El Centre Delàs se adhiere al manifiesto «Exigimos la reubicación urgente de las personas afectadas por el incendio en Moria»

Desde el Centre Delàs d’Estudis per la Pau , nos sumamos a Stop Mare Mortum, Irídia, Novact, Observatori Desc, FICAT y Alianza por la Solidaridad, i a decenas de entidades, para denunciar la vulneración de derechos de las personas migrantes y refugiadas, especialmente los miles de personas afectadas por el incendio en el campo de refugiados de Moria.

Puedes sumarte a la petición firmando el manifiesto como organización o como particular en este enlace: https://framaforms.org/reubicacio-urgent-1600873160

Manifiesto

#ReubicaciónUrgente

Exigimos acciones inmediatas que garanticen los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas con especial atención a la situación urgente de las islas griegas

La noche del 9 de septiembre el campo de refugiados de Moria, Lesbos, quedó destruido casi por completo por culpa de las llamas. La noche del 15 de septiembre ha sido el turno del campo de la vecina isla de Samos. Después del incendio de Moria, la mayoría de las 13.000 personas que malvivían, entre las cuales hay alrededor de 4000 menores, están siendo realojadas en centros cerrados sin las mínimas garantías de higiene y seguridad, de acceso a alimentación y asistencia médica; y bajo la amenaza de qué negarse a entrar en estos campos supone perder la oportunidad de solicitar asilo. Una historia que se repite, pues recuerda cómo nació el campo de Moria.

Conocemos las manos que por acción u omisión son los últimos responsables: las de las autoridades griegas, la Unión Europea y el conjunto de sus estados miembros. Hasta el momento, ninguna autoridad ha ofrecido una respuesta mínimamente a la altura de la catástrofe humanitaria. Esta situación es resultante de la actuación de las propias instancias encargadas de la acogida de solicitantes de asilo en las islas del Egeo, incluyendo el papel de la Unión Europea por medio de la Oficina Europea de Ayuda al Asilo (EASO) y el dispositivo de control fronterizo FRONTEX. Lejos de esto, el gobierno griego ha optado por endurecer los controles, mantener el propósito de construir centros cerrados y seguir obstaculizando el trabajo de las organizaciones humanitarias y de las personas defensoras de derechos humanos, en la línea del desmantelamiento del servicio de salud que gestionaba la organización Médicos sin Fronteras (MSF) dentro del campo, entre otras afectaciones.

Pocas tragedias habían sido tan anunciadas como esta. El hacinamiento, la carencia de habitabilidad y de infraestructuras básicas (agua potable, lavabos, alimentación), la creciente tensión derivada de la falta de atención y de expectativas para miles de personas, las violencias sexuales sobre mujeres, niñas y niños, el miedo, el cansancio… Se han acabado sumando a la detección de los primeros casos de COVID19 después de meses de deliberada inacción.

Resulta difícil imaginar qué más tiene que suceder para que la Unión Europea, y cada uno de sus estados miembros, reaccionen ante esta sistemática y permanente vulneración de los derechos humanos más esenciales, como lo son el derecho a la integridad física y psicológica, el derecho a no sufrir tratos inhumanos o degradantes (situaciones denunciadas por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en una visita a Moria el pasado febrero de 2019), o el derecho a la salud, entre otros. Seguramente esta pasividad responde implícitamente al temido ‘efecto llamada’ que suponen podría tener una política de acogida que respetara los derechos humanos. Una política que es una obligación establecida por la propia normativa comunitaria, específicamente por la Directiva de 2013 sobre condiciones de acogida a los solicitantes de protección internacional, y la Directiva de 2001 por la protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas.

¿Se puede subordinar la dignidad humana a consideraciones como ‘el efecto llamada’? Hasta ahora la respuesta ha estado afirmativa, y resulta aterrador darse cuenta que avanzamos hacia una política migratoria que parece querer igualar las condiciones de acogida al horror que empuja a miles de personas a abandonar sus países.

Esta no solo es una política ominosa, es también una política fallida. Las personas siguen ejerciendo su derecho en la movilidad, a pesar de que cada vez sea a un precio más alto en vidas y sufrimiento humano. A la luz del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, la Unión Europea ha renunciado a proteger las personas y sus derechos, a favor de los intereses de los Estados que se niegan a acoger. En vez de asumir colectivamente la responsabilidad de garantizar el derecho de asilo y el cumplimiento de los derechos humanos en cualquier punto del territorio, la Unión Europea ha apostado por invertir en el control, la securitización y la externalización de las fronteras.

