La seguridad: ¿responsabilidad de quién?
(Artículo situado en La Directa)
Un Gobierno que se postula como responsable de la seguridad, mientras aplica fuertes recortes en casi todos los servicios y prestaciones sociales, incurre, a mi entender, en una grave contradicción. Esta incoherencia se pone de manifiesto siempre y cuando se entienda por seguridad algo más allá del ámbito militar y policial, que contemple también aspectos socio-económicos.
Este parece ser el caso del Gobierno español, el cual aprobó el pasado mes de junio en Consejo de Ministros la «Estrategia Española de Seguridad (EES): una responsabilidad de todos». Un documento donde se pretende presentar una concepción amplia e integrada de la seguridad.
Elaborada bajo la dirección del ex Secretario General de la OTAN y ex Alto Representante de Política Exterior de la UE, Javier Solana, la EES se basa en una serie de valores e intereses vitales y estratégicos, y tiene el objetivo de identificar los principales riesgos y amenazas para la seguridad del Estado español, de sus ciudadanos y ciudadanas, y de sus habitantes, al tiempo que esboza las principales líneas estratégicas de acción para hacerle frente.
El documento identifica los derechos fundamentales -tales como la vida, la libertad, el bienestar o el desarrollo de los españoles («y las españolas» añadiría yo)- como parte de los intereses vitales, mientras la preservación de los modos de vida sustentados por el Estado del bienestar forma parte de los valores que conforman el marco de desarrollo y aplicación de la propia estrategia. En cuanto a los riesgos y amenazas, el documento contempla la inseguridad económica y financiera como una amenaza para la seguridad y la estabilidad, y reconoce la necesidad de aplicar medidas para acabar con el fraude fiscal, la corrupción o la especulación financiera. De hecho, el documento va más allá al calificar el propio proceso de globalización como una potencial fuente de inseguridad, en tanto que facilita los desequilibrios macroeconómicos o las crisis sistémicas de rápido contagio.
Así pues, más allá de las contradicciones que, desde una posición crítica y pacifista, la misma estrategia esconde -como el hecho de defender la seguridad a través de medios militares y policiales, o colocar la inmigración ilegal en el mismo nivel que el crimen organizado o la proliferación de armas de destrucción masiva-, el propio Gobierno español dice defender lo mismo que después incumple en la aplicación de políticas públicas que debilitan un Estado del bienestar, ya de por sí insuficiente en el Estado español, y que acentúan las desigualdades y la pobreza, tanto a nivel estatal como mundial.
Es hora de reclamar a nuestro Gobierno y a la comunidad internacional que asuman el firme compromiso de aplicar unas políticas que garanticen el derecho de todas las personas a vivir libres de temores y agresiones directas, pero, también, el derecho de éstas a disfrutar una vida digna, en que todas las necesidades básicas estén satisfechas. Sólo así serán consecuentes al presentar la seguridad como «una responsabilidad de todos».
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