Las bombas de racimo son recipientes que pueden llegar a albergar hasta 600 artefactos explosivos en su interior. Una vez son lanzadas, se abren y se dispersan indiscriminadamente, arrasando grandes extensiones de tierra para supuestamente destruir enemigos. Pero estas bombas actúan sin distinguir entre objetivos civiles y militares. Su metralla provoca heridas muy graves en la población civil, como la pérdida de miembros y extremidades, o incluso la muerte.
El Estado español producía y almacenaba bombas de racimo. La campaña Stop Cluster Munition, impulsada por Cluster Munition Coalition, logró que, después de que 100 gobiernos aprobaran durante las conferencias de 2008 en Dublín un tratado internacional para prohibir las bombas de racimo, el gobierno español se comprometiera a destruir las 5.600 que tenía almacenadas al arsenal de las Fuerzas Armadas españolas y no producir más.