Las controversias de la I+D
La inversión en I+D es una de las partidas que mayor controversia suscita en el debate público que rodea la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Por una razón evidente, la I+D+i, (investigación+desarrollo+innovación) si se desarrolla en el sector público (centros de investigación, laboratorios, universidades…), especialmente la “i” minúscula es una inversión de futuro en inteligencia de capital humano y de avances tecnológicos que revierte en el desarrollo productivo de la economía del país, y nos hace menos dependientes en bienes y servicios del exterior.
Así lo ha expresado la comunidad científica ante el grave deterioro a que se ven abocados los centros públicos por el recorte de aportaciones que, iniciadas en 2010, no han parado de disminuir hasta la fecha. Hecho que ha motivado agrias críticas y manifestaciones varias contra el gobierno por no apostar por la investigación pública, mientras si hace aportaciones en I+D en favor de la empresa privada. Abocando a muchos investigadores al paro y a otros a emigrar. No es que no se deba apoyar el desarrollo de la industria para hacerla más competitiva en bienes y servicios, pero lo que no está claro es que deba llevarse a cabo con recursos públicos, pues una cosa son las ayudas para desarrollo industrial y otra cosa es que las ayudas se dirijan a sectores de dudosa eficiencia productiva. Este es el caso de la I+D militar que paso a comentar.
Este año 2014, en los PGE figuran 506,8 millones para I+D militar, con un fuerte incremento, un 39,5% respecto de 2013; mientras que la I+D civil (5.633 millones) han recibido tan solo un 1,3% más que el año anterior. Pero la consignación de I+D militar está dividida entre dos aportaciones, una que se desarrolla dentro del Ministerio de Defensa con de 163,2 millones, y otra que sale desde el Ministerio de Industria con una asignación de 343,6. Pero esta última, es aportada como crédito, es decir, que se deben devolver. Estos créditos se iniciaron en 1997 y desde entonces hasta 2014 se han otorgado nada menos que 16.120 millones. ¿Cuántos se han retornado? Ni un solo euro ha sido devuelto a las arcas públicas, ¿Cómo ha sido esto posible? Paso a detallarlo.
Estos créditos reembolsables en I+D fueron ideados cómo una fórmula de “ingeniería financiera” para hacer frente a unos programes especiales de armamentos (PEAs) de un alto coste, unos 20.000 millones de 1997. A desarrollar, según los casos, en los próximos 25 años. Hoy aquellos programas superan los 40.000 millones de coste, los más conocidos son: aviones EF-2000, fragatas F-100, submarinos S-80, blindados Leopardo, helicópteros Tigre, aviones A400M así hasta quince. Como las empresas no empezarían a desarrollar esas armas sin adelantos, idearon la artimaña de otorgar créditos a 20 años vista y a cero intereses. Diseñaron un convenio firmado a tres bandas entre los Ministerios de Industria, Defensa y las empresas, mediante el cual Industria concedía los créditos, las empresas desarrollaban las armas y cuando éstas eran suministradas se les descontaba el crédito concedido, que Defensa debía devolver a Industria.
¿Por qué fue ideado semejante embrollo? Por tres motivos esenciales: a) para no incrementar el gasto del Ministerio de Defensa siempre mal visto por la opinión pública y evitar las críticas de la oposición; b) las industrias militares recibían unos adelantos sin los cuales no hubieran puesto en marcha la producción de unos programas tan costosos; c) se incrementaba la aportación en I+D, cuando España se encontraba en el furgón de cola de la I+D de la UE, entonces se aportaba un 0,9% del PIB del cual, nada menos que un 37% era I+D militar; en 2011 ha sido del 1,33% del PIB (un 8,2% proviene de I+D militar), mientras que la media de la UE es del 1,94%, estando detrás de España tan solo Eslovaquia, Polonia, Grecia, Italia y Hungría.
Este “creativo” andamiaje contable suscita diversas preguntas. ¿Esos 16.120 millones fueron en realidad I+D?, ¿O simplemente fueron pagos adelantados a cuenta de las armas? Otra, ¿Alguien se cree que Defensa devolverá a Industria esos millones? Parece incierto, sobre todo pensando que el Ministerio de Defensa además tiene una deuda pendiente con las empresas por esos mismos programas de más de 10.000 millones que no sabe cómo afrontar. Con el agravante que a medida que los abona se convierten en déficit público y lo mismo ocurrirá con la deuda acumulada en I+D.
Por último, la cuestión central: ¿Esos recursos en I+D revertirán en desarrollo tecnológico mediante su explotación en la economía productiva? Mi respuesta es que no. La ciencia económica sostiene que los productos que no circulan en el mercado y no están sujetos a las leyes de la competencia no son bienes productivos. Entonces, los PEAs españoles no forman parte de la economía real, pues no existe competencia ni un “mercado” para esas armas, debido a que todas ellas son adquiridas por el estado y ninguna de ellas se destina a la exportación. Además, la adjudicación de los contratos se lleva a cabo por adjudicación directa a las cuatro grandes empresas que ejercen como oligopolio en España, a saber: Airbus Military, Navantia, Indra y Santa Bárbara.
Entonces para hacer verosímiles las excelencias de la I+D militar, se debería saber cuántas de las tecnologías militares han sido patentadas para su aplicación en la producción civil. Mientras tanto, la I+D militar aquí y en cualquier otro lugar del mundo, es, y si no que nos demuestren lo contrario, una pérdida de oportunidad para la economía productiva.
No cabe duda que la comunidad científica está cargada de razón por criticar que la I+D civil se desvirtúa mediante créditos a empresas privadas. El caso de la I+D militar ilustra esa perversión, los créditos en I+D a industrias militares privadas son una operación de ineficiencia tecnológica. Pues por mucho que se esfuercen los voceros de las virtudes de la tecnología militar, ésta difícilmente tiene una traducción práctica en el desarrollo de tecnologías civiles que redunden en mayor bienestar para la población.
Lea el artículo en El País
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