¿Cómo contribuye el sector militar a la crisis medioambiental?

Del 11 al 22 de noviembre se celebra la COP29, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Por ello, es oportuno hacer público un aspecto poco conocido de la crisis medioambiental.

La Unión Europea está en pleno proceso de rearme, militarización y adopción de posiciones belicistas, proceso que últimamente se ha intensificado de forma acelerada. Los dirigentes políticos europeos pretenden reforzar la base industrial militar europea y los arsenales de las fuerzas armadas de los Estados miembro. Constantemente estos dirigentes hacen declaraciones en las que hablan de economía de guerra, de fortalecer la capacidad de producción del sector europeo de defensa, de la “necesidad” de invertir más en defensa, etc. Y constantemente también toman decisiones dirigidas hacia estos objetivos. La presión de la industria europea de defensa ha jugado un papel fundamental en la deriva de los dirigentes europeos hacia la militarización.

Este proceso de rearme es general en los países del Norte Global.

Causas de este proceso

Es innegable que la guerra en Ucrania está facilitando a los dirigentes políticos una justificación muy oportuna, frente a la opinión pública, para aumentar el gasto militar. Sin embargo, este proceso se inició mucho antes de la invasión rusa en Ucrania y tiene causas muy concretas. Por un lado, los países ricos se preparan, desde hace tiempo, para hacer frente a las grandes migraciones y a las revueltas y el malestar social que la crisis climática originará. Por eso se blindan territorialmente con muros fronterizos altamente militarizados y altamente tecnificados. Por otra parte, el Norte global quiere asegurarse los recursos naturales (combustibles fósiles, minerales imprescindibles para la transición energética, agua, tierras, etc.). Unos recursos cada vez más escasos a raíz precisamente de la crisis medioambiental, climática y energética de la que es responsable el Norte.

En la ‘Estrategia Global y de Seguridad de la UE’ de 2008 ya se mencionaba el cambio climático como la causa de futuras catástrofes y sequías que serían el detonante de desórdenes, inestabilidad y conflictos

Si los habitantes de los territorios donde se encuentran estos recursos se oponen al expolio, ello puede derivar en conflictos armados que, al mismo tiempo, pueden provocar también migraciones. La explotación de recursos ha generado, al menos, el 40% de los conflictos armados del mundo de los últimos 60 años.

Documentos de estrategia de seguridad

Los países ricos contemplan, ante la crisis medioambiental y energética, la respuesta militar como una posibilidad a tener en cuenta. Y lo explicitan en sus documentos oficiales; tanto la OTAN, como la UE o el Estado español afirman en sus respectivos documentos de estrategia de seguridad que la escasez de las energías fósiles representa una amenaza a la seguridad energética. El petróleo, el gas, el carbón, el uranio y los materiales críticos se han convertido en un objetivo para la seguridad nacional. No descartan las intervenciones militares para garantizar su seguridad energética.

En la Estrategia Global y de Seguridad de la UE de 2008 ya se mencionaba el cambio climático como la causa de futuras catástrofes naturales y sequías que afectarían sobre todo a los países empobrecidos y que serían el detonante de desórdenes, inestabilidad política y conflictos sociales que, a su vez, provocarían grandes migraciones, fuente de más conflictos. La UE señala como elemento indispensable para la seguridad el acceso a la energía. La interrupción, por parte de terceros, del suministro de recursos imprescindibles, puede considerarse una amenaza y puede ser susceptible de una respuesta militar.

Las fuerzas armadas son grandes consumidoras de energía y, por tanto, grandes emisoras de gases de efecto invernadero

Por su parte, la OTAN, en la cumbre de junio de 2022, detalló las amenazas a las que la Alianza deberá hacer frente. Se incluyen el cambio climático, las pandemias y la inseguridad alimentaria que pueden provocar conflictos que, a su vez, desemboquen en migraciones irregulares. También se afirmó que los ataques cibernéticos o las operaciones hostiles contra infraestructuras críticas y cadenas de suministro de recursos energéticos podrían equipararse a un ataque armado y desencadenar una respuesta armada de los miembros de la OTAN.

En España, su Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 y la actual Directiva de Defensa Nacional (2020) también califican los mismos conceptos de amenazas.

En resumen, Occidente está dispuesto a salvaguardar su sistema de vida, pese a ser el causante de la crisis medioambiental y energética, reforzando sus capacidades militares para asegurarse todas las materias primas que necesita.

Contribución del sector militar a la emergencia climática y medioambiental

Las fuerzas armadas son grandes consumidoras de energía y, por tanto, grandes emisoras de gases de efecto invernadero (GEI). Una evaluación rigurosa de esta contribución debe abrazar el ciclo completo de vida (huella de carbono) del sector militar, que incluye todas las fases, desde la extracción de materias primas necesarias para la fabricación de armamento y de equipamiento militar, pasando por su fabricación, por su utilización y por la gestión de los residuos que todo ello genera. Esto significa que es necesario contar tanto las emisiones directas (consumo energético de las bases y consumo de combustibles fósiles de los vehículos militares terrestres, barcos y aviones) como las indirectas (producción de armas, de equipamiento militar y cadena de suministro militar).

Las guerras, además de causar muertes, destrucción y miseria, perjudican los hábitats y la biodiversidad, con efectos que perduran en el tiempo

Se estima que los terrenos de entrenamiento y fincas militares representan entre el 1 y el 6% de la superficie terrestre. Los campos de tiro en terreno militar pueden incrementar el riesgo de incendios, que son una fuente importante de emisiones y disminuyen la capacidad de la vegetación y del suelo de almacenar carbono. Los ejercicios de entrenamiento y maniobras militares por sí solos también generan importantes emisiones GEI y degradación del suelo. El mantenimiento de las bases militares también daña los ecosistemas. Se han detectado productos químicos muy contaminantes y tóxicos en las aguas subterráneas y en el agua para beber, por ejemplo, en zonas cercanas a algunas bases estadounidenses de Okinawa (Japón) y China Lake (California).

Las fuerzas armadas generan residuos, como municiones que, por lo general, se destruyen por detonación o quema. Esta práctica contamina la tierra, genera productos nocivos y emite GEI. Todavía existen ejércitos donde la gestión de residuos se hace en pozos abiertos en que se queman los desechos. Alguna vez se han hundido en el océano barcos de guerra obsoletos.

Guerras y medio ambiente

Las guerras, además de causar muertes, destrucción y miseria, perjudican los hábitats y la biodiversidad, con efectos que perduran en el tiempo. Las bombas y proyectiles liberan gases tóxicos, sustancias químicas y metales pesados que contaminan el aire, el suelo y los acuíferos; los tanques aplastan la vegetación y estropean el suelo; los explosivos pueden también generar incendios, etc.

La destrucción originada por las guerras calienta el planeta. Y la reconstrucción posterior contribuye también, por su parte, al calentamiento.

En ocasiones, la destrucción del entorno forma parte de la estrategia militar. En la guerra de Vietnam, EEUU roció la selva con napalm para evitar que sirviera de protección a los vietnamitas. También usó agente naranja para devastar los cultivos.

Las minas y bombas sin estallar inhabilitan las tierras para usos agropecuarios y permanecen como peligros permanentes para la población. Es el caso de Laos, el país más bombardeado de la historia. Se estima que un 30% de las bombas todavía no ha estallado. El impacto en la agricultura es tremendo, ya que la mayoría de la población sigue trabajando en la agricultura. También tiene un impacto en el desarrollo de infraestructuras porque siempre es necesaria una limpieza previa del territorio.

Un estudio de 2022 estima que la huella de carbono militar mundial se sitúa en un rango entre el 3,3% y el 7% de las emisiones globales

Una contaminación ambiental relacionada con el armamento es la radioactiva. Durante décadas, los Estados posesores de armas nucleares han realizado pruebas con este tipo de armamento, con la consiguiente contaminación radioactiva, como sabemos, de larga duración. Muchos accidentes con armas nucleares también han provocado diseminación radioactiva (valga P alomares, como ejemplo).

Otro origen militar de este tipo de contaminación es el uso de uranio empobrecido, un subproducto del enriquecimiento del uranio para armas nucleares. Es un material muy denso. Se aprovecha en la fabricación de munición y proyectiles que, con puntas de uranio empobrecido, pueden perforar los blindados. Con el impacto, el proyectil se pulveriza en micropartículas que esparcen material radiactivo. Además, el uranio empobrecido es tóxico. El resultado de su uso es la contaminación del suelo, del aire y de las aguas, incluso a grandes distancias. La OTAN ha utilizado uranio empobrecido en las guerras de Serbia-Montenegro y Bosnia-Herzegovina. EE UU lo ha hecho en la primera guerra del Golfo y la invasión de Irak.

Estimaciones sobre las emisiones de GEI del sector armamentístico

Un estudio de 2022 estima que la huella de carbono militar mundial se sitúa en un rango entre el 3,3% y el 7% de las emisiones globales, un orden de magnitud como el de la aviación comercial.

Algún ejemplo nos ayudará a evaluar la relevancia de las emisiones asociadas a las fuerzas armadas. Y más concretamente al consumo energético de los vehículos militares: cada uno de los 60.000 vehículos del tipo HUMVEE (un tipo de jeep) de la flota de la US Army necesita del orden de 40 litros de combustible diésel para recorrer unos 100 km. Diez veces más que los cuatro litros que gasta un turismo medio para recorrer 100 km. El tanque Leopard consume 300-500 litros por 100 km (conducción normal o campo a través). El avión Eurofighter (Typhon) consume entre 2.300 y 7.500 litros por hora de vuelo. A todo esto hay que sumarle la contribución de las emisiones indirectas.

Sólo teniendo en cuenta las emisiones derivadas de la combustión de fuel, el Departamento de Defensa de EE UU ocuparía el lugar 47 como mayor emisor del mundo

Las fuerzas armadas de EE UU consumen más fuel y emiten más GEI que la mayoría de los países de tamaño medio. Sólo teniendo en cuenta las emisiones derivadas de la combustión de fuel, el Departamento de Defensa (DoD) ocuparía el lugar 47 como mayor emisor de GEI del mundo, por delante de Bélgica o Portugal. Es un factor determinante que EE UU haya estado ininterrumpidamente en guerra o implicado en acciones militares desde 2001 (inicio de la guerra contra el terror).

Sumadas las emisiones de CO2 asociadas a las actividades del DoD (59 millones de toneladas de CO2e) y las asociadas a la producción de armamento (153 millones de toneladas de CO2e) se estima que la actividad militar de EE UU fue la responsable de la emisión de al menos 212 millones de toneladas de CO2e durante el año 2017. Existen otras estimaciones con valores distintos. Estas discrepancias se deben a la poca información sobre las emisiones del sector (cuando la hay, es muy poco fiable). Todos estos resultados son fruto de estimaciones y aproximaciones.

Un estudio estima que las emisiones de GEI producidas por el sector militar de la UE-27, en 2019, fue de más de 24 millones de toneladas de CO2e. Esto equivale a las emisiones de CO2 anuales de unos 14 millones de coches medios. O bien a las emisiones anuales de estados como Croacia, Eslovenia o Lituania. El estudio subraya las deficiencias en la información que proporcionan los Estados miembros sobre sus emisiones militares. Y concluye que el European Green Deal ha ignorado “total y deliberadamente” todo lo que se refiere al impacto climático de la militarización.

En la Unión Europea no existen objetivos generales de reducción de GEI que incorporen las emisiones de las fuerzas armadas.

La UE reconoce la necesidad de que las operaciones militares lideradas por la UE aborden adecuadamente la protección medioambiental. Sin embargo, también dice que la necesidad militar puede justificar la cancelación de los estándares de protección medioambiental y que los imperativos de las operaciones militares habitualmente tendrán prioridad. Por lo que se refiere a la eficiencia energética, los edificios que pertenecen a las fuerzas armadas no están obligados a cumplir los mínimos requisitos de actuación energética. Estos requisitos sólo se exigirán si su aplicación no entorpece el objetivo y las actividades de las fuerzas armadas.

En la Unión Europea no existen objetivos generales de reducción de GEI que incorporen las emisiones de las fuerzas armadas.

Las emisiones del sector militar del Reino Unido, con una industria militar y unas fuerzas armadas muy potentes, fueron de unos 11 millones de toneladas de CO2e, durante el año fiscal 2017-2018.

Se estima que la huella de carbono militar de la OTAN del año 2023 fue de 226 millones de toneladas de CO2e, un aumento de 30 millones de toneladas respecto al año 2021 (el equivalente a añadir más de 8 millones de coches en la carretera). Uno de los factores clave de este incremento es el objetivo de que todos los socios de la OTAN destinen al menos el 2% de su PIB al ámbito militar. Si el sector militar de la OTAN fuera un país, ocuparía el lugar 40 como emisor de GEI, por delante, por ejemplo, de Países Bajos.

La OTAN no incorpora ningún objetivo de reducción de emisiones GEI ni ninguna actuación medioambiental.

Trato de privilegio para el sector militar

Las actividades militares, a pesar de ser altamente contaminantes, no están obligadas a comunicar sus emisiones GEI a Naciones Unidas. La comunicación y la reducción de estas emisiones, en el Protocolo de Kioto de 1997, quedaron exentas por la presión de Estados Unidos. El Acuerdo de París de 2015 suprimió su exención, pero permite la voluntariedad de la información sobre emisiones militares y deja su reducción al criterio de cada país.

En la ley española de Cambio climático y Transición energética (mayo 2021) quedan excluidos de la aplicación de la ley los equipamientos, sistemas de armas, instalaciones y actividades, cuyo objetivo sea la protección de los intereses esenciales de la defensa nacional y de la seguridad pública.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) propone una reducción de las emisiones de GEI para evitar un aumento de la temperatura por encima de 1,5°C. La Unión Europea se ha comprometido a haber reducido, en 2030, las emisiones de GEI un 55% respecto a las de 2019. Sin embargo, la mayoría de países miembros de la UE lo son también de la OTAN y ninguno de ellos se plantea aplicar esta reducción al ámbito militar. El objetivo de destinar el 2% del PIB a gasto militar de la OTAN dificultará la reducción propuesta por el IPCC al incrementar las emisiones de GEI de origen militar.

Conclusiones

Existe una necesidad urgente de equiparar el sector militar (fuerzas armadas e industria armamentista) al sector civil en la obligación tanto de informar sobre las emisiones GEI como de reducirlas. Y más aún si se tiene en cuenta que su contribución a las emisiones GEI es significativa y que este sector no representa ningún beneficio para la inmensa mayoría de la población mundial. Por mucho que hubiera una fuerte reducción de las emisiones GEI en todos los demás ámbitos, siempre se arrastraría la contribución del ámbito militar. Con el agravante de que el poder (político y económico) está promoviendo un incremento en la militarización mundial.

Desde el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Ecologistas en Acción y Extinction Rebellion se ha iniciado la campaña Descarbonizar es Desmilitarizar con el objetivo de que las emisiones militares de GEI se declaren, se contabilicen y se reduzcan.

Leer el artículo en El Salto