miles de
firmas de ciudadanos, más de 150 adhesiones de apoyo al manifiesto por
el que se pide la prohibición total de las bombas de racimo, mediante la
presencia en medios de comunicación, mediante la sensibilización y el
diálogo con parlamentarios. En este sentido el parlamento catalán ha
aprobado una resolución por el que de manera unánime pide que el
gobierno español trabaje por la eliminación de las municiones de racimo.
En esta línea se está trabajando con diputados y diputadas del
parlamento español para pedir su apoyo para que el gobierno asuma su
responsabilidad y no promueva con un tratado internacional insuficiente
más víctimas civiles a causa de las bombas de racimo.
Del 19
al 30 de mayo tenemos en Dublín la oportunidad de demostrar que somos
capaces de trabajar por un mundo en paz. La sociedad civil mundial
española le pide a todos los gobiernos presentes y al español en
particular que asuman su responsabilidad y prioricen la vida de las
personas a los intereses económicos y militares. El gobierno español
debe trabajar por la prohibición de la totalidad de las bombas de
racimo, porque sólo así podremos estigmatizar su uso y conseguir que
todos los países se vean obligados legal o moralmente a dejar de
producirlas, venderlas, almacenarlas y usarlas. Prohibir las bombas de
racimo es posible y necesario, por lo que a nosotros se refiere, la
palabra la tiene el gobierno español.
El gobierno español defiende en Dublin los intereses de los fabricantes de bombas de racimo españoles.
Finlandia, cliente de Instalaza, sale también en defensa de la MAT-120.
Jordi Calvo, Dublín, 20/5/2008
El
gobierno español ha presentado en la conferencia por la prohibición de
las bombas de racimo que se celebra en Dublín una inaceptable propuesta
de enmienda al artículo 2 del futuro tratado por la prohibición de las
bombas de racimo.
Una vez más España parece desaprovechar la
oportunidad de promover la paz y ha olvidado su posicionamiento
humanitario inicial por una ambigua postura que muestra una defensa,
esta vez sin ambigüedades, de los intereses de una empresa militar
española.
Instalaza informa en su página web sobre los avances
tecnológicos de la bomba de racimo que fabrican, la MAT-120, lo que
ellos llaman el concepto SD<SUP>2</SUP> que «engloba tanto
la autodestrucción como la autodesactivación» como la novedad que en sus
bombas consigue mediante «un sistema de espoletas electrónicas, sin
energía electrónica almacenada antes del disparo».
La propuesta
que el gobierno español ha entregado a cada uno de los países
participantes en la conferencia de Dublín dice que deben ser excluida
del tratado aquella «munición o submunición equipada con mecanismos de
auto-seguridad», es decir, «una combinación de mecanismos de
autodestrucción y autodesactivación».
Resulta evidente la similitud de argumentos entre el gobierno español y la empresa de armas Instalaza.
Por
su parte, no es menos preocupante la posición del gobierno finlandés
quien con intervenciones como esta: «si las bombas se pueden tocar,
sacar, patear e incluso quemar, ¿dónde esta el problema humanitario?»
haciendo referencia al informe técnico que sobre la MAT-120 Instalaza
viene haciendo público los últimos meses, promueve la idea de que hay
bombas «buenas» que salvar del tratado, olvidándose del aspecto
humanitario del mismo, legitimando el uso de algunas bombas de racimo,
lo que indudablemente provocaría mayor sufrimiento y muerte gracias a
estas municiones.
Es por ello que nos preguntamos si el gobierno
español representa a sus más de 40 millones de ciudadanos, que sin duda
alguna desearían que las bombas de racimo sean prohibidas y que se deje
de matar, herir y mutilar a miles de personas por todo el mundo por
culpa del uso de este tipo de munición, o a los propietarios de la
empresa de armas aragonesa Instalaza, que aunque legítimamente deban
defender sus intereses económicos, no pueden ser más importantes que la
opinión pública española y sobre todo, no pueden estar por encima del
derecho a la vida de las víctimas que producen.
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