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Publicado en Berlin/Barcelona

Comunicado conjunto con el ECCHR, Mwatana for Human Rights, CAAT, Rete Pace e Disarmo y Amnesty Internacional: «La implicación de Europa en crímenes de guerra en Yemen»

Un nuevo llamamiento a la justicia y a la rendición de cuentas

Hace nueve años, el 26 de marzo de 2015, la coalición militar liderada por Arabia Saudí lanzó la campaña aérea «Tormenta Decisiva» en Yemen. Pese a que los ataques aéreos parecen finalmente haber remitido tras casi 8 años de destrucción, los yemeníes continúan soportando las consecuencias duraderas de esta guerra devastadora.

En el aniversario de la campaña de bombardeos, renovamos nuestro llamamiento a la comunidad internacional para que exija responsabilidades a los actores europeos por su implicación en posibles crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por todas las partes durante el conflicto en Yemen. Este clima generalizado de impunidad ha exacerbado el sufrimiento de una población civil a la que se le niega acceso a la justicia.

Hasta la fecha, la guerra en Yemen se ha cobrado más de 300.000 vidas. Años de conflicto implacable han provocado una crisis humanitaria, con más de 21 millones de yemeníes -más de dos tercios de la población- necesitados de alimentos, agua y asistencia humanitaria. Los daños causados por el conflicto a la infraestructura civil, así como los ataques deliberados de las partes en conflicto, han provocado el deterioro de infraestructuras esenciales como los servicios educativos y sanitarios. La reciente escalada militar en Yemen, tras los ataques aéreos de Estados Unidos y Reino Unido contra objetivos hutíes, corre el riesgo de empeorar una situación ya de por sí grave para la población civil.

Los fabricantes de armas con sede en Europa -y los estados europeos-, desempeñaron un papel central en el conflicto en Yemen y la crisis humanitaria subsiguiente. A pesar de los ataques documentados contra objetivos civiles por parte de la coalición militar liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos en violación del derecho internacional humanitario, las compañías de armas continuaron suministrando armas, municiones y apoyo logístico a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

En 2019, el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), Mwatana for Human Rights, Amnistía Internacional, la Campaign Against Arms Trade (CAAT), el Centre Delàs d’Estudis per la Pau y Rete Pace Disarmo presentaron conjuntamente una comunicación ante la Corte Penal Internacional, reconstruyendo 26 ataques aéreos saudíes contra civiles -que podrían haber constituido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad- en los que se utilizó armamento europeo. Además, se han presentado denuncias y recursos también a nivel nacional en Francia, Italia y el Reino Unido, así como ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cinco años después, aún no se ha hecho justicia.

La comunidad internacional debe intervenir de una vez por todas de manera decisiva para subsanar esta ausencia generalizada de rendición de cuentas mediante el procesamiento de aquellos actores que han cometido o contribuido a potenciales crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Con respecto a todas las partes en conflicto acusadas de violaciones de derechos humanos, las Naciones Unidas deben establecer un mecanismo internacional penal de rendición de cuentas cuyo mandato incluya investigar las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario además de presentar informes públicos sobre la situación de los derechos humanos en Yemen, así como recopilar, preservar y analizar pruebas, y elaborar expedientes para futuras acciones penales.

El comercio de armas no es un negocio neutral. La autorización de licencias de exportación de armas por parte de los gobiernos no son decisiones únicamente políticas, sino que están sujetas a estrictas limitaciones legales que deben aplicarse de manera consistente, objetiva y no discriminatoria. El suministro de armas de fabricación europea puede tener impactos negativos terribles y de larga duración en los derechos humanos. Este comercio de armas europeas puede contribuir y ha contribuido a la comisión de crímenes internacionales.

A pesar de esto, el ciclo de impunidad continúa, perpetuado por marcos legales y regulatorios débiles y por el fracasode las instituciones (internacionales) para exigir responsabilidades a la industria de defensa. En Gaza, estamos siendo testigos de nuevo de las consecuencias devastadoras de una campaña de bombardeos sobre una población civil, que ha sido alimentada por armas de fabricación europea, con algunos ataques aéreos llevados a cabo en clara violación del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos.

Los Estados partes en el Tratado sobre el Comercio de Armas deben cumplir con sus obligaciones y detener inmediatamente las exportaciones de armas si tienen conocimiento, en el momento de la autorización, de que pudieran utilizarse en la comisión de crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad; o si existe un riesgo predominante de que puedan ser utilizadas para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional humanitario o del derecho internacional de los derechos humanos.

La comunidad internacional y los mecanismos internacionales de justicia (penal) tienen la responsabilidad de hacer cumplir universalmente los derechos humanos. El silencio ensordecedor a la hora de hacer rendir cuentas a la industria armamentística refuerza el doble rasero y expone la hipocresía de los actores occidentales hacia la protección de los derechos humanos.

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