Multinacionales de defensa. La privatización de la guerra

En los últimos conflictos nos encontramos con un incremento de la presencia de cuerpos de seguridad armados pertenecientes a empresas privadas de seguridad que venden sus servicios a estados, organismos y agencias internacionales, multinacionales o incluso a o­nG. Es decir, la seguridad se ha convertido en un excelente negocio que ha animado a muchas empresas a internacionalizar sus servicios que venden especialmente en países con conflictos armados. Esta es una questión que debe hacer reflexionar sobre quién ha de recaer la legitimidad de la violencia.
Tica Font, ponencia presentada en la Universitat Internacional per la Pau de Sant Cugat, julio 2005.

Privatización de la guerra i aparición de las multinacionales de defensa

La liberalización de los años 80 y 90 ha impulsado y ha comportado la privatización de muchos servicios públicos como la sanidad, la energía, el agua… Esta tendencia también ha llegado a la esfera militar. El final de la Guerra Fría supuso el final del enfrentamiento Este – Oeste, el final de la lucha contra el comunismo, el final del apoyo occidental a los militares golpistas y en definitiva una bajada de la tensión mundial. Todo ello comportó en los países del Norte una reducción de las fuerzas militares (especialmente de mandos) y de los arsenales. Los excedentes de armamentos fueron vendidos a otros países, eminentemente del Sur, como armamento de segunda mano y una parte de los excedentes del personal militar se ubicaron en empresas transnacionales de defensa.

Pero el final de la Guerra Fría también supuso que los conflictos dejaran de estar enmarcados dentro del conflicto Este – Oeste y pasaran a ser clasificados como conflictos internos, muchos de ellos se agravaron como consecuencia de la falta de apoyo económico, de armas, formación militar… que proporcionaba cada bloque a cada bando. Con el fin de la Guerra Fría los conflictos dejaron de ser conflictos ideológicos y pasaron a ser conflictos por el control de las riquezas del territorio. Los denominados señores de la guerra o hombres fuertes que controlan una zona, una parte del territorio del Estado, explotan los recursos de aquel territorio y controlan su actividad económica; control que proporciona los ingresos suficientes para mantener la guerra. Los Señores de la guerra son personajes que han sido capaces de aprovechar los cambios que aporta el proceso de globalización para crear vínculos con el mercado mundial, utilizar las compañías extranjeras como fuente de financiación o fuente de riqueza personal y establecer una autoridad local basada en la coacción o el uso de la violencia.

El periodo denominado de Globalización en el que estamos inmensos está provocando cambios importantes en el Estado-nación. Tanto en el Norte como en el Sur la globalización está comportando que los estados cedan decisiones políticas importantes sobre la economía y las personas a instancias superiores o al «mercado». Los estados cada vez tienen menos control sobre la economía, ven disminuida su capacidad recaudadora de impuestos, disponen de menos recursos para prestar servicios a la población y ven disminuida su capacidad para planificar y redistribuir la riqueza y los bienes públicos dentro de sus fronteras. La Globalización está erosionando funciones importantes del Estado – nación de los países industrializados, pero también lo está haciendo en los Estados en vías de desarrollo; dónde resulta más dramático para las personas. El Estado cada vez es más débil y en muchos lugares ha perdido, total o parcialmente, el control sobre los instrumentos de coacción física, ha perdido o renunciado, total o parcialmente, al monopolio del uso de la violencia. El Estado en muchos lugares no puede proporcionar seguridad o proteger las riquezas naturales de otros hombres fuertes o de las guerrillas, no puede proporcionar seguridad a la población, a las empresas o multinacionales o incluso las fuerzas militares o de seguridad pública no son fiables para el propio presidente del gobierno.

