Debate en torno a la Objeción Fiscal
Artículo entorno a la Objeción Fiscal con el objetivo de crear debate en el seno del movimiento antimilatarista que nos parece de máximo interés y del que son autores Antonio Escalante y José ToribioCentre Delàs, febrer, 2007
En abril de 2006 se publicó un texto sobre la Objeción
Fiscal al Gasto Militar —OFGM— a petición del periódico Diagonal,
titulado «La Objeción Fiscal a debate».
La propuesta de esta
publicación brindó la posibilidad de elevar a público algunas ideas
sobre este asunto. Por aquel entonces no fueron bien avenidas entre
algunos sectores del movimiento antimilitarista. Se argumentaba que se
habían realizado en plena campaña de Objeción Fiscal —perjudicándola— y
que se habían hecho públicas antes de haber sido conocidas dentro.
En
Enero de 2007 los contenidos de esta reflexión fueron expuestos y
defendidos en la asamblea estatal de Alternativa Antimilitarista-MOC.
Tras ello se difundió el texto que aparece a continuación en la lista
Infomoc (la lista de AA-MOC) pretendiendo con ello mantener el debate
dentro del cenáculo antimilitarista, con la idea de aclarar pormenores,
incorporar otras reflexiones, y poder así afrontar serenamente el
debate.
Sin embargo, hemos notado un vacío unánime a las ideas
aquí expuestas, vacío que interpretamos al ver que dos de las páginas
antimilitaristas más activas no se han hecho eco de lo que aquí se
expone: nos referimos a Insumissia y Tortuga.
Si dentro del movimiento no se quieren debatir estas cuestiones quizá sea oportuno hacerlo fuera.
Las
reflexiones que aquí aparecen están hechas desde dentro del
antimilitarismo, con el deseo de mejorar nuestras herramientas de lucha.
Lo
que en adelante se defiende es que la actual campaña de OFGM se
inscribe dentro de un concepto constrictivo de lo que se conoce como
Desobediencia Civil —DC.
Esto no implica necesariamente que lo
que ahora se hace no deba hacerse o que deba atenerse a lo que de forma
más estricta se debería considerar como DC. No debemos renunciar a
transgredir las normas con las herramientas que estén a nuestro alcance,
pues es una evidencia que los derechos fundamentales, incluso para
quienes los reconocen formalmente —nominalmente—, no se aplican de forma
efectiva.
Sí implica, sin embargo, que llamemos a las cosas por
su nombre, y que desde la honestidad política se asuman las limitaciones
de ciertas actuaciones para que no se presenten como algo que no son.
Entresacamos de la declaración de la Asamblea estatal de OF lo siguiente:
«La
OF a los gastos militares es un movimiento de desobediencia civil que
se plasma en la disposición a no colaborar económicamente con el Estado y
con los impuestos que nos obligan a contribuir al gasto militar.
Técnicamente,
hacer OF consiste en dejar de pagar la parte de nuestros impuestos que
corresponde al gasto militar, según los presupuestos generales del
estado. Ese dinero lo desviamos a otros destinos que consideramos
socialmente útiles.
Asumimos así nuestro protagonismo a la hora
de decidir sobre los temas de Defensa: qué, cómo y de quién queremos
defendernos, y en definitiva decidimos sobre qué tipo de sociedad
queremos construir.
¿Cuáles son nuestros objetivos? Seguir
impulsando, con el dinero desviado del gasto militar, proyectos que
impulsan una transformación desmilitarizadora.
La objeción fiscal
no ha sido todavía reconocida legalmente: llevarla a cabo puede
implicar pequeños problemas con Hacienda. Pero es una de las pocas
formas de oponerse a un sistema que prioriza la inversión en muerte, y
que descuida o impide la inversión en Justicia.»
