Deuda militar, Deuda odiosa, Deuda ilegítima

Este es un articulo donde se califica como ilegíitima la deuda contraida con los Programas Especiales de Armamento del Ministerio de Defensa que representan 40.000 millones de euros, cifra que situa a este Ministerio en la banca rota y que contribuye al enorme endeudamiento del Estado español.

Se considera “Deuda ilegítima” aquélla que es contraída contra los intereses de la población de un país y con el completo conocimiento del acreedor. En base a esta definición, y a tenor del atraco a mano armada (nunca mejor dicho) que se está perpetrando contra los intereses de la población, que cada día ve cómo cuesta conseguir lo más básico y elemental mientras se despilfarra el dinero en todo tipo de asuntos espurios, debemos preguntarnos si cabría considerar como deuda ilegítima la de los llamados Programas Especiales de Armamento (PEA).

Los PEA nacieron entre 1997 y 1998, con el Partido Popular en el Gobierno. Mediante una artimaña contable se puso en marcha un modelo para, a través del Ministerio de Industria, conceder a un exiguo grupo de empresas (grosso modo, EADS, Indra, Santa Bárbara y Navantia) unos anticipos reintegrables sin intereses con la finalidad de que éstas hicieran frente a las fases de I+D, prototipado y primeras series de fabricación de estos sistemas de armas. Hasta la fecha, son 19 los programas que conforman esta categoría (aviones, helicópteros y carros de combate, aviones de transporte, submarinos y fragatas, además de una larga serie de “programas menores”), los cuales, según diversas estimaciones hechas por un grupo de expertos hace escasos meses, podrían costarnos entre 35.371 y 37.356 millones de euros, pagaderos hasta 2030 o 2040 (por la sencilla razón de que el fin de la “vida útil” de la mayoría de los programas comienza a producirse en torno a 2040).

En septiembre de 2011, la Secretaría de Estado de Defensa, aún en manos del PSOE, realizó una “Evaluación de los programas especiales de armamento”, con el objetivo de buscar soluciones al grave problema de deuda a que se enfrenta el Ministerio de Defensa.

El exhaustivo trabajo realizado por la SEDEF, acredita lo siguiente:
– que la capacidad financiera del Ministerio de Defensa no es suficiente para atender las obligaciones de pago derivadas de los PEA en curso, es decir, que fueron contratados al margen de la realidad financiera del Ministerio de Defensa
– que tal insuficiencia presupuestaria no es coyuntural, ni está directamente relacionada con la crisis económica actual, sino que es un problema financiero, complejo y estructural, absolutamente relacionado con el sistema de adquisiciones y con su modelo de sostenimiento
– que se trata de un problema de Estado, dado que implica a muchos agentes (políticos, militares, industria)
– que quienes tomaron las decisiones de adquisición en el período que va de 1997 a 2004 (en el que se generaron más del 80% de las obligaciones que han de ser atendidas en el presente y en el futuro) difirieron a futuros presupuestos el pago de tales compromisos aun a sabiendas de que nunca podrían satisfacerse los compromisos financieros adquiridos
– que «no deberíamos haber adquirido sistemas [de armas] que no vamos a usar, para escenarios de confrontación que no existen y con un dinero que no teníamos entonces ni ahora».

Pues bien:
– si el Estado sabía que estaba poniendo en marcha un mecanismo de generación de deuda que nunca iba a poder pagar, y que, hoy por hoy, ha generado casi 40.000 millones y
– si esta deuda ha sido creada y utilizada contra los intereses de la ciudadanía del país, que ha tenido que sufrir dolorosos recortes sociales con cantidades que están muy por debajo de esa cuantía
Entonces:
– es fácilmente deducible que esa deuda no tiene por qué ser pagada, pues quienes gobiernan el Estado desde 1997-1998 habrían actuado de mala fe, a sabiendas, y,
– por tanto, que los contratos adquiridos con las empresas o consorcios de empresas para desarrollar estos PEA son nulos desde un punto estrictamente legal.

Señalar a un único culpable sería difícil, por la sencilla razón de que en torno a este problema siempre ha habido un acuerdo de Estado en el que los dos grupos parlamentarios mayoritarios (PP y PSOE) han ido de la mano; pero sí podemos decir quiénes han sido sus garantes y defensores desde la ostentación de sus cargos de responsabilidad en los ministerios implicados: el de Defensa (con sus Secretarios de Estado, pues a este órgano le corresponde la dirección, impulso y gestión de las políticas de armamento y material y la investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la defensa) y el de Industria.