En definitiva el final de la Gerra Fría y la Globalización ha comportado la aparición de una demanda de seguridad, que en muchos casos no podía ser atendida por las fuerzas militares estatales, pero también supuso, eminentemente en los países industrializados, una reordenación de los efectivos militares. En la década de los noventa este binomio demanda – oferta, va provocar un estallido de empresas que ofrecían sus servicios militares y de seguridad a gobiernos, bancos, cuerpos diplomáticos, multinacionales, empresas mineras, petroleras, agencias de Naciones Unidas, instituciones internacionales y Organizaciones No Gubernamentales. Estas empresas se las denomina Corporaciones Militares Privadas (CMP). Afirman que su participación en el mercado da respuesta a una creciente demanda de seguridad, que ellas son respetuosas con los Derechos Humanos y que se limitan a dar servicios a aquellos poderes reconocidos internacionalmente.

Los directivos y trabajadores de estas empresas han estado vinculados a los ejércitos, generalmente son exmilitares, militares en la reserva, expolicias, militares retirados o militares expulsados del ejército por conductas agresivas o delictivas, militares que sirvieron en cuerpos u operaciones especiales o expolicias. La CMP Blackwater⁽¹⁾ entre los currículums de su personal figura el del director, dónde dice que trabajó 13 años en el cuerpo de marines de los Estados Unidos, que trabajó como asesor en la embajada de los EE.UU. en Manila, que fue jefe de grupo en misiones especiales en Filipinas, Bosnia y otros lugares. El director en Inglaterra de Northbridge Services Group⁽²⁾ estuvo 23 años en el ejército, fue paracaidista, veterano en la guerra de las Malvinas y trabajó en operaciones especiales en Alemania, Noruega, Italia, Chipre del Norte, Sur América, Belice y Oriente Medio.

Durante la invasión de Irak se ha calculado que corporaciones de este tipo han desplazado sobre el territorio entre 15.000 y 20.000 hombres, cifra superior al contingente británico. Se decía que por cada diez militares regulares presentes en Irak hay un trabajador privado corporativo, lo que representa un aumento desde la Guerra del Golfo de 1991 en dónde la proporción era de un por cada cien.

Estos militares privados que están o han estado en Irak, cobran un mínimo de 15.000 $ al mes, aunque pueden conseguir pagas diarias de hasta 2.000 $, dependiendo del riesgo que corran y del tipo de contrato. Las CMP tienen un pequeño grupo de trabajadores fijos, pero la mayoría está con contratos por días, semanas o meses. Algunas CMP han conseguido contratos de seguridad que les permiten ofrecer salarios de 250.000 $ anuales. A. Williams de Northbridge Services Group afirma que un buen tirador de rifle puede ganar unos 480 $ al día. Según algunos expertos, el conjunto de todas las CMP tienen unos ingresos de aproximadamente 100.000 millones de dólares anuales, cantidad que podría doblarse en el 2010 o incluso antes a causa de los acontecimientos de Irak. Northbridge Services Group al 2003 ha firmado varios contratos en África subsahariana, uno de ellos con una multinacional del petróleo en Angola, otro lo está negociando con el gobierno de Costa de Marfil y Liberia, y muestran interés por trabajar en el conflicto del Congo.

Los ejércitos occidentales y especialmente los de los Estados Unidos están cada vez más privatizados y las empresas de servicios militares aumentan en número.

Dependiendo del criterio que se utilice, se calcula que hay alrededor de 90 empresas de defensa, la mayoría de origen británico y norteamericano. Casi la totalidad de las CMP ofrecen un servicio de protección a las personas o instalaciones, asistencia en emergencias, consejo estratégico, entrenamiento, formación, servicios de vigilancia y tareas auxiliares de desminado de tierras. Entre los clientes de estas empresas hay jefes de estado que demandan protección personal, multinacionales que demandan protección de sus instalaciones (BP, Exxon…), organizaciones como la Cruz Roja Internacional, el Programa mundial de alimentos, UNICEF…para la propia protección de sus miembros. Las CMP también se ofrecen como apoyo al ejército o a los servicios de inteligencia. Cada vez hay más tareas que por tradición eran llevadas a cabo por los mismos militares y que ahora son encargadas a las CMP. Sus funciones van desde la construcción de campamentos hasta la utilización y mantenimiento de complejos sistemas armanetisticos y de alta tecnología como el bombardero B-2, aumentando de esta manera la dependencia del ejército de este tipo de empresas.

