El movimiento por la paz frente a la economía militar*

Análisis sobre cómo el movimiento por la paz ha ido cuestionando los diferentes ámbitos de la economía de la defensa o componentes del ciclo armamentístico (gastos militares de los Estados, investigación con finalidad bélica, industrias de armamentos y comercio de armas) a través de diferentes campañas y objeciones de conciencia.
Enric Prat, Viento Sur, núm. 88 (septiembre de 2006)

Uno de los rasgos más característicos de la economía internacional es la producción y el comercio de armamentos. Las industrias de estos medios de destrucción tienen garantizada la venta de la gran mayoría de sus productos porque una buena parte de ellos se fabrican a petición de los gobiernos y sus Ministerios de Defensa, que satisfacen el precio de las armas y municiones producidas con el dinero que tienen presupuestado para gastos militares. Las industrias de armamentos son las grandes beneficiarias de los gastos militares, ya que obtienen beneficios a través de la venta de armamentos al Estado del país donde están radicadas y a otros Estados del mundo. Estos gastos militares son bastante elevados, tanto en el mundo como en España. Acaparan una parte importante de los Presupuestos Generales del Estado y representan una porción significativa del Producto Interior Bruto. La investigación con finalidades bélicas también absorbe ingentes recursos. Su finalidad es garantizar los pasos previos necesarios para la producción y exportación de armas (estudios, proyectos, diseños, verificaciones, etc.), que después serán empleadas en guerras y conflictos bélicos, matando personas y destruyendo bienes. En fin, la exportación e importación de armamentos tiene un gran peso en el conjunto del comercio mundial.

El movimiento por la paz ha ido cuestionando los diferentes ámbitos de la economía de la defensa o componentes del ciclo armamentístico (gastos militares de los Estados, investigación con finalidad bélica, industrias de armamentos y comercio de armas) a través de diferentes campañas y objeciones de conciencia, entre las que hay que destacar la objeción fiscal a los gastos militares, la campaña “Por la paz: no a la investigación militar!” y la objeción científica, las actividades y propuestas para la conversión de las fábricas de armamentos en productoras de bienes y servicios de uso civil, y las campañas por la transparencia, el control y la reducción del comercio de armas. Cada una de estas campañas ha optado por el tipo de acciones que ha creído más conveniente: la objeción fiscal se sustenta en la desobediencia civil de los objetores fiscales, la actividad de los grupos que cuestionan las industrias de armamentos se ha basado en las manifestaciones de calle y las ONG que han impulsado las campañas por la transparencia y el control del comercio de armamentos actúan como lobby o grupo de presión.

Aunque no sería correcto afirmar que existe un movimiento articulado y unificado en la acción contra el conjunto de la economía de la defensa no es menos cierto que esta serie de campañas comparten un conjunto de críticas al ciclo armamentístico y diversas propuestas alternativas. Entre las críticas hay que destacar las siguientes: todos los componentes del ciclo armamentístico contribuyen a la preparación de la guerra; los gastos militares y la investigación con finalidades bélicas absorben una cantidad inmensa de recursos que podrían destinarse a necesidades sociales y a investigación civil; las industrias de armamentos producen medios de destrucción; el comercio de armas alimenta los conflictos armados, fortalece a gobiernos que violan los derechos humanos y contribuye al endeudamiento de muchos países. Y las principales propuestas alternativas que defienden son el desarme; la reducción y desaparición de los gastos militares y de la investigación militar, y la transferencia de esos recursos hacia la investigación civil y a cubrir necesidades sociales; la conversión de las industrias de armamentos en productoras de bienes y servicios civiles; la transparencia, control, reducción y eliminación del comercio de armamentos, y la aprobación de Códigos de Conducta sobre las exportaciones de armas.


Objeción de conciencia fiscal a los gastos militares

Cada año, desde 1983, se realizan en España campañas de objeción fiscal a los gastos militares. En la época del Gobierno Calvo Sotelo, el Parlamento aprobó en julio de 1982 la Ley de Dotaciones Presupuestarias para Inversiones y Sostenimiento de las Fuerzas Armadas, que asignaba más de dos billones de pesetas para los ocho años siguientes, con el objetivo de homologar el Ejército español con los del resto de países de la OTAN. Ante esta ley, la Asamblea Andaluza de Noviolencia impulsó en 1983 la primera campaña de objeción fiscal.

La objeción fiscal es una acción de no colaboración con el Estado en los gastos de preparación de las guerras y de mantenimiento de las Fuerzas Armadas. Técnicamente consiste en los siguiente: los objetores fiscales deducen en su declaración de la renta el porcentaje equivalente al que en los Presupuestos Generales del Estado se destina a gasto militar, adjuntando al impreso de la declaración de la renta una carta dirigida a la Delegación de Hacienda en la que se explican los motivos de su objeción fiscal y un resguardo bancario como prueba de haber donado la cantidad no pagada a entidades y ONG que desarrollan proyectos solidarios y asistenciales (conservación del medio ambiente, atención a los pobres…)

[i]

.

