El riesgo de militarizar los conflictos laborales
La intervención del ejército para resolver un conflicto laboral es la peor de todas las soluciones posibles. Y más en España. Desde, como mínimo, los tiempos de la Restauración, el recurso a los militares como ardillas o como represores de trabajadores en huelga, forma parte de las páginas más negras de la historia de España de los siglos XIX y XX.
Declarar el estado de alarma para aplastar a un colectivo de huelguistas es una decisión grave. Recurrir a los militares para hacerlo efectivo es aún más grave, sobre todo si se tiene en cuenta que la legislación vigente no obligaba a tomar esta decisión (era una opción legal entre otras posibles). Y lo que ya directamente clama al cielo-y es además contrario a la legislación vigente-es prorrogar ambas cosas, estado de alarma y militarización, con la única finalidad de impedir que los controladores pudieran ejercer su derecho constitucional a la huelga durante las vacaciones de Navidad.
Militarización que por otra parte podía comportar juicios militares y prisión por algunos años. El que nos obliga a preguntarnos: ¿qué tipo de democracia es ésta que permite acusar de sedición a unos trabajadores por el hecho de abandonar su puesto de trabajo? Pensamos que mañana la misma medida se podría aplicar, y también por razones de «seguridad», a otros colectivos de trabajadores, por ejemplo a los de los ferrocarriles, metro, autobús o personal de aeropuertos porque impiden igualmente el transporte de personas.
El gobierno se atrevió a adoptar estas medidas después de constatar la debilidad política y la pésima imagen social de los controladores. Y no sólo porque se trata de un colectivo que cobra sueldos astronómicos, sino también por su aislamiento social producto de su elitismo y corporativismo. Los 2.500 controladores tienen dos sindicatos propios que nunca han querido saber nada de los llamados «sindicatos de clase». Reiteradas veces se han mostrado insensibles a los problemas de otros colectivos de asalariados de dentro y de fuera de los aeropuertos. Sin ir más lejos, la USCA (Unión Sindical de los Controladores Aéreos) se negó a sumarse a la huelga general del pasado 29 de septiembre.
Ahora bien, lo más preocupante en todo este asunto es el gran apoyo social que ha obtenido la declaración del estado de alarma. En este apoyo puede estar la semilla de una nueva mayoría social y electoral que, entre otras cosas, esté convencida de que a partir de ahora los conflictos laborales deben ser tratados básicamente como problemas de orden público que se solucionan llamando a la policía al ejército. Esperemos que no se convierta en costumbre enviar a los militares en la calle así como así, sino este país parecerá el de otros tiempos.
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20100917/los-controladores-anuncian-que-haran-huelga-29-s/print-483997.shtml
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