Esta política no es la única vía, existen alternativas y, ante la situación de emergencia que se vive en las islas Griegas, se tienen que activar de manera urgente. Es imprescindible priorizar una política de vías legales y seguras de acceso a territorio europeo, de acogida humanitaria y de equilibrio territorial mediante procesos de reubicación y de reagrupamiento familiar.

Todo esto teniendo en cuenta la voluntad proactiva que han demostrado los gobiernos locales ante la llamada «crisis» migratoria y que tendría que replicarse por parte del gobierno central y las instituciones de la UE.

El gobierno español tiene que abandonar la indiferencia y asumir el impulso de un giro radical como país de frontera sur, desmarcándose de las tendencias europeas y apostando por la reubicación y la solidaridad real.Es el momento de decisiones que nos permitan alejarnos de los discursos de odio y de la criminalización de la solidaridad, los cuales, amparados desde los discursos oficiales, legitiman la narrativa de la extrema derecha y sus actuaciones contra las personas refugiadas y migrantes en toda la Unión Europea, tal como se ha hecho evidente en los recientes acontecimientos en la isla de Lesbos.

Por todo lo anterior, exigimos en el gobierno del Estado español que, en el marco de sus responsabilidades:

Condene de manera explícita la situación de total desprotección de las personas refugiadas a Lesbos y al resto de islas del mar Egeo y, en general, de todas las personas migrantes y solicitantes de asilo que llegan a territorio de la UE.
Exija por la vía diplomática a las autoridades griegas y europeas que garanticen una acogida digna y aseguren los derechos fundamentales de las personas que se encuentren en las islas griegas; y que inste a que se reviertan de forma inmediata aquellas medidas que impliquen el cierre y detención de las personas realojadas de Moria.
Active de forma urgente un programa de reubicación para trasladar personas desde las islas griegas, de carácter propio o en colaboración con los programas de acogida impulsados por otros países europeos, y dé cumplimiento al compromiso legalmente adquirido de reubicación. Recordamos que el gobierno español fue condenado por el Tribunal Supremo por el incumplimiento de sus obligaciones de reubicar 19.449 personas de Grecia e Italia, de las cuales solo se reubicó un 9%.
Rechace activamente la actual política migratoria europea, en la cual la securització y externalización del control de las fronteras vulnera sistemáticamente los derechos humanos.
Apueste por una política de vías legales y seguras de llegada en la UE. Medidas como habilitar la posibilidad de solicitar asilo a las oficinas consulares y embajadas, el reasentamiento desde países terceros que no pueden ofrecer garantías mínimas (Líbano, Jordania o Turquía), poner en marcha un programa sólido de reubicación permanente, fomentar la expedición de visados académicos, facilitar la reagrupación familiar de las personas desplazadas, la erradicación de las devoluciones ilegales (devoluciones en caliente en frontera o en alta mar), y la creación de protocolos europeos que aseguren el rescate en alta mar y el desembarco en puertos seguros.
Denuncie, con una política de tolerancia cero, las acciones vinculadas al extremismo violento, las expresiones de violencia hacia las personas migrantes y la criminalización y ataque a aquellas personas que muestran solidaridad.
Clausure de manera urgente todos los Centros de Internamiento por Extranjeros en situación irregular (CIEs). Hay que recordar que en el contexto COVID19, la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Subcomité de Prevención de la Tortura y el Comité Europeo por la Prevención de la Tortura han exigido una drástica reducción de las personas en situación de privación de libertad o directamente el cierre de los centros de detención por personas migrantes y refugiadas.
Lleve a cabo un proceso extraordinario y urgente de regularización de las personas migrantes residentes en el Estado español, derogue la Ley de Extranjería y apruebe una ley de gestión de los procesos migratorios respetuosa con los Derechos Humanos, así como una ley integral contra el racismo y todas las formas de discriminación.
Despliegue acciones que lleven a un mejor conocimiento de la población de los derechos inherentes a todo individuo y de los procesos que llevan a las personas a desplazarse.

Organizaciones impulsoras:

Novact
Observatori DESC
Centre Irídia
Stop Mare Mortum
Fundación FICAT
Aalianza por la Solidaridad