Aunque esta
declaración no es reciente, sí lo es esta de 2006 que dice: «La OBJECIÓN
FISCAL AL GASTO MILITAR, facilísima de hacer, es una campaña pública y
noviolenta de DESOBEDIENCIA CIVIL que tiene lugar en multitud de países
desde hace décadas. Gracias a ella podemos dejar de colaborar con los
ejércitos y evitar que se financien las guerras con nuestros impuestos.»
align=justify>Es una temeridad y una imprudencia decir que de
ciertas acciones se siguen determinadas consecuencias cuando esto no
ocurre. Además, nuestro crédito político se ve seriamente dañado cuando
tras un discurso radical se esconde una práctica no tan radical (aunque
no por eso peor, en los tiempos que corren).
Veamos los supuestos en que se desarrolla actualmente la OFGM.
En
primer lugar hay que comenzar diciendo que la OF no sirve para lo que
se propone tal cual está concebida en sus «objetivos técnicos», esto es,
si pensamos que realizando la OFGM detraemos recursos del GM.
Imaginemos a alguien que va a hacer la declaración de la renta y decide hacer OFGM.
Primer
supuesto: Hacienda lo ignora. Tanto si la declaración de la renta es a
favor (te devuelven) como si es en contra (pagas) el estado abonará
(primer caso) o dejará de ingresar (segundo) una cantidad equis que
recibirá una entidad particular que, según criterio, constituye una
alternativa de gasto mejor que el GM.
Esto podría generar la
ilusión de que lo hecho ha servido y que, efectivamente, se han
trasvasado recursos de lo militar a lo no militar.
Pero si
rascamos un poco vemos que esto NUNCA sucede. El estado no deja de
comprar un tanque Leopard —pongamos por caso— tras contabilizar el
dinero que las personas contribuyentes han detraído al fisco por motivos
de conciencia (tanto si el estado pagó de más como si dejó de
ingresar). Si los objetivos técnicos de la OF son detraer recursos al
militarismo negándose a pagar impuestos para la guerra o su preparación,
esto nunca ocurre. Diría más: la experiencia nos demuestra que año tras
año, el estado no sólo gasta lo que originalmente prevé sino cantidades
muy superiores —lo que puede verse en las oportunas liquidaciones de
los PGE año tras año.
Lo que sí ocurre, SIEMPRE que se realiza la
OFGM, es que el estado recibe menos ingresos de los previstos —sean las
declaraciones positivas o negativas. Si aceptamos que no descuenta ni
un euro su previsión de GM sino que incluso lo aumenta, tenemos que:
o
reduce gastos en partidas de segundo o tercer rango (podría ser, por
qué no, aquellas que siempre sufren recortes, como las vinculadas a
asuntos sociales, genéricamente hablando —educación, sanidad, medio
ambiente)
o incrementa los impuestos para cumplir los compromisos de gasto adquiridos a través de los PGE.
Segundo
supuesto: Hacienda no hace la vista gorda y obliga a la persona
declarante, mediante una declaración paralela, a someterse a los cauces
que marca la administración. En este segundo supuesto encontramos al
menos dos formas de enfrentar la situación en función de la actitud de
la persona declarante:
<DIR><DIR>
a) Se evita un
enfrentamiento con el fisco y se paga conforme a la declaración paralela
de Hacienda. Cuando esto ocurre, el gesto de quien ha realizado la OFGM
se queda en agua de borrajas: no sólo no detrajo recursos al
militarismo (ya se ha señalado), sino que, además, pagó por dos veces:
una, a la entidad particular que eligió como alternativa, y otra, como
efecto de la reclamación. Sin entrar a valorar las situaciones
personales que cada cual tenga a la hora de adoptar esta medida, no
podemos pasar por alto que aquí, la desobediencia es poco más que una
declaración de intenciones y no la intención misma. Hay datos para
pensar que mucha gente que realiza la OFGM se encuentra en este
supuesto: espera no ser reclamada por Hacienda y que, si esto ocurre, su
periplo termine en la declaración paralela que efectúa la
administración.