Los objetivos de estas campañas quedaron muy bien reflejados en las conclusiones del Primer Congreso Estatal de Objeción Fiscal celebrado en 1989: “la objeción fiscal es una forma de desobediencia civil con la que se pretende, por un lado, lograr que se respete el derecho individual a la objeción de conciencia a los gastos militares y, por otro, los siguientes objetivos de índole social: reducción progresiva hasta la total desaparición de los gastos militares y, consecuentemente, de los ejércitos; denunciar el militarismo y la militarización creciente de la sociedad; cuestionar el modelo actual de Defensa impulsando líneas de debate en este sentido; contribuir a impulsar el movimiento antimilitarista abriendo nuevas vías de participación y lucha” [ii]. Por lo tanto, los objetores fiscales se sienten parte integrante de un movimiento por la paz y antimilitarista más amplio, que tiene como objetivo la construcción de una sociedad desmilitarizada a través de la movilización social, la desobediencia civil y la educación para la paz; y realizan la objeción fiscal de forma colectiva y pública, con el propósito de generar debate social sobre los gastos militares y ampliar el número de objetores.

Los grupos que impulsan la objeción fiscal han denunciado el progresivo aumento de los gastos militares en el mundo desde 1999, después del descenso que se produjo en la década de los noventa, como consecuencia del fin de la Guerra Fría y de una redefinición de las políticas de defensa: en 1998 el gasto militar mundial ascendió a 765 mil millones de dólares USA y en el 2004 la cifra se elevó a 975 mil millones; los gastos militares mundiales de 2002 se incrementaron un 5’4% en términos reales respecto al 2001, en 2003 un 7’2% respecto a 2002 y en 2004 un 5’3% respecto a 2003 [iii]. También han criticado que el presupuesto militar de España siga siendo tan elevado [iv]: 12.726 millones de euros para el 2000, 13.311 (2001), 13.937 (2002), 14.608 (2003), 15.185 (2004), 16.213 (2005) y 17.166 (2006) [v]. El presupuesto militar de España para el 2005 equivalía al 1’86% del PIB (el Informe de Desarrollo Humano define como país militarizado aquel que destina el 2% del PIB al mantenimiento de la estructura militar) y el de 2006 supone el 12% del total de los Presupuestos Generales del Estado y un gasto militar diario de 47 millones de euros.

Esa crítica a los gastos militares se ha complementado con la objeción fiscal. El aumento del número de objetores fiscales que se produjo después de las movilizaciones contra la guerra de Irak de 2003 es esperanzador: en España se pasó de unos 1.500 objetores fiscales “censados” en 2002 a los actuales 5.000 objetores fiscales “censados”, aunque hay más que lo hacen de forma anónima. Pero sigue existiendo una preocupación en el movimiento por la paz sobre el número relativamente reducido de objetores fiscales. También es motivo de reflexión el hecho de que un número significativo de objetores fiscales dejan de serlo al cabo de unos pocos años. Este problema afecta directamente al ánimo de los propios objetores fiscales, que se interrogan sobre la eficacia de su acción cuando comprueban el lento crecimiento o el estancamiento de la objeción fiscal.

No obstante, cada vez es mayor la convicción de que el logro del principal objetivo de la campaña, la reducción de los gastos militares, no solo vendrá condicionado por el número de objetores fiscales sino por otros factores más, como la sensibilización social y el apoyo político conseguido o las disensiones que puedan aparecer en la elite política sobre este tema. Sin lugar a dudas, es esencial que se valore la importancia del número de objetores fiscales y la necesidad de un trabajo específico y sostenido en el tiempo dirigido a su crecimiento, sabiendo que es inevitable que después de un fuerte aumento de objetores fiscales favorecido por algún acontecimiento impactante, como la guerra de Irak, puede producirse un estancamiento o incluso un cierto descenso. De todas formas, hay que ser conscientes que la opción de la objeción fiscal será minoritaria en la sociedad, al igual que lo era la insumisión al servicio militar obligatorio, y que lo decisivo es que no se convierta en una forma de desobediencia aislada política y socialmente. Para conseguir una mayor difusión de las ideas y las propuestas de los objetores fiscales se debería dar una mayor importancia a las tareas de difusión (charlas, reparto de folletos informativos, artículos en prensa, programas de radio…) y a las acciones de protesta en la calle; y lograr una mayor implicación en las campañas de objeción fiscal de las entidades pacifistas y de otras organizaciones sociales y políticas (sindicatos, asociaciones de vecinos, colectivos ecologistas, partidos…).