Miembros de estas corporaciones se encuentran a menudo en situación de combate o son objetivo de ataque, como en el entrenamiento de la policía en Irak, o patrullando a pie, e incluso aparecen en la prensa algunas de sus bajas humanas, aunque no son reconocidas oficialmente como bajas de personal militar (se refieren a ellos como contratistas). Un ejemplo de esto son las cuatro muertes y el trato posterior mediático que recibieron los cadáveres de los empleados de Blackwaters muertos en Faluya.

La composición de algunas de estas CMP es el resultado de la evolución desde los mercenarios de los años sesenta hasta la integración en empresa privada actual; pueden ofrecer soldados y batallones enteros dispuestos por la lucha además de aviones y helicópteros de combate. Para ilustrar qué hacen estas corporaciones y el significado de la privatización del militarismo se presentan algunos ejemplos.

Executive Outcomes (EO), una CMP sudafricana con sucursal en Gran Bretaña, fue fundada al 1989 y formada por exsoldados del régimen de Apartheit; durante un tiempo disfrutó de buena reputación por su eficacia en sus intervenciones en países pequeños; aunque otros argumentan que sus éxitos fueron obtenidos utilizando métodos poco transparentes, legalmente dudosos y éticamente reprobables. EO cerró al 1999 y seguramente se disolvió a través de alguna de sus filiales como la Sandline International, que también ha cerrado en abril del 2004.

En en cuanto a la protección de las elites en Estados débiles, como por ejemplo Sierra Leona o Liberia, los gobernantes han confiado en CMP para proteger la explotación y comercialización de las reservas de diamantes (Valentine Strasser y Charles Taylor han sido clientes de CMP). La relación entre las CMP y Sierra Leona esta íntimamente ligada a Executive Outcomes, su papel inicialmente era el de apoyar al gobierno militar de V. Strasser hasta las elecciones de 1996; a lo largo de casi dos años EO se dedicó a perseguir al Frente Revolucionario Unido (FRU), primero hasta hacerlo fuera de las cercanías de Freetown y después hasta sacarlos de los yacimientos de minerales y, finalmente los persiguió hasta dejar el campo libre para que se celebraran elecciones y el FRU firmara unos acuerdos de paz. Esta actuación duró 21 meses, tuvo un coste de 35 millones y utilizó una media de 150 militares, aunque en los principales momentos llegó hasta 300 empleados. El nuevo gobierno civil continuó utilizando los servicios de EO hasta el 1997, un par de meses después de que EO abandonara el país, los militares dieron un golpe de estado e invitaron al FRU a unirse a ellos. Otra empresa militar que entró en acción fue Sandline International cuando el presidente en el exilio Kabbah decidió contratarla (esta empresa ofrece servicios militares y de equipamientos para luchar en cualquier conflicto) para recuperar el poder a cambio de concesiones en la compañía Diamond Works. Uno de los aspecto que más interés ha generado Executive Outcomes, y aplicable a alguna otra compañía, ha sido que habitualmente cambiaba sus servicios por participaciones en las riquezas minerales o por concesiones de petróleo como en Angola. De esta manera queda reflejada la intima relación entre CMP y las corporaciones mineras y petrolíferas.

También querría destacar de Executive Outcomes que sus operaciones militares contaban con un núcleo relativamente pequeño de tropas entrenadas y disciplinadas, apoyadas por unidades del ejército local o milicias. Las fuerzas base eran angoleños o de Sierra Leona y estaban comandadas por sudafricanos blancos. Como CMP estaban bien equipadas, disponían de helicópteros de combate, reactores de combate, aviones de transporte, avionetas…, para los rebeldes EO representaba una fuerza armada poderosa.

Se especula sobre las razones por las cuales Executive Outcomes cerró al 1999, pero una cosa es segura, no cerró por falta de trabajo o por falta de oportunidades. Posiblemente influyó la nueva legislación sudafricana que restringía las actividades militares en el extranjero y supongo que también influyó la incomodidad política que generaba una empresa como EO que empezaba a acaparar la atención de los medios de comunicación.