b) Cuando Hacienda reclama, la persona que ha
hecho OFGM mantiene su postura. Por esta vía los frutos son escasos —con
la estrategia actual— pues además de no abundar en ejemplos —se conocen
dos— las sentencias suelen ser a favor del fisco. Salvo un caso
concreto —el objetor catalán que comentaremos más adelante— se acaba
pagando lo que el fisco reclama más los intereses de demora (a veces
incluso las costas procesales si se llega a la vía judicial y la
sentencia es negativa). Que se cobran es seguro, independientemente de
la vía que elijan: adeudo en cuenta corriente, embargo o descuento en
declaraciones posteriores… Que nadie o casi nadie se adentre en las
turbulentas aguas de la justicia pone en entredicho su carácter
colectivo y desobediente. Hasta el momento sólo ha habido un caso en que
el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dictó una sentencia a
favor de un OF en la que insta al Tribunal Económico Administrativo
Regional a retirar y dejar sin efecto la sanción que le habían impuesto,
si bien la sentencia niega tajantemente el derecho a la objeción de
conciencia fiscal y confirma que el recurrente tiene que pagar a
Hacienda la cuota que dejó de abonar para destinarla a objeción fiscal.
Tan solo entiende que no hubo «ánimo defraudatorio» procediendo a anular
la multa que se le había impuesto.
</DIR></DIR>
Esta rara avis nos sirve para cuestionar algunas ideas centrales de la estrategia de la OFGM.
La
primera duda atiende a su consideración de «colectiva». Que algunos
miles de personas la realicen (algunas estimaciones hablan de 5.000) la
convierte en una campaña colectiva sólo cuantitativamente, pero no
cualitativamente. El caso del OF catalán es paradigmático: es él y no un
«movimiento» quien se enfrenta «al poder» manteniendo un gesto.
Nadie
o casi nadie decide llevar hasta sus últimas consecuencias el asunto
que nos ocupa. ¿Será que tras el gesto no hay ninguna estructura que
mantenga el enfrentamiento con el estado más allá de la retórica?
La
inmensa mayoría de las personas que realizan la OFGM lo hacen desde la
más absoluta individualidad, a veces sin saber que llevando su
coherencia hasta las últimas consecuencias, no se asegurarán más apoyo
de quienes impulsan esta campaña que el de su «solidaridad».
La
cuestión es clara: alguien que hoy decidiera «llegar hasta el final»
¿podría contar con defensa legal por parte del «movimiento»? Si
finalmente le obligaran a pagar, sea cual sea la cantidad, ¿contaría con
el soporte económico de una «estructura» que garantizase su arriesgada
apuesta, por ejemplo, con una caja de resistencia o similar? Si por
impago —voluntario o forzoso— acabase con sus huesos en la cárcel —cosa
nada probable—, ¿tendría sentido, colectivamente hablando, una situación
de esta magnitud? ¿Podría, si contara con un grupo de apoyo, tener una
coordinación fluida con alguien —valga decir «otros grupos», «otras
personas que hubiesen realizado la OF», el «movimiento»— para dar
sentido público, político, a su acción?
Antes de avanzar más es necesario insistir en lo siguiente:
La
OFGM no sirve para lo que se propone en su dimensión técnica: evitar
que mediante nuestros impuestos se financie el militarismo.
Que
apenas hay un caso de claro enfrentamiento con el estado por realizar
la OFGM pone de manifiesto que no es una campaña colectiva ni de
desobediencia civil.
Si la campaña de OFGM no evita que con los
impuestos se siga financiando la guerra, yerra en sus propósitos o no ha
pensado convenientemente su imagen pública. Honestamente, ¿qué le
estamos contando a la gente que se decide a realizarla? ¿No estaremos
manipulando de forma inconsciente (por no pensar en lo que hacemos) a
quienes, por motivos de conciencia, deciden realizar la OFGM?