VI Legislatura (1996–2000)
Ministro de Defensa: Eduardo Serra Rexach
Secretario de Estado de Defensa: Pedro Morenés y Álvarez de Eulate
Ministro de Industria y Energía: Josep Piqué i Camps

VII Legislatura (2000–2004)
Ministro de Defensa: Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde
Secretario de Estado de Defensa: Fernando Díez Moreno
Ministros de Ciencia y Tecnología: Anna María Birulés Bertrán (2000–2002), Josep Piqué i Camps (2002–2003) y Juan Costa Climent (2003–2004)

VIII Legislatura (2004–2008)
Ministros de Defensa: José Bono Martínez (2004–2006) y José Antonio Alonso Suárez (2006–2008)
Secretarios de Estado de Defensa: Francisco Pardo Piqueras (2004–2007) y Soledad López Fernández (2007–2008)
Ministros de Industria, Turismo y Comercio: José Montilla Aguilera (2004–2006) y Joan Clos i Matheu (2006–2008)

IX Legislatura (2008–2011)
Ministra de Defensa: Carme Chacón Piqueras
Secretario de Estado de Defensa: Constantino Méndez Martínez
Ministros de Industria, Turismo y Comercio: Miguel Sebastián Gascón

X Legislatura (2011-)
Ministra de Defensa: Pedro Morenés y Álvarez de Eulate
Secretario de Estado de Defensa: Pedro Argüelles Salaverría
Ministros de Industria, Energía y Turismo: José Manuel Soria López

De esta caterva, Pedro Morenés, el actual Ministro de Defensa, fue quien puso en marcha los PEA, siendo Secretario de Estado de Defensa del ministerio que presidía Eduardo Serra y, también, Secretario de Estado de Ciencia y Tecnología de 2002 a 2004, siendo ministro Josep Piqué. Como es sabido, Pedro Morenés tiene un largo currículo en la industria de armamento: desde 2005 hasta su toma de posesión en 2011 ha sido consejero de Instalaza, empresa fabricante de municiones y bombas (entre otras, las llamadas “bombas racimo”), cargo que compatibilizó con el de Presidente ejecutivo de la empresa de misiles MBDA. También ha formado parte del Consejo de Administración de SAPA (empresa especializada en carros de combate, cañones y artillería), KuitVer Estudios S.L. (especializada en I+D+i militar) y Presidente y Consejero de la empresa de seguridad privada Segur Ibérica (la empresa contratada para custodiar los atuneros en el océano Índico en la “Operación Atalanta”). Morenés nombró como Secretario de Defensa del actual gobierno a Pedro Argüelles, quien hasta su nombramiento dirigía la filial española de la empresa militar estadounidense Boeing.

Todo esto nos indica que estamos en manos de un lobby: una clase política y militar (podríamos seguir por Piqué, Bono, García Vargas, Villar Turrau, Sebastián Zaragoza, Francisco Torrente, Enrique Navarro…), con claras vinculaciones con las empresas de armamento que se benefician de jugosos contratos financiados con dinero público. Las mismas empresas que aparecen en el informe de la SEDEF de esta guisa:
– las empresas beneficiadas con los anticipos apenas han iniciado sus devoluciones al Tesoro. Entre 1997 y 2011 sólo han devuelto 147 millones de euros; a cambio, han recibido 23.415 millones de euros
– el beneficio para las empresas es muy cuantioso a largo plazo. Las armas obtenidas generan nuevas obligaciones que, por tratarse de sistemas complejos y tecnológicamente muy avanzados, suponen importantes cuantías que es necesario sumar a las de la propia adquisición (se estima que el coste de mantenimiento de un sistema de armas durante todo su «ciclo de vida» puede llegar a superar en tres veces su coste de adquisición)
– cada PEA está sujeto a revisiones de precios, así como a partidas abiertas que son de contenido variable e incierto (modificaciones contractuales sobrevenidas; importes reservados en los presupuestos de los contratos para eventuales partidas pendientes de contratar; revisiones de precios; penalidades aplicables por retrasos e incumplimientos; importes asociados al tipo de cambio impositivo del IVA; cambios de paridad en las divisas; importes asociados a la ampliación de seguros y garantías…). Estas condiciones leoninas amparan a las empresas adjudicatarias y las elevan a una posición dominante en todo el proceso
– dado que muchos de los PEA han nacido obsoletos, se estima que habrá unos cuantiosos sobrecostes adicionales derivados de la forzada extensión de la “vida en servicio” de ciertos sistemas por retrasos en los programas que los deberían reemplazar.