Campaña “Por la paz: ¡no a la investigación militar!” y objeción científica

La Fundació per la Pau promueve desde 1999 la campaña “Por la paz: ¡no a la investigación militar!” [vi], que cuenta con la colaboración técnica de la Càtedra UNESCO sobre Pau i Drets Humans de la Universitat Autònoma de Barcelona, el apoyo de Justícia i Pau, Associació per a les Nacions Unides a Espanya, Centre UNESCO de Catalunya y las Federacions catalanes d’ONG per la Pau i pels Drets Humans, y la participación de más de treinta entidades [vii]. En junio de 2002 se constituyó la Plataforma Estatal de la campaña. Sus objetivos principales son promover el debate en la sociedad y en la comunidad científica sobre la investigación con finalidades bélicas, y presionar a los poderes públicos para que transfieran recursos de la investigación militar a la civil, a través de les actividades de la campaña y de la objeción científica.

Los argumentos y las propuestas principales de esta campaña son los siguientes:

• Se afirma que la investigación militar también es responsable de las guerras porque está directamente orientada a desarrollar nuevos sistemas de armas.[viii]

• Se alerta sobre los inmensos recursos que se destinan en el mundo a este tipo de investigación: aproximadamente un millón y medio de personas trabajan en el sector militar, de los cuales más de medio millón son científicos que se dedican a la investigación militar; la inversión mundial en investigación militar del año 2003 se elevó a más de 70.000 millones de dólares [ix], acaparando un tercio de los recursos que se dedicaron a la investigación en todo el planeta; en investigación con finalidades bélicas se destinaron cinco veces más recursos que a la investigación para la salud.

• Se denuncia la militarización de la investigación científica a nivel internacional (ninguna actividad científica cuenta con tantos científicos y recibe tanto dinero como la investigación militar) y en España: en los Presupuestos Generales del Estado para el 2006 se destinaron 1.683 millones de euros a la investigación militar [x], que representa el 26% del total presupuestado en investigación y desarrollo [xi], y supone casi tres veces más que los recursos dedicados a investigación científica básica (fuente principal de financiación de las universidades y el CSIC) y cinco veces más que los gastos en investigación sanitaria.[xii]

• Y se reclama la transferencia de los recursos que se destinan a la investigación militar hacia la investigación con finalidades civiles.

La campaña pide a los científicos, a las universidades y a los centros de investigación que expresen su negativa a colaborar en programas de investigación militar, firmando declaraciones de objeción científica e incluyendo cláusulas de buen uso en sus trabajos científicos (tesis, tesinas, patentes, proyectos…), donde manifiesten que prohíben la utilización de sus aportaciones científicas a los ejércitos y grupos armados, y para cualquier uso militar o que atente contra los derechos humanos o el medio ambiente. Finalmente, la campaña propone la promulgación de una Ley de objeción científica, que proteja a los investigadores que se nieguen a participar en programas militares.

Hasta ahora la repercusión de la campaña ha sido considerable: entre abril de 2002 y febrero de 2004, 2.050 científicos firmaron un compromiso de no participar en investigaciones que tengan finalidades bélicas o estén subvencionadas con fondos dedicados a la investigación con objetivos militares[xiii]; durante el 2003, doce universidades españolas incluyeron en sus estatutos cláusulas de objeción científica, en las que se renuncia a la investigación científica orientada hacia finalidades armamentísticas y militares

[xiv]

, y los claustros de otras aprobaron mociones en el mismo sentido

[xv]

; en 2004, por primera vez una tesis doctoral presentada en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla incorporó una cláusula para impedir su utilización con finalidades militares [xvi]; en fin, 1.210 investigadores y 151 ONG pidieron la desmilitarización de la investigación en los presupuestos del 2005 [xvii].

Actividades contra las industrias de armamentos y propuestas para su conversión

En España hay unas 200 empresas y entre 15.000 y 20.000 trabajadores que se dedican a producir o prestar servicios de tipo militar: armamentos y munición, construcción naval, electrónica e informática, equipamientos y componentes, industria aeroespacial, consultorías, seguridad… La actual industria de defensa en España presenta las siguientes características: ha experimentado un proceso de fusiones para poder competir en buenas condiciones en el mercado internacional de armamentos y está casi totalmente privatizada [xviii]; las empresas del sector suelen tener varios propietarios, habitualmente grandes grupos de inversión; es una industria muy deficitaria y está fuertemente subvencionada por el Estado, a través de las ayudas a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica del Ministerio de Industria; depende prácticamente de un solo cliente, el Ministerio de Defensa (solo un 20% de los armamentos producidos se destinan a la exportación); estas empresas participan en programas internacionales de producción de armamentos; y tienen un carácter dual, ya que producen para el Ministerio de Defensa y para el mercado civil.[xix]