En 1992, durante la presidencia de G. Bush, Dick Cheney (vicepresidente) encargó a la sucursal de Halliburton, Brown & Roots Services (en la actualidad Kellog Brown & Roots KBR) llevar a término un informe sobre la posible ayuda a las CMP al ejército. Para su realización, Halliburton recibió 3,9 millones de dólares y 5 millones extra por una actualización posterior. Después de esto, Halliburton y Kellog Brown & Roots han recibido docenas de encargos como el aprovisionamiento logístico para cada destacamento militar. Solamente en Irak, sus compromisos, dedicados sobre todo al sector petrolero, les han aportado 2,3 mil millones de dólares. Esta misma empresa KBR ha trabajado para al ejército de los EE.UU. en Afganistán, Croacia, Kosovo, Kuwait, Arabia Saudí y Somalia.

La indignación internacional que provocó el descubrimiento de las torturas a prisioneros de Abu Ghraib no queda al margen de las actividades que realizan estas empresas. Muchas de las prisiones bajo la gestión de la administración norteamericana, tienen zonas dónde se llevan a cabo los interrogatorios y dónde solamente entran estos ejércitos privados. Esto es lo que pasó en Abu Ghraib y la empresa California Analisis Center Included (CACE) , que tiene 9.400 empleados y que facturó 843 millones de dólares al 2003 y Titan , en la que trabajan 12.000 personas y ha tenido un volumen de negocios de 2.000 millones de dólares en el 2003. En definitiva torturadores a sueldo y sin bandera. Estos mercenarios o ejércitos privados llevan a cabo operaciones que el ejército regular no quiere realizar o que su gobierno no quiere que realicen, de esta manera ambos, ejército y gobierno, esquivan la responsabilidad legal de estas acciones.

Ante estos hechos podemos afirmar que se ha producido una pasividad escandalosa, ninguna institución internacional se ha pronunciado de manera firme contra la utilización de mercenarios privados; el portavoz de exteriores de la Comisión Europea Diego Ojeda dijo: «La comisión no tiene nada que decir sobre las aparentas irregularidades o violaciones de derechos. No estamos en Irak y no somos capaces de juzgar lo ocurrido; serán las autoridades competentes las que lo hagan» (La Vanguardia, 5 de mayo del 2004).

Una de las CMP norteamericanas más importantes y conocidas es la Military Profesional Resources Incorporated (MPRI), fue fundada en el 1990 y en 1998 tenía una plantilla fija de 400 trabajadores y una reserva de 7.000 en su base de datos. La empresa destaca que sus funciones son las de asesoramiento, formación y planificación; dejando constancia y asegurando que no están directamente involucrados en operaciones militares. Las actividades de esta compañía están sujetas a la legislación de los EE.UU. y la empresa está obligada a obtener permiso del gobierno de los Estados Unidos. Lo que significa que los contratos internacionales que obtienen están estrechamente vinculados a la política exterior americana. Así, en 1994 el gobierno croata pidió al gobierno de los EE.UU. ayuda para modernizar sus fuerzas armadas; pero el gobierno norteamericano, que estaba de acuerdo en prestar la ayuda, debido al embargo decretado por la o­nU, no podía dar una respuesta oficial. Esta oportunidad se traspasó a MPRI puesto que no era un trabajo «letal». El ejército croata fue formado durante meses por Recursos Militares Profesionales (MPRI). Cuando empresas privadas como esta trabajan para gobiernos del Sur podemos afirmar que su actuación es una prolongación de la política exterior de los gobiernos del Norte.

