Astilleros y la deriva sindical
La crisis que atraviesa todo el sector de astilleros civiles ha
movilizado a los sindicatos en defensa de los puestos de trabajo de la
empresa nacional IZAR. Pero estos sindicatos no han entrado en la
cuestión fundamental que debería de preocuparles: el 97% de la
producción actual de Izar es militar.
Pere Ortega (enero 2005), Materiales de Trabajo núm. 25
La crisis que atraviesa todo el sector de astilleros civiles ha
movilizado a los sindicatos en defensa de los puestos de trabajo de la
empresa nacional IZAR. Esta crisis ha estado largamente anunciada debido
a la falta de competitividad frente a los astilleros de otros países,
especialmente de Indonesia y Corea del Sur. Para paliar esa situación,
durante la etapa del anterior gobierno del PP, la empresa estatal Bazán,
dependiente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales
(SEPI) del sector militar naval, en julio del 2000 fue fusionada con la
también estatal Astilleros Españoles Civiles (AESA) del sector civil,
dando como resultado la nueva industria naval IZAR. Ambos astilleros
atravesaban una grave crisis y el Ministerio de Industria decidió su
fusión. Se trataba de una estrategia para esquivar a la Comisión de
Industria de la Unión Europea que había lanzado serias advertencias por
las ayudas públicas concedidas a Astilleros por el gobierno español.
Dicho organismo impide subvencionar industrias civiles, pero no
militares, ya que debido a su carácter estratégico, pueden continuar
recibiendo subvenciones.
Las pérdidas millonarias de ambas
industrias llegaron en el último decenio a tener una deuda acumulada de
2.454 millones de € en Astilleros y 635 millones de € en Bazán. En la
misma caída, el nivel de la plantilla (civil y militar) en los últimos
20 años disminuía de 39.229 en 1984 a 11.077 en el 2003. En la inercia
de la globalización de éstos últimos años, Izar militar inició la
creación de consorcios internacionales con diversas empresas, con
Lockheed Martin (1-1999) formó Advanced Fragate con la finalidad de
concurrir conjuntamente al mercado internacional de fragatas y buques
escolta, e incorporar el sistema antiaéreo AEGIS de Lockheed; con la
francesa DCNI (1991) creó el consorcio Scorpene para compartir el 50% de
la construcción de un submarino convencional; y por último junto al
astillero alemán HDW suscribió un acuerdo para desarrollar un proyecto
de mini submarino. Pero a pesar de estas fusiones, las pérdidas
prosiguieron y en el año 2003 Izar perdió 30 millones de € (120 en el
2002).
Ante esta situación el gobierno fue aprobando diversos
paquetes de ayudas. En el año 2001, Izar recibió una inyección de
capital por parte del estado por un importe de 1.477 millones de € más
otros 515 millones de € para diferentes factorías. Pero estas ayudas han
sido declaradas ilegales por la Comisión Europea, aduciendo que se
trata de ayudas encubiertas, lo cual está prohibido por la Comisión de
Competencias. El gobierno del PP adujo en su descargo que se trataba del
sector militar de Izar y no del civil, lo cual permitiría salvar a Izar
delante de Bruselas. El Tribunal de competencias finalmente ha
dictaminado ilegales las ayudas, y de momento Izar debe retornar 556
millones de €, pero se puede ver obligada a retornar el total de los
1.477 millones recibidos. Lo cual deja a Izar en una situación de
quiebra.
El nuevo gobierno del PSOE se ha encontrado con una
crisis que ya tuvo que gestionar durante su anterior etapa de gobierno.
La primera propuesta ha sido volver a segregar la rama civil de la
militar. Y es que Izar militar cuenta con una buena cartera de pedidos,
así como varias negociaciones en curso que aseguran cargas de trabajo,
dependiendo de factorías, hasta el año 2009 y 2014:
– Dos submarinos S-80 Scorpene para Chile por 180 millones de €, y otros dos submarinos por el mismo importe para Malasia.
– Cinco Fragatas para Noruega de 5.115 tm. Por 1.320 millones €
– En negociación: dos corbetas para Israel de 2.600 tm. por 1.000
millones €; tres fragatas para Chile; cinco fragatas y patrulleras para
Filipinas; fragatas para Grecia; submarinos Scorpene y cazaminas con
India; submarinos Scorpene y un buque de asalto con Portugal; submarinos
Scorpene y fragatas con Corea del Sur.
Y para la armada española contratos para fabricar:
– Cuatro fragatas F-100 de 5800 tm. por importe de 1.983 millones de € (dos han sido entregadas).
– Cuatro submarinos S-80 Scorpene por importe de 1.760 millones de €, para entregar entre el 2009 y el 2014.
– Un megabuque de proyección LHD, de 25.000 tm. para transportar 1.500
soldados a lejanos escenarios por un coste de 360 millones de €.
– Un buque de avituallamiento por un importe de 230 millones € para entregar el año 2009.
– Un cazaminas y vehículos anfibios.
La controversia entre SEPI y sindicatos nos ha salpicado de imágenes
negativas con altercados y enfrentamientos. Pero, curiosamente, estos
sindicatos no han entrado en la cuestión fundamental que debería de
preocuparles: el 97% de la producción actual de Izar es militar. Se
menciona, de manera acertada, que el actual proceso de globalización
capitalista tiene responsabilidad en muchas de las guerras actuales.
Entonces ¿se puede ser indiferente a la fabricación de armas cuando
éstas pueden ser usadas para nuevas guerras?. O, desde el punto de vista
de costes de oportunidad, como dicen los economistas, destinar recursos
a otros menesteres que no fueran armas ¿no contribuiría más y mejor al
desarrollo humano de la población en general?
El movimiento
obrero históricamente ha rechazado las guerras y se ha proclamado a
favor de la paz y la solidaridad internacional entre trabajadores.
Entonces, deberían ser los primeros interesados en cambiar la producción
de industrias consideradas perniciosas socialmente. Cierto es, que la
división principal en nuestras sociedades reside entre capital y
trabajo. Y es el trabajo el que los sindicatos deben defender ¿pero como
hacerlo cuando se producen unos bienes que no tienen, o incluso
destruyen valor social, como es el caso de las armas?. En este caso, los
sindicatos y partidos que se proclaman de izquierdas deberían apostar
por la conversión de esas industrias e implicarse en realizar propuestas
de viabilidad hacia otros tipos de producción que contribuyeran a un
mejor desarrollo humano y social. Propuestas que deberían afrontarse
desde una perspectiva global, intentando implicar a las autoridades
locales, autonómicas, centrales, sociedad civil, tanto empresarial como
asociaciones de profesionales, que pueden aportar una ayuda técnica y
social muy valiosa a la hora de llevar a cabo los estudios de
conversión.
Propuestas de conversión que deberían partir de los
propios sindicatos y por ese motivo cargarse de razón moral delante de
la sociedad. Evidentemente no se trata de una cuestión sencilla la que
se plantea y muchas veces, a pesar de las mejores intenciones, no va a
ser posible conseguirla y se va a imponer el cierre de la industria. Es
por ese motivo que un proyecto de conversión debe contar con el mayor
número de complicidades para llevar a cabo un plan integral de
desarrollo de la zona afectada por el cierre de una industria,
desarrollando una estrategia de puesta en marcha de industrias y
servicios que permita la recuperación del tejido productivo de la
localidad con una política de planificación que contemple todas las
posibilidades.
Lo contrario, la defensa del puesto de trabajo
sin abordar cuestiones morales y sociales es abonar el camino a que se
impongan políticas antisociales que degradan y rompen la cohesión que se
supone, trabajadores y trabajadoras deberían defender.
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