Libia: violencia armada e inseguridad en un estado roto
La revuelta contra el régimen de Qaddafi pareció alcanzar su objetivo en octubre de 2011. Con la ayuda de una coalición de 18 países y una flexible interpretación de la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad, el llamado estado de masas cayó tras el asesinato del dictador cerca de Sirte. Pero la era post-Qaddafi ha comportado inseguridad y violencia generalizadas en el país y las iniciativas desde dentro y fuera del país para pararlo no parecen por ahora tener éxito.
Tres son los factores claves que están determinando el panorama actual de la Libia post-Qaddafi:
– Debilidad institucional y estructural
– Resurgimiento de conflictos locales y regionales
– Proliferación de armas y fragmentación de la violencia armada
Debilidad institucional
Al derrumbarse el régimen de Qaddafi, la sui generis estructura del estado se derrumbó con él. Las nuevas instituciones, después de tres años con una hoja de ruta poco clara, siguen sin afianzarse. La guerra de facciones se traduce en la rivalidad de las mismas instituciones creadas, que compiten entre sí, tanto en el propio Congreso Nacional General como en el gobierno, donde varios ministerios, liderados por hombres fuertes tienen el control de sus propias milicias.
El Congreso Nacional General gobierna de facto el país con caóticos equilibrios y sin haber podido aprobar su propio reglamento interno. Las desavenencias programáticas, y en especial en políticas económicas, son tan sólo la punta de lanza de una lucha férrea por el poder.
El país aplica la receta estadounidense de construcción institucional que instaura una democracia formal sin que las condiciones que generan la inseguridad sean dirigidas de manera coherente. A mediados de verano, por ejemplo, están previstas elecciones legislativas, pero el clima actual hace difícil imaginar una organización transparente y libre de las votaciones.
La debilidad institucional enquista la posibilidad de un proceso de construcción de paz, inviable sin garantizar la seguridad ciudadana y el acceso de la población a los servicios básicos, entre ellos un sistema legal funcional, con garantías jurídicas y que evite la “justicia del vencedor”.
Resurgimiento de conflictos locales y regionales
Durante 42 años, Qaddafi gestionó el país con la estrategia de «divide y vencerás», aliándose y enemistándose tribus y poblaciones enteras para mantener un estrecho control del poder. Esto comportó enriquecimientos y discriminación de unas y de otras poblaciones que el fin de la dictadura aún no ha conseguido solucionar. Las reservas de petróleo de Libia son las mayores de toda África, pero algunas facciones regionales consideran que las ventajas de este oro negro no llegan a toda la sociedad por igual.
El conflicto se ha intensificado aún más con las huelgas y bloqueos a puertos y centrales petrolíferas de la región, que han hecho descender las exportaciones libias hasta una quinta parte de la cantidad de inicios de año. Desde julio de 2013, tres puertos de la zona oriental se encuentran paralizados debido a los bloqueos de milicias y de la llamada Oficina Política de la Cirenaica. En marzo del 2014, un barco con bandera norcoreana transportando 234.000 barriles de petróleo (por valor de unos 3 millones de dólares) de la Compañía Nacional de Petróleo de Libia, salió del puerto de Sidra, supuestamente en dirección a Corea del Norte. El barco pretendía evadir el bloqueo impuesto por Trípoli y hacer realidad para los orientales el eslogan del ministerio de Petróleo «El petróleo es nuestra fuerza». Pero la marina de los Estados Unidos re-capturó la nave en aguas internacionales. Este incidente, por otra parte, provocó la caída del primer ministro Ali Zeidan que, acusado también de malversación, ha huido a Alemania.
También en el sur del país y desde febrero, varias protestas bloquean los campos petroleros de AlSharara y otras instalaciones de extracción o de canalización petrolífera.
La revolución de febrero de 2011 no se inició en Benghazi por casualidad. Las tribus y poblaciones de la región oriental del país, conocida históricamente como Cirenaica o Barqa, se habían sentido siempre discriminadas y la era post-revolución no ha satisfecho ni mucho menos sus demandas. Así, la falta de compensación e inversión económica en la región se ha canalizado a través de demandas federalistas y en algunos casos de independencia. Sobre el terreno, esto se traduce en milicias como la Brigada de los Mártires del 17 de Febrero, de corte islamista (la más grande y equipada, con unos 12 batallones), la Brigada de Rafallah As-Sahat (1000 combatientes) o Ansar Ash-Sharia. Esta última, de ideología salafista radical, ha sido señalada como responsable del asesinato del embajador de Estados Unidos en Benghazi Christopher Stevens, de la destrucción de mausoleos sufíes centenarios y de graves violaciones de derechos humanos.
Pero estas brigadas no son las únicas que intentan imponer su ley. El hundimiento del aparatus estatal de Qaddafi, y con él de las fuerzas armadas del país, ha provocado la inseguridad y falta de servicios públicos y un vacío de poder que algunos de los líderes locales y milicias han sustituido con su propia gestión y control armado.
