Nos dicen que “si Europa quiere evitar la guerra, Europa debe prepararse para la guerra”. Así es como la presidenta Úrsula von der Leyen presenta el Plan ReArm Europe, el más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Los 27 han acordado gastar más en defensa, y cada estado de la UE se ha comprometido a aumentar el presupuesto de defensa hasta el 3,5% del PIB en un plazo de cuatro años. La suma del incremento del gasto en defensa de los 27 se propone alcanzar los 800.000 millones de euros.

Nos dicen que, ante la amenaza de la Rusia de Vladimir Putin, los Estados europeos deben rearmarse. Bajo este argumento, la Comisión Europea lanza este plan, que parte de una suposición falsa: los 27 Estados de la UE no están bien armados y es necesario aumentar el gasto militar hasta el 3,5% o incluso el 5% del PIB.

En 2024, los 27 estados de la UE gastaron en defensa 2,04% del PIB, es decir, 368.504 millones de dólares, mientras que Rusia tenía un presupuesto militar de 149.000 millones de dólares (SIPRI 2024). A pesar de esta desproporción, Europa ha puesto en marcha un plan de rearme que moviliza 800.000 millones de euros.

Esta propuesta representará, necesariamente, endeudamiento y costes adicionales para toda la población europea, así como recortes en bienestar social, que afectarán sectores como la salud, educación, pensiones, medio ambiente y servicios sociales en general. Estas reducciones impactarán especialmente en las capas sociales con menos recursos, provocando un aumento de la criminalidad y un deterioro de la democracia.

Hay dos opciones para pagar este incremento del gasto militar. La primera consiste en que el Banco Europeo emita bonos y que con esos fondos se financie esta inversión. Aún no hay acuerdo respecto a esta medida, ya que ningún Estado quiere asumir deudas compartidas.

La segunda opción supondría que cada Estado sufrague su propio gasto. Los Estados tienen dos vías para hacerlo: emitir deuda pública (bonos), sabiendo que las deudas generan intereses cada año y que en algún momento habrá que pagarla. La deuda de España es del 102% del PIB en 2024. La Comisión Europea (CE) ha aceptado que esta deuda en defensa no compute dentro del techo de deuda de cada Estado. Cada Estado puede endeudarse hasta un cierto porcentaje de su presupuesto, y si la deuda supera ese límite, la CE sanciona al país. El acuerdo consiste en no sumar la deuda en defensa, evitando así superar el techo de deuda, lo que equivale a hacer trampas en el juego del solitario. El otro instrumento que tiene cada Estado es ajustar su presupuesto anual, es decir, reducir el gasto en otros ministerios e incrementar el gasto en defensa. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha afirmado que "los ciudadanos europeos deben aceptar sacrificios como recortes en sus pensiones, sanidad y seguridad social (prestaciones sociales)". El primer ministro británico, Keir Starmer, ya ha comenzado a aplicar esta estrategia: en el presupuesto de 2025, se recortarán 5.700 millones de euros en asistencia a personas con discapacidad, salud, ayudas a familias dependientes y se eliminarán 10.000 empleos públicos. Además, reducirá en un 50% la Ayuda Oficial al Desarrollo.

¿En qué se gastarán los 800.000 millones?

Solo hay acuerdo entre los 27 en gastar más, pero de momento no hay consenso sobre cómo gastar. No se ha explicado qué carencias militares existen ni en qué se debe invertir.

Cada Estado, por separado, decidirá las inversiones que realizará en su ejército para prepararse ante una hipotética guerra con Rusia. Algunos afirman que esto puede generar duplicidades, pero en realidad, no se trata de duplicar (multiplicar por dos), sino de multiplicar por 27. Siguiendo la política de Estado-nación, cada país se preparará adquiriendo el material que considere más conveniente sin criterios comunes, sin comprar los mismos modelos de avión de combate o tanque. En otras palabras, cada Estado se prepara en solitario para la guerra con Rusia.

