Desplazados por la tierra: no habrá paz sin justicia
Entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre se han realizado las IX Jornadas de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia con el título ¿De quién es la tierra? La tierra es un elemento central del conflicto social y armado de Colombia.
Hablar de la tierra es hablar de la disputa por el territorio entre actores armados legales e ilegales, de los 4,5 millones de colombianos y colombianas desplazados -colectivos campesinos, afrocolombianos e indígenas-, y de más de 8 millones de hectáreas de tierra usurpadas en los últimos 30 años, casi el 12% de la superficie agropecuaria total del país.
El caso de la comunidad Las Pavas es ilustrativo de los mecanismos del conflicto1 y se ha convertido en un caso emblemático de la lucha de los desplazados por su tierra. Grupos paramilitares, vinculados al narcotráfico, los expulsan de sus tierras en dos ocasiones, 2003 y 2006, la comunidad lucha legalmente por la propiedad de su tierra a la vez que retornan a ella. En 2009 dos empresas dedicadas al cultivo de la palma de aceite se hacen, sin que el litigio pendiente esté resuelto, con los títulos de propiedad y hacen que la policía actúe de forma irregular en su favor y desaloje a la comunidad. La Corte Constitucional, el pasado mes de mayo, les da la razón, y justo cuando Misael Payares, líder de la comunidad, viene a Barcelona a las Jornadas de la Taula, la fiscalía abre un proceso contra la comunidad basándose en el único testigo de un miembro de la comunidad que declara que la condición de desplazados de aquellas tierras es falsa.
Estos hechos evidencian lo que Marco Romero de CODHES2 -quien también ha participado en las jornadas- denunciaba: la enorme asimetría entre los medios legales de que disponen las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas frente a los enormes recursos legales de los latifundistas y los poderosos a la hora de disputar las tierras.
Una justicia, una fiscalía y un aparato policial, junto con el aparato militar, los más fuertes de toda América, después de Estados Unidos, que ha sido incapaz, por decirlo suavemente, de averiguar el despojo de más de 8 millones de hectáreas, ni de impedir ni resolver una parte mínimamente significativa de los asesinatos y ejecuciones extrajudiciales de los y las líderes campesinas y de personas defensoras de derechos humanos que se siguen produciendo. Sólo en el primer año del gobierno de Juan Manuel Santos han sido asesinados 22 personas líderes de comunidades desplazadas o reclamantes de tierras.
Hechos como este cuestionan seriamente la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras del gobierno del nuevo presidente Juan Manuel Santos. A pesar de que la ley ha supuesto un avance en la medida en que reconoce el problema del acceso la tierra y la desigualdad como los ejes centrales del conflicto social y armado colombiano, será preciso ver si se acaba aplicando de manera efectiva.
La usurpación de tierras se ha basado en un sistema, que en los últimos 10 años se puede decir que se ha industrializado. Si ya fue un escándalo la infiltración paramilitar en varias instituciones estatales como el DAS -los servicios de inteligencia de Uribe-, o el mismo congreso colombiano, también están saliendo pruebas de cómo el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCODER ) fue infiltrado por la estrategia paramilitar, tal y como ha reconocido el propio Ministerio de Agricultura de Colombia. La usurpación ha contado con una vasta trama que disponía de una amplia red de funcionarios y un amplio abanico de métodos fraudulentos para saltarse las medidas de protección de tierras abandonadas y poder disfrutar de las generosas subvenciones otorgadas por el Gobierno. La corrupción se ha sumado a la violencia paramilitar que ha acelerado el desplazamiento y la usurpación de tierras.
Los proyectos de crecimiento económico sitúan la agroindustria -obviando una reforma agraria transformadora- y la minería en los ejes principales, hechos que no auguran nada bueno, sino una nueva etapa de lucha por la tierra que impondrá tensiones sobre los territorios y provocará una nueva ola de desplazamientos. El desplazamiento y la usurpación de tierras no son hechos sólo del pasado.
Una ley como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras sin una política activa que garantice su aplicación es una ley de cara a la galería. 22 asesinatos de personas reclamantes de tierras el último año son la muestra.
Pero si algo saben las clases dominantes colombianas es hacer leyes, y además, que parezcan democráticas. Si un jurista analizase el sistema político colombiano mirando únicamente sus leyes podría pensar que Colombia es uno de los estados más democráticos del mundo, pero el estado de derecho no es únicamente tener bonitas leyes, es igualmente imprescindible la voluntad política y los recursos necesarios para aplicarlas eficazmente, sino no son más que un escarnio a la democracia y a una comunidad internacional que, desgraciadamente, mira hacia otro lado con tal de que sus multinacionales puedan entrar a hacer negocios, mientras, eso sí, recomienda con la boca pequeña que se respeten, un poquito más, los derechos humanos.
1. Ver la web Retorno a las Pavas en http://retornoalaspavas.wordpress.com/
2.CODHES, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento: http://www.codhes.org/
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