Y sin embargo, aún puede ser peor. No sólo es que estén pensando en cómo solucionar el problema por la vía rápida (condonación de la deuda) sino que ya están maquinando cuáles serán los nuevos programas. Lo que les preocupa no es la deuda contraída, sino la que está por contraerse, es decir, de dónde van a sacar el dinero para financiar nuevos programas sobre los que ya están trabajando (helicópteros, buques, blindados…). Argüelles ha recalcado que la vocación del Gobierno “no es dejar a la defensa hibernada de por vida y sin posibilidad de ir renovando y adecuando su material”.

En los últimos 15 años se han modificado todas las leyes que ha sido menester para permitir que se pudiera comprar armamento gracias a la venta de los numerosos inmuebles y terrenos de los que era propietario el Ministerio de Defensa (se estima que unos 15 millones de metros cuadrados de terrenos y unas 50.000 viviendas, además de otras propiedades).

Sólo entre 1999 y 2010 esta financiación extrapresupuestaria proveniente de la actividad de la GIED (Gerencia de Infraestructuras de la Defensa) y del INVIFAS (Instituto de Viviendas de las Fuerzas Armadas), ahora fusionados en el INVIED, ha generado un crédito superior a los 4.000 millones de euros, que, en su práctica totalidad, han sido destinados a los PEA.

Con la que está cayendo, y a pesar de que el Ministerio de Defensa siempre ha recurrido a la especulación más abyecta con estas propiedades otrora enajenadas a los municipios por el “bien de la defensa nacional” (vendiendo por subasta, contratando a consultoras especializadas en la especulación de inmuebles, modificando el régimen jurídico de los Organismos Autónomos para que pudiesen obrar a su antojo…), temen que el bajón por el que pasa el mercado inmobiliario pueda dejar a los futuros programas sin recursos.

El INVIED ha generado unos ingresos en 2011 que ascienden a 162 millones de euros. Con esta hipótesis de partida, para el período que va de 2011 a 2040, estos ingresos tendrían un valor medio anual de 219 millones de euros corrientes (han tenido en cuenta no sólo la capacidad del organismo de enajenación de inmuebles sino también las nuevas funciones asumidas por el INVIED —utilización y explotación económica y comercial de los bienes de dominio público adscritos al Ministerio de Defensa).

El Consejo de Ministros, además de modificar el techo presupuestario inicial de los programas (lo que ya ha hecho en varias ocasiones) también ha modificado la curva de pagos, lo que generará, a su vez, unos costes financieros que, como podemos ver actualmente, con la prima de riesgo disparada y con una enorme dificultad para captar dinero (los intereses rondan hoy el 7%), pueden suponer un pico.

Para aquellos contratos firmados antes del 30 de abril de2008, si la Administración se demorase en el pago más de dos meses desde la fecha de expedición del documento acreditativo de la realización total o parcial del contrato, deberá abonar al contratista el interés legal del dinero incrementado en 1,5 puntos de las cantidades adeudadas. Posteriormente, el tipo legal de interés de demora a aplicar será del 8%.

Una proyección optimista (cambio del ciclo económico actual) fija unos intereses de demora de 2.609 millones de euros. Una proyección pesimista (seguir como estamos ahora) dispara esta cantidad hacia nadie sabe dónde.

Concluyendo, estamos ante una mascarada que es un calco de lo que está pasando en el escenario macroeconómico. Al contrario de lo que diría Marx (lo hacen pero no lo saben), estoy convencido de que estos lo hacen y lo saben.

¿En qué se convertirán los casi 40.000 millones actuales en los próximos 28 años que aún pretenden mantenerlos? En ruina.

En nuestras manos está evitar que este tropel de chorizos siga campando por sus respetos.

John Doe, junio de 2012

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