Desde principios de la década de los noventa se han ido realizando en el País Vasco diferentes marchas contra las fábricas de armamentos y por su conversión en producción civil de utilidad social, dando lugar a la formación del colectivo Gasteizkoak, que ha realizado diversas propuestas de conversión de las industrias de armas, entre ellas la de Explosivos Alaveses (EXPAL), que generó un importante debate entre los diversos sectores implicados (sindicalistas de la fábrica, grupos antimilitaristas y colectivos sociales…). En 1997, la Campanya Contra el Comerç d’Armes (C3A) de Barcelona propuso la realización de un estudio de conversión de esta fábrica, que debía incluir dos condiciones: el mantenimiento de todos los puestos de trabajo y el apoyo de los trabajadores de la empresa. CCOO de EXPAL, que en aquellos momentos contaba con la mayoría absoluta en el Comité de Empresa, se opuso a la propuesta ante el riesgo de la posible pérdida de puestos de trabajo, dando prioridad a esta cuestión frente al problema moral que significa la producción de artefactos que sirven para matar.[xx] En abril de 2004 se anunció que la dirección de Unión Española de Explosivos iba a cerrar EXPAL, a causa de un descenso de la producción por falta de pedidos

[xxi]

. Sin duda, el cierre de una fábrica de armamentos es una buena noticia para la causa de la paz y el desarme, pero no lo es que los trabajadores pierdan el puesto de trabajo. Por lo tanto, a la vista de los resultados, parece bastante claro que hubiera sido mucho mejor luchar en su día por la conversión de EXPAL hacia producción civil que asistir al cierre de la empresa y tener que movilizarse para que se garantice a los trabajadores otras alternativas de empleo. En cualquier caso, convendría un debate sobre estas cuestiones entre los grupos pacifistas y antimilitaristas, los sindicatos y otros movimientos sociales, elaborar propuestas de conversión de las industrias de armas que garanticen los puestos de trabajo y valorar las posibilidades de impulsar la objeción laboral, es a decir, la negativa a realizar trabajos que tengan finalidades bélicas.

Algunas organizaciones pacifistas han cuestionado los proyectos de desarrollo de la industria militar en Cataluña. Cuando la Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme del Parlament presentó en el 2004 la candidatura de Cataluña para que el consorcio europeo EADS (European Aerospace Defense Space Systems) instalara una factoría de su filial Eurocopter para la fabricación de los helicópteros de combate Tigre, Justícia i Pau de Barcelona envió una carta al President de la Generalitat Pasqual Maragall pidiendo la retirada de esta propuesta.[xxii] Por otra parte, el Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs ha denunciado la creación de un polo de desarrollo de la industria aeronáutica en Cataluña, impulsado por diversas administraciones (Generalitat, ayuntamientos de Barcelona, Sabadell y Viladecans) y por la asociación BAIE (Barcelona Aeronáutica i de l’Espai), que agrupa a 55 empresas catalanas de este sector y en la que participa la Generalitat, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Universitat Politècnica de Catalunya. Bastantes de las empresas vinculadas a BAIE fabrican productos del sector militar (componentes de misiles, cápsulas de proyectiles, piezas para aviones de combate…)

[xxiii]

. Además, el President de la Generalitat anunció en septiembre de 2004 la creación de una feria aeroespacial y un Centro Tecnológico de Aeronáutica y el Espacio en Viladecans, en el que participan empresas del sector aeronáutico, las universidades catalanas, la Caixa y la Generalitat.[xxiv]

Por último, algunas ONG y centros de investigación para la paz han realizado estudios sobre el accionariado de las industrias militares en España, con el objetivo inicial de saber qué empresas y entidades financieras controlan estas industrias, para posteriormente informar a la opinión pública y presionar para que estas empresas dejen de apoyar la industria de armamentos.

Campañas por la transparencia y el control del comercio de armas

Los principales países exportadores de armas son Rusia, Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá y Gran Bretaña [xxv]. Una parte de los armamentos que producen las industrias militares occidentales es para los ejércitos de la OTAN, pero otra es vendida a gobiernos de diferentes países del mundo, bastantes de ellos en situación de conflicto, que violan los derechos humanos o que padecen situaciones de pobreza (entre los principales países importadores de armamentos están Turquía y Egipto

[xxvi]

). Es decir, el comercio de armas internacional continúa alimentando los conflictos bélicos y contribuyendo al endeudamiento y empobrecimiento de muchos países. Por esa razón, las ONG y los grupos pacifistas han realizado diversas campañas contra este “mercado de la muerte”.

