10/11/2022
Publicado en Barcelona
El Centre Delàs denuncia la banalización de las armas antidisturbios (comúnmente denominadas no letales) que reivindica como potencialmente letales por su capacidad real de matar
- La industria productora de armas potencialmente letales, liderada por EEUU y Europa, presenta una previsión de crecimiento del 6% anual para los próximos años, en un contexto de auge de las protestas sociales en todo el mundo.
- Un nuevo informe analiza el papel militarizador de las armas potencialmente letales sobre los cuerpos policiales, así como la inseguridad y erosión de derechos que genera el miedo a sufrir lesiones en contextos de protesta.
Barcelona, 10 de noviembre de 2022. Existe una banalización en el uso de las denominadas armas no letales (o armas antidisturbios) teniendo en cuenta los daños y lesiones que llega a comportar, así como la falta de seguimiento y transparencia. Así lo concluye un nuevo informe del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, que apunta que estamos ante un tipo de armamento que ha sido creado, esencialmente, para la represión y la contención de las protestas decoloniales y obreras del siglo XX. El modo de utilización de estas armas está en muchas ocasiones en el centro de las denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos. La mala praxis en el uso de estas armas ha comportado, como se apunta, una vulneración de los derechos humanos y la integridad física en diversas geografías del mundo. La nueva investigación “Armas potencialmente letales. Sobre cómo militarizar el espacio público y traumatizar los cuerpos”, documenta, a modo de ejemplo, como en el caso de las protestas de los Chalecos Amarillos y contra la reforma de las pensiones en Francia más de una cada seis personas sufrieron lesiones craneoencefálicas, las cuales fueron provocadas por armas como el bastón policial (43%), los proyectiles de impacto cinético (13,9%), las granadas de impacto cinético (17,6%), las granadas explosivas (12,5%) y cartuchos de gas lacrimógeno (36,4%).
“La proliferación durante décadas de estas armas bajo la etiqueta “no letales” y sin una adecuada regulación, seguimiento y transparencia ha conducido a un uso ilícito generalizado a nivel global. Operadas en un marco de opacidad e impunidad, las armas potencialmente letales han provocado y siguen provocando lesiones, discapacidad y muerte”, afirma Anna Montull Garcia, investigadora del Centre Delàs y una de las autoras del informe.
Destacan también los vínculos que presenta el uso de armas potencialmente letales con la creciente militarización del espacio público, vinculadas al proceso securitizador de las urbes. Así lo muestran distintos escenarios de creación de cuerpos paramilitares para abordar la securitización de la pobreza, como es el caso de Brasil con la creación del BOPE o el caso de Vancouver con la creación de la Military Liaison Unit (MLU), una unidad que combina estrategias y personal militar y civil. En Estados Unidos, la denominada “guerra contra las drogas” ha derivado en una militarización de la policía con la creación de los Special Weapons and Tactics (SWAT), que emplean herramientas y tácticas más propias de los militares. Todas estas acciones responden a lo que los militares denominan “guerras de cuarta generación”, un concepto basado en entender las urbes como nuevos escenarios de guerra.
Todo esto ocurre, como señalan las investigadoras, en un contexto de protestas sociales violentas crecientes, las cuales se estiman que han aumentado en un 49% desde 2008 en todo el mundo.
De esta manera, las armas potencialmente letales se encuentran en el escenario ideal para expandirse, como lo demuestran los datos de crecimiento del mercado de estas armas, el cual se espera que alcance los 9.380 millones de dólares para 2028, con un aumento anual del 6,1% y de más de un 52% en 7 años. Se trata de un mercado dominado por Estados Unidos y Europa, repitiendo el patrón que se da con las armas convencionales.
“Es posible que el crecimiento y expansión del mercado, uso y adquisición de armas potencialmente letales esté contribuyendo al estallido de protestas más violentas en todo el mundo, a pesar de los intentos de los gobiernos por afirmar que son armas que ‘humanizan’ las intervenciones policiales al ser supuestamente ‘no letales’”, apunta Ainhoa Ruiz Benedicto, también investigadora del Centre Delàs y autora de la publicación.
En este sentido, la investigación concluye que de las principales empresas que dominan el mercado de las armas potencialmente letales, 10 de 15 son de Estados Unidos (ALS, ASP, Combined Systems, PepperBall Technologies, Non Lethal Technologies, Axon Enterprise, Byrna Technologies, Raytheon Company, Safariland y Zarc International). El resto de empresas destacadas de este mercado provienen de Israel (ISPRA), Brasil (Condor Non Lethal Technologies), Canadá (Lamperd Less Lethal), Alemania (Rheinmetall) y Bélgica (FN Herstal). Además, se han encontrado armas potencialmente letales de las empresas analizadas en diferentes contextos de abuso policial y mala praxis, son los casos de: ISPRA (Israel) en los Territorios Ocupados en Palestina, en las protestas en Burundi de 2015 y en Azerbaiyán en 2013; Condor (Brasil) en Sudán en 2021 y en Bahréin en 2011; PepperBall (Estados Unidos) durante el Paro Nacional en Colombia en 2011; Safariland (Estados Unidos) en la frontera de Estados Unidos contra las personas migrantes; Rheinmetall (Alemania) y NonLethal Technologies (Estados Unidos) en Bahréin en 2011; Combined Systems (Estados Unidos) en los Territorios Ocupados por Israel y en Egipto en 2011. A modo de ejemplo, el uso de drones diseñados por la israelí ISPRA para dispersar gas lacrimógeno o granadas que pueden golpear a los manifestantes al caer y que al chocar contra el suelo sueltan gas lacrimógeno, fue reportado por primera vez en 2018 contra manifestantes en la Franja de Gaza que protestaban por la apertura de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Durante dos días de protestas se documentaron, al menos, la muerte de más de 60 palestinos por inhalación de gas lacrimógeno y más de 900 heridos.
Finalmente, el documento aporta una serie de recomendaciones que deberían ponerse sobre la mesa, entre las que destaca la necesidad de “retirar estas armas de las manos de las fuerzas de seguridad en contexto de gestión del orden público hasta que se haya dado un profundo y amplio debate con la finalidad de generar consensos sobre la implementación o no, de su uso, sobre qué armas se aceptarían y cuáles no, en qué circunstancias y de qué manera”.
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El informe completo y el resumen ejecutivo están disponibles en castellano y catalán aquí.
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