El 4 d’agosto de 1995 el ejército croata lanzó una ofensiva militar para recuperar la Krajina, una extensa franja ocupada por serbobosnios. Los croatas la recuperaron en tres días, en una operación denominada Operación Tormenta (al más puro estilo americano) en la que se cometieron ejecuciones sumarias, bombardeos indiscriminados y limpieza étnica. La CMP americana MPRI ha negado reiteradamente su participación directa en los hechos y ha sostenido que su trabajo consistió únicamente al preparar técnicamente al ejército croata. Los comandantes croatas que dirigieron esta Operación Tormenta han sido procesados por el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra. Sería conveniente y adecuado hacer un ejercicio de reflexión e intentar establecer las diferencias de responsabilidad que hay entre entrenar a alguien para utilizar un arma y pulsar el gatillo. En agosto de 1996 MPRI obtuvo un contrato de formación para las fuerzas armadas de la Federación Bosnia–Herzegovina.

Otra compañía americana con presencia en Irak es DynCorp, fundada por ex oficiales de la policía de la ciudad de Los Angeles, entrena a las fuerzas de la policía iraquí, tiene un contrato por valor de 50 millones de dólares. DynCorp es también conocida por entrenar a las fuerzas paramilitares colombianas y por llevar a cabo misiones para destruir campos de coca y por informar sobre la situación y movimientos de rebeldes; aunque alguna vez la información que han facilitado ha sido errónea, en 1998 la fuerza aérea colombiana bombardeó un pueblo y causó la muerte a 17 personas, el ataque se basó en informaciones erróneas; igualmente en Perú, en 2001 informaron al ejército de un avión sospechoso que, después de que lo hicieran caer, resultó que las ocupantes eran unas misioneras. DynCorp en sus trabajos en Bosnia se vio implicada en un escándalo de esclavitud sexual con trabajadores acusados de violar, vender y comprar niñas menores de doce años y de tráfico ilegal de armas; nadie ha sido procesado por estos hechos ocurridos en Bosnia, para escapar de las autoridades locales, los empleados salieron del país. Esta misma compañía está encargada del mantenimiento del Air Force o­ne y ha conseguido el contrato para la protección personal del presidente Hamid Karzai de Afganistán (contrato que sube 130 mil dólares anuales).

¿Qué ventajas comporta para los gobiernos de los países occidentales como los EE.UU. el hecho de contratar estas empresas? Estados Unidos se el país que más utiliza las CMP en sus acciones exteriores a causa, esencialmente, del hecho que mientras que cualquier envio de tropas propias ha de estar autorizada por el congreso, este permiso no es necesario si la misma actividad la lleva a cabo una CMP. Por otra parte los trabajadores de estas empresas que mueren, por ejemplo a Irak, no pasan a engrosar las estadísticas gubernamentales del número de muertes en el conflicto, de cara a la opinión pública los muertos no son soldados que mueren en acto de servicio, son muertes casi invisibles que trabajan para los estados ocupantes o amortiguan el coste político de las pérdidas oficiales; incluso se desconoce el número de muertos de estos contratistas. Finalmente es necesario considerar que el ejército y el gobierno no se hacen oficialmente responsables de las actuaciones improcedentes, ilegales, abusivas… que puedan cometer los trabajadores de estas empresas, evitando de esta manera el impacto negativo en la opinión pública y esquivando las responsabilidades legales que estas actuaciones puedan comportar.

La Convención de Ginebra, en el artículo 47, prohíbe el uso de mercenarios y los define como «aquellas personas reclutadas por un conflicto armado por un país diferente del suyo y motivado por las ganancias personales». Las Corporaciones Militares Privadas no ocultan su afán de lucro, aunque rechazan la acusación de mercenarios para definir a su personal, alegando que son empresas militares privadas legalmente constituidas. Gran parte de los empleados son exmilitares que deciden abandonar el ejército de su país y ponerse el uniforme militar de la empresa, con la intención de obtener dinero rápido aceptando un trabajo peligroso como contratista. El problema que plantea la existencia de estas empresas, es que sus trabajadores escapan a toda jurisprudencia. El estatuto de estos contratistes no está cubierto por la Convención de Ginebra. No podemos decir que se traté de combatientes por que no tienen uniforme y no obedecen a ninguna estructura militar reconocida, pero tampoco se puede decir que no lo sean por que van armados. Otra dificultad de carácter legal es que la empresa puede se norteamericana, o inglesa, pero los trabajadores pueden ser ciudadanos con pasaporte de cualquier país del mundo, italianos, franceses, sudafricanos, chilenos, colombianos, indios…