La Campanya contra el comerç d’armes (C3A) se formó en Barcelona en otoño de 1988, impulsada por Justícia i Pau, la Fundació per la Pau y la Coordinadora pel Desarmament i la Desnuclearització Totals, en respuesta al aumento de las exportaciones españolas de armas que se había producido desde 1982. C3A realizó diversas denuncias de la industria y el comercio de armas y elaboró bastantes estudios sobre estas cuestiones [xxvii]. En el 2001 se transformó en el Centre d’Estudis per a la Pau J. M. Delás, integrado en Justícia i Pau. Tanto la C3A como el Centre Delàs han formado parte de ENAAT (European Network Against Arms Trade) [xxviii], una red de grupos con presencia en casi todos los países europeos, que ha realizado diversas acciones coordinadas en contra del comercio de armas.

La campaña “Hay secretos que matan” [xxix] fue liderada por Amnistía Internacional, Greenpeace, Médicos Sin Fronteras, Intermón y el Centre UNESCO de Catalunya, que asumió la gestión técnica y la coordinación general de la campaña. Esta campaña, que se inició en diciembre de 1994:

• Denunció la falta de información sobre las exportaciones de armamentos y sus consecuencias destructivas (prolonga y agrava los conflictos armados, acapara recursos económicos de países empobrecidos y endeudados, aumenta el nivel de militarización de muchos países y regiones del mundo, fortalece a gobiernos represivos…).

• Reclamó una mayor reducción del comercio de armas. Las exportaciones de armas de España eran elevadas: según un informe del Ministerio de Economía las exportaciones de material militar realizadas entre 1991 y 1996 ascendían a un total de 97.610 millones de pesetas. La Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos cuestionó estas cifras, ya que ocultaban las exportaciones de material aeronáutico (aviones de transporte militar), navales (patrulleras), de vehículos (camiones militares), telecomunicaciones y electrónica militar, y cifró las exportaciones españolas de material militar en el período 1991-1996 en un total de 240.000 millones de pesetas [xxx].

• Y se marcó como objetivos prioritarios acabar con el secretismo de las exportaciones de armas, conseguir que el Gobierno informara periódicamente (trimestralmente) a los parlamentos y a la sociedad sobre las ventas de armamentos (países de destino, productos exportados e importes), como paso previo e indispensable para el control parlamentario y público de esas exportaciones, y la adopción de un Código de Conducta en el que se incluyera que solo podrían ser destinatarios de las armas aquellos gobiernos que respetasen los derechos humanos, no tuvieran conflictos bélicos internos, no estuvieran implicados en agresiones armadas contra otros países y sus gastos militares no superasen el 4% de su PIB.

Esta última reivindicación era esencial, ya que la mayoría de los receptores de las exportaciones españolas de armas eran países inmersos en conflictos bélicos, con elevados niveles de militarización y/o que no respetaban los derechos humanos (se encarcelaba a los disidentes políticos, se torturaba a los presos, se realizaban ejecuciones extrajudiciales, “desaparecían” personas mientras estaban custodiadas por las fuerzas de seguridad, se dictaban sentencias de muerte…), como Turquía, Marruecos, Tailandia, Chile, Irán, Corea del Sur, Jordania, Angola, Arabia Saudita, Filipinas, Indonesia, Colombia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Honduras, India, Mozambique, Myanmar, Papúa-Nueva Guinea, Sudáfrica, Venezuela y Yibuti.

Durante los cuatro años que duró la campaña “Hay secretos que matan” (entre 1995 y finales de 1998) se realizaron diversas actividades: publicación de anuncios y artículos en la prensa; multitud de gestiones y reuniones con los grupos parlamentarios; envío masivo de postales al Presidente del Gobierno en las que se exigía la transparencia; envío de miles de faxes al Presidente de la Junta Interministerial reguladora del comercio de armamento exigiendo la publicación trimestral de las actas de aprobación de las exportaciones de armas; envío de cartas a los directores y presidentes de los Consejos de Administración de las empresas más importantes del sector, solicitándoles que hicieran públicas sus exportaciones; edición de un póster con una relación de empresas del sector armamentista en España; carta a los partidos políticos solicitándoles que incorporaran en sus programas electorales la transparencia, el control parlamentario del comercio de armamentos y la introducción de un Código de Conducta que concretara los criterios comunes de la UE en esta materia; carta a los diputados para que introdujeran en el debate parlamentario las peticiones de la campaña que habían sido incluidas en los programas electorales de los partidos; envío masivo de cartas y faxes al portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados pidiendo que apoyaran la proposición no de ley sobre la transparencia y el control de las exportaciones de material de defensa; y difusión de de un boletín donde se informaba de las actividades, del que se publicaron 180 números.