A menudo, ministros y presidentes de la UE hablan de la necesidad de gastar mejor. Sin embargo, preparar de forma descoordinada 27 ejércitos no es gastar mejor, no es gastar de manera eficiente y eficaz, es malgastar.

A pesar de que los presupuestos generales del Estado llevan prorrogados desde 2023, el gasto militar español ha alcanzado en 2025 su máximo histórico, llegando a 41.457 millones de euros, lo que representa el 2,53% del PIB. Según los cálculos del Gobierno, que no incluyen todas las partidas de carácter militar ni la deuda que genera, el gasto militar de este año será de 33.123 millones de euros, representando el 2% del PIB. El compromiso de España era alcanzar esta cifra en 2029, pero las presiones de Estados Unidos y la OTAN han tenido efecto, y el Gobierno aprobó el 22 de abril un plan de rearme por valor de 10.471 millones, que sumado a otras aprobaciones de créditos extraordinarios, elevan el gasto militar español hasta el 2% del PIB ya en 2025.

Para alcanzar el 3,5% del PIB, el Gobierno español tendría que incrementar el presupuesto del Ministerio de Defensa hasta los 58.000 millones de euros. Si se quisiera llegar al 5%, como viene pidiendo Estados Unidos, el Gobierno español debería destinar a defensa 80.000 millones de euros anuales. Niveles tan altos de gasto militar sin duda afectarían al medio ambiente, las políticas sociales, la salud, la educación y el estado de bienestar de la población.

Recortar en el Estado del Bienestar es tocar la seña de identidad europea creada después de la Segunda Guerra Mundial. Reducir la protección a las personas por parte del Estado supondrá un incremento en el nivel de pobreza, una disminución de la esperanza de vida y un aumento de la desigualdad social. Todo esto provocará un crecimiento de la delincuencia y la criminalidad. Adquirir más armas no contribuirá a proteger a la población frente a los problemas más comunes.

Un gasto militar de esta magnitud, al margen de los subterfugios fiscales y presupuestarios que utilice el Gobierno, supone necesariamente menos recursos disponibles para otros ministerios, lo que, sin duda, tendrá un impacto directo en el bienestar de la población en áreas como la educación, la salud, la vivienda o los servicios sociales. Aunque el plan de rearme presentado por Pedro Sánchez afirma que el aumento del gasto militar "no supondrá mayor endeudamiento ni recortes en las partidas actuales de gasto social o medioambiental", de cara a futuros ejercicios económicos, es muy previsible que un gasto militar superior al 2% implique recortes en otros sectores y ministerios. Y todo parece indicar que así será, pues, tal como afirmaba el ministro de Economía Carlos Cuerpo, "el gasto en defensa ha llegado para quedarse".

Es innegable que Rusia tiene una enorme capacidad militar, pero el conjunto de los Estados que constituyen la Unión Europea también.

Según los datos del SIPRI, en 2024, el gasto militar de Rusia fue de 149.000 millones de dólares, lo que representa el 5,5% del gasto militar mundial, mientras que el de EE.UU. ascendió a 997.000 millones de dólares, el 36,7% del total. Es decir, el gasto militar de EE.UU. fue casi siete veces superior al de Rusia. Los miembros europeos de la OTAN gastaron, en conjunto, 454.000 millones de dólares, una cifra tres veces mayor que la de Rusia. El gasto militar total de los países de la OTAN alcanzó 1,5 billones de dólares, lo que equivale a diez veces más que el de Rusia.

La Unión Europea anunció en marzo de 2025 un programa de rearme con un presupuesto previsto de 800.000 millones de euros. ¿Está justificado este enorme gasto adicional en armamento? Con las cifras anteriores, resulta difícil entender que Rusia represente una amenaza militar real.

Este proceso de rearme por parte de la UE podría tener un efecto negativo, ya que Rusia podría interpretarlo como una provocación o incluso como una amenaza, lo que deterioraría aún más las relaciones entre ambas partes.

