La cooperación internacional financiando una paz de monocultivos y militarización en Colombia

En el siguiente documento se analiza la cooperación internacional en Colombia y en específico los llamados Laboratorios de Paz como una propuesta que busca asegurar los intereses económicos de países europeos y empresas extranjeras. El actual gobierno de Álvaro Uribe ha podido impulsar con el apoyo de la cooperación internacional en los últimos años a nivel nacional un modelo de producción que beneficia los intereses del mercado global, pero que a la vez se sostiene en el desplazamiento forzado, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y la militarización de la vida civil.  Bogotá D.C. noviembre 2008.

1) La tierra colombiana

Según el informe del PNUD de 2007, 17 millones de colombianos y colombianas viven en la pobreza y 6 millones están en la indigencia. Colombia se encuentra dentro de los mayores índices de desigualdad del continente latinoamericano, sin embargo, tiene un crecimiento económico de 7% anual, uno de los más altos del continente latinoamericano.

En el conflicto armado de más de 60 años no hay cifras exactas sobre el total de tierra que ha sido acumulada a través de la violencia. El robo de tierras que se ha presentado solo desde el 1997 por parte de paramilitares, según la Procuraduría General de la Nación, asciende a casi 7 millones de hectáreas1. Para realizar este despojo han sido desplazados solo en los últimos diez años cerca de cuatro millones de personas de sus tierras. A juicio de Jorge Rojas de la organización de derechos humanos CODHES, “este gobierno representa en buena parte a los apropiadores, llámense ganaderos, latifundistas, terratenientes, narcotraficantes o paramilitares” 2.

El impulso que se ha dado en los últimos diez años al sector agroindustrial, igual que en la industria petrolera, la minería y la infraestructura, muestra un vínculo claro entre la violencia estatal, en múltiples casos a través de su estrategia paramilitar, y el “desarrollo” de la economía nacional. Los intereses económicos, en estos casos representados en recursos naturales, infraestructura, zonas francas y complejos industriales entre otros, no solo despiertan el interés de sectores económicos nacionales, sino también de internacionales. No sorprende entonces ver como empresas multinacionales y gobiernos extranjeros a través de programas de cooperación internacional buscan asegurar y promover sus intereses.

2) La cooperación internacional en Colombia

La prioridad de la cooperación internacional en Colombia del G‐24 se centra en “apoyar política y económicamente al Gobierno y a la Sociedad colombiana en los esfuerzos hacia el Desarrollo, la Paz y la Reconciliación”3. Y según el gobierno de Uribe, la Estrategia para la Cooperación Internacional de 2007 hasta 2010 va dirigida a crear un Estado Comunitario que según el Plan Nacional de Desarrollo tiene como objetivo: Afianzar los logros de la política de defensa y seguridad democrática, consolidar la confianza inversionista y crecimiento económico, y por último, avanzar en un programa social para reducir la pobreza y aumentar la equidad4.

Con la consigna “Sin la seguridad no crece la economía y si no crece la economía, no hay manera de financiar lo social”5, el 40,90% de los fondos de la cooperación internacional entre 2003‐2004 fueron destinados a proyectos productivos alternativos y a programas regionales de desarrollo y paz. En su intento de centralizar la cooperación internacional el órgano presidencial Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional gestiona a 24 de septiembre de 2008, 1.393 proyectos con valor de 729.374.996 dólares6. La Unión Europea desde 2002 viene financiando los llamados “Laboratorios de Paz”7 donde los proyectos productivos en una gran parte están siguiendo el modelo agroexportador de los agrocombustibles. En la región de Montes de María la Comisión de la Unión Europea empezará el Tercer Laboratorio de Paz con una inversión de 24.200.000 dólares estadounidenses en 54 meses, finalizando el 30 de Junio 2010 y coordinado por el Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI).

“El Programa de Paz del Magdalena Medio ha implementado iniciativas de desarrollo nocivas para el campesinado, contando con el dinero de la cooperación internacional, como el proyecto de palma aceitera, una iniciativa impuesta en Colombia por poderes industriales, latifundistas y narcotraficantes ligados al paramilitarismo que deja en el plano de pequeños productores de materia prima y de jornaleros a los campesinos, con el riesgo de perder las tierras frente a las presiones violentas de quienes promueven el cultivo o en manos de los usureros del sistema financiero”8.

3). El negocio de los agrocombustibles

El primer presidente colombiano que habló de agrocombustibles fue Pastrana, gestionando con el Banco Mundial un crédito para fomentar plantaciones de palma aceitera en ocho zonas del país. “De las ocho zonas seleccionadas para el programa cinco eran de dominio de los grupos paramilitares: Urabá, Córdoba‐Sucre, Cesar, Magdalena Medio y centronorte del Meta. Y una zona donde había abierta expansión de esos grupos (oriente de Caldas‐norte del Tolimanoroccidente de Cundinamarca)”9. Actualmente el Presidente Uribe tiene la ambición de llevar a Colombia al puesto número uno de los países latinoamericanos productores de agrocombustibles y para conseguirlo se beneficia de los programas destinados a la reinserción de paramilitares, de atención a desplazados y de sustitución de cultivos ilícitos.

