Dinero público europeo para la industria militar
La Unión Europea quiere conseguir la aprobación de un plan de financiación multimillonario que tendrá como principal beneficiaria la industria militar.
Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, en su declaración sobre el Estado de la Unión del 14 de noviembre de 2016, hizo pública la intención de la UE de promover y financiar la investigación militar. La Comisión, sin embargo, ya trabajaba en ello desde tiempo atrás. En 2015 la Comisaria europea de Mercado Interno e Industria, Elżbieta Bieńkowska, creó un Grupo de Personalidades (GOP) sobre investigación en defensa. De los dieciséis miembros, nueve representaban empresas de armamento y centros que realizan investigación militar. Por mencionar alguna de las empresas: BAE Systems, INDRA, Airbus Group (antes EADS), Leonardo (antes Finmeccanica). Dicho GOP presentó un informe en 2016 y la Comisión asumió una buena parte de sus recomendaciones en aspectos como el nivel de financiación, la propiedad intelectual, un mercado garantizado y, desde 2021, un programa de financiación muy bien dotado.
El 7 de junio 2017, la Comisión Europea lanzaba oficialmente el programa European Defence Fund. Este Fondo estará constituido por diferentes instrumentos de financiación pública para financiar proyectos de Investigación y Desarrollo en tecnologías y productos con objetivos militares. Las principales receptoras son las empresas y grupos de investigación aplicada activos en este ámbito. Se priorizan las tecnologías de vanguardia como los sistemas autónomos (incluyendo los drones), inteligencia-vigilancia, ciberseguridad y seguridad marítima. El borrador Defence Fund 2021-2027 menciona concretamente las llamadas tecnologías disruptivas («tecnología cuya aplicación puede cambiar radicalmente los conceptos y la práctica de los asuntos relacionados con la defensa», según el mismo Defence Fund 2021-2027). Según las instituciones europeas, el objetivo de este programa es doble: fortalecer las capacidades militares de los Estados miembros de la UE (y por tanto la autonomía estratégica) y contribuir al crecimiento y el empleo en Europa mediante el apoyo a la competitividad y la innovación de este sector industrial.
Este programa está planificado en dos etapas. La primera (2017-2020), ya aprobada, es la que está en curso y está dotada con 590 millones de euros del presupuesto ordinario de la UE. Se cuenta con que los Estados miembros complementarán esta cifra con, al menos, 2.000 millones adicionales (procedentes de sus respectivos presupuestos estatales). La segunda etapa (2021-2027) está pendiente de aprobación y se propone que esté financiada con 13.000 millones de los presupuestos de la UE, una cifra astronómica. También en esta segunda etapa se prevé que los Estados miembros aporten 35.600 millones adicionales. Si finalmente se aprueba esta segunda etapa, se habrá financiado la investigación, el desarrollo de prototipos, los ensayos, la producción y la adquisición de tecnología militar. Y se habrán concedido a la industria de armamento, entre 2017 y 2027, hasta 51.000 millones de subsidios europeos.
La mayor parte de este dinero se canalizará como subvenciones que la industria no tendrá que reembolsar. Es previsible que los Estados miembros no acepten incrementar sustancialmente sus contribuciones a los presupuestos de la UE. Si es así, para poder financiar todo el programa militar, la UE deberá redistribuir sus presupuestos y desviar asignaciones destinadas a políticas civiles hacia el fondo de defensa.
Una de las razones aducidas por la UE para poner en marcha este fondo de defensa es la creación de empleo. Esta es una razón, cuando menos, discutible. Un estudio de 2007 de dos profesores del Departamento de Economía de la Universidad de Massachusetts evaluaba los puestos de trabajo que se generarían si se invirtieran, en EE.UU., 1.000 millones de dólares en seis ámbitos distintos: gasto militar, reducción de impuestos (que, según los autores, implica un aumento del consumo privado), sanidad, educación, transporte público y construcción dirigida a la ambientalización de las casas y reparación de infraestructuras. El estudio está realizado únicamente desde el punto de vista económico y no entra en ninguna consideración ética o política.
El resultado es abrumador. Invertir 1.000 millones de dólares en cualquiera de las cinco alternativas civiles genera más puestos de trabajo que una inversión igual en el sector militar. Las diferencias no son despreciables. Si la inversión se hiciera en el sector sanitario o de rehabilitación de viviendas, se generaría un 50% más de puestos de trabajos que en el caso de invertir en el sector militar. Pero si la inversión se hiciera en el sector educativo o en el transporte público, se generarían, en cada uno de estos sectores, más del doble de puestos de trabajo.
