¿Dijo la verdad el ministro Albares sobre las ventas de armas a Israel?

Los indicios apuntan a que España no ha formalizado ninguna prohibición para exportar armas a Israel, que tampoco ha impedido todas las transferencias en la práctica y que la tragedia en Gaza no ha sido óbice para seguir adquiriendo los mismos productos y servicios con los que se materializa aquella barbarie

El 23 de enero de 2024 la prestigiosa periodista Àngels Barceló, en la Cadena SER, le preguntó al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares: “¿Por qué no se impulsa un embargo total de armas a Israel?” (minuto 7:08). La pregunta fue clara e inequívoca. El ministro respondió: “Desde luego, es algo que España ha realizado, desde el mismo día 7 de octubre de 2023 no se produce ninguna operación de venta de armamento a Israel”.

Albares representa a un Gobierno progresista que enarbola la bandera de la transparencia. La preocupación a la que se refería Barceló no era menor, y cabe presuponer que Albares quería decir lo que parecía: que España había impuesto un embargo desde aquel fatídico 7 de octubre. Sin embargo, existen indicios que contradicen las declaraciones del ministro y merecen una explicación.

El primero tiene que ver con las exportaciones realizadas. El portal oficial DataComex, de comercio exterior, dice que España sí ha exportado armas a Israel tras ese 7 de octubre. En realidad, se trata de municiones, pero cabe suponer que el ministro no estaba jugando con definiciones conceptuales. A fin de cuentas, lo que mata son las municiones y que se mate es lo que preocupaba a Barceló. Esa base de datos señala (datos provisionales) que, en 2023, España exportó 1,48 millones de euros (35.571 kilos) en bienes de la categoría 93 (“armas y municiones; accesorios”), mientras que importó 4,35 millones de euros (67.456 kilos) de esa misma categoría. La mayor parte de esas exportaciones se realizó en noviembre. Según esa misma base de datos, ese mes se exportaron bienes de la categoría 93 por un valor de 987.000 euros, en su totalidad correspondientes a la subcategoría 9306: “Bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles, y sus partes, incluidas las postas, perdigones y tacos para cartuchos”, subcategoría 930630: “Los demás cartuchos y sus partes”, subcategoría 93063030, “Los demás”, subcategoría 9306303000: “Para armas de guerra”. Eso no son perdigones. La totalidad de esos 987.000 euros proviene de un mismo lugar: Palencia. Según el mapa interactivo del Centre Delàs, en Palencia existen tres empresas fabricantes de armamento: dos están relacionadas con el grupo empresarial INMAPA, que no fabrica municiones. La otra es Nammo Palencia.

Nammo es una de las mayores industrias de munición especial y motores de cohetes del mundo. Pertenece en un 50% al Gobierno noruego y otro 50% a la empresa pública finlandesa Patria Oyj. Está presente en varios países incluyendo a España, donde Nammo Palencia adquirió en 2013 de General Dynamics (a su vez, de Santa Bárbara) la antigua Fábrica de Armas en la ciudad palentina tras ocho décadas de historia. Nammo Palencia es uno de los principales proveedores de munición de las Fuerzas Armadas españolas. Uno de los productos estrella de Nammo es el lanzacohetes M72. Nammo Palencia lo presentó con orgullo en la feria de armas de Madrid Homsec, en marzo de 2017. Nammo ha vendido ese lanzacohetes a Israel, al menos su filial en EEUU, llamada Nammo Talley, que le suministró en 2010 más de 5.000. Uno de esos lanzacohetes M72, etiquetado inequívocamente como fabricado por Nammo Talley, apareció en manos de una mujer palestina en la Franja de Gaza en una foto de portada publicada el 22 de septiembre de 2014 en el diario Dagbladet. Trabajaba en una organización local de Khan Younis que contaba con el apoyo de Aldeas Infantiles SOS, Save the Children y UNICEF, y dijo haber escondido el arma que habrían abandonado los soldados israelíes durante la operación Margen Protector en aquel verano como prueba y “recordatorio de quién había destruido lo que yo había ayudado a construir”.