En el convenio de cooperación “Etanol Caribe Colombiano”, suscrito en diciembre de 2007 entre la Alta Consejería para la Reintegración, la agencia de cooperación estadounidense USAID y Ethanol Consortium Board S.A. “se incluye el desarrollo de tres plantas (procesadoras de etanol) en Bolívar, Córdoba y Sucre con una inversión de 342 millones de dólares. El contrato permitirá la siembra de 45.000 hectáreas para producir 15.000 toneladas diarias de azúcar”10. “La producción de estas plantas será de un 85% para exportación, especialmente a Europa, y el 15% para el mercado local”11. La expectativa en la planta de Sucre (de primera generación con integración a segunda) es convertir caña de azúcar a alcohol carburante a una velocidad de 300.000 litros diarios. Este consorcio “ha previsto la siembra de 15 mil hectáreas entre Mahates y Maria la Baja, en una franja entre el Canal del Dique y las estribaciones de los Montes de María, entre los departamentos de Bolívar y Sucre”12. En el caso del cultivo de la caña a nivel nacional, “se cuentan con 3.898.221 hectáreas potencialmente cultivables, de las cuales sólo se están explotando 477.797 hectáreas. Aprovechando en un 100% las áreas potenciales, se lograría generar 701.680 nuevos empleos”13.

Este modelo no es nuevo en la zona “En Maria la Baja, después de la desmovilización (2005) se impuso a la población retornada el cuidado de la palma africana ya sea como cultivadores en su propia tierra o como jornaleros. Se les paga con bonos de 150.000 pesos, los cuales deben cambiar por alimentos en almacenes del propietario de la plantación. Esto demuestra, entonces, que los procesos de retorno que se presentan paralelos a las llamadas desmovilizaciones tienen por finalidad convertir a las poblaciones desplazadas en la base social del proceso de negociación paramilitar”14.

A finales de 2007 se crearon nueve zonas francas especiales para la producción de agrocombustibles que se dirijan a los mercados externos. Pero los beneficios que da el Gobierno van más allá, “los beneficios adicionales previstos son la reducción de la tarifa del impuesto de renta, la ampliación de las exenciones del IVA para materias primas y productos terminados y la eliminación del impuesto de remesas para fomentar la inversión extranjera”15, creando un clima de inversión que permita a las empresas generar sus ganancias, dejando sin embargo la situación laboral de los trabajadores en pésimas condiciones.

4. El control de tierras

Al iniciar el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el departamento de Sucre fue decretado junto con Arauca como «zona de rehabilitación y consolidación» para “garantizar la estabilidad institucional, restablecer el orden constitucional, la integridad del territorio nacional y la protección de la población civil”16 y en la práctica, coincidiendo con el trayecto del oleoducto Caño Limón‐Coveñas. Este decreto fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional el 29 de abril de 2003 y según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas17: “Las zonas (…) fueron establecidas y manejadas bajo la inquietante e injusta presunción de que sus pobladores civiles colaboran con los grupos guerrilleros. Al amparo de tan descabellada presunción abundaron los abusos, los desbordamientos y las intencionales omisiones. (…) Puede afirmarse que los grupos paramilitares lograron consolidaciones y expansiones dentro de esas zonas, sin que para contrarrestarlas se evidenciara un gran esfuerzo de los cuerpos armados oficiales”.

Aunque la zona de rehabilitación y consolidación se terminó en abril de 2003 la militarización ha continuado hasta la fecha en los Montes de María. El ejemplo más flagrante fueron las detenciones masivas que se efectuaron el 17 de agosto de 2003 en los Municipio de Chalán, Colosó y Ovejas, donde fueron detenidas ciento cincuenta y seis personas, por la Fiscalía, Policía y la Infantería de Marina y que fueron dejados en libertad el en el mes de noviembre del mismo año.

Actualmente, el gobierno departamental comenzó a investigar el fenómeno de la venta masiva de tierras en la región de los Montes de María (…) Lo que más llama la atención es el súbito incremento de los precios de las tierras en esa zona en el último año, pues el valor de la hectárea ha pasado de alrededor 200 mil pesos en épocas de recrudecimiento del conflicto armado a precios que oscilan entre millón y medio y dos millones de pesos18. Según declaraciones de un representante del Comité de Atención de Desplazados Roberto Hernández los compradores son gente del interior y según sus averiguaciones, representan a unas cinco empresas que requieren tierras privilegiadas, como las de los Montes de María, para cultivos que se emplearán en producción de agrocombustibles19.