Toda la historia previa a la guerra de Ucrania muestra cómo la UE no ha buscado una relación distendida y de confianza mutua con la vecina Rusia, sino que siempre ha acatado las decisiones y acciones de EE.UU. destinadas a debilitar y aislar a Rusia. No se opuso a la expansión de la OTAN hacia el este, al despliegue de armas nucleares estadounidenses en Europa, a la implementación del escudo antimisiles estadounidense también en territorio europeo, etc. Todos estos agravios han provocado quejas reiteradas por parte de Rusia y han generado su desconfianza hacia Occidente. Los Acuerdos de Helsinki de 1975 y la Carta de París de 1990 abrieron un camino hacia una gran alianza de seguridad paneuropea que abarcase desde el Atlántico hasta los Urales. Aunque aquella iniciativa quedó truncada, Rusia siguió insistiendo en la conveniencia de retomar el camino iniciado, pero Europa se ha negado.

Una vez iniciada la guerra en Ucrania, es bien sabido que la UE y EE.UU. han ido armando gradualmente a Ucrania, comenzando por el suministro de equipamiento militar, pasando por armas exclusivamente defensivas, hasta llegar al envío de armamento claramente ofensivo, como tanques y aviones de combate.

Desde Europa también se han obstruido los intentos de negociación de paz en Ucrania, tanto en Minsk (2014-2015), cuando Angela Merkel admitió que solo había negociado los acuerdos de Minsk para ganar tiempo para Ucrania, como en Estambul (marzo de 2022), cuando Boris Johnson argumentó que Occidente no estaba preparado para poner fin a la guerra. Sin embargo, para detener un escenario de muerte, miseria, hambre y destrucción, siempre se debe estar dispuesto.

Pocos días después de que se anunciaran conversaciones entre los presidentes Trump y Putin para negociar la paz en Ucrania, la presidenta de la UE presentó el Plan de Rearme Europeo. Así, la UE no ha querido, o no ha sabido, dar una respuesta distinta a la militar. Mientras EE.UU. y Rusia han abierto la vía diplomática, Europa parece haberse decantado por el militarismo.

No existe ninguna investigación rigurosa que concluya cuánto debe gastar un Estado en defensa. Por lo tanto, el 2% del PIB al que se ha comprometido el Gobierno español es arbitrario y solo responde al interés de Estados Unidos de que sus aliados dentro de la OTAN gasten más en armamento, ya que sabe que la mayoría de las armas terminarán comparándolas a EE.UU. La exigencia de alcanzar el 2% del PIB, que ahora la UE y la OTAN quieren elevar al 3,5%, e incluso Donald Trump busca que llegue al 5%, refuerza esta tendencia.

El Estado Español, como miembro de la OTAN, aceptó llegar al 2% del PIB en gasto militar en 2029 y, como fiel aliado de EE.UU., comenzó a aumentar significativamente su presupuesto a partir de 2022. Sin embargo, en 2024, al no contar con mayoría suficiente para aprobar el presupuesto del Estado, este se prorrogó. Durante el año, para acercarse al 2% del PIB, se aprobaron transferencias de crédito a Defensa por valor de 2.755 millones de euros. En 2025, con el presupuesto aún prorrogado, el Gobierno volvió a recurrir a transferencias y créditos extraordinarios para suplementar algunas partidas militares. La sorpresa llegó el 22 de abril de 2025, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que ese año se alcanzaría el 2% del PIB y un gasto militar de 33.123 millones de euros. Hasta el momento, se han aprobado incrementos por 14.451,6 millones de euros, en su mayoría para cubrir los compromisos de pago de los grandes programas de modernización de las fuerzas armadas, cuyo coste total supera los 50.000 millones de euros en los próximos diez años. Si a este gasto se le suman las partidas militares distribuidas en otros ministerios, el gasto militar del Estado español superará el 3% del PIB y podría alcanzar cifras astronómicas de más de 53.000 millones de euros.