Quizá
sea la falta de claridad del asunto y la inexistencia de una completa
estrategia lo que termina agotando las sensibilidades de quienes una vez
decidieron contribuir a lo que pensaban era una alternativa y ven en su
acción una absoluta inoperancia.
Utilizar el momento de
realizar la declaración para hacer una cierta pedagogía social se puede
valorar muy positivamente, o lo contrario: debería preocuparnos que un
tema tan sangrante como este —como tantos otros— sólo merezca nuestra
atención tres mes al año y que los 9 meses restantes permanezca bastante
olvidado.
Basar toda una campaña en el supuesto de que «se
recupera la conciencia de que hacienda somos todos, que aquí el que
manda es el pueblo, que podemos desobedecer las leyes o normas injustas,
podemos no cumplirlas y hacerlo con la cabeza bien alta, burlarse de
hacienda, que todo el mundo se entere de que puede ser desobediente y no
pagar tanques y misiles que no sirven para nada, para festejar la
diversidad y la extensión que está teniendo esta forma de desobediencia
civil tan netamente antimilitarista, pues implica una toma de conciencia
sobre el grave problema de la militarización social, dejar de colaborar
con los ejércitos y evitar que se financien las guerras con nuestros
impuestos» (extraído de páginas del movimiento antimilitarista) no deja
de ser pura poesía, un acto de sofística.
En el caso que nos
ocupa, nos encontramos ante una iniciativa política que acepta el
sistema fiscal que denuncia con la apariencia de quebrantarlo. La
aparente desobediencia es una obediencia debida. Se desobedece cuando la
acción se lleva hasta las últimas consecuencias.
La ilusión de
que se viola la ley se desvanece con sólo considerar la forma de actuar
del estado. Desde el momento en que el estado se encuentra ante la
violación de una ley se ve obligado a adoptar una decisión
jurídico-institucional, pero nada de esto ocurre.
Realizar una
OFGM consecuente debería pasar por plantearse obligar al estado a ser un
interlocutor, imponiendo el cumplimiento de los objetivos que la
campaña anuncia, vale decir, negar que con los impuestos que se pagan se
financien las guerras y se depauperen los gastos socialmente útiles. Si
el estado no interviene, y dado que nada de lo que hacemos sirve (salvo
para dejar nuestras conciencias tranquilas, en el mejor de los casos),
es menester obligarle a intervenir, porque si no, nuestro gesto no va a
ningún lado: una cosa es predicar y otra dar trigo.
Obligar al
estado a intervenir nos sitúa en otra problemática no menos peliaguda.
Podemos obligarle a intervenir ¿aceptando las reglas del juego o
rompiendo la baraja?
Romper la baraja significa no sólo no
aceptar las reglas del juego, sino el juego mismo. Romper la baraja
implica salirse, irse, extrañarse, abandonar, desertar. Pretender vivir
fuera del sistema implica rechazarlo todo: trabajar para otros a cambio
de un salario, tener dinero, consumir (incluso lo más básico).
Sólo
una autogestión llevada al extremo se permitiría romper la baraja y
mantener un discurso radical. Cada vez que compramos una barra de pan,
una cajetilla de tabaco, montamos en el transporte público o en el
coche, vemos la tele o vamos al cine, por hablar de cualesquiera cosas
que hagamos un día corriente de nuestra vida, coadyuvamos con los
impuestos que los gravan a un determinado estado de cosas. Podemos
robar, pero incluso el robo está repercutido, adelantadamente, en el
precio del producto.
Es lo que tiene ser radical: es muy difícil
explicarse. Si no se quiere una legislación sobre los «impuestos por la
paz» porque las leyes «se dictan siempre a favor de quienes las
redactan» (AA-MOC define así su posición al respecto de una «ley de
impuestos por la paz» aunque dentro del mismo movimiento hay quien
recomienda que se interpele a los parlamentarios para que se legisle en
este tema, lo que demuestra que no hay postura común), hay que salirse
del mundo, a todos los efectos, y tirar al niño con el agua sucia. La
pureza no existe (¡menos mal!), y querer mantener una burbuja pura e
inmaculada en un mundo contaminado es poco menos que anhelar la
cuadratura del círculo.