En el Consejo Comunal del 9 de agosto de 2008 celebrado en San Juan Nepomuceno (Bolívar), se conocieron denuncias de personas que advirtieron recibir presiones de terceros para que vendan extensas fincas que fueron desocupadas en la época de la violencia paramilitar y de las amenazas que reciben los campesinos para que entreguen sus parcelas a cualquier precio, Uribe pidió a los alcaldes, a los jueces y al gobernador de Bolívar estar muy pendientes. (…) “No podemos permitir que los pobres sean más pobres. Esto hay que investigarlo a fondo y si necesitan el apoyo de las Fuerzas Militares cuenten con eso”, dijo Uribe (…) 20

5. Consolidación con las acciones cívico‐militares bajo el concepto de paz

El gobierno Colombiano ha buscado formar desde 2002 una red de informantes de un millón de personas que armados con medios de comunicación hacen labores de inteligencia para el ejército y la policía. Programas como “Soldados por un Día” y el programa de “Familias Guardabosques” han vinculado a su vez a alrededor de 400.000 personas a labores de inteligencia vinculadas a la Fuerza Pública. La población civil sin embargo no está colaborando solo en el tema de la información y labores de inteligencia. El programa de los soldados campesinos ha buscado armar a alrededor de 100.000 civiles desde 2002, para que ejercen labores de la fuerza pública en su propia comunidad.

En julio de 2008 se propuso que los alrededor de 180.000 vigilantes privados, agrupados en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que tiene Colombia se vinculan a la Fuerza Pública y la Policía en labores de seguridad y de anti‐terrorismo. Esta propuesta vuelva a la memoria la experiencia de los Convivir, grupos civiles armados vinculados también a la misma Superintendencia, reconocidos por haber participado en masacres, desapariciones y asesinatos.

Pero la llamada Seguridad Democrática va más allá todavía. No solo da tareas militares a civiles, sino que también ha buscado involucrar a los militares en tareas civiles, a través de la Doctrina de Acción Integral. “La doctrina implica no sólo la coordinación existente a través del Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI), que integra a todas las agencias del Estado, sino que también definirá la participación y responsabilidad de las autoridades locales y la de otros sectores, como el privado, a través de los gremios, y las agencias de cooperación internacional”21.

En 2004 nace el Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI), que “coordina entre varias agencias las estrategias de recuperación social del territorio en las zonas recuperadas por la Fuerza Pública” y es “ liderado por la Presidencia de la República donde tienen presencia permanente delegados de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, los Ministerios de Protección Social, Educación, del Interior y de Justicia y entidades que lideran la aplicación de las Herramientas de Equidad, así como entidades de otros poderes estatales como la Registraduría y la Fiscalía, con el fin de crear un equipo interinstitucional que coordina y apoya la acción integral del Estado en zonas prioritarias escogidas por (i) su importancia estratégica, (ii) el desarrollo de operaciones militares que requieren como complemento la inversión social y generación de ingresos, (iii) la necesidad de atender una crisis humanitaria y (iv) la evidencia de poca presencia del aparato estatal en la zona22.

Las zonas prioritarias definidas por el gobierno Colombiano en donde opera el CCAI, desde 2004 hasta la fecha han sido 11 y coinciden en su totalidad con zonas donde existen o procesos fuertes de resistencia civil y/o proyecciones de grandes plantaciones de palma aceitera y caña de azúcar y/o importantes proyecciones de ampliación de infraestructura para la integración al mercado internacional. Resaltamos los procesos de resistencia entre otros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la Asociación de Cabildos Indigenas del Norte de Cauca, el Proceso de Comunidades Negras, Asociación Campesina del Valle de Cimitara, las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, las organizaciones sociales de Arauca y las organizaciones sociales de Catatumbo.

Mapa de las 11 zonas donde interviene el CCAI23:

Resaltamos a la vez los intereses económicos, representados en las plantaciones de palma aceitera en Tumaco, en el Bajo y Medio Atrato y los que están proyectados para la zona de Montes de María. Las plantaciones de caña de azúcar por su lado tienen una fuerte presencia en el Cauca.

Y en cuanto a proyectos de ampliación de infraestructura hay que destacar la carretera panamericana (zona del Bajo Atrato), en plan Arquimedes para la integración fluvial (Bajo y Medio Atrato), el puerto internacional de Buenaventura, el puerto internacional de Turbo, el oleoducto de Caño Limón – Coveñas (Montes de María, Arauca), el canal seco interoceánico en el Putumayo y Tumaco.

En Sucre se empezó bajo el liderazgo del Centro de Fusión Integral de Montes de María el 1 de julio de 2008 la construcción de la carretera Transversal de Montes de María. El director del Centro, el Coronel Colón Torres, con la mano de obra de soldados pertenecientes al Batallón de Ingenieros Militares Vergara y Velasco proyecta terminar la carretera de 38 kilómetros entre Carmen de Bolívar y el corregimiento de Chinulito del municipio de San Onofre entre 2 a 3 años.