No querría acabar este apartado sin mencionar el debate que se produjo dentro de la o­nU sobre si se utilizaban o no CMP para el mantenimiento de la paz. Tras la experiencia de la incapacidad de la comunidad internacional para impedir el genocidio de Ruanda, y teniendo en cuenta que la CMP Executive Outcomes consiguió con sólo 35 millones de dólares lo que la o­nU no consiguió con 247 millones de dólares en Sierra Leona, surgieron voces de expertos y de miembros de la o­nU, que proponían utilizar las CMP para el mantenimiento de la paz, incluso se dice que Koffi Annan pensó en enviar contingentes privados a Ruanda, aunque la idea no salió adelante porque él mismo creía que el mundo todavía no estaba preparado para dar este paso.

Un importante dilema que nos aportan estas CMP, y ya mencionado, es el de la responsabilidad. ¿Quien se responsabiliza de las acciones o delitos, que puedan cometer estas empresas? ¿Como se pueden controlar las actividades de las mencionadas empresas cuando su máxima es la confidencialidad?

Es difícil por no decir imposible controlar estas empresas, por una parte son empresas civiles y por otra empresas militares, pero sus empleados no están sometidos al código militar y trabajan en una especie de tierra de nadie o vacío legal. Los gobiernos de los países dónde están inscritas ni los organismos internacionales vigilan estas empresas y sus actividades, muy bien no se sabe como funcionan, como son los mecanismos de puja y de contratación, cuales son las condiciones que se imponen a los contratistas… Se necesita transparencia, legislación y control sobre las actividades de estas empresas; que se pongan límites a sus actuaciones, que se acabe con el vacío legal en que se mueven. En la practica se comprueba que con sus actuaciones cruzan la frontera de lo éticamente reprobable con demasiada facilidad.

En principio las CMP tendrían que estar sujetas a la ley del país en el cual actúan, pero si pensamos que normalmente operan o trabajan en países dónde la ley no existe, o no tiene demasiado valor, o es imposible de aplicar, o quien las contrata es el mismo gobierno, es evidente que las practicas de estas empresas no están siendo y no estarán sometidas ni a la ley ni a los tribunales.

Otro dilema que introducen las CMP gira alrededor de la aparición de un nuevo mercado, el mercado privado de la seguridad y el uso privado de la violencia; en definitiva la privatización de la guerra. La privatización de la seguridad y la defensa supone la privatización del uso de la violencia. Hasta ahora el Estado moderno tenía el monopolio de la violencia legítima, los nuevos conflictos representan un ejemplo de como el Estado ha perdido o está perdiendo el monopolio del uso de la violencia, aunque no su legalidad, hasta ahora legalmente solamente el Estado, a través de los militares o cuerpos policiales, puede utilizar la violencia física directa. Pero la aparición de emprendidas de defensa legalmente constituidas, abren la grieta de la legalidad del uso de la violencia en manos privadas, sin que haya un marco jurídico que regule su actividad o le ponga límites. Pero la privatización de la guerra también comporta la aparición de hombres con un historial personal de intervención o servidumbre a las peores causas de la historia (y que ahora actúan impunemente), y también comporta la aparición de empresas que no trabajan exclusivamente para grupos multinacionales sino al servicio institucional de los Estados. En definitiva las CMP nos proporcionan un problema nuevo y serio que tendremos que debatir y ante del cual debemos tomar posiciones.

Delante de todo esto dejo sobre la mesa los interrogantes siguientes:

¿Sobre quienes debe recaer la legitimidad del uso de la violencia? ¿Es necesario regular las actividades de estas empresas? ¿Quienes y como se controlan las actividades de las CMP? ¿La legislación y los tribunales han se ser de ámbito nacional o mundial?

(1) www.blackwaterusa.com/securityconsulting/(2) www.northbridgeservices.com

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