Somalia, un estado a la deriva
Somalia es un país que sufre una gran crisis social, económica y política. Desde 1991 no ha habido en Somalia un gobierno central efectivo y las continuas hostilidades entre clanes y otros grupos han destruido la economía del país y sus infraestructuras. Somalia es uno de los cinco países más pobres del mundo, con 9 millones de habitantes de religión musulmana suní, 1,3 millones de desplazados internos y una alta dependencia de la ayuda humanitaria internacional.
En pocas palabras, la situación actual del país es desastrosa. Y como el Estado es incapaz de poder garantizar la seguridad en su territorio, la piratería ha crecido como una mala hierba en un jardín sin cuidar. Esta es la causa que se suele apuntar para explicar la explosión de la piratería en la costa somalí y, aunque esto sea cierto, no es ni mucho menos una explicación de toda la película.
La piratería en las costas de Somalia no es un hecho nuevo. Surgió durante la década de los noventa y lo hizo para hacer frente a la pesca ilegal por parte de pesqueros extranjeros ante la incapacidad del gobierno para controlar sus aguas territoriales. Eran pues, pescadores que hartos de una situación injusta se tomaban la justicia por su mano.
Hay leyes que regulan la pesca en los mares. Para empezar, existe un acuerdo internacional, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que establece un orden jurídico con el propósito de preservar los ecosistemas marinos, los recursos pesqueros y el fomento de los usos pacíficos de los mismos. Por debajo de esta ley se encuentran las Organizaciones Regionales de Pesca, la tarea de las cuales es promover normas para luchar contra la pesca ilegal y las prácticas pesqueras destructivas. Y en tercer y último lugar están los estados, que regulan y controlan sus aguas territoriales.
Somalia no tiene acuerdos bilaterales de pesca con ningún país y eso quiere decir que, según el derecho internacional, es ilegal que un tercer país pesque en aguas somalíes. Este hecho, sin embargo, no ha frenado países como España, Corea del Sur o Japón, que llevan pescando en aguas territoriales somalíes, ricas en atunes, sardinas, caballa y especies tan reconocidas como la langosta o el tiburón, desde que estalló la guerra civil en el país, hace ya dos décadas.
La ONU, en un informe, ha valorado la expropiación de recursos pesqueros en aguas somalíes por parte de pesqueros extranjeros en 300 millones de dólares anuales. Y eso sin contar con los somalíes que han muerto y los que tienen problemas respiratorios e infecciones en la piel causadas por el vertido de productos tóxicos y radiactivos para barcos en aguas de este país. En otra publicación, la ONU ha estimado que a una compañía europea le cuesta cien veces menos verter sus residuos en aguas de Somalia que hacerlo responsablemente en Europa.
Además, los pesqueros llevan habitualmente banderas que son diferentes a la de sus estados de origen. Banderas como las Belice, Bahrain o Seychelles son utilizadas como banderas de conveniencia para evitar el control y la supervisión, tal y como se daría en sus países de origen. Así pues, pesqueros, petroleros y buques mercantes pueden navegar por las aguas de todo el mundo, a menudo implicando un gran peligro para el medio ambiente marino y haciendo lo que les place en la inmensidad de los océanos. Las costas desprovistas de seguridad de Somalia, en este sentido, han supuesto una oportunidad de oro para que muchos buques, especialmente pesqueros, hicieran su agosto.
Esta situación, precisamente, ha permitido una rápida expansión de los piratas somalíes. Al principio, los buques secuestrados pagaban con celeridad los rescates para evitar que su caso se hiciera público y fuera evidente que no tenían licencias o que habían cometido alguna otra ilegalidad. Esto hizo posible que los piratas somalíes ingresaran dinero desde el principio, el cual utilizaron para profesionalizarse: hoy están organizados, utilizan material de última tecnología y gestionan sus rescates millonarios a través de bufetes de abogados en Londres. Y el negocio parece tener futuro: tienen secuestrados trece buques con un total de doscientos treinta rehenes.
Respuesta internacional
La crisis de Somalia era evidente ya hace veinte años, pero los esfuerzos de la comunidad internacional se han concentrado en los últimos meses, después de que la ONU dictara una resolución instando a los estados, con la colaboración del gobierno somalí, a luchar con «los medios que sean necesarios» contra la piratería, ya que Somalia no puede garantizar la seguridad en sus aguas.
El golfo de Adén, al norte de Somalia, por donde pasa un gran flujo de buques mercantes y petroleros, las costas de Somalia y el océano Índico hoy son patrulladas por más de una treintena de buques de guerra procedentes en la gran mayoría de la OTAN, EEUU y la Unión Europea. El objetivo es acabar con la piratería somalí ya que ésta perjudica sus intereses nacionales, como es el abastecimiento de petróleo, y comerciales; son sus empresas las que transportan mercancías, aunque a menudo ondean otra bandera.
Somalia pone claramente sobre la mesa un hecho muy preocupante: la comunidad internacional está dominada por las principales potencias económicas, la ley sólo es válida cuando sirve para proteger sus intereses. Esta hipocresía ha llevado a la comunidad internacional a dejar Somalia a la deriva durante veinte años, tiempo durante el cual ha sido saqueada y contaminada por los mismos buques que ahora se intenta proteger de los piratas somalíes. Cabe preguntarse, pues, ¿quiénes son los verdaderos piratas de esta historia?
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