Defensa, mentiras y actas del Congreso
A estas alturas debería escamarnos el incesante bombardeo de los medios acerca del supuesto esfuerzo presupuestario del Ministerio de Defensa.
Nos dicen que en 2009 su capacidad de gasto se ha reducido el 2,9% y que en 2010 seguirá la misma suerte, con un recorte del 6,2%. Que esto lo digan los medios del sistema es lógico: la gente terminará creyendo que los militares —qué majos— se aprietan el cinturón en esta época de vacas flacas y que se solidarizan con la gente que está sufriendo las consecuencias de la llamada crisis.
Pero si estas noticias tienen como voceros a los medios alternativos, grupos e investigadores que dedican su tiempo a desvelar las mentiras del establecimiento, la cosa tiene menos gracia. Digámoslo claro antes de seguir: es falso, rotundamente falso, que el presupuesto del Ministerio de Defensa haya disminuido o que vaya a disminuir —no digamos ya el gasto militar.
Nunca dispusimos de tanta información de los temas de la guerra y, sin embargo, parece que ahora, precisamente, es cuando nos volvemos menos minuciosos y críticos. Voy a dar dos informaciones que confirman, de forma contundente, que estas soflamas acerca del buen hacer de la casta militar y de sus políticos cómplices son pura propaganda.
En primer lugar, hemos de examinar cómo va el gasto en el ejercicio de 2009. El gasto liquidado se diferencia del gasto inicialmente previsto en que el segundo es una planificación ideal y el primero obedece a lo que realmente sucede. Según los boletines de ejecución presupuestaria sabemos que a 31 de julio de 2009 el Ministerio de Defensa ha dispuesto de unas modificaciones positivas de crédito de 945 millones de euros. Este aumento convierte los 8.255 millones de euros iniciales en 9.201 millones en solo 7 meses. De momento, el Ministerio gana por goleada: nos ha hecho creer que su presupuesto ha bajado un 2,9% cuando en realidad ha subido un 11,45%.
Pero la cosa no acaba aquí. Los dos programas presupuestarios mediante los que se lleva a cabo la “modernización” de las Fuerzas Armadas —eufemismo que quiere significar “programas para la compra de armamento”— son el 122B (programas especiales de modernización) y el 122A (programas menores). Los programas especiales, entre los que se encuentran los aviones de combate, fragatas, submarinos, misiles y otras joyas de la corona, nos van a costar 26.713 millones de euros (de los que hasta ahora el Ministerio de Defensa “solo” ha pagado 3.393). El programa 122B nos costará 425 millones de euros. Pues bien —y pongan atención, que aquí viene la jugada maestra—: lo que se ha hecho con la tan cacareada bajada del 2009 (de 150 millones de euros) ha consistido en aplazar estas partidas acomodando el calendario de pago de estos programas a una nueva situación que viene determinada por ciertos retrasos en la producción. Se han hecho una serie de ajustes presupuestarios —diseñando “curvas de pagos” más laxas— que no afectan en absoluto a las diferentes partidas relativas a gastos de personal o a inversiones prioritarias del Ministerio de Defensa ni al “equilibrio financiero” de las empresas beneficiarias de esa sangría que nos endeudará para los próximos 20 años.
Así, los dos ajustes presupuestarios decididos por los Consejos de Ministros del 13 de febrero y del 14 de mayo de este año han sido asumidos, en su gran mayoría, esto es, 128 millones de euros, a través del capítulo 6 —inversiones reales—, distribuidos de la siguiente manera: el 95% de los famosos 150 millones —122 millones— se ha asignado a tres de los principales programas de modernización que acumulan mayores retrasos en la producción: el helicóptero Tigre, la segunda fase del vehículo de combate de infantería Pizarro y el avión de combate Eurofighter. El resto del ajuste relacionado con inversiones —el 5% restante— se ha repartido entre una partida de I+D militar de 1,3 millones de euros –que está previsto se recupere con financiación procedente de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos para la Defensa mediante la venta de los bienes inmuebles usurpados a lo común por el bien de la defensa nacional— y en la minoración de otros conceptos no esenciales —mobiliario o enseres para el órgano central del ministerio, publicaciones de Defensa, etcétera—. El segundo ajuste presupuestario —el del 14 de mayo— es de 57,7 millones de euros y se ha asumido, íntegramente, dentro del calendario de pago del programa Eurofighter.
Quiere esto decir, sin más dilación, que el supuesto recorte no es más que el retraso del pago, lo que bien podría ser traducido, para el común de los mortales, como “engaño para hoy y pago diferido para mañana”. Si el Ministerio de Defensa hubiese querido ahorrar 150 millones de euros lo tenía muy fácil: podría no haber comprado, digamos, una partida de misiles, y listo. Pero no: lo que hace es generar una deuda y así no solo debilita la economía a medio-largo plazo sino que, además, beneficia, con la misma tacada, a la banca, que ve en este aumento de plazos un aumento de los intereses y, por tanto, un incremento del beneficio. Estamos asistiendo, en plena crisis, a una nueva ingeniería financiera que produce más pobreza: ¿cómo que el sistema financiero es improductivo?
Así es como se las gastan estos aprendices socialistas de Goebbels. No nos comportemos nosotros como “buenos alemanes” y caigamos en las trampas que tan burdamente nos van colocando. De seguir así podría ocurrir que hagamos como en el siglo pasado: nos creímos que se reducían los gastos militares cuando en realidad se habían inventado una estrategia contable que los difería a través de diferentes ministerios civiles. Así nos luce el pelo.