La Comisión no puede hacer ninguna propuesta legislativa ni subvencionar ninguna acción relacionada con la política de defensa y seguridad, incluidos asuntos militares, ya que el Tratado de Lisboa de la UE (2007) estableció que las dos políticas de la UE, la CFSP (Common Foreign and Security Policy) y la CSDP (Common Security and Defence Policy), quedarían bajo control únicamente de los Estados miembros. Para eludir esta restricción, la Comisión Europea presentó sus propuestas para subvencionar la I + D militar como parte de su política industrial, para la que sí tiene plena competencia.
Esta, sin embargo, no será la primera vez que la UE destina dinero a la industria europea de seguridad y defensa. Unos cuantos años atrás, en 2003, la Comisión Europea ya estableció un Grupo de Personalidades en el campo de la investigación en seguridad, que incluía 15 representantes (sobre un total de 28 miembros) de la empresa armamentística y de centros que realizan investigación militar. Algunos de estos representantes de la industria militar los encontraremos, años más tarde, en el GOP de 2015 sobre investigación militar que hemos mencionado más arriba. En febrero de 2004 la Comisión ya incluía la mayoría de las recomendaciones de ese GOP y anunciaba el lanzamiento de una Preparatory Action on Security Research (PASR). En 2007 un amplio programa sobre investigación en seguridad, el llamado ERSP, fue integrado en el programa marco FP7 de investigación de la UE. El ERSP se prolongó hasta 2014, incrementándole el presupuesto.
Es fácil relacionar estas nuevas
políticas de la UE con el hecho de que, desde hace unos años, el sector
del armamento ha ido ampliando su producción hacia la tecnología de
seguridad y vigilancia. Además de aviones o tanques de combate,
actualmente también fabrica radares, sistemas de detección, dispositivos
de vigilancia y de identificación biométrica, tecnología destinada a
los muros fronterizos, etc.
La industria de defensa y seguridad
europea se está beneficiando ya ahora de fondos europeos y lo hará en el
futuro. Ahora ya recibe fondos para la tecnología asociada a seguridad:
muros fronterizos, mecanismos de seguimiento, reconocimiento… Y muy
probablemente recibirá en un futuro inmediato, si finalmente se aprueba
el borrador presentado por la Comisión, enormes subvenciones para
desarrollar tecnología militar. Además, los resultados generados por los
proyectos de I + D militar subvencionados por la UE serán de plena
propiedad de las empresas de armamento que reciban los fondos.
Los presupuestos de la UE se nutren con las aportaciones de los Estados miembros y, por tanto, estos contribuyen a estas subvenciones europeas para la investigación y producción militar. Pero no olvidemos que, paralelamente, cada uno de los Estados miembros tiene, dentro de sus presupuestos estatales, partidas destinadas a defensa, una buena parte a adquisición de la producción del sector de defensa y seguridad. Es decir, este sector industrial está recibiendo dinero público tanto de la UE como de cada uno de los Estados miembros. Además, es previsible que la mayoría de los Estados miembros incrementen su gasto militar, entre otras razones, para cumplir su compromiso adquirido en la cumbre de 2014 de la OTAN. De todo ello se puede concluir que el gasto militar en Europa aumentará de forma muy significativa durante los próximos años.
En una de las fases ya en curso del Defence Fund, se aprobó una cláusula excepcional que excluía el Parlamento Europeo de la implementación del programa, con la excusa de la falta de tiempo. En el borrador de la regulación del Defence Fund para el periodo 2021-2027, esta cláusula se ha vuelto a incluir, ahora ya directamente sin ninguna excusa. En definitiva, el borrador propone que sean únicamente los Estados miembros los que definan qué temáticas serán prioritarias y cómo se debe implementar el programa.
En la UE hay una voluntad clara de aumentar el gasto militar. Ha contribuido, en buena medida, la influencia del sector de defensa y seguridad europea y sus grupos de presión, que mantienen vínculos estrechos con los líderes con poder decisorio y con funcionarios clave de la Comisión Europea. Este sector ha participado decisivamente en el diseño de la financiación de la investigación militar (procedente de la UE) y es el principal interlocutor e inspirador de la implementación de esta financiación.
Además, en el borrador de Regulación del European Defence Fund, se pide a los Estados miembros el compromiso de adquisición de los productos o la tecnología resultantes de la investigación financiada por el fondo. Es decir, si finalmente se aprueba este borrador, la UE financiará con dinero público la investigación y con dinero público se comprarán los resultados de la investigación. Y la propiedad intelectual continuará en manos de las empresas que se habrán beneficiado. Queremos insistir en que, probablemente, parte del dinero destinado al fondo de defensa provendrá de reducir las asignaciones de programas civiles. Si la UE pretende contribuir al bienestar de sus ciudadanos y a la paz mundial, dedicar tanto dinero al sector militar es una de las peores opciones posibles.
Lea el artículo en El País
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