La postura inmaculada hace juego sucio:
defiende el gesto más radical pero sólo se queda en la pose. Si de
verdad nos creemos lo que decimos, hagámoslo. Si no, aceptemos que el
mundo sea menos perfecto, menos redondo y menos radical, y que, poquito a
poco se den pasos que ahora no se dan.
Debemos ser
consecuentes: o desarrollamos radicalmente nuestra propuesta o
participamos de otras opciones. Es muy fácil colocarse tras el discurso
radical y tildar al resto de «reformistas». Quizá sea importante aclarar
qué entendemos por reformista: quienes buscan modificar coyunturalmente
algunos aspectos de nuestra democracia militar de mercado abandonando
de antemano la posibilidad de transformar el conjunto de la sociedad y
sus condiciones de existencia.
Una vez aceptado el actual
sistema fiscal como forma de organizar nuestra existencia (pedimos que
nuestros impuestos no se utilicen para lo militar, no que nos neguemos a
pagar impuestos), igual de eficiente sería una ley que convirtiera la
OFGM en un derecho reconocido legalmente. Para «concienciar» (tremenda
palabra esta) a la sociedad (¡uff!) con los valores que defiende el
antimilitarismo, también servirían otras iniciativas. Para sumar
cuantitativamente, es posible que también una ley sirva, puesto que la
gente, en general, si toma posiciones prefiere que no reporten mucho
sufrimiento, desgaste, etc.
¿Cómo actuar ante las leyes injustas?
¿Nos contentamos con obedecerlas? ¿Tratamos de corregirlas y seguimos
obedeciendo hasta que lo consigamos? ¿Las transgredimos?
Plantear
una posible «legalización» de la OFGM (que sí se reivindica, p. ej.
para consumir drogas, o mediante una ILP para conseguir la RB) nos
obliga a detenernos en la cuestión de los derechos.
Recordad los
debates sobre la Renta Básica. Como es sabido, la propuesta más radical
ubicada en nuestro mundo, era aquella que planteaba que ésta (la RB)
debería ser un derecho ciudadano y no un subsidio; que fuera individual y
no familiar; que fuera incondicional (esto es, no dependiente de otros
ingresos) y suficiente (capaz de satisfacer unas mínimas necesidades
básicas). De hecho, convertirla en incondicional suponía que pudiera ser
concedida a todo el mundo, incluso a quien no la necesitara (como el
rey o un banquero), pero se valoraba como un accidente, un «mal menor»
que así fuera, pues implicaba un bien superior, no sólo por las
condiciones materiales que venía a cubrir, sino por la potencia de
impugnación del orden constituido. La RB se proponía no como la solución
(la que, dicho de paso, nadie tiene, porque entre otras cosas, no la
hay) sino como una propuesta que caminaba aventurando otro mundo
posible.
¿Por qué sí aceptar —digamos— una RB y no una ley que
obligara al estado a que cada euro que la OFGM derivase se descontara
realmente del dispendio militar? ¿Acaso esta propuesta no permitiría
hacer efectivo el discurso que la «campaña» lleva haciendo durante
décadas con más pena que gloria? ¿Acaso no sería, de momento, más
efectiva en todos los órdenes (incluido, por qué no, el de «generar
conciencia») que la actual campaña de verdades a medias? ¿Regular
siempre es malo?