A finales de octubre de 2023 Nammo Talley ha vuelto a enviar a Israel 1.800 lanzacohetes, esta vez del tipo M141, de un pedido de 3000, según informó el medio israelí Haaretz. Noruega no exporta (desde Noruega) armas a Israel, y la compañía argumenta que sus empresas en el extranjero están sometidas a las leyes y restricciones a la exportación aplicadas en los países desde donde operan. Nammo Talley y Nammo Palencia son dos filiales de una misma empresa con unos mismos líderes y políticas. El portal Infodefensa señalaba ese mismo noviembre de 2023 que Nammo Palencia “atraviesa un buen momento” y que “la demanda de munición dispara la facturación”. La noticia señalaba la guerra en Ucrania, pero no sería la primera vez que Nammo Palencia exporta desde España municiones a Israel. Según averiguó Greenpeace, en 2017 se exportó a Israel munición fabricada en Palencia, cabía suponer que por parte de Nammo, por valor de 600.000 euros, en dos envíos: por tierra desde Gipuzkoa y por aire desde Burgos, probablemente a través de la compañía Ukraine Air Alliance.

Quizá quien lea estas líneas tienda a excusar a Albares argumentando que Nammo Palencia no es una empresa española, sino noruega. Puestos en ese plan, podríamos recortar buena parte de lo que aparece en el catálogo de la industria “española” de defensa. Por ejemplo, Expal (antes Explosivos Alaveses) sería alemana, por haber sido adquirida por Rheinmetal; Santa Bárbara Sistemas es estadounidense, dada su pertenencia al conglomerado General Dynamics; la Fábrica de Municiones de Granada (FMG) es eslovaca (la adquirió MSM de la propia Santa Bárbara); o Telefónica tiene capital saudí. Por otro lado, mucha producción made in Spain contiene componentes extranjeros. Como “española” figura, asimismo, Pap Tecnos, la filial del gigante israelí Rafael, que fabrica los misiles Spike ampliamente utilizados en la Franja de Gaza, y que también están a disposición del Ejército de Tierra español y la Armada.

Al margen de la españolidad de las armas y como aseguran en Nammo, la ley que aplica es la del país exportador. En España, como en otros lugares, esas transferencias deben contar con la autorización del Gobierno. Tras recibir la petición del cliente en el exterior, la industria “española” debe aportar los documentos de control a la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) que, tras una deliberación secreta, decidirá si autoriza o no las exportaciones. Una vez se obtiene la autorización, se fabrica el producto y se establece un calendario de exportaciones, en una tanda o en varias. Por eso cabe diferenciar entre “autorizaciones” y “exportaciones”, los dos conceptos que utilizan la Ley 53/2007 y el informe oficial que se publica a posteriori. Por esos informes, sabemos que España apenas deniega exportaciones a Israel: lo ha hecho cinco veces en los últimos 21 años, por 557 autorizaciones, a pesar de que la ley contiene criterios cuya adecuación al caso de Israel resulta profundamente cuestionable, sobre todo en aquellos relacionados con el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, la existencia de tensiones o conflictos armados, la estabilidad regional y el riesgo de desvío. El reporte oficial de lo que ha autorizado o exportado España a Israel en el segundo semestre de 2023 lo sabremos dentro de unos cuantos meses.

Albares habla de “ventas”, y cabe preguntarse a qué se refiere: ¿quiere decir que España no ha exportado, que no ha autorizado o que no ha hecho ninguna de las dos cosas desde el 7 de octubre de 2023? Aunque la base de datos oficial de Comercio así lo sostenga, incluso en el caso de que pueda estar equivocada caben interpretaciones distintas a las de una “suspensión” o un “embargo”. Una opción es que el calendario de exportaciones no tuviera prevista ninguna entrega desde el 7 de octubre. Otra es que la propia industria haya decidido no materializar esas exportaciones en un momento particularmente delicado, en el que no podrá publicitar su éxito empresarial y, por el contrario, les reportará mala prensa. Una tercera opción es que haya sido el propio Gobierno el que haya aconsejado o pedido a la industria retrasar las exportaciones.

En todo caso, responder “desde luego, es algo que España ha realizado” cuando Àngels Barceló le preguntaba expresamente por un embargo de armas a Israel es, en mi opinión, incorrecto. Un embargo de armas es algo serio, una decisión formal y formalizada, argumentada, una medida con una duración condicionada y un posicionamiento claro. También es cuestionable calificar la “no venta” de España a Israel como una suspensión. Al menos, cabría localizar en qué momento y lugar se ha tomado formalmente esa decisión. No habría sido la primera vez: como consecuencia de la operación militar israelí Margen Protector en Gaza, España decidió “paralizar cautelarmente”, de manera temporal durante el mes de agosto de 2014, las ventas de armas españolas a Israel (concesión de nuevas autorizaciones y suspensión de las ya tramitadas), una decisión (formal) que debía analizarse apenas un mes después y no afectaba a ninguna compraventa anterior a ese agosto.