6. Conclusiones

La estrategia cívico‐militar del actual gobierno busca consolidar los espacios “recuperados” en los últimos 10 años a través de la estrategia paramilitar, a partir de la mezcla de labores civiles y militares en diferentes regiones del país. Esta estrategia permite que los intereses económicos y geoestratégicos de empresas y gobiernos nacionales e internacionales, se puedan implementar y extraer beneficios. Lo que no se tiene en cuenta y sólo crea costos a la población civil es la militarización y la consecuente violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

La convocatoria para el III Laboratorio de Paz se terminó en septiembre y aun no se conocen los resultados, pero todo apunta a que los millones de euros de la cooperación europea estarán financiando en Sucre una propuesta agroindustrial en tierras que fueron usurpadas de los pequeños campesinos a través de una estrategia de terror, en beneficio de los mismos gobiernos y empresas europeos.

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Notas:

1 “Proyecto Control Preventivo y Seguimiento a las Políticas Públicas en materia de Reinserción y Desmovilización” Pág. 254 tomo 1. Procuraduría General de la Nación 2006. Colombia.

2 “Gobierno Colombiano condena a desplazados por la guerra a ser peones de finca” Instituto Popular de Capacitación, 12/02/ 2008. Colombia.

3 “La Cooperación Internacional y el G ‐24” Embajador Martín Balza Balza (Presidente G‐24) V Encuentro del Sistema Nacional de Cooperación Internacional, 2 y 13 de Julio 2007. Colombia.

4 “Estrategia Cooperación Internacional 2007‐2010” Dirección de Cooperación Internacional de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, noviembre 2007. Colombia

5 Discurso del Presidente Álvaro Uribe en la reinauguración de la línea férrea entre La Tebaida y Buenaventura. 14/08/2004. Colombia.

6 “Estrategia Cooperación Internacional 2007‐2010” Dirección de Cooperación Internacional de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, noviembre 2007. Colombia.

7 Los Laboratorio de Paz desde 2002 son financiados por la Unión Europea en Santander, César, Bolívar, Antioquia, Norte Santander, Nariño, Cauca, Meta, Sucre y Bolívar con finalización el 2010.

8“El Pdpmm según la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra” Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra Puerto Matilde, Zona de Reserva Campesina, 24/04/2005. Colombia.

9“Biocombustibles y relaciones de dominación” Héctor Hernán Mondragón Báez, 27/02/2007. Colombia

10“Se firma contrato en el que trabajarán 1.500 personas en proceso de reintegración” Secretaria de Prensa de la Presidencia 18/12/2007. Colombia

11“Los agrocombustibles en boga: El caso del etanol en Colombia” Paula Álvarez Roa, 02/04/2008. Colombia.

12“Los agrocombustibles en boga: El caso del etanol en Colombia” Paula Álvarez Roa, 02/04/2008. Colombia.

13“Informe Gestión: Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2007‐2008” Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2007. Colombia.

14 Discurso Iván Cepeda en la Audiencia por la Verdad de la Comisión de DDHH del Senado de la República y el MOVICE en San Onofre (Sucre) el 27/11/2007. Colombia.

15“Fiebre de Etanol” www.dinero.com 07 de julio de 2006 http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=26325

16Decreto 2002 de 2002 Ministerio del Interior de Colombia.

17 El Gobierno Nacional designó como Jefe Militar de la zona de rehabilitación y consolidación al Capitán de Navío Luis Alejandro Parra Riveros, Comandante de la 1ª Brigada de Infantería de Marina, quien según el proceso 09‐55910, adelantado por parte del despacho del Procurador General de la Nación, en relación con la masacre de Chengue, en compañía de otro oficial de la Infantería de Marina, obstruyó la investigación, impidiendo el acceso de los investigadores de la Procuraduría a las pruebas, registros y documentos.

18“Gobernación preocupada por venta masiva de tierras en los Montes de María” Publicaciones de la Governación de Bolívar, 23/05/2008. Colombia.

19“Venta masiva de tierras en los Montes de María denuncian voceros de desplazados” El Tiempo, 2/06/2008, Colombia.

20 “Montes de María, en la mira del Presidente Alvaro Uribe” El Universal, 10/08/2008, Colombia.

21 “Estrategia de fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social”, Departamento Nacional de Planeación, febrero 2007. Colombia.

22“Contrato Especial 048 para la realización de un taller negociación y manejo de conflicto en la zona de Ocaña (Santander)”. Acción Social 16/11/2006, Colombia.

23 “Hechos de Acción Social para la recuperación social del territorio” Acción Social, 29/09/2009.

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