Las leyes, desde el momento en que se
constituyen como objetos ideales, pueden convertirse en algo tan
paralizante como práxicamente perverso, pero eso no debe obligarnos a
renunciar a otros mundos posibles. Ciertamente, el «derecho a la
libertad, al medio ambiente, a la vivienda», etc., en cuanto derechos,
no constituyen de ningún modo contenido real alguno. Si contemplamos
únicamente como objetivo la garantía de estos derechos, de todos los
derechos, entonces no apuntamos a la libertad. Los derechos no se
mendigan, no se escriben: se conquistan. Pero quizá estemos en un
momento en el que resistir ya sea una proeza, un momento en que estar
asistido por derechos no sea lo peor.
El reconocimiento legal no
evita que se sigan haciendo otras cosas, ni canaliza la disidencia
amoldándola al establecimiento. A quienes hacemos o hemos hecho cosas
contra las cárceles mucho nos gustaría abolirlas, pero de momento, nos
conformaríamos con que el régimen penitenciario no se incumpliera: la
vida de muchas personas presas mejoraría y también la de sus familiares.
La existencia de una ley que reconociera la OFGM, lejos de
implicar que el gasto continúe incuestionado, podría posibilitar que su
cuestionamiento se generalizase en la medida en que la gente entienda
que es un gasto inútil y que no contribuye en nada al bienestar social
(bueno, ¡al de unos cuantos sí!).
No debería significar una
renuncia a otras utopías en las que «creemos». La profesionalización del
ejército no ha evitado que sigamos clamando por su abolición y que lo
sigamos denunciando desde todas las palestras posibles.
De hecho
nos parece un exceso por nuestra parte fijar el carácter colectivo de la
OFGM en lo que tiene que ver, exclusivamente, con un enfrentamiento
radical con el estado, o lo que es lo mismo, aseverar que, si no hay
juicios, ni embargos, ni gente que va a la cárcel, no hay «campaña
colectiva».
Afirmar el deseo de que así fuese y la necesidad de
una campaña de DC coherente —lo que ahora no se da— no invalida pensar
en cualesquiera otras formas de lucha social, colectiva, política,
noviolenta, etc. pero honestas.
Cuidado: sí sabemos que no nos
gusta la propuesta de ERC por las siguientes razones:
align=justify>La razón de peso y principal es que esta ley no enuncia
algo esencial, como es que la OF, de servir para algo, debe subvertir
la orientación del gasto, de manera que la deducción que la gente haga
mediante su declaración de la renta determine de forma inmediata el
gasto en armamento, esto es, que lo deducido no sea un plus, sino que se
detraiga del gasto militar de forma efectiva.
Para seguir, el
título se refiere al reconocimiento al derecho a la OF a la parte
porcentual del IRPF asignado al Mº de Defensa, y no al gasto militar,
que ellos conocen porque me he encargado de hacérselo llegar.
La
propuesta plantea, para gestionar esta OF light, la creación de una
Oficina, otra más (aunque se llame «por la Paz y la Solidaridad»), que
gestionarían el Mº de Asuntos Exteriores y la CONGD y ya sabemos cómo de
militarizadas están las relaciones exteriores y en algunos casos la
«ayuda al desarrollo». align=justify>La propuesta de ERC es un claro
exponente de cómo los profesionales de la Política, incluso los que
muestran una sensibilidad no al uso, pueden subsumir los planteamientos
sociales y amoldarlos, ahormarlos, a la lógica del establecimiento. Esta
es la manera en que la Política desconectada de la política, es en
apariencia díscola con el sistema mientras lo refuerza… (como a veces
nos ocurre al resto).
Otro debate no menos interesante apunta a
qué ocurriría si estas propuestas abrieran la puerta a tener unos
«impuestos a la carta».
Nos encontraríamos con sensibilidades muy
acordes a las nuestras (a las de quienes escribimos el texto).
Podríamos objetar el presupuesto de Fomento desde una perspectiva
antidesarrollista o ecologista. Podríamos objetar el presupuesto de las
cárceles, los centros de exterminio de menores…., y nos parecería
bueno. Podríamos, por supuesto, negar su dispendio al rey y mandarle al
paro (aunque le concediéramos la RB).