Por ello, es importante insistir en que el proceso de rearme impulsado por la UE y la OTAN, al que España también se ha sumado, representa un gran error estratégico, con consecuencias negativas para la economía productiva. Para financiarlo, España deberá recurrir a endeudamiento y recortes en otras áreas, afectando el gasto social en salud, educación y servicios públicos en general.

Además, la seguridad de los Estados debería basarse en los principios recomendados por Naciones Unidas, los cuales se alcanzan a través de relaciones diplomáticas de buena vecindad, cooperación económica y cultural, y equilibrios militares mediante el desarme, evitando amenazas y promoviendo una seguridad compartida. Ese es el camino hacia la seguridad y la paz, y no el de aumentar el gasto militar al 2% o al 5% del PIB.

Se habla mucho de seguridad y de la necesidad de invertir dinero para reforzarla. Pero este término de seguridad es equívoco. Lo que parece ampliamente aceptado e inamovible es un concepto de seguridad ligado a una visión del mundo basada en la desconfianza, los riesgos, las amenazas y, en definitiva, el miedo. Nos dicen que ante la posibilidad de ser atacados en cualquier momento debemos mostrar la capacidad de defendernos. Este paradigma de seguridad mayoritario apela a la disuasión como elemento principal para no ser agredidos. Hay que tener más fuerza que los adversarios. Se trata de infundir miedo para no tener miedo.

Este concepto de seguridad está vinculado a los ámbitos político-militar y policial. Se habla de seguridad nacional, un conjunto de conocimientos, normas, valores, actitudes y prácticas compartidas socialmente y orientadas a proteger y garantizar los intereses nacionales. Y los intereses nacionales se definen desde un punto de vista militar. Se debe actuar militarmente ante ataques armados, pero también cuando hay amenazas a la "seguridad" en cuestiones energéticas y de defensa de los intereses económicos. Se trata de una seguridad militarizada que trabaja para mantener el status quo de un sistema que no respeta la dignidad de las personas y de los pueblos y que está destruyendo el medio ambiente y el planeta. Una seguridad que, en esencia, está destinada a los grandes poderes económicos, financieros y al complejo militar-industrial de manera no democrática. ¿Quién se beneficia de la seguridad militarizada? ¿Realmente trabaja por la paz? ¿La paz de quién?

Como contraposición a la seguridad militarizada, las Naciones Unidas propusieron el concepto de seguridad humana. Una seguridad que garantice los derechos y asegure una vida decente y digna para todas las personas y pueblos del planeta. Una seguridad que garantice unos mínimos dignos de alimentación, vivienda, acceso a la energía y agua, sistemas sanitarios, atención médica, salud, educación, cultura, internet, transporte y otros. Una seguridad que se concreta en los llamados Estándares de Vida Decente (DLS, por sus siglas en inglés), bien estudiados y cuantificados. En este contexto, Arcadi Oliveres proponía tres medidas clave: una política que asegure ingresos suficientes para toda la población, una política migratoria de puertas abiertas que garantice con seguridad los movimientos de población y políticas preventivas para evitar tanto el agravamiento de la crisis ambiental como los delitos y catástrofes naturales, en contraposición a las predominantes políticas reactivas que no abordan la raíz del problema y no inciden en las causas de la violencia. Una seguridad humana que debe ser feminista, post-violenta y decolonial, coherente con nuestra interdependencia con el ecosistema global y encaminada hacia la Paz Ambiental en un contexto geopolítico de cooperación planetaria.

Las políticas de paz y seguridad deberían al menos evitar la tentación de utilizar el miedo como herramienta de control y manipulación para retener el poder.

Existe un consenso general sobre que las inversiones en I+D representan un valor añadido al crecimiento y la competitividad de la producción económica. Sin embargo, esta realidad es relativa, ya que, si la investigación se dirige hacia sectores supuestamente productivos pero perjudiciales para el medio ambiente o la economía real, entonces la I+D puede acabar destruyendo bienestar. Este es el caso de la I+D enfocada en la producción militar.

