Créditos para la industria militar a golpe de Real Decreto

El Ministerio de Defensa tiene unos compromisos económicos desmesurados, que representan el 3% del PIB del Estado, como consecuencia de los 19 programas especiales de armamento (PEAs) adquiridos -con mucha creatividad presupuestaria y financiera- por los sucesivos gobiernos a partir de 1997.

Hoy en día, el conjunto de estos 19 programas suman un total de más de 31.631,8 millones de euros (con un 32% de desviación respecto del importe inicial) que, se prevé, pueden alcanzar los 36.876 millones de euros según fuentes del propio Ministerio de Defensa (lo que supondría una desviación de más del 50%) frente a los 23.959,90 millones de euros contractuales.

Ante este continuo aumento del coste de los programas, el gobierno socialista, por aprobación del Consejo de Ministros, fijó en 2009 un máximo de gasto para estos programas de 26.692,5 millones de euros, cantidad que tan solo un año después ya había sobrepasado en 4.939,3 millones de euros (por modificaciones de contrato, revisión de precios, incremento de las partidas abiertas y contratos adicionales, etc.).

En 2012 estos programas estuvieron dotados con un presupuesto de 4,9 millones de euros, cantidad para cubrir únicamente los gastos administrativos de los programas. En abril, el Secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, reconoció un vacío de 2.370 millones entre lo presupuestado y las obligaciones de pagos contraídas. Una diferencia que se habría ido cargando de presupuesto a lo largo del año, con un aumento total del presupuesto superior al 30%. Por ejemplo, el Consejo de Ministros aprobó a principios de año una partida de 309,2 millones para los compromisos de pago del programa Eurofighter, mientras el Ministerio de Industria aprobó otros 198,6 millones en créditos (o «anticipos reintegrables»).

La última ampliación del presupuesto de Defensa data del 7 de septiembre de 2012, cuando se aprobó un Real Decreto Ley (RD 26/2012) que concedía un crédito extraordinario para el presupuesto del Ministerio de Defensa por valor de 1.782,8 millones de euros. Este crédito debe ir destinado al pago de la deuda acumulada con las empresas militares para el desarrollo de los programas especiales de armamento, tanto la parte correspondiente a los años 2010 y 2011 por entregas ya realizadas que no se pagaron, como para los compromisos de pago que no se incluyeron en el presupuesto inicial del Ministerio de Defensa. Según el mismo Decreto, este crédito no tiene impacto en el déficit público actual, no obstante, se financiará con Deuda Pública.

Tabla 2. Presupuesto de los PEAs para 2012 y 2013

Como se muestra en la tabla 2, de esos 1.782,8 millones de euros del crédito extraordinario, 1.171 millones de euros irán destinados al programa Eurofighter; 242 M € al carro de combate Leopard; 187,8 M € al buque de acción marítima (BAM); 72,26 M € al helicóptero Tigre; 38,9 M € a los misiles IRIS-T y 27,8 M € al Spike; 21,8 M € por helicópteros y sistemas para la UME y 16,07 M€ por el obús 155/32mm. Con este crédito, además, se ha aplazado tres años (hasta el 2015) la recepción de 15 aviones Eurofighter, lo que «permitirá aliviar sustancialmente el déficit público en estos años [2012-2014]», según el ministro de Defensa. Según otras interpretaciones, este aplazamiento de la recepción de las armas, probablemente suponga el aumento de su coste así como el aplazamiento del pago hasta dentro de cuatro años; es decir, no se estaría aliviando el déficit público sino que se estaría aplazando el peso del déficit hasta la próxima legislatura.

Si se mira el detalle de aquello presupuestado para los PEAs en 2012, la cantidad que se prevé ejecutar a final de año, y se compara con aquello presupuestado para la misma partida en 2013 (6 millones de euros sólo para gastos administrativos), es fácil llegar a la conclusión que el Ministerio de Defensa podría volver a pedir un crédito extraordinario a golpe de real decreto para cubrir los compromisos del próximo año. Según Pedro Argüelles en comparecencia “la solución para hacer pagos contra un presupuesto que no está dotado naturalmente pasa por medidas extraordinarias”. Por lo tanto, en 2013 se podría aprobar un nuevo real decreto para conseguir otro crédito extraordinario para cubrir los 1.888,3 millones de euros que se tendrían que pagar a las industrias.