Aquella decisión ya tuvo su objeción, pero sorprendió la argumentación del entonces ministro, el popular José Manuel García-Margallo, quien calificó la situación, ante la Comisión de Exteriores del Congreso, de “desastre humanitario de una magnitud sin precedentes en el siglo XXI”, afirmando que no era “un incidente aislado”, sino “un hecho recurrente que se repetirá en el tiempo hasta que no se alcance un acuerdo entre Israel y Palestina”. Algunos medios de comunicación internacionales describieron la iniciativa como un “embargo” de armas, incluso en Israel, también otras suspensiones temporales españolas a Egipto y Ucrania, además de Venezuela en lo referente a material policial. Con el diccionario en la mano, el término puede ser correcto, en cuanto a prohibición del comercio decretada por un Gobierno, pero incluso en el caso de que se hubiera prohibido (de lo que ahora no existe constancia alguna) no lo sería en el marco de lo que las relaciones internacionales entienden como un embargo. Por ejemplo, Alemania hizo público el 9 de abril de 2002 que suspendía sus ventas de armas a Israel, pero dejó muy claro que no se trataba de un embargo. La “suspensión” temporal española de 2014 tuvo un precedente no formalizado en la operación Plomo Fundido, entre diciembre de 2008 y enero de 2009. Durante el primer semestre de 2009, España no materializó ninguna exportación, simplemente las pospuso, aunque autorizó, con Gaza todavía humeante, nuevas solicitudes. Sin embargo, en el segundo semestre recuperó terreno y exportó lo que tenía pendiente.

España debe imponer un embargo de armas a Israel. Uno de verdad. Ese embargo debe ser integral: debe cubrir tanto las exportaciones como las importaciones, así como la adquisición de bienes y servicios relacionados con el mantenimiento y la modernización. Israel exporta un modelo, y necesita a España mucho más para vendérselo que para comprarle armas. Por un lado, para abaratar y hacer viables una ocupación y unas operaciones militares que son carísimas. A más producción, menor coste por unidad de producto, pudiendo destinar el exceso a otros mercados (la industria militar israelí exporta tres cuartas partes de lo que produce). Por el otro lado, la exportación del modelo facilita su legitimación y permite, además, que determinadas personas tengan un poder que, sin el problema palestino, no tendrían. El Ejército de Tierra o la Armada utilizan armas israelíes publicitadas con orgullo como probadas en combate (en Gaza), como el misil Spike o el mortero Cardom.

La adjudicación de contratos públicos españoles a empresas de seguridad y defensa israelíes o sus filiales en España desde del 7 octubre de 2023 ha continuado como solía, y los ejemplos son cuantiosos y variados, como puede comprobarse en laPlataforma de Contratación del Sector Público. Ahí figura, por ejemplo, la adjudicación de 15 de diciembre de 2023 para elsuministro del sistema lanzacohetes de alta movilidad (SILAM), un contrato de más de 576 millones de euros para un proyecto conjunto entre Elbit Systems y las compañías españolas Escribano y Expal; la adjudicación de 22 de noviembre a PAP Tecnos para el suministro de 168 sistemas de misiles contra carro Spike LR2, por 237 millones de euros; la adjudicación de 28 de noviembre del mantenimiento y adquisición de los repuestos de los sistemas de radioenlace, por 3,7 millones de euros, a ELBIT Systems C4I&Cyber Solutions; la adjudicación de 23 de noviembre a PAP Tecnos para elservicio de apoyo al mantenimiento integral de la torre RCWS Mini Samson de dotación del Ejército de Tierra, por 82.644 euros; la adjudicación de 22 de noviembre a Netline Communications Technologies para laadquisición de bienes complementarios de los sistemas inhibidores de frecuencia vehiculares de las Fuerzas Armadas, por más de 1,4 millones de euros; o el mantenimiento y adquisición de artículos de clase IX del mortero embarcado Cardom a Elbit Systems por 496.000 euros. Este último contrato fue adjudicado el 5 de octubre, pero fue formalizado el 14 de noviembre, como si nada hubiese ocurrido en ese intervalo de tiempo. Además, el 13 de diciembre se adjudicó y formalizó otro contrato a Elbit por el mismo concepto. Todos los datos son sin impuestos y, según sugiere la motivación esgrimida en las adjudicaciones, sin escrúpulos.

Los indicios apuntan a que España no ha formalizado ninguna prohibición para exportar armas a Israel, que tampoco ha impedido todas las transferencias en la práctica y que la tragedia en Gaza no ha sido óbice para seguir adquiriendo los mismos productos y servicios con los que se materializa aquella barbarie. Si esto no es así, merecemos una aclaración. Si las cosas son como parecen, cabe una rectificación. Por pedir, que sea en la forma de un embargo de armas. De los de verdad.

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