Las bombas de racimo prohibidas
Más de cien paises acuerdan la prohibición de las bombas de racimo (cluster).
Éxito de los movimientos sociales y las ONG en la campaña por la prohibición de la fabricación de bombas de racimo.
Dos
miembros del Centre Delàs de Justícia i Pau (Jordi Calvo y Alejandro
Pozo) participaron en Dublín en las activitadades de lobby al gobierno
espanñol.
30 de mayo de 2008
Más de cien países aprueban la prohibición de las bombas de racimo
Jordi Calvo
Dos
miembros del Centre Delàs de Justícia i Pau (Jordi Calvo y Alejandro
Pozo) participaron en Dublín en las actividades de lobby al gobierno
español.
Más de 100 Gobiernos han dado hoy en Dublín un paso histórico al aprobar el texto de un Tratado Internacional de prohibición de las bombas de racimo. El documento, aprobado por consenso, prohíbe este tipo de armamento de forma categórica y hace ilegal, a partir de su entrada en vigor, la fabricación, uso, posesión o venta de bombas de racimo, por ser armas que causan daños inaceptables a la poblaciones civil.
Todas las bombas de racimo que se usaron de Laos a
Líbano, pasando por Camboya, Irak y Kosovo, serán prohibidas. El Tratado
se abrirá a la firma de los Estados el próximo mes de diciembre en
Oslo, y sólo será necesario que 30 Estados lo ratifiquen para que entre
en vigor. A pesar de las reticencias de algunos países, no se han
incluido periodos de transición que permitirían seguir utilizando dichas
armas durante un cierto tiempo. Tampoco existe la posibilidad de que
algún país exprese reservas sobre algunas de las disposiciones del
Tratado, ya que éste lo prohíbe de manera expresa.
El Tratado
establece medidas y plazos de destrucción de arsenales: debe ser lo
antes posible, y nunca después de ocho años después de su ratificación.
Cualquier posible retraso debe ser justificado con información
exhaustiva ante Naciones Unidas cuyo Secretario General será el
depositario del Tratado. El apartado de asistencia a las víctimas –uno
de los puntos menos fuertes del Tratado de Ottawa, que prohibió las
minas antipersonal- es en esta ocasión reforzado. Se establece la
obligación de proporcionar asistencia médica, rehabilitación y apoyo
psicológico, y de tener en cuenta las consideraciones de sexo y edad.
Cada Estado parte debe desarrollar para ello un plan nacional,
calendarios y presupuesto, así como recabar si es necesario ayuda
internacional.
Los Estados parte contraen obligaciones claras en
materia de cooperación y asistencia internacional hacia las víctimas y
los países afectados. Esta ayuda puede ser bilateral o estar canalizada a
través del sistema de la onU, y organizaciones nacionales, regionales e
internacionales.
Quizá uno de los apartados más ambiciosos es el que se refiere a medidas de transparencia. Cada Estado miembro debe, en un plazo máximo de 180 días desde la ratificación del Tratado, entregar un informe de situación al Secretario General de la onU. En él debe detallar el número de bombas de racimo que posee y sus características técnicas; los programas de reconversión o desmantelamiento de sus instalaciones y fábricas; los progresos realizados en la destrucción, etc. Este informe debe ser actualizado anualmente.
Uno de los aspectos más controvertidos hasta el final
de las negociaciones fue la interoperatibilidad, es decir, las acciones
militares conjuntas entre Estados miembros del Tratado y los que no lo
son (un tema sensible especialmente en lo que se refiere a EEUU y sus
alianzas militares). En este asunto no fue posible lograr todos los
avances deseados debido a la fuerte presión recibida por parte de ese
país que ni siquiera estaba presente en esta Conferencia, ni en ninguna
de las del todo el proceso.
La sociedad civil, que estaba
presente en Dublín con más de 200 organizaciones de todo el mundo, ha
valorado este texto y la propia Conferencia como un momento histórico
para acabar con el sufrimiento que durante más de 40 años ha causado
este tipo de armas. Al Tratado se han sumado finalmente grandes países
productores como el Reino Unido, Alemania o Francia, entre otros
europeos, además de más de 100 países de América Latina, África y Asia.
El amplio apoyo recibido hace que signifique no sólo la prohibición,
sino la estigmatización de este tipo de armamento, lo que condicionará
también el comportamiento de aquellos que no lo firmen. España también
ha asegurado que lo apoyará. Cuando eso ocurra, las dos bombas que se
fabrican en España (la BME-330 de Expal, y la MAT-120 de Instalaza)
quedarán prohibidas, y el ejército deberá deshacerse de sus arsenales.
Después
de Dublín, la sociedad civil continuará trabajando para asegurar que el
Tratado se aplica de forma rigurosa y exigente. El Centre Delàs de
Justícia i Pau, con su trabajo en la CMC Barcelona y con el apoyo en el
Estado español de Greenpeace, seguirán dedicando esfuerzos a este
objetivo. El Proceso de Oslo ha demostrado una vez más que una presión
conjunta y concertada por parte de la sociedad civil puede mover
voluntades y lograr avances políticos importantes.
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