En primer lugar, porque representa una pérdida de oportunidad para el desarrollo económico y social. Si estos mismos recursos, en lugar de destinarse a la I+D de una economía ineficiente como la militar, se dirigieran a la economía real y productiva, incluyendo sectores como la educación o la sanidad, contribuirían mucho más al desarrollo de la comunidad donde se aplican. Los estudios sobre este desajuste económico indican que si los recursos monetarios, tecnológicos, materiales y laborales que consumen los ejércitos y la producción de armamento se destinaran a sectores civiles, se generaría más empleo, así como manufacturas y servicios más competitivos.

En segundo lugar, se repite con frecuencia que las tecnologías producidas en el ámbito de la I+D militar tienen un trasvase hacia aplicaciones civiles. Si bien esto es cierto para algunas tecnologías desarrolladas en el ámbito militar (como el radar, la computadora o Internet), no lo es con la mayoría de tecnologías surgidas de la I+D civil, como la energía nuclear, los transistores, la electrónica, los chips, la aviónica, los drones y otras innovaciones, que terminan siendo aplicadas en nuevos sistemas de armamento.

Es evidente que el aumento del gasto militar generaría más empleos, ya que incrementaría la producción de armamento y, por lo tanto, los puestos de trabajo en la industria militar. Pero es importante profundizar un poco más en esta cuestión.

Se estima que por cada millón de dólares de inversión en el sector militar se generan 5,8 empleos directos en la industria militar. Además, hay que sumar 1,1 empleos indirectos, que en su mayoría están relacionados con la cadena de suministro. En total, esto representa 6,9 empleos por cada millón invertido en el sector militar.ç

Ahora, comparemos estas cifras con los empleos generados en otros sectores económicos.

Si la misma inversión se realizara en el sector de la energía eólica, se generarían 8,4 empleos, sumando directos e indirectos. En el sector de la energía solar, la cifra aumentaría a 9,5 empleos. La inversión en infraestructuras, calles, carreteras, puentes, escuelas, edificios públicos, crearía 9,8 empleos por millón invertido.

La generación de empleo en educación y sanidad es aún mayor, 14,3 empleos en el caso de la sanidad y 19,2 empleos si la inversión se destinara a la enseñanza primaria y secundaria.

Es decir, una inversión en energías renovables generaría entre un 20% y un 40% más empleos que si se destinara al sector militar. Y si la inversión se enfocara en educación, la ocupación sería casi el doble que en el sector militar.

Por lo tanto, si el objetivo de una inversión es la creación de empleo, las inversiones en el sector militar son la peor opción. ¿Por qué este aspecto no se toma en cuenta en el debate sobre las inversiones militares? ¿Qué papel quiere jugar Europa en el mundo? ¿Y qué papel podría desempeñar?

Mientras se ignoran las voces de una buena parte de su población, de intelectuales, de la sociedad civil, de movimientos feministas y de organizaciones de paz, y mientras se menosprecian las voces que hablan desde la ciencia, Europa parece querer fortalecer su posición en el mundo mediante el poder militar y el belicismo, movilizando una cifra cercana al billón de euros para su rearme. Una cantidad, decidida en pocos días, que nunca antes se había considerado destinar a gastos en temas de gran preocupación social, como por ejemplo la vivienda.

Parece que Europa quiere sumarse a ser uno de los polos relevantes de concentración de fuerza militar en el mundo, desde una perspectiva geopolítica basada en la fuerza, el miedo y la hipótesis de que las acciones bélicas violentas son la manera de resolver los conflictos. Ignorando además su problema endémico de falta de gobernanza, que muy probablemente hará que este gran esfuerzo de inversión y aumento de los presupuestos militares termine diluyéndose en grandes beneficios para las industrias militares y poco más. Porque, según los datos del SIPRI, incluso si Europa redujera sus presupuestos militares a la mitad de los actuales, aún superaría ampliamente el presupuesto militar de Rusia. ¿Seguro que para hacerse ver en el mundo es necesario destinar, además del gran presupuesto militar actual de la UE, 800.000 millones de euros adicionales al rearme?

