La campaña “BBVA sin armas” interviene en la junta de accionistas del BBVA
La Campaña “BBVA sin armas” ha denunciado en la Junta de Accionistas
del BBVA del pasado 14 de marzo, que parte de los beneficios del BBVA
provienen de inversiones y financiaciones de la industria de las armas,
en especial de las que producen las mortíferas bombas de racimo, así
como financiaciones e inversiones en proyectos contaminantes y que
violan los derechos humanos.
14 de marzo de 2008
Los miembros del Centre Delàs de Justícia i Pau, Alejandro Pozo y
Jordi Calvo, centraron sus intervenciones ante el presidente del BBVA y
los cientos de accionistas presentes en el palacio de congresos de
Bilbao Euskalduna, en las inversiones y financión de armamento, mientras
que Victor Maeso, miembro de Setem, lo hizo respecto a las inversiones
contaminantes y de no respeto de los derechos humanos del BBVA en
América Latina.
En concreto, se denunció que el BBVA financia la
fabricación de bombas de racimo, armas que por su funcionamiento no
pueden distinguir entre personas combatientes y civiles. Además, pese a
que actualmente existen varias iniciativas internacionales que piden su
prohibición, el BBVA continúa promoviendo la fabricación de estas armas,
financiando operaciones de empresas fabricantes de bombas de racimo,
como ocurrió en 2005 con Raytheon, Thales y EADS-CASA y en 2007 con
Explosivos Alaveses (Maxam).
También se denunció que el BBVA
financia e invierte en la industria militar, a través de participaciones
accionariales directas o indirectas en Ibérica del Espacio, Hisdesat,
Indra, Rymsa e Inmize, empresas del sector armamentístico español que
fabrican fragatas de guerra, aviones de combate, carros de combate y
misiles, entre un largo listado de productos militares.
Se dejó
constancia también de que el BBVA ha destacado en Italia por ser una de
las principales entidades financieras de las exportaciones de armas
italianas. Algunos de los países a los que iban destinadas las armas
financiadas por el BBVA no cumplen los requisitos establecidos por el
Código de Conducta de la Unión Europea para la exportación de armas,
como es el caso de Israel y Malasia.
Finalmente, se insistió en
que el BBVA financia proyectos contaminantes y que violan los derechos
humanos, como es el caso de Tecpetrol, empresa que promueve la
ampliación del proyecto de construcción del gasoducto Camisea, ubicado
en la Cuenca del Bajo Urubamba (Perú). Desde su inicio en 2004, este
proyecto ha recibido duras críticas por destruir el hábitat de
comunidades indígenas e incumplir normas nacionales e internacionales de
Derechos Humanos. Cabe destacar que ABN-AMRO y Citigroup rechazaron
participar en el proyecto por la oposición que éste despertaba entre la
población y por el riesgo de reputación corporativa que corrían.
El presidente del BBVA, Francisco González, dio la razón a las
intervenciones de Justícia i Pau i de Setem, afirmando que la política
del banco es la de reducir sus inversiones en armamento, aunque
supeditada a que el resto de entidades financieras tomen posiciones
similares. Se comprometió a que el BBVA motivará al resto del sector
financiero a caminar en este sentido, así como a que el banco aplicará
una nueva política de reducción de ciertas financiaciones de
exportaciones y fabricación de empresas de armamento (se refería
solamente a la financiación de empresas que fabriquen bombas de racimo y
no a las participaciones accionariales en estas empresas). Respecto a
las inversiones contaminantes en América Latina, hizo mención del
proyecto de Camisea y que el BBVA está siguiendo las directrices del
Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Financiera
Internacional, sin asumir ninguna responsabilidad sobre el terrible
impacto del mencionado proyecto en la vida de las comunidades de la zona
afectada.
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