El Manifiesto por la transparencia y el control del comercio de armamentos, que fue presentado en una rueda de prensa en diciembre de 1994, fue firmado en los dos años siguientes por unas mil entidades y asociaciones. Asumiendo la propuesta que les hizo la campaña, nueve parlamentos autonómicos

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aprobaron proposiciones no de ley, resoluciones o declaraciones en las que se instaba al Gobierno a que se hicieran públicos los datos esenciales sobre exportaciones de armas. También aprobaron mociones a favor de la transparencia, el control y el Código de Conducta en el comercio de armas unos 200 ayuntamientos españoles.

La campaña “Hay secretos que matan” incorporó los contenidos de la propuesta de Código de Conducta europeo sobre el comercio de armamentos elaborada por British-American Security and Information Council (BASIC), Saferworld y World Development Mouvement, que fue apoyada, en mayo de 1995, por unos centenares de organizaciones. Desde 1996 varios premios Nobel de la Paz, encabezados por Oscar Arias, promovieron una iniciativa a favor de que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobara un Código Internacional de Conducta sobre Transferencias de Armas. El éxito de la campaña española por la transparencia y el control de las exportaciones de armamentos contribuyó a que en 1997 y 1998 se desarrollaron campañas similares en otros lugares del mundo (Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Francia, Gran Bretaña…).

La campaña internacional “Armas bajo control” [xxxii] está impulsada por IANSA (The International Action Network on Small Arms), una red global formada por más de 500 grupos de unos 100 países, entre los que destacan Amnistía Internacional, BASIC, OXFAM, Pax Christi, Christian Aid, International Alert y Saferworld. Entre las actividades desarrolladas por la campaña, que se inició en octubre de 2003, hay que mencionar la iniciativa “Un millón de rostros”, que consistió en la recogida de un millón de firmas y fotografías de personas de 160 países del mundo reivindicando la adopción de un Tratado Internacional que regule el comercio de armas, que se entregaron al secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, en la Conferencia sobre las armas ligeras que esta institución celebró entre el 26 de junio y el 7 de julio de 2006. Hasta ahora, los gobiernos de cincuenta y dos países, entre ellos España, han manifestado su apoyo a esta iniciativa. [xxxiii]

Intermón Oxfam y Amnistía Internacional son los promotores de esta campaña en España. Aunque la Unió Europea aprobó en 1998 un Código de Conducta sobre control y transparencia en las exportaciones de armas convencionales, el Gobierno español lo incumple sistemáticamente. En un informe publicado por Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam sobre las exportaciones españolas de material de defensa se denuncia que el 30% de las armas españolas transferidas durante el año 2004 podrían violar el Código de Conducta de la UE, ya que se exportaron a países en conflicto, con graves violaciones de derechos humanos o con problemas de desarrollo (Colombia, Arabia Saudita, Israel, Sudan…) [xxxiv]. Por estos motivos, las ONG exigen que el Gobierno informe semestralmente sobre los productos y servicios exportados a cada país y su importe; que se prohíban las transferencias que violen el Código de Conducta de la UE; y que se apruebe una ley para un control efectivo del comercio de armas.

Las campañas a favor de la transparencia y el control del comercio de armas fueron un factor clave para que se aprobaran algunos Códigos de Conducta sobre exportación de armas convencionales, como el de Estados Unidos en 1997 y el de la Unión Europea en 1998, y la proposición no de ley acordada por el Congreso de los Diputados en marzo de 1997, en la que instaba al Gobierno a incorporar a la legislación española los criterios sobre transparencia y control de las exportaciones de material de defensa aprobados por la UE en 1991 y 1992, a enviar semestralmente los datos de esas exportaciones a las Comisiones de Defensa y de Asuntos Exteriores del Parlamento, y a facilitar a estas Comisiones la lista de países que están en situación de conflictividad o militarización o no respetan los derechos humanos, para someterlos a restricciones en cuanto a exportación de material de defensa. Desde la aprobación de esta proposición no de ley se han publicado varios informes oficiales, que aportan información sobre los países receptores de material de defensa y los valores absolutos de productos vendidos, aunque no informan sobre los productos que se exportan a cada país. Por otra parte, las ONG reclaman corregir algunas deficiencias del Código de Conducta de la UE, para evitar la transferencia de armas a países en conflicto o que no respeten los derechos humanos, tales como el establecimiento de un sistema común de verificación del uso final de las armas una vez exportadas, que las empresas de armas hayan de obtener el permiso de sus gobiernos antes de firmar los contratos de exportación, y el control de los comerciantes de armas [xxxv].