¿Y si pensamos en positivo? Europa podría ser la voz del realismo planetario, un realismo basado en los hechos y en la conciencia de la situación actual, profundamente injusta e inhumana en relación con los pueblos oprimidos, el género, el racismo, las desigualdades, la destrucción ecológica y un calentamiento global que destruirá muchas vidas que aún no han nacido. Europa podría ser la promotora de una nueva Geopolítica de la Paz, la democracia, el multilateralismo y la cooperación global para resolver los inmensos problemas que tendremos como humanidad, problemas que las voces científicas nos dicen que solo podremos abordar con herramientas de colaboración planetaria y de geopolítica humana basadas en el reconocimiento de la dignidad humana y el respeto al planeta y su biosfera. Promoviendo el diálogo, las vías diplomáticas y la solución negociada de los conflictos en lugar de los enfrentamientos militares, y siendo coherente y consecuente con sus principios fundacionales de tolerancia, justicia global y respeto a los derechos humanos.

La tendencia de los últimos años es que alrededor del 64% de las armas que adquieren los países europeos de la OTAN se compren a EE.UU., y nada hace pensar que con este plan de rearme será diferente. Estas adquisiciones se justificarán, además, con la necesaria «interoperabilidad» (la compatibilidad tecnológica) de los diferentes componentes de los sistemas de armas de los ejércitos de la OTAN.

La exigencia de aumentar el gasto militar siempre ha venido de EE.UU., que es plenamente consciente de que las compras de armamento generarán grandes beneficios para su industria militar, la más grande del mundo y proveedor preferencial de los Estados miembros de la Alianza Atlántica. Ahora Trump ha dicho dos cosas que son importantes: una, que no tiene ninguna intención de disolver la OTAN, y dos, que los países de la UE deben aumentar el gasto militar hasta el 5% del PIB, porque de esta manera comprarán más armas a EE.UU.

Esto está relacionado con el declive de la hegemonía estadounidense y cómo este fenómeno se refleja en la política internacional actual, con EE.UU. buscando que otros países financien su mantenimiento como líder mundial, ya sea a través de aranceles o de compras masivas de armamento, mediante el gasto militar de los países miembros de la OTAN. Según el presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, Stephen Miran, se trata de que el resto del mundo sostenga los «dos bienes comunes globales» que, según él, EE.UU. proporciona al mundo: el mantenimiento del orden internacional gracias al despliegue planetario de sus fuerzas armadas y el dólar como moneda refugio y moneda fuerte de referencia en las transacciones internacionales. Miran defiende que EE.UU. ya no puede seguir financiando en solitario estos «bienes» y que, si los países quieren continuar beneficiándose de ellos, deben pagar por ellos.

La insinuación de que con la cantidad astronómica del plan de rearme se pretende establecer las bases de una futura «autonomía estratégica de Europa» es un engaño a las poblaciones para que acepten sufragar este proyecto con recortes en sus pensiones y otras prestaciones sociales. La mentira se revela rápidamente si se lee el Libro Blanco de la Defensa presentado por la presidenta de la Comisión Europea y se comprueba que en él no aparece por ninguna parte la disolución de la OTAN, el desmantelamiento de las bases estadounidenses o la retirada del suelo europeo de las decenas de miles de soldados estadounidenses. No solo eso. En él se dice que todo el proceso de rearme debe hacerse «en estrecha coordinación con la OTAN», es decir, con EE.UU.

En las preguntas anteriores hemos visto que la OTAN ya tiene un gasto militar conjunto que multiplica por 10 el de Rusia, que a pesar de ello reclama más y más presupuestos militares a costa de recortes en pensiones, sanidad y prestaciones sociales, y que desde la caída del muro de Berlín se ha ido expandiendo hacia el este de Europa en una estrategia funesta que ha contribuido a arrastrar Ucrania a la guerra. Desde 1991, con el cambio de su concepto estratégico, empezó a intervenir en conflictos fuera de las fronteras de sus estados, y ha intervenido activamente en numerosos conflictos armados en el mundo. La OTAN se ha convertido en la defensora de los esquemas bélicos como supuesta forma de afrontar los conflictos, con discursos alejados de las alternativas basadas en la diplomacia e incrementando la inseguridad global con políticas ofensivas como las de expansión de sus bases militares.

Por otra parte, lejos de contribuir a la solución de la crisis climática y ambiental, las políticas de la OTAN le agravan. Mientras exista la OTAN habrá mayor seguridad para los poderosos y sus políticas neocoloniales y de protección a la extracción de minerales y combustibles fósiles, en contra de la seguridad humana que necesita urgentemente más del 90% de los habitantes del mundo y en contra del equilibrio ecológico planetario.

Además, la propia existencia de la OTAN es una causa importante de la actual crisis ambiental. Según el Transnational Institute, la huella de carbono militar total de la OTAN en 2023 fue de 226 millones de toneladas equivalentes de CO2 (tCO2e), y si todos los miembros de la OTAN cumplen el objetivo del 2% del PIB, entre 2021 y 2028 su huella de carbono militar colectiva será de 2000 millones de tCO2e, superior a las emisiones de GEI anuales de Rusia.

La humanidad se encuentra en riesgo existencial y necesita cooperación a nivel global para salvarse del deterioro ambiental que han causado sobre todo las sociedades del Norte. Las amenazas más peligrosas vienen de los grandes centros de poder económico mundial que, desde los países más ricos ya menudo bajo el paraguas de la OTAN, luchan por repartirse el pastel mundial. La existencia de la OTAN impide plantear las soluciones de cooperación democrática global que ahora mismo son imprescindibles para salvar el planeta y dar una vida digna a todas las personas que lo habitan.

Todo ello nos lleva a concluir que no necesitamos la OTAN.

Uno de los grandes problemas de la geopolítica actual, quizás el más significativo, es la continua violación de la legalidad internacional por parte de las grandes potencias, que al mismo tiempo controlan el Consejo de Seguridad de la ONU con su capacidad de veto. A estas alturas la ONU se nos aparece como una organización que tiene la virtud de reunir a la mayor parte de los países del mundo pero se manifiesta impotente en sus intentos de hacer respetar la legalidad, los derechos humanos y sus propios organismos y trabajadores. Cualquier guerra es una violación sistemática de los derechos más básicos, por lo que entre las reivindicaciones de los movimientos por la paz debería figurar la constitución de una verdadera organización moderadora y pacificadora internacional, la eliminación del derecho a veto de las cinco grandes potencias, la profundización en la elaboración del derecho internacional y su capacidad operativa y ejecutiva.

El camino de rearme iniciado por la UE, y en el que se encuentra también inmerso el Estado español, es un enorme error estratégico, también en el ámbito de la seguridad. Esta apuesta por la vía militar conforma y consolida una arquitectura de la seguridad internacional basada en el uso de la fuerza, la competición y la disuasión, yendo en detrimento de las alternativas basadas en el multilateralismo, la cooperación, la coexistencia pacífica como son (o deberían ser) Naciones Unidas. Las políticas militarizadoras y de rearme debilitan, de hecho, los principios emanados por este organismo, que realzan un modelo de seguridad que se logra por medio de las relaciones diplomáticas de buena vecindad, de cooperación en los ámbitos económicos, sociopolíticos y culturales, de buscar la distensión a través de un desarme, consiguiendo mínimos comunes que hagan posible una seguridad común y compartida. Es decir, un paradigma de relaciones que construya seguridad con otros países, y no contra ellos, para así evitar conflictos o, si surgen, ser capaces de resolverlos y transformarlos por la vía de la negociación diplomática de manera pacífica y noviolenta.