Pero de todo hay en la
viña del señor; también, por supuesto, otras sensibilidades. ¿Y si los
grupos antiabortistas, nutridos, dinámicos, con apoyo mediático y
financiero objetaran fiscalmente al mantenimiento de clínicas que
practican el aborto —no entro en supuestos— subvencionadas por el
estado? ¿Y si los liberales —conservadores, que la terminología es muy
lábil y puede llevar a engaño— objetaran los gastos sociales por
considerar que los pobres están a la sopa boba y que lo que se debe
hacer es obligarles a trabajar? Estaremos de acuerdo o en desacuerdo con
muchas de estas posturas, pero no se puede negar que la OF abre
múltiples escenarios posibles y los significados —afortunadamente— no
son sólo propiedad de unas cuantas personas.
Esto podría suponer
un acontecimiento singular. La gente intervendría, mediante el pago de
sus impuestos, en la política. Defendería con esta o aquella objeción
cómo gastar el dinero. Si los militaristas se llevasen el gato al agua,
tendríamos gastos militares hasta la obscenidad. Si los
antidesarrollistas consiguieran convencer a mucha gente, Teruel seguiría
sin existir —¡no saben lo que tienen! ¡les mandábamos a Gallardón un
par de meses!). ¿No es esto la Democracia? Como decía Bertrand Russell
la «democracia, aun cuando menos proclive a los abusos que la dictadura,
no es de ningún modo inmune a los abusos de poder por parte de las
autoridades o de corruptos intereses».
Ahora toca resistir y
resistir es seguir produciendo sentido. La posibilidad de la política
aparece cuando se rompe la clausura del significado, cuando eso que sea
«lo político» aparece como nuestra verdadera obra y que, por tanto, está
sujeta a cambios, modificaciones, aquello que puede ser cuestionado y
respondido de muchas maneras, cuando pensar es una forma de intervenir
en la realidad. Si las respuestas están prefijadas, no caben las
preguntas.
Experimentar sin perder los otros horizontes sobre los
que proyectamos cómo nos gustaría que fuesen las cosas debe ser una
condición. Lo social debería estar en cambio permanente, ser un programa
que no tiene término. No hay contrato social que pueda ser fijado por
programa científico alguno. Ante la dificultad de encontrar registros en
los que tener seguridades y en los que saber que nuestros gestos
conducen a algún sitio, la autonomía —de pensar, de interrogarse, de
aventurar, de complicar, de remover el suelo firme, de trastocar ciertas
seguridades…— nos permite seguir produciendo sentidos, visiones
poliédricas del mundo. Ante la clausura del significado nos queda la
opción de inventar otros significados para alimentarnos y alimentar el
«imaginario social».
Cuando se inicia una acción sólo sabemos que
ponemos sus resultados en el futuro. Pero el futuro no lo conocemos. El
estatus de estos resultados conforma un abanico de posibilidades sin
configuración precisa. Una acción es puesta en marcha desde
un-mundo-ya-hecho para desencadenar un-mundo-haciéndose. Para que esta
acción se transforme es necesario que encuentre espacios donde
retroalimentarse, donde puedan desplegarse sus potencialidades. Y aunque
es cierto que la incertidumbre también podría conducir a efectos
indeseados —clausura de significados, ausencia de lugares donde
germinar, …— no podemos renunciar a poner en movimiento gestos,
acciones, significados. Si los experimentos no salen hay que tener la
suficiente flexibilidad y libertad para cambiarlos, para proponer otros
que se adapten mejor al momento en que se insertan. No debemos valorar
la incertidumbre como algo negativo, sino como pura potencia, como
permanente recreación de inquietudes.
No tengamos miedo a
deshacernos de rémoras o al menos a modificarlas, desde la honestidad,
para que nos sirvan de forma adecuada.
Antonio Escalante y José Toribio. 30/01/07
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