Proliferación de armas y fragmentación de la violencia armada
Hasta la caída del dictador, Libia era el país del Norte de África con un mayor número de fuerzas armadas en relación a la población, con 12 militares por cada mil habitantes. Tras el fin de buena parte de las sanciones al país en 2003 y la progresiva reintegración del régimen de Qaddafi en la comunidad internacional, la importación de armas también aumentó exponencialmente. El gasto militar ha aumentado aún más desde la caída de Qaddafi, en un 209% si lo comparamos con datos de 2008. La UE es el primer exportador de armas a Libia, y entre ellos de 2003 a 2011 España exportó por un valor de 15 millones de euros armamento y otros materiales, incluidas bombas de racimo. Todos estos materiales fueron posteriormente usados para reprimir la revuelta de 2011 y los arsenales han ido a parar a grupos armados de todos los bandos en Libia, en otros puntos calientes del Sahel e incluso en Siria.
Evidencia de esto es el conflicto en Mali en la que participaron ex combatientes pro-qaddafistas o simplemente ex-militares africanos expulsados por la guerra y por el fin del régimen que los alimentaba.
La proliferación de armas y la militarización de Libia han tenido un impacto directo en el estado actual en que se encuentra el país, ya que magnifican las causas de inestabilidad.
Alguien tiene un plan para el futuro de Libia?
A pesar de los problemas estructurales que asolan el país, los esfuerzos para la construcción de paz parecen priorizar la seguridad a través de la militarización del estado por delante de una reconstrucción institucional coherente y de un programa de desarme, desmovilización y reintegración con resultados.
De momento, el único plan que se está llevando a cabo, con la tutela de los Estados Unidos, es la creación de la Fuerza de Propósito General (General Purpose Force o GPF). La GPF surge como estrategia para sustituir la Libya Shield Force (LSF), comprometida, como la mayoría de grupos y brigadas, por faccionalismo interno. La LSF se estableció en 2012 con el objetivo de integrar diversas milicias rebeldes bajo el mando del Ministerio de Defensa. En el último año sin embargo, han protagonizado enfrentamientos con otras unidades gubernamentales en todo el país.
El objetivo manifiesto de la General Purpose Force es desactivar este desmembramiento amalgamando la mayoría de grupos y combatientes activos bajo una sola fuerza estatal. Los EEUU ya se han comprometido a entrenar entre 5.000 y 8.000 soldados en los próximos 7 años. El Reino Unido, Italia, Turquía o Marruecos entre otros, también participarán en el programa. De hecho, EEUU ya ha enviado el primer contingente de militares que preparan las formaciones y que ayudarán a filtrar los participantes que se integrarán en las nuevas fuerzas armadas.
Las formaciones tendrán lugar en Bulgaria en grupos en rotación. Uno de los emplazamientos concebidos originariamente por EEUU para realizar estos entrenamientos había sido las Islas Canarias, pero de momento la idea parece haber sido descartada en favor de la búlgara Novo Sale. Excepto estas informaciones sobre el lugar de entrenamiento, no parece que España participe activamente en la creación de la GPF.
Los EEUU, que en octubre pasado invadieron territorio libio en una operación unilateral para detener a un supuesto líder de AlQaeda, parecen estar muy interesados en estabilizar el país a golpe de militar, a pesar de las evidentes consecuencias negativas que hasta ahora ha tenido que pagar el país y la región. La receta: combatir la violencia armada con un ‘propósito general’ confuso y desligado de los programas de desarme, de reducción de la violencia y de desarrollo.
Según el especialista Albert Caramés, los programas de DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración) pueden perseguir tres objetivos en un contexto post-bélico: el desarme total, la desmilitarización parcial o la continuación de la lógica militarista. En el caso de Libia, el objetivo prioritario sería conseguir una desmilitarización parcial, que es lo que Caramés considera un programa típico de DDR:
«… [C]omportaría el desarme y desmovilización de todos o casi todos los combatientes de un bando y una reducción considerable del tamaño de los otros (que conforma el núcleo de las futuras fuerzas armadas). Las armas excedentes se destruyen y los soldados que no son indispensables se reintegran a la vida civil: el resultado es un desarme y una desmilitarización auténticos aunque parciales en términos globales, y un reestablecimiento del control unificado sobre las armas y los soldados».
Para los ex-combatientes, una reintegración centrada en la comunidad es esencial en un conflicto que moviliza grupos armados locales en torno a problemas locales.
Pero los planes del estado libio y de sus aliados parecen apuntar hacia otro lado. En medio de esta fragmentación de grupos armados y de luchas de poder, en marzo el gobierno libio declaró como prioridad la «guerra contra el terrorismo» y pidió ayuda explícita a la comunidad internacional y a Naciones Unidas. El control y legitimidad de esta lucha contra el terrorismo ya está provocando, sin embargo, más enfrentamientos y debilidad en Benghazi, donde el 18 de mayo pasado se proclamaba de nuevo una zona de exclusión aérea.
La reducción de la violencia es urgente para evitar una rotura casi consumada de Libia y para frenar la espiral de violencia actual. La situación exige un enfoque a la vez global y local. Un enfoque estrictamente securitario no podrá solucionar la inestabilidad de un país en el que las raíces del conflicto son demasiado profundas, desde la incapacidad del estado para proveer seguridad y servicios básicos hasta la discriminación y desigualdad socioeconómica en el territorio.
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