Finalmente, hay que mencionar que en el reciente encuentro de la red ENAAT (Gante, 13 y 14 de mayo de 2006) se planteó la posibilidad de iniciar una campaña europea que denuncie públicamente a las empresas bancarias y las Agencias de Crédito a la Exportación (ACE) que están financiando el comercio de armamentos (actualmente se están desarrollando campañas de este tipo en Italia -“Banche Armate” [xxxvi] -, Bélgica y Gran Bretaña). Las ACE, en su mayoría de capital público, facilitan las exportaciones comerciales en regiones inestables y lo hacen de forma poco transparente. Por ello, bastantes industrias de armamentos acuden a ellas para que les concedan créditos y les ayuden a exportar sus productos a países que no respetan los derechos humanos. De la ACE de España, que se denomina Compañía Española de Seguros y Créditos a la Exportación, el 50’25% de la cual es de propiedad pública y el 49’75% privada, se tiene constancia de que en diversas ocasiones ha facilitado exportaciones de armas. [xxxvii]

Enric Prat
Viento Sur, núm. 88, septiembre 2006

Notas:

* Artículo publicado en la revista Viento Sur, núm. 88, septiembre 2006.
** Doctor en Historia por la Universitat Pompeu Fabra, miembro del Centre d’Estudis per la Pau J. M. Delàs de Justicia i Pau, del Consejo Editorial de la revista Sin Permiso y del Consejo Asesor de la revista Viento Sur.
i En las siguientes web de los grupos que impulsan la objeción fiscal se explica detalladamente cómo hacerla, los proyectos solidarios a los que se destina el dinero de la objeción fiscal y las situaciones en las que pueden encontrarse los objetores fiscales después de realizar su declaración de la renta. Servei d’Informació de l’Objecció Fiscal www.objecciofiscal.org www.justiciaipau.org/siof , Coordinadora d’ONG Solidaries de les comarques gironines i l’Alt Maresme www.solidaries.org/ofiscal , Alternativa Antimilitarista-MOC www.nodo50.org/objecionfiscal www.nodo50.org/tortuga , Coordinadora Galega pola Obxección Fiscal www.nonaogastomilitar.org
ii Conclusiones del Primer Congreso Estatal de Objeción Fiscal, 1989.
iii Fuente: Stockholm Internacional Peace Research Institute, SIPRI Yearbook 2005. www.sipri.org
iv Los colectivos que promueven la objeción fiscal consideran que en los gastos militares se deben incluir las siguientes partidas: el presupuesto del Ministerio de Defensa, el presupuesto del Centro Nacional de Inteligencia, los gastos de defensa incluidos en presupuestos de otros ministerios (Guardia Civil en el Ministerio Interior, Investigación y Desarrollo militar en el Ministerio de Industria, fuerzas armadas en el exterior en el Ministerio de Exteriores), los gastos de las clases pasivas militares, los gastos derivados de las cuotas de participación en la OTAN y la UEO, y la parte proporcional correspondiente a gastos militares de los intereses abonados para sufragar la deuda pública.
v Fuente: Presupuestos Generales del Estado. Elaboración: Pere Ortega. www.justiciaipau.org/centredelas
vi www.noalainvestigacionmilitar.org
vii Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, Associació d’Estudiants Progressistes (Catalunya), Aula de Paz y Desarrollo (Burgos), Bibliotecarios por la Paz (Madrid), Casa de la Paz (Sevilla), CGT-CIEMAT (Madrid), CGT-Universidades, Ciutadella contra la Guerra, COA-MOC de Zaragoza, Colectivo Hypatia (Madrid), Colectivo No Violencia y Educación (Madrid), Colectivo Universidad y Compromiso Social (Sevilla), Comisión Mueve (València), Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans, Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias, Coordinadora Uni per la Pau (Catalunya), ESF de Galicia, Barcelona, Girona y Lleida, Físics per al Desenvolupament (Barcelona), Fundació Solidaritat UB (Barcelona), Instituto de la Paz y los Confllictos de Granada, ISF de A Coruña, Málaga, Valencia, Valladolid, Asturias y León, Movimiento Antiglobalización de León, Movimiento Ciudadano por la Paz de Soria, Oficina de Acción Solidaria Universidade da Coruña, Seminario Galego de Educación para la Paz (Santiago de Compostela), UNED No a la Guerra (Madrid).
viii Por ejemplo, en España la mayoría del dinero de la investigación militar de 2004 se gastó en programas de desarrollo y fabricación de nuevas armas, como el avión de combate Eurofigther, el avión de transporte militar A400-M, los helicópteros de ataque Tigre, las fragatas F-100 o los carros de combate Leopart i Pizarro.
ix Estados Unidos destinó unos 50.000 millones de dólares, es decir, las dos terceras partes del total.
x La cifra total de investigación militar en España incluye el presupuesto de I+D del Ministerio de Defensa y los anticipos a empresas que facilita el Ministerio de Industria para el diseño y construcción de diversos tipos de armamento.
xi Fuente: Presupuestos Generales del Estado. Elaboración: Centre d’Estudis per a la Pau J.M. Delàs. www.justiciaipau.org/centredelas
xii Según un informe de la OCDE, España es el segundo país del mundo que más porcentaje del PIB dedica a investigación militar, después de Estados Unidos, y el segundo país que menos porcentaje del PIB destina a la investigación básica. Boletín de la Objeción Científica, núm. 7, marzo de 2004.
xiii Fundació per la Pau, nota de prensa, 18 de febrero de 2004; Boletín de la Objeción Científica, núm. 7, marzo de 2004.
xiv Universidades de Valladolid, Oviedo, Alacant, Girona, Autònoma de Barcelona, Politècnica de Catalunya, Granada, Autónoma de Madrid, Santiago de Compostela, Barcelona, Lleida y Rovira i Virgili. Boletín de la Objeción Científica, núm. 5, julio de 2003.
xv Universidades de València, Ramon Llull y Pompeu Fabra.
xvi Boletín de la Objeción Científica, núm. 8, julio de 2004; Fundació per la Pau, nota de prensa, 5 de julio de 2004.
xvii Campaña “Por la paz: ¡no a la investigación militar!”, nota de prensa, 10 de noviembre de 2004. El País, 11 de noviembre de 2004.
xviii La industria de defensa en España consta de cuatro sectores industriales básicos, dominados cada uno de ellos por una gran empresa. La mayoría de ellas, que en su día eran públicas, actualmente están privatizadas. En el sector terrestre, que produce armamentos y municiones para el Ejército de Tierra, domina la estadounidense General Dynamics, que compró la empresa Santa Bárbara después de que esta fuera privatizada. El sector naval, que produce para la Armada, sigue estando concentrado en una empresa pública, IZAR, que es el resultado de la unión de Bazán (hoy Navantia) y Astilleros Españoles. El sector aeroespacial, que abastece al Ejército del Aire, está monopolizado con el consorcio europeo European Aerospace Defense Space Systems (Construcción Aeronáuticas se integró en ese consorcio y hoy se denomina EADS-CASA), que está casi todo controlado por empresas privadas de Francia, Alemania y Gran Bretaña, contando el Estado español con una participación de tan sólo el 5’6%. La empresa que domina el sector electrónico-informático, que trabaja para los tres ejércitos, es INDRA, que es el producto de la fusión de Inisel y Ceselsa. Las cuatro principales empresas del sector de defensa en España (General Dynamics, Navantia, EADS-CASA e INDRA) concentran el 70% de la facturación y el 80% de la mano de obra.
xix Informe “Base a base: la militarización del territorio español a vista de satélite (V)”. www.antimilitaristas.org/article.php3?id_article=2348
xx Colectivo Gasteizkoak, “El movimiento antiarmamentista vasco. Una experiencia en desarrollo”, en: Elena Grau y Pedro Ibarra (coord.), Una mirada sobre la red. Anuario movimientos sociales, Betiko Fundazioa/Icaria, Donostia/ Barcelona, pp. 81-84.
xxi Pere Ortega, “El 11-M y Unión Española de Explosivos”, Materiales de Trabajo, núm. 24, abril de 2004.
xxii Materiales de Trabajo, núm. 24, abril de 2004.
xxiii Pere Ortega, “La indústria militar aeronàutica aterra a Catalunya”, Illacrua, núm. 124, noviembre de 2004, pp. 14-16.
xxiv El País, 5 de diciembre de 2004.
xxv SIPRI Yearbook 2004.
xxvi SIPRI Yearbook 2004.
xxvii Entre ellos el libro que se cita a continuación: Arcadi Oliveres y Pere Ortega (eds.), El ciclo armamentista español. Una panorámica crítica (1989-1999), Icaria, Barcelona, 2000.
xxviii www.enaat.org
xxix Para una mayor información sobre la campaña “Hay secretos que matan” consultar los siguientes libros de Vicenç Fisas: Secretos que matan. Los derechos humanos y la exportación española de armamento, Icaria, Barcelona, 1995; El lobby feroz. Las ONG ante el comercio de armas y el desarme, Icaria, Barcelona, 1998.
xxx Fisas, 1998, pp. 89-92.
xxxi Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid y País Vasco.
xxxii www.controlarms.org/es , www.armessotacontrol.org
xxxiii El País, 26 de junio de 2006.
xxxiv Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam, Por una ley para un control efectivo del comercio de armas. Análisis de las Exportaciones Españolas de Armamento 2004.
xxxv Vicenç Fisas, Adiós a las armas ligeras. Las armas y la cultura de la violencia, Icaria, Barcelona, 2000, p. 91.
xxxvi www.banchearmate.it
xxxvii Trobada anual de la Xarxa Europea Contra el Comerç d’Armes: el paper de la Banca i les Agències de Crèdit a l’Exportació en el foment del comerç d’armes. www.justiciaipau.org/centredelas

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