Por otro lado, el actual gobierno justificó este real decreto ley de la siguiente manera: “la exigencia de atender al pago de obligaciones que ineludiblemente debe de satisfacer la Administración y la necesidad de no demorar su abono para no causar perjuicios a terceros afectados, constituyen –según se indica en el texto del propio real decreto– las razones de extraordinaria y urgente necesidad que justifican la concesión del crédito extraordinario mediante real decreto-ley”. Sin embargo, éste es un mecanismo al que únicamente se debería recurrir para ocasiones imprevistas e imprevisibles; características que obviamente no se corresponden con la situación actual de los PEAs.

A pesar de su impacto sobre las cuentas públicas (como decíamos, los PEAs representan un 3% del PIB), sobre el déficit y la deuda públicos que contribuyen a engrosar, los PEAs se continúan defendiendo con argumentos ya clásicos: se insiste sobre su contribución a la modernización de las Fuerzas Armadas, su impulso sobre el desarrollo del tejido industrial español “con alto componente tecnológico” o que han colaborado en la generación de trabajo de alto valor y capacitación. Se tiene que destacar que, en contraposición a estos argumentos, el ex secretario de Estado de Defensa insinuaba en su última comparecencia que estos argumentos no son del todo ciertos, puesto que daba a entender que la industria española se ha convertido en la base de ensamblaje de los armamentos donde los técnicos son extranjeros y este trasvase de conocimientos no se da o no de forma importante. Asimismo, insistía que el gobierno que se creara no debería ceder ante las presiones de la industria militar, sino que debería adaptar los proyectos y las inversiones a las necesidades reales de los escenarios donde se interviene.

Además, hacía un análisis muy interesante del modelo financiero de la industria de defensa y proponía algunas medidas coyunturales frente a otras estructurales que se tendrían que tomar para intentar corregir el modelo actual. En relación a las medidas coyunturales, destacaba el abuso de  medidas tradicionales basadas en el aumento de la prefinanciación (los créditos del Ministerio de Industria) y de la reprogramación de pagos y devoluciones con las industrias para lo que proponía como prioritario un reordenamiento de los programas ajustándolos a las necesidades reales i así garantizar su viabilidad y sostenimiento –iniciativa que no tomaron durante su gobierno. Respecto a las medidas estructurales remarcó la necesidad de cambiar el modelo de adquisiciones, dado que “su finalidad no puede ser otra que garantizar a las Fuerzas Armadas su aprovisionamiento. Otros planteamientos diferentes o adicionales deben de permanecer en un segundo plano”, alertó refiriéndose a los argumentos recurrentes de capacitación nacional y creación de ocupación. Por último, pero no menos preocupante, también señaló que los ya más de 15.000 millones de euros correspondientes a los créditos en I+D del Ministerio de Industria afectarán la corriente financiera durante al menos 25 años. Los mismos expertos del Ministerio de Defensa reconocen que este modelo de financiación aplaza para generaciones futuras unas obligaciones de pago que éstas no habrían generado.

En conclusión, hay que destacar la política continuista de los últimos gobiernos en relación al modelo de financiación de los programas especiales de armamento. Su prioridad recae en impulsar la industria militar española y, actualmente, su internacionalización; mientras su estrategia se basa en crear consorcios internacionales para el desarrollo de estos programas y negociar con las empresas ampliaciones de contratos, reprogramaciones de pagos y posponer las devoluciones del dinero avanzado por Industria. Todo esto supone, como hemos mostrado anteriormente, un continuo aumento del importe de los contratos, aplazando la presión de las obligaciones de pago, y disfrazando el gasto militar real o escondiéndolo tras unos